nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

Primero: Que con fecha tres de octubre de dos mil veinticinco, comparece Carla Nicole Cañon Rubio, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo Recurso de Protección en contra de la A.F.P. MODELO S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y a la propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que durante el mes de septiembre de 2025, solicitó el retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros de acuerdo con la Ley N° 18.156, recibiendo un correo electrónico informando el rechazo. Alega que la AFP ha rechazado todas sus solicitudes desde el 2 de diciembre de 2019, sin entregar fundamentos claros ni uniformes. El último rechazo, del 23 de septiembre de 2025, se fundamentó únicamente en la causal “Otro”, sin motivación específica ni razonamiento que justificara la negativa.

Considera que el actuar de la recurrida es arbitrario y antojadizo, pues ha desconocido la suficiencia de la documentación acompañada, consistente en título profesional, contrato de trabajo con cláusula previsional, cédula de identidad y certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) verificable en línea. Asimismo, sostiene que la administradora ha variado sus fundamentos de rechazo de manera caprichosa, fundándose en ocasiones en formalidades ajenas al texto de la Ley N° 18.156, e impidiendo al recurrente ejercer su derecho por más de seis años. Hace presente que la exigencia de apostilla o legalización impuesta por la recurrida es hoy irrazonable e imposible de cumplir para el recurrente, debido a los cierres y suspensiones de servicios consulares entre Chile y Venezuela desde 2024 y reforzados en 2025. Además, indica que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado que documentos con firma electrónica y verificación por QR, como el certificado del IVSS, no están siendo legalizados en Chile. En este contexto, considera que exigir la apostilla como condición excluyente constituye un formalismo desproporcionado.

Aduce que la negativa genérica con causal “Otro” infringe el deber de motivación y agrega exigencias no contenidas en la Ley N° 18.156, contraviniendo decisiones de tribunales superiores que han corregido a las AFP por arrogarse potestades para calificar o impedir el ejercicio del derecho fuera del marco legal.

El recurrente precisa que acompañó su título universitario de Ingeniero Electricista, el cual se encuentra apostillado y debidamente legalizado, demostrando su veracidad. También adjuntó su contrato de trabajo en ELECNOR y su anexo, que comprende la cláusula donde manifiesta estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y su voluntad de mantener dicha afiliación. Además, presentó el certificado de constancia de afiliación de seguro social IVSS, emitido electrónicamente con un código único de verificación en línea, el cual es verificable en el portal oficial del organismo y que da cuenta de su incorporación y permanencia en dicho régimen.

Alega que la administradora obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos, realizando una mala interpretación de la norma y desatendiendo el objetivo de la ley que es permitir al extranjero disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión. Afirma que ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos de la Ley N° 18.156, siendo procedente el retiro de fondos, pero se encuentra con una interpretación formalista que produce una retención injustificada de sus ahorros previsionales.

Finalmente, sostiene que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, al darle un trato desigual con respecto a otros solicitantes en iguales circunstancias, requiriéndole el Título Profesional apostillado e invalidando la documentación presentada. Asimismo, vulnera el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, al no permitirle disponer de sus fondos previsionales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene el reconocimiento de la documentación suministrada, procediendo la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, o el que Su Señoría Ilustrísima estime, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, la recurrida expone que con fecha 23 de septiembre de dos mil 2025, el recurrente acompañó, a través del sitio web los siguientes documentos para obtener la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N°18.156 para trabajadores técnicos extranjeros: 1. Título de Profesional; 2 Constancia Electrónica de Cotizaciones; y 3 Contrato de Trabajo y anexo suscrito con el empleador ELECNOT CHILE S.A., RUT RUT reservadoRefiere que analizó los documentos presentados para determinar si procedía dar curso a la solicitud de devolución de fondos regulada por la Ley N°18.156, otorgando un plazo de cuatro días hábiles para acompañar un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, en el cual constara la fecha de afiliación al régimen previsional extranjero y las coberturas exigidas por la Ley N°18.156. Refiere que esta solicitud adicional se debió a que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” aportada no cumplía con las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Precisa que se acompañó nuevamente la misma “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, por lo que AFP Modelo no ingresó la solicitud de Devolución de Fondos regulada por la Ley N°18.156.

Enfatiza que el actuar de la Administradora se fundamentó en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, número 2, letra b), que establece que la documentación pertinente debe presentarse debidamente legalizada, en caso contrario, la Administradora no podrá dar curso a la “Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”, y explica que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” aportada por la recurrente no cumple con las exigencias normativas vigentes, ya que no es un certificado de afiliación propiamente tal, no menciona las coberturas específicas del afiliado (sino que alude de forma genérica a las coberturas del sistema previsional de Venezuela), no está firmada por la persona que emite el documento y no se encuentra debidamente legalizada o apostillada.

Concluye que no es posible aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos, específicamente, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, según la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Finalmente, afirma que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino en estricto cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, y que la Superintendencia de Pensiones es el organismo regulador y fiscalizador de las AFP, por lo que la recurrida debe dar estricto cumplimiento a sus instrucciones y normativas para evitar amonestaciones y sanciones, y que su actuar no constituye un acto u omisión arbitraria o ilegal que vulnere derechos fundamentales, ya que ha actuado conforme a la normativa vigente. Por lo que solicita tener por evacuado informe y, en definitiva, rechazar el recurso de protección con expresa condena en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, lo que se impugna a través de esta acción constitucional, es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo S.A., que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no acompañar certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, en el cual constara la fecha de afiliación al régimen previsional extranjero y las coberturas exigidas por la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por el recurrente, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se RECHAZA la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de la A.F.P. MODELO S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-21725-2025.