nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 6 de marzo de 2023 comparece Nadim El Hayeck Jaddour, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad siria, e interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de residencia temporal realizada con fecha 22 de agosto de 2022, por privar, perturbar y amenazar la garantía constitucional de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, como además vulnerar los principios de celeridad, economía procedimental y conclusión que deben regir los procedimientos administrativos de conformidad a la Ley N° 19.880.

Expone que recurrente fue contratado por doña nombre reservado, ciudadana chilena, como maestro pastelero y encargado del local comercial ubicado la comuna de Rancagua, VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Refiere que para poder llevar a cabo el contrato de trabajo suscrito entre las partes, el actor solicitó desde el extranjero la residencia temporal para extranjeros que desarrollarán actividades lícitas remuneradas con fecha 22 de agosto de 2022, es decir, hace más de 6 meses, otorgándole número de solicitud 53577463.

Afirma que a la fecha de presentación de este libelo el procedimiento administrativo ha durado más de 6 meses, sin que exista un acto terminal que otorgue o deniegue la solicitud de permanencia temporal, siendo excesivo.

Asevera que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9, 23, 24 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse los principios de celeridad, economía procedimental y conclusión, en cuanto se debe impulsar de oficio en todos sus trámites, responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, y obtener respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Solicita se acoja el presente recurso y se pronuncie definitivamente dictando un acto terminal sobre la misma en el plazo de 15 días corridos o en el plazo que se estime conforme a derecho, adoptando además las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando informe y solicitando su rechazo, al no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal.

Refieren que don nombre reservado, ciudadano sirio, con fecha 22 de agosto de 2022, realizó ante esa autoridad una solicitud de residencia temporal para extranjeros fuera de Chile, por motivos económicos, para el desarrollo de actividades remuneradas por cuenta propia o contrato. Dicha solicitud se encuentra mediante código de trámite N° 53577463 y con la misma fecha, se confirmó el pago de derechos respectivo del beneficio postulado.

Añaden que la solicitud de residencia del recurrente se encuentra en trámite, en etapa de análisis.

Explicitan que este tipo de permiso se encuentra regulado en el artículo 68 de la Ley N° 21.325 y en los artículos 4 y 17 del Decreto N° 177 de 10 de mayo de 2022.

Añaden que si bien el plazo de tramitación está previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, ha tenido como consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad, significando un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria, de carácter de caso fortuito o fuerza mayor.

Precisan que por lo demás no corresponde a un plazo fatal para la Administración, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo.

Destacan que la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración es la figura del silencio administrativo, mediante el mecanismo especial establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley N°19.880, siendo el silencio administrativo negativo, establecido esta última norma, el aplicable debido a que la solicitud planteada por la recurrente tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos.

Aseveran que la contraparte no ha solicitado la debida certificación ante ese Servicio que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo.

Afirman que la tramitación de la solicitud de la recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más restricciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: El hecho que motiva la presente acción constitucional es la excesiva demora en la decisión de la solicitud de residencia temporal de la parte recurrente, la que fue presentada ante la recurrida el 22 de agosto de 2022.

Quinto: De conformidad a los antecedentes allegados en el recurso y en particular, lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, consta que la parte recurrente efectivamente realizó su petición de residencia temporal en el mes de agosto de 2022, y la última actuación referente a la tramitación de la misma, dice relación con estar en etapa de análisis.

Sexto: Lo anterior, da cuenta de una vulneración al principio de celeridad contemplado en el artículo 7° de la Ley N°19.880, que señala que “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.”

En ese sentido, se advierte que la demora en la tramitación de la solicitud, desde su inicio el 22 de agosto de 2022 hasta el presente, esto es, un año para una petición de residencia temporal motivado en un contrato de trabajo, deviene en un acto arbitrario que debe ser subsanado y que afecta la garantía de igualdad ante la ley, por lo que el presente arbitrio será acogido de la manera que a continuación se dispondrá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena a la autoridad recurrida, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso a la tramitación de la solicitud de residencia temporal, dentro del plazo de treinta días hábiles, adoptándose una decisión definitiva sobre el particular.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-2174-2023.

En Santiago, veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.