nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, uno de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

PRIMERO: Que, con fecha 3 de octubre de 2025, comparece el abogado Darwin Javier Cedeño Mendoza, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de extranjero técnico profesional de fecha 22 de septiembre de 2025, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Menciona como antecedentes de su recurso que la actora es afiliada a la recurrida desde el 1 de enero de 2025. Señala que el 10 de julio de 2025 solicitó la devolución de fondos previsionales, acompañando sus contratos de trabajo, una constancia electrónica de cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales válida hasta el 31 de julio de 2025, su título profesional apostillado y una declaración jurada notarial de 3 de julio de 2025. Expone que la recurrida rechazó formalmente la solicitud argumentando que la constancia no acredita la cobertura previsional durante todo el período prestado en Chile ni especifica las prestaciones. Argumenta que la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela imposibilita obtener la apostilla, lo que configura una fuerza mayor. Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, y el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Pide en definitiva, que se acoja la acción, se reconozca como válida la documentación acompañada, se restablezca el imperio del derecho y se devuelvan los fondos previsionales dentro de un plazo de 5 días o el que la Corte estime, con costas.

SEGUNDO: Que, con fecha 1 de noviembre de 2025, comparece el abogado Daniel Santiago Santoni Garrido, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso. Expone como antecedentes que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento. Menciona que efectivamente el 22 de septiembre de 2025 rechazó la solicitud de devolución de fondos por cuanto la constancia de afiliación se encuentra vencida y sin legalizar o apostillar por la autoridad previsional competente. Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones. Precisa que las constancias electrónicas sin apostillar y que solo mencionan genéricamente las coberturas, no sirven para acreditar el requisito de la Ley N° 18.156. Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el Decreto Ley N° 3.500 impide a las administradoras destinar los fondos a un fin distinto del otorgamiento de pensiones, salvo excepciones. Señala que la situación del país de origen de la actora no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable. Solicita, en definitiva, rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo urgentes ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste dicho ejercicio. En la especie, corresponde analizar si el actuar de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora mediante comunicación de fecha 22 de septiembre de 2025, reviste los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que justifiquen la adopción de medidas tutelares.

CUARTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe tener presente que la Ley N° 18.156 establece una normativa de carácter excepcional que autoriza la devolución de los fondos acumulados a los técnicos extranjeros, siempre que den estricto cumplimiento a una serie de requisitos copulativos. Entre ellos, el artículo 1 de dicho cuerpo legal exige que el trabajador acredite encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa y tal como lo expone la recurrida en su informe, la actora pretende acreditar la exigencia legal reseñada en el motivo precedente mediante una constancia electrónica de cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, dicho instrumento carece de mérito probatorio suficiente en Chile para estos fines, toda vez que no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado por la autoridad competente, inobservando así lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las directrices imperativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones. La circunstancia de haberse protocolizado una declaración jurada de la propia recurrente ante un notario público chileno no tiene la virtud legal de suplir la exigencia de legalización o apostilla respecto de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, el documento acompañado se limita a realizar una mención genérica de las contingencias cubiertas por la legislación extranjera, sin certificar de forma específica e inequívoca que la actora contó efectivamente con la protección previsional para todos los riesgos exigidos por la ley chilena durante todo el tiempo en que prestó servicios en el territorio nacional, omitiendo precisar, además, si la cobertura por enfermedad comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, al denegar la restitución de los fondos, la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal ni arbitrario, sino que se ha ceñido al cumplimiento de la normativa que rige la materia, en particular el Decreto Ley N° 3.500, y a las instrucciones del órgano regulador, al constatar que la solicitante no acreditó los presupuestos de procedencia de la Ley N° 18.156.

En este contexto, la situación diplomática o consular del país de origen invocada por la actora no exime a la administradora de su deber legal de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para liberar fondos que, por regla general, poseen un destino previsional único y exclusivo, motivo por el cual no se advierte vulneración a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad, debiendo la presente acción cautelar ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Darwin Javier Cedeño Mendoza, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21746-2025.