nombre reservado con ACNUR AGENCIA DE LA ONU PARA REFUGIADOS

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, de nacionalidad rusa, interponiendo recurso de protección en contra de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Santiago de Chile, por haber omitido gestionar la tramitación de su pasaporte de refugiado a pesar de las múltiples solicitudes realizadas, dejándolo sin alternativas claras para ejercer su derecho a la identidad y a la movilidad, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que transgrede las obligaciones internacionales adquiridas por Chile en materia de protección de refugiados y vulnera sus derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, vulnerando con ello los derechos fundamentales de dignidad humana, igualdad ante la ley, protección a la vida privada, libertad personal y seguridad individual, y libertad de trabajo, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene a ACNUR cumplir inmediatamente con sus obligaciones internacionales para gestionar su pasaporte de refugiado.

Expone que en el año 2016 la República Oriental del Uruguay le otorgó el estatus de refugiado, reconociendo así su derecho a protección internacional conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, instrumentos internacionales ratificados tanto por Uruguay como por Chile. Desde noviembre de 2017, el señor nombre reservado reside en Chile, donde obtuvo la residencia permanente y buscó establecer una vida segura y estable en territorio nacional.

No obstante lo anterior, manifiesta que a pesar de su residencia legal y de haber cumplido con los requisitos para postular a la ciudadanía chilena, sus solicitudes y apelaciones fueron sistemáticamente rechazadas, dejándolo sin perspectivas reales de obtener la nacionalidad chilena. En consecuencia, actualmente carece de pasaporte válido de cualquier país, circunstancia que limita significativamente sus derechos fundamentales y su movilidad. Sostiene que el único documento que le permitiría viajar a otros países y estampar visas sería un pasaporte emitido por Uruguay, su país de acogida como refugiado.

Asimismo, señala que su única ciudadanía es la rusa, pero expresa fundados temores para solicitar un pasaporte de ese país debido a la persecución que enfrenta por su orientación sexual. En este sentido, argumenta que en Rusia la discriminación y criminalización de la comunidad LGBT han escalado considerablemente con nuevas leyes que permiten encarcelar a personas LGBT por su identidad, lo cual lo coloca en una situación de alto riesgo para su integridad personal y seguridad.

Consecuentemente, desde su arribo a Chile, el señor nombre reservado ha intentado obtener un pasaporte de refugiado que le permita ejercer sus derechos fundamentales, particularmente la posibilidad de viajar, trabajar formalmente y acceder a servicios básicos. Sin embargo, manifiesta que a pesar de acudir en múltiples ocasiones a las oficinas de ACNUR en Santiago para solicitar apoyo y orientación, la entidad no ha gestionado el pasaporte de refugiado solicitado ni ha ofrecido la orientación adecuada para resolver esta necesidad urgente, dejándolo sin alternativas claras para ejercer su derecho a la identidad y a la movilidad.

Respecto de los argumentos jurídicos esgrimidos, fundamenta su recurso tanto en disposiciones constitucionales como en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. En primer término, invoca los artículos 1, 5 y 19 N°s 2, 4, 7, 16 de la Constitución Política, En cuanto a los instrumentos internacionales, fundamenta su pretensión en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, específicamente en su artículo 28, que establece la obligación de los Estados Parte de emitir documentos de viaje para los refugiados que residen legalmente en su territorio. Sostiene que Chile, al haber ratificado esta Convención, tiene la obligación de proporcionarle el pasaporte de refugiado que le permita ejercer sus derechos de movilidad y acceder a otros servicios, y que la negativa de ACNUR a gestionar este documento lo coloca en una situación de desprotección y vulnerabilidad, además de otras normas internacionales.

Según el recurso, se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente de la siguiente manera: su derecho a la dignidad humana y al desarrollo personal se ve afectado por la imposibilidad de desarrollarse plenamente al no poder viajar, acceder a trabajo formal o ejercer sus derechos básicos de movilidad y seguridad; su derecho a la igualdad ante la ley se transgrede por el trato desigual recibido en comparación con otros refugiados en similares condiciones; su derecho al respeto y protección de la vida privada se vulnera al impedírsele obtener documentación que le permita gestionar adecuadamente su vida privada, trabajar y acceder a servicios básicos; su derecho a la libertad personal y seguridad individual se ve comprometido por la exposición a riesgos derivados de la falta de documentación válida y la persecución en su país de origen; y su derecho a la libertad de trabajo se afecta directamente al impedírsele acceder a empleos formales por carecer de la documentación necesaria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Oficina de ACNUR en Santiago que cumpla de manera inmediata con sus obligaciones establecidas internacionalmente para asistir y proteger a los refugiados, gestionando de manera expedita la tramitación de su pasaporte de refugiado o disponiendo medidas alternativas que garanticen su derecho a un documento de viaje válido y seguro; se declare que la Oficina de ACNUR en Santiago ha vulnerado sus derechos constitucionales y aquellos reconocidos en instrumentos internacionales suscritos por Chile; se ordene que ACNUR en Chile, en caso de no estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones declaradas internacionalmente, cese sus operaciones en el país; y se ordenen todas aquellas medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos fundamentales vulnerados en su caso.

SEGUNDO: Que evacuando informe compareció don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando desde ya el rechazo de la misma en todas sus partes, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que expone, argumentando que no existe ni ha existido de parte de esta autoridad acto u omisión alguna que vulnere las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

En primer término, establece como fundamento que de la lectura del escrito que dio origen a estos autos, es posible apreciar que la acción se dirige contra el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y no contra el Servicio Nacional de Migraciones.

Adicionalmente, precisa de manera categórica que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para emitir pasaportes ni documentos de viaje, lo cual constituye un elemento fundamental para determinar la improcedencia de las pretensiones del recurrente respecto de este organismo.

Asimismo señala que a esta autoridad tampoco le consta que al recurrente se le haya reconocido el estatuto de refugiado en Uruguay, circunstancia que adquiere relevancia toda vez que las pretensiones del recurrente se fundamentan precisamente en dicho reconocimiento.

Continuando con el desarrollo de sus fundamentos, proporciona información detallada sobre el historial migratorio del extranjero recurrente, demostrando objetivamente que este ha mantenido una situación migratoria regular en territorio nacional. En este sentido, informa que el 18 de noviembre de 2017, el extranjero ingresó a territorio nacional por el aeropuerto nombre reservado, cumpliendo así con los procedimientos migratorios establecidos por la legislación nacional.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 11.429, de 19 de noviembre de 2018, de la Gobernación Provincial de Iquique, se le otorgó una visa temporaria por motivos laborales, en calidad de titular, por el período de un año, que estuvo vigente hasta el 16 de enero de 2020. Este antecedente demuestra que el recurrente ha accedido regularmente a los beneficios migratorios contemplados en la legislación nacional, siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto.

Asimismo, precisa que el 14 de noviembre de 2019, el extranjero solicitó permiso de permanencia definitiva ante esta autoridad, lo cual evidencia su voluntad de regularizar su situación migratoria en territorio nacional mediante los mecanismos legales disponibles. Esta solicitud fue acogida favorablemente, toda vez que mediante Resolución Exenta N° 22441075, de fecha 11 de octubre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, se otorgó el beneficio de residencia definitiva en el país al recurrente, permiso que actualmente se encuentra vigente.

En cuanto a la situación migratoria actual, la recurrida enfatiza que este cuenta con un permiso de residencia definitiva vigente en el país, en virtud de lo anterior, el recurrente mantiene situación migratoria regular en territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por este, lo cual contradice fundamentalmente las alegaciones de vulneración de derechos contenidas en el recurso.

Basándose en estos antecedentes fácticos, concluye categóricamente que esta autoridad entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Desde una perspectiva jurídica, fundamenta la regularidad en el país del recurrente en los artículos 1° N° 17, 38 y 45 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. En primer lugar, invoca el artículo 1° N° 17 de la Ley, que entrega la definición de residente, estableciendo que se entenderá por tal al "Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva", categoría en la cual se encuentra claramente comprendido el recurrente.

Asimismo, cita el artículo 38 inciso 1° de la Ley 21.325, que indica expresamente que todos los extranjeros residentes son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, disponiendo que "No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento".

Basándose en el marco normativo de la legislación migratoria, concluye que al tener el recurrente residencia definitiva vigente en el país, se deriva que no ha existido acción u omisión de esta autoridad que haya privado, perturbado o amenazado de manera alguna las garantías constitucionales invocadas. En efecto, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, argumenta que no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente.

Por estas razones, solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección, toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías constitucionales invocadas, no siendo procedente condenar en costas a esta parte.

TERCERO: Que, mediante nota verbal código ARG/029/25, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile y remitida por cortesía a esta Corte, la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para el Sur de América Latina (ACNUR), con sede en Buenos Aires, Argentina, se refiere a las resoluciones dictadas por esta Corte de fecha 18 de noviembre de 2024, que declaró admisible el recurso de protección, y de fecha 13 de enero de 2025, que apercibió al ACNUR sobre el requerimiento de informe, planteando fundamentos jurídicos de excepción basados en las prerrogativas e inmunidades que le corresponden como organismo internacional.

En primer término, explica que la Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional creada en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, y que de conformidad con el Artículo 22 de dicha Carta, la Asamblea General puede establecer los órganos subsidiarios que considere necesarios para el desempeño de sus funciones. En este contexto, precisa que la Asamblea General estableció el ACNUR mediante la resolución 319A (IV) de 3 de diciembre de 1949 como órgano subsidiario de las Naciones Unidas para "asegurar la protección de los refugiados y las personas desplazadas".

Como consecuencia de lo anterior, argumenta que como órgano subsidiario de las Naciones Unidas, el ACNUR goza de las prerrogativas e inmunidades que se conceden a las Naciones Unidas sobre la base del Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, invoca específicamente el párrafo 1 del Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que "la Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos".

Desarrollando el marco normativo aplicable, señala que con el fin de dar efecto al Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 13 de febrero de 1946 la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, instrumento internacional al que Chile se adhirió el 15 de octubre de 1948, incorporándose así al ordenamiento jurídico nacional.

Basándose en este marco jurídico internacional, concluye categóricamente que las Naciones Unidas, incluido el ACNUR, gozan de inmunidad de jurisdicción frente a todo proceso judicial. En este contexto, subraya expresamente que la Organización no ha renunciado a su inmunidad y que hace valer expresamente su inmunidad con respecto al caso en cuestión, constituyendo esta una defensa de carácter procesal que debe ser resuelta en forma previa al conocimiento del fondo del asunto.

Adicionalmente, fundamenta su posición citando jurisprudencia internacional relevante, específicamente la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la Diferencia relativa a la inmunidad de jurisdicción de un Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de 29 de abril de 1999 (denominado "caso Cumaraswamy"), donde se confirmó el principio de que cuando se haya presentado un litigio contra las Naciones Unidas ante un tribunal nacional, dicha demanda no debe ser conocida sobre el fondo, debiendo adoptarse la decisión de desestimar el caso in limine litis.

En consecuencia, argumenta que la admisión del recurso del señor nombre reservado y el apercibimiento de esta Corte al ACNUR son incompatibles con la inmunidad de jurisdicción del ACNUR, solicitando que se revoque la admisión del recurso y se ponga fin al procedimiento in limine litis.

Complementariamente, hace referencia a la práctica establecida de las Naciones Unidas, basada en las disposiciones de la Convención General, de no comparecer ante los tribunales locales de los Estados Miembros para hacer valer sus prerrogativas e inmunidades. Esta posición se refleja en el Estudio de la práctica de las Naciones Unidas, las agencias especializadas y la Organización Internacional de Energía Atómica sobre su estatuto, privilegios e inmunidades preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas para la Comisión del Derecho Internacional.

Sin perjuicio de invocar su inmunidad de jurisdicción, manifiesta su disposición de cooperar con las autoridades competentes de Chile para facilitar la administración adecuada de justicia con arreglo al Artículo V, Sección 21 de la Convención General, y de manera conforme con su estatus, prerrogativas e inmunidades.

En cuanto al fondo de la controversia, señala de manera voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades invocadas, que el ACNUR no emite documentos de viaje para refugiados, siendo esta responsabilidad de las autoridades del país donde el interesado goza de la condición de refugiado, que en el caso del señor nombre reservado corresponde a Uruguay, como se desprende de su propio recurso de protección. Además, indica que ha proporcionado esta información al señor nombre reservado de manera oportuna.

Por estas razones, solicita respetuosamente la asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se traslade a esta Corte la posición del ACNUR en este asunto y, haciendo valer las prerrogativas e inmunidades del ACNUR, se revoque la admisión del recurso y se ponga fin al procedimiento in limine litis.

CUARTO: Que, evacuando el informe ordenado por esta Corte, compareció doña Alejandra Salinas Silva, abogada, en representación del Ministerio del Interior, exponiendo detalladamente los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la improcedencia del recurso interpuesto por don nombre reservado en contra de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Chile.

En primer término, establece como fundamento preliminar que la acción de protección de autos se dirige contra ACNUR Chile por las acciones y omisiones que el recurrente alega, no correspondiendo parte alguna en estas materias al Ministerio del Interior. No obstante lo anterior, advierte que esta cartera de Estado no ha incurrido en una acción u omisión ilegal o arbitraria que haya importado una afectación a los derechos del actor, circunstancia que resulta fundamental para determinar la procedencia del recurso constitucional intentado.

Respecto de la normativa aplicable al caso de autos, desarrolla extensamente los fundamentos jurídicos que regulan la materia de protección internacional de refugiados. En este sentido, destaca que al Ministerio del Interior le corresponde pronunciarse sobre el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, y en el Decreto Supremo N° 837 de 2010, del Ministerio del Interior, que aprueba el reglamento de la referida ley.

Asimismo, señala que esta cartera de Estado debe tener en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, entidad interministerial conformada por representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que delibera en sesiones a las que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.430, puede asistir un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, contando además con la asistencia de la Secretaría Técnica del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones.

Continuando con el análisis normativo, precisa que, establecido lo anterior y efectuadas las coordinaciones internas respectivas con el Servicio Nacional de Migraciones, se debe hacer presente a esta Corte que la parte recurrente no ha presentado una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país, no existiendo, por tanto, un pronunciamiento de esta autoridad que lo reconozca como refugiado en Chile. En consecuencia, y en conformidad a ello, al no existir una solicitud de condición de refugiado que justifique el otorgamiento de documentos de residencia, de identidad, ni de viaje asociados a tal calidad, tampoco se han emitido pronunciamientos al respecto por parte de las autoridades competentes.

Adicionalmente, informa que el referido Servicio Nacional de Migraciones ha proporcionado antecedentes específicos sobre la situación migratoria del recurrente, indicando que éste ha presentado solicitudes migratorias en nuestro país, no obstante estas no se han enmarcado en la normativa de protección internacional de refugiados. Así, tal como consta en el informe evacuado en estos autos por el referido Servicio, el recurrente solicitó una visa temporaria por motivos laborales el año 2018, la que le fue otorgada, para luego solicitar un permiso de permanencia definitiva. De esta forma, actualmente el recurrente cuenta con un permiso de residencia definitiva vigente en el país, otorgado mediante Resolución Exenta N° 22441075, de fecha 11 de octubre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones.

En cuanto a los hechos específicos alegados en el presente caso, sostiene categóricamente que, tal como se desprende del escrito de autos, no le ha correspondido participación alguna a esta cartera de Estado en los hechos descritos por el recurrente. Enfatiza que no existen solicitudes del recurrente ni pronunciamientos de esta autoridad enmarcadas en la protección internacional de refugiados, en conformidad a las competencias que le otorga la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

Consecuentemente, argumenta de manera contundente que este Servicio no ha incurrido en una acción u omisión que haya importado una afectación a los derechos del solicitante, en los términos planteados en el recurso respectivo. Esta ausencia de participación del Ministerio del Interior en los hechos controvertidos constituye un elemento fundamental para determinar la improcedencia del recurso constitucional, toda vez que la acción de protección requiere necesariamente la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al organismo recurrido.

Desde una perspectiva jurídica más amplia, destaca que la normativa nacional establece un procedimiento específico y reglado para el reconocimiento de la condición de refugiado, el cual debe ser respetado y seguido en todos sus términos por quienes soliciten tal reconocimiento. En este sentido, no es posible pretender el otorgamiento de documentos de viaje para refugiados sin haber cumplido previamente con el procedimiento establecido en la legislación nacional para obtener tal condición.

Asimismo, la recurrida enfatiza que el marco normativo nacional se encuentra en plena concordancia con los instrumentos internacionales ratificados por Chile en materia de protección de refugiados, particularmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Sin embargo, estos instrumentos internacionales no eximen a los Estados de establecer procedimientos internos para el reconocimiento de la condición de refugiado, sino que, por el contrario, presuponen la existencia de tales procedimientos como parte del ejercicio de la soberanía estatal en materia migratoria.

En relación con las competencias institucionales, la informante precisa que existe una clara delimitación de funciones entre las diversas instituciones involucradas en la protección internacional de refugiados. Mientras que al Ministerio del Interior le corresponde el reconocimiento formal de la condición de refugiado a través del procedimiento establecido en la Ley N° 20.430, ACNUR cumple un rol de asistencia y asesoría, pero no tiene facultades para otorgar documentos oficiales de viaje o residencia en territorio chileno.

Esta delimitación de competencias resulta fundamental para comprender por qué las alegaciones del recurrente no pueden prosperar en contra del Ministerio del Interior, toda vez que este organismo no ha participado en los hechos descritos en el recurso, ni tiene obligación alguna de actuar mientras no se presente una solicitud formal de reconocimiento de la condición de refugiado siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación nacional.

Finalmente, destaca que el recurrente cuenta con alternativas legales claras para regularizar su situación si efectivamente requiere protección internacional como refugiado. Estas alternativas pasan necesariamente por presentar una solicitud formal de reconocimiento de la condición de refugiado ante las autoridades competentes, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley N° 20.430 y su reglamento, lo cual permitiría que su situación sea evaluada técnicamente por los organismos especializados y, en caso de ser procedente, obtener el reconocimiento formal de tal condición junto con los documentos correspondientes.

Por estas razones, la recurrida solicita que se tenga por evacuado el informe requerido por esta Ilustrísima Corte, y que en definitiva se rechace el recurso de protección interpuesto, toda vez que no se configura respecto del Ministerio del Interior ningún acto u omisión ilegal o arbitrario que haya causado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del recurrente, encontrándose este organismo ajeno a los hechos que fundan la acción constitucional intentada.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

SEXTO: Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte es la negativa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Santiago de Chile, de gestionar la tramitación del pasaporte de refugiado del recurrente a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por este, lo cual estima vulneratorio de sus garantías constitucionales.

SÉPTIMO: Que, como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que el hecho que sustenta la alegación de haber incurrido la recurrida en un acto ilegal o arbitrario es contradicho enfáticamente por ella, quien refiere que no es el organismo encargado de emitir el documento solicitado por el recurrente, lo que se confirma con los informes tanto del Servicio Nacional de Migraciones, como del Ministerio del Interior, que invocan el procedimiento reglado en la ley 20.430, que regula expresamente la solicitud de declaración de condición de refugiado en Chile, agregando que este no ha sido ejercido por el recurrente, quien además, mantiene situación migratoria regular en el país, por lo que no existe ningún acto u omisión ilegal o arbitrario que cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales en el país, no se advierte por esta Corte la concurrencia de una conducta, acción u omisión arbitraria por parte de la recurrida, que pueda afectar a las garantías constitucionales del recurrente.

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", SE RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Santiago de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-21766-2024.