nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Santiago, doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por haber incurrido en una omisión consistente en no resolver la solicitud de nacionalización presentada por su representada el 22 de julio de 2023, habiendo transcurrido más de 1 año y 4 meses desde su presentación. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo y economía procedimental que rigen los procedimientos administrativos, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°2, por lo que solicita se ordene a la recurrida resolver sin más demora la solicitud de nacionalización de su representada.

Expone como antecedentes que su representada se encuentra residiendo en Chile con permanencia definitiva otorgada hace más de dos años, cuenta con trabajo estable en la empresa "Importadora y exportadora Niori Spa" que ella misma constituyó, mantiene sus cotizaciones previsionales al día y vive con su hijo nombre reservado, de nacionalidad chilena, menor de edad, RUT RUT reservado.

Señala que el 22 de julio de 2023, su representada presentó una solicitud de nacionalización calificada bajo el código 66674796, cumpliendo con todos los requisitos legales, tanto de forma como de fondo, ya que cuenta con más de dos años de residencia definitiva y tiene vínculo de consanguinidad con un ciudadano chileno. Sin embargo, transcurrido más de un año y cuatro meses desde su presentación, la recurrida no ha avanzado en ninguna de las etapas sustanciales del procedimiento, no habiéndose solicitado el pago de derechos, la presentación de documentos adicionales ni la realización de la entrevista con la Policía de Investigaciones.

Agrega que el 3 de octubre de 2024, su representada presentó un requerimiento administrativo ante el Servicio Nacional de Migraciones solicitando información sobre el estado de su solicitud, el cual tampoco ha sido respondido por la recurrida.

Como fundamentos de derecho, invoca en primer término el artículo 10 N°3 de la Constitución Política, que establece la carta de nacionalización como modo de adquirir la nacionalidad chilena. Asimismo, cita el artículo 85 de la Ley N°21.325, que regula la nacionalización calificada para residentes definitivos que acrediten dos años de residencia continuada y tengan vínculos con la República de Chile.

Argumenta que resulta aplicable el silencio administrativo positivo contemplado en los artículos 64 y 24 de la Ley N° 19.880, al haberse cumplido todos sus requisitos, esto es, el transcurso del plazo legal sin resolución, el requerimiento a la autoridad, y la falta de pronunciamiento en el plazo de cinco días desde la denuncia.

Invoca además la infracción a los principios que rigen los procedimientos administrativos establecidos en la Ley N° 19.880, especialmente los de celeridad (artículos 4° y 7°), inexcusabilidad (artículo 14), economía procedimental y conclusivo, así como el derecho a conocer el estado de tramitación (artículo 17 letra a) y el plazo máximo de 6 meses para la resolución del procedimiento (artículo 27).

Sostiene que la omisión de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, al impedir que su representada acceda a los beneficios propios de la nacionalidad chilena, como mejorar su empleabilidad, abrir empresas de forma menos burocrática, participar en cargos populares y procesos electorales, y obtener pasaporte chileno que permite ingresar a más de 170 países sin necesidad de visa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que sin más demora otorgue a su representada el acto terminal que resuelva su solicitud de nacionalización; o bien se pronuncie sobre el estado de tramitación de dicha solicitud; o adopte las medidas que la Corte considere pertinentes.

Segundo: Que al informar, el Servicio Nacional de Migraciones, representado por los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Valentina Gómez Baltán, solicita el rechazo del recurso, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, por no existir acto u omisión arbitraria o ilegal que atente contra las garantías constitucionales invocadas.

Expone como antecedentes de hecho que la recurrente ingresó al país el 18 de enero de 2018 por el Aeropuerto nombre reservado en calidad de turista, y posteriormente obtuvo su permanencia definitiva mediante Resolución Exenta N° 172.484 de fecha 30 de septiembre de 2020, la cual se encuentra actualmente vigente, manteniendo por tanto una situación migratoria regular en Chile.

Señala que con fecha 22 de julio de 2023, la recurrente solicitó la carta de nacionalización mediante el Portal de Trámites Digitales del Servicio, bajo el ID N° 66674796. Posteriormente, el 18 de octubre de 2024, el Servicio remitió los antecedentes a la Policía de Investigaciones para la realización de la entrevista requerida por el Decreto N° 5.142, encontrándose actualmente la solicitud en dicha etapa de tramitación.

Como fundamentos de derecho, sostiene en primer término que la carta de nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por gracia, en razón del mérito de quien la solicita y previo cumplimiento de los requisitos legales. Cita al efecto el artículo 10 N°3 de la Constitución Política, el artículo 84 de la Ley N° 21.325 y el Decreto Supremo N° 5.142 de 1960.

Argumenta que según el artículo 157 N°8 de la Ley N° 21.325, la competencia del Servicio Nacional de Migraciones se limita únicamente a la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización, correspondiendo su resolución al Ministro del Interior y Seguridad Pública por delegación del Presidente de la República.

Respecto al tiempo de tramitación, sostiene que el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 puede ser mayor cuando existe caso fortuito o fuerza mayor, configurándose esta causal por el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país. Añade que dicho plazo no es fatal para la Administración, citando la sentencia de la Excma. Corte Suprema correspondiente a la causa Rol N° 13364-2023 que así lo ha establecido.

Invoca además jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que ha rechazado recursos similares, estableciendo que la calidad de residente y la condición migratoria regular del solicitante obsta a que el estado de pendencia de su solicitud constituya una efectiva vulneración de garantías constitucionales, citando al efecto sentencia de 12 de octubre de 2023, causa Rol N° 3151-2023.

Concluye que su actuación se encuentra ajustada a derecho, al haber dado tramitación legal a la solicitud y curso progresivo al procedimiento, sin que la demora constituya una actuación ilegal o arbitraria que vulnere derechos fundamentales de la recurrente.

Por estas consideraciones, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados.

Tercero: Que, informando la Subsecretaría del Interior, el abogado Diego Valenzuela Esparza solicita el rechazo de la acción constitucional deducida, con expresa condena en costas. Indica en primer término, que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, según lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley N° 21.325, 1° y 2° del decreto supremo N° 5.142 de 1960, y 1° apartado IV N° 4 de la Ley N° 16.436, que establecen esta facultad en términos potenciales al indicar que "podrá" otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos señalados.

Agrega que conforme al artículo 157 N° 8 de la ley N° 21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones únicamente tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que implica que dicho Servicio recibe las solicitudes, revisa su admisibilidad, las tramita y ordena su pago, para luego proponer su resolución a la autoridad ministerial.

Señala que, en el caso concreto, la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, como etapa previa a la entrega de los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para su resolución definitiva.

Sostiene que la acción debe ser rechazada en primer lugar, atendido que no existe en autos una omisión arbitraria o ilegal. En efecto, las solicitudes de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis dada su importancia jurídica y práctica, lo que puede implicar una tramitación más extensa que la esperada. Agrega que son un ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución, que no obliga a la autoridad a aceptarlos. Destaca el alto volumen de solicitudes recibidas, señalando que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado en promedio 3.400 solicitudes mensuales.

Respecto al plazo de tramitación, invoca jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República que ha establecido que el plazo de 6 meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, citando al efecto la sentencia Rol N° 115.064-2022 y los Dictámenes N° 45.312 de 2013, N° 7.626 de 2014 y N° E170.194 de 2021.

Indica que no se ha producido en autos una vulneración de garantías constitucionales, pues la recurrente no ha explicado cómo la no dictación del acto administrativo terminal sería ilegal o arbitraria, ni ha señalado expresamente qué derechos o garantías se encontrarían afectados. Enfatiza que por su situación migratoria regular puede ejercer sus derechos sin limitación alguna.

Finalmente, advierte que acoger acciones como la de autos implicaría una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, al favorecer injustificadamente a quienes recurren a la vía judicial por sobre quienes siguen el procedimiento regular, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que ha establecido que la acción de protección no es el medio idóneo para obtener la aceleración de estos procedimientos (Roles Nros 32.598-2022 y 38.220-2023).

Cuarto: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional es la demora en el pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente el día 25 de enero de 2018 la que, a la fecha no ha sido resuelta.

Sexto: Que cabe considerar que el recurrente es de nacionalidad venezolana e ingresó por primera vez a Chile el 18 de enero de 2018, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista. Luego el 22 de julio de 2023, solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el beneficio de carta de nacionalización, la que se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Policía de Investigaciones.

Séptimo: Que en el escenario descrito es posible advertir que la solicitud de carta de nacionalización se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento.

Octavo: Que así ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha veinte de marzo del año 2023, correspondiente a los autos Rol N°115.064-2022, al señalar que "dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares", y luego de un "acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión", concluye que "la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas", y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

Noveno: Que en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora en la dictación de un Acto Terminal, esto es, emitir pronunciamiento de la solicitud de carta de nacionalización, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se vislumbra arbitrariedad, pues la demora es razonable; y tampoco ilegalidad, como quiera que los plazos establecidos en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el Servicio Nacional de Migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

Décimo: Que, finalmente tampoco se advierte un perjuicio o atentado a alguna garantía constitucional que pueda verse afectada con la demora, pues la solicitante se encuentra en condición regular en el territorio nacional al contar con un certificado de residencia definitiva.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, tratándose de un retardo en resolver la petición pendiente, debe considerarse que no hay un acto terminal respecto del recurrente, por lo que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para obtener lo solicitado en la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Sin perjuicio se recomienda al Servicio Nacional de Migraciones que proceda a agilizar la tramitación del proceso seguido respecto del recurrente para que emita pronunciamiento respecto de su solicitud, a la brevedad posible.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N° 21718-2024.