nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REGION DEL BIOBIO

C.A. de Santiago Santiago, siete de julio de dos mil veintiséis.

Proveyendo el escrito folio 18: téngase presente, sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece RICARDO ENCINA HERRERA, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Directora Ejecutiva del SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL, Sra. nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta RA N° 119046/307/2024, de 28 de noviembre del año 2024, que contiene la decisión de no renovar la contrata del recurrente para el año 2025 y la dictación de la Resolución Exenta N°194046/307/2024, de fecha 13 de diciembre de 2024, que se pronuncia sobre una reposición interpuesta en contra de la primera Resolución; y en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por no pronunciarse sobre el reclamo de ilegalidad presentado en tiempo y forma en contra de las resoluciones impugnadas, lo que importaría la afectación de la de los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el señor nombre reservado ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental en virtud de la Resolución Exenta N°119046/117/2021, de 4 de marzo de 2021, en calidad de honorario, grado 11, a contar del 1 de marzo de 2021. Su vínculo fue renovado anualmente y modificado hasta grado 9, siendo traspasado a contrata el 1 de diciembre de 2023, en el grado 9 de la Escala Única de Sueldos, para desempeñarse como Profesional en la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, con la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”. Indica que el señor nombre reservado acumula tres años y nueve meses en el servicio, un año y un mes en calidad de contrata, no registra anotaciones de mérito ni demérito, y fue calificado en la lista N° 1 Distinción en su única evaluación de desempeño.

Indica que la decisión impugnada se contiene en la Resolución Exenta RA N° 119046/307/2024, del Servicio de Evaluación Ambiental, de 28 de noviembre de 2024, y la Resolución Exenta N°194046/307/2024, de 13 de diciembre de 2024, que resuelve el recurso de reposición y que ambas resoluciones adolecen de falta de fundamentación idónea e invalidante.

Se refiere a sus fundamentos, en lo pertinente: se le reprocha el incumplimiento respecto a la entrega de trabajos comprometidos, así como el envío de correos y productos fuera de jornada, evidenciando mala planificación, con anotaciones específicas de mayo y junio de dos mil veinticuatro en la bitácora de desempeño; la insuficiencia de sus competencias como especialista en fauna respecto a sus pares y la generación de entropía en la elaboración de documentos técnicos y capacitaciones, no ajustándose a las necesidades del departamento; los atrasos en el cumplimiento de la jornada laboral en diciembre de dos mil veintitrés, marzo, mayo y julio de dos mil veinticuatro; y un incidente de ciberseguridad al enviar un correo masivo a la División de Evaluación y Participación Ciudadana, contraviniendo las disposiciones de seguridad de la información El recurrente sostiene la ausencia de fundamentos idóneos para la decisión de no renovación, argumentando lo siguiente: (i) que no existiría registro en la Bitácora de Desempeño de los incumplimientos en entrega de trabajos comprometidos aludidos en las resoluciones recurridas, agregando que tales demoras se deberían a una sobrecarga permanente de trabajo que lo habría llevado a trabajar permanentemente fuera de su horario laboral; (ii) que el incidente de ciberseguridad aludido en las resoluciones recurridas consistiría en el envío de un link de YouTube a Meganoticias, y que no constaría en las capacitaciones del SEA alguna indicación relativa a la prohibición de enviar mails institucionales con enlaces a páginas web; y (iii) que los argumentos esgrimidos para no renovar su contrata para el periodo 2025 no habrían sido parte de la calificación de desempeño, la cual lo sitúa en Lista 1.

Señala que los argumentos para la no renovación no fueron expuestos ni considerados en su calificación de desempeño, en la cual obtuvo Lista 1 con Distinción y que posee una anotación de mérito con fecha treinta de julio y, a su vez, no posee ninguna anotación de demérito.

Acusa que el proceder de la Directora del SEA no está fundado, contraviniendo su obligación de fundamentar los actos administrativos que afectan derechos de terceros y que los motivos indicados no se corresponden con los antecedentes aportados, pues al contrastar las evaluaciones del funcionario con la resolución de no renovación, estas se contradicen abiertamente.

Precisa que a obligación de motivación se encuentra consagrada en el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política de la República y es exigida por el principio de juridicidad y legalidad, enfatizando que el poder discrecional debe ser funcional, motivado, fundamentado en datos objetivos, y desprovisto de arbitrariedad.

Finalmente, señala que la Contraloría General de la República, al no pronunciarse sobre el reclamo de ilegalidad por considerarlo litigioso, incurrió en un abuso, demorando casi nueve meses para emitir dicha decisión.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, indica que, el acto administrativo impugnado ha vulnerado el derecho previsto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, referido a la integridad física y psíquica, por cuanto la decisión arbitraria del servicio agrava la situación precaria del funcionario, producto de la crisis en la que se encuentra por su no renovación y consecuente pérdida del empleo. Luego, la disminución de sus ingresos y la afectación de toda su familia agudizan su cuadro psicológico, afectando su salud mental y física.

En el mismo orden de ideas, denuncia la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, referido a la igualdad ante la ley, así como los artículos 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por habérsele otorgado al funcionario un tratamiento diferente en la forma de proceder con su cambio de honorario a contrata, para luego no renovarle, a pesar de ser bien evaluado y no sancionado en modo alguno. También, por haber realizado denuncias sin obtener respuesta y por ser parte, en calidad de testigo, por una denuncia de maltrato, que la parte recurrente considera la verdadera motivación de la no renovación.

Finalmente, acusa la afectación del derecho previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho de propiedad, ya que el funcionario ha sido expuesto a situaciones que afectan directamente su empleo actual y la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de trabajo, limitando los recursos económicos que obtiene para el sustento de su familia, lo que constituye una afectación a la propiedad del empleo y de los ingresos que percibía por su trabajo.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental que dicte un nuevo acto administrativo que renueve la contrata del recurrente desde el uno de enero de dos mil veinticinco al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco, y se le cancelen todas las remuneraciones y beneficios que dejó de percibir en el tiempo intermedio, con costas.

Segundo: Que, la recurrida Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, doña nombre reservado, evacuó su informe solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección con expresa condena en costas.

En primer lugar, se refiere a la relación laboral entre el recurrente y el Servicio de Evaluación Ambiental, coincidiendo en que el 1 de diciembre de 2023 fue traspasado a la modalidad contrata, para desempeñarse como profesional de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, bajo la fórmula “mientras fuesen necesarios sus servicios” y que con fecha 28 de noviembre de 2024, es decir, previo al término de su primer periodo de contrata, se le comunicó al recurrente la decisión de no prorrogar su designación a contrata para el año 2025, mediante la Resolución Exenta RA N°119046/307/2024, de 28 de noviembre de 2024 (en adelante, la “R.E. N°119046”), la cual fue notificada al recurrente el 29 de noviembre de 2024. Respecto de la mencionada resolución, dedujo un recurso de reposición, solicitando la renovación de su contrata para el año 2025, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 2024991011012, de 13 de diciembre de 2024 (en adelante, la “R.E. N°2024991011012”), notificada al interesado con esa misma fecha.

En cuanto a los motivos para rechazar el presente recurso, en primer lugar, indica que fue interpuesto de manera extemporánea, puesto que se presentó más de 9 meses después de la notificación de las resoluciones recurridas (29 de noviembre de 2024 y 13 de diciembre de 2024), lo que excede con creces el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el artículo 1° del Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Fundamentales, demostrando que la pretensión del recurrente no reviste el carácter de urgente propio de esta acción cautelar, motivo por el cual debe ser rechazada de plano.

En segundo lugar, afirma que no se da ninguno de los presupuestos para que esta acción de protección pueda prosperar, En efecto, afirma que el SEA no ha incurrido en ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria en la dictación de las resoluciones recurridas, ya que la decisión de no renovar la designación a contrata del recurrente se encuentra dentro del ámbito de las competencias de la Dirección Ejecutiva del SEA, conforme al artículo 10 del Estatuto Administrativo, que establece expresamente el carácter transitorio de la modalidad a contrata con duración máxima hasta el 31 de diciembre de cada año, expirando por el solo ministerio de la ley, salvo prórroga con al menos 30 días de anticipación. Lo anterior, es reiterado en el artículo 153 del Estatuto Administrativo.

Hace presente que la ausencia de la propuesta de renovar la contrata o la resolución que comunica la no renovación no importa el ejercicio de una potestad discrecional que requiera fundamentación específica. Sin perjuicio de lo anterior, se hizo presente que la ausencia de propuesta de renovación de la contrata por el término del plazo, estuvo acompañada por un deficiente desempeño laboral del recurrente, consistente en la entrega tardía de trabajos, atrasos en el cumplimiento de su jornada y un incidente de ciberseguridad, según se constató en las resoluciones recurridas.

Adicionalmente, señala que el recurrente no se encuentra amparado por el principio de confianza legítima al haber prestado servicios al SEA únicamente por un año bajo la modalidad de contrata (2024).

Luego, sostiene que las resoluciones recurridas se encuentran debidamente fundamentadas pues, a pesar de que la R.E. N°119046 es un acto meramente declarativo que no exige fundamentación según el artículo 11 de la Ley N°19.880, en este caso sí la entregó para sostener la no renovación, consistente en el deficiente desempeño laboral del recurrente, haciendo mención a que no le asistía la confianza legítima (considerando 8°), a los incumplimientos en la entrega de trabajos según la bitácora de desempeño (considerandos 9° y 10°), a los constantes atrasos en el cumplimiento de la jornada laboral (considerando 12°), y al incidente de ciberseguridad (considerando 13°).

En el mismo orden de ideas, sostiene que la R.E. N°2024991011012, también se encuentra debidamente fundada, al haber indicado expresamente los motivos por los cuales no resultaban procedentes las alegaciones formuladas respecto de la R.E. N°119046, acompañando una imagen de la bitácora de desempeño que da cuenta de las anotaciones, señalando los permanentes incumplimientos de la jornada laboral registrados en el reloj control (más de 29 horas de atraso y 50 días de atraso durante la designación a contrata), confirmando el incidente de ciberseguridad por el envío de un hipervínculo contrario a la Política General de Seguridad de la Información, y explicando que la situación del recurrente como testigo en un procedimiento disciplinario no altera el razonamiento ni formó parte de la dictación de la R.E. N°119046.

En relación con la supuesta infracción al artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República (integridad física y sicológica), plantea que la R.E. N°119046, por su naturaleza, no tiene la entidad para vulnerar el derecho invocado, al ser un acto administrativo meramente declarativo de un plazo legal, y que la R.E. N°2024991011012 constituye la resolución final de un recurso de reposición, cuyo rechazo no implica una vulneración de derechos fundamentales.

Respecto a la supuesta infracción al artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República (igualdad ante la ley), señala que el Servicio ha actuado en ejercicio de sus competencias y dentro del marco legal, sin incurrir en discriminaciones arbitrarias ni dejar en indefensión al recurrente, reiterando que el principio de confianza legítima no le era aplicable por haber sido designado solo por un periodo anual.

En cuanto a la supuesta infracción al artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República (derecho de propiedad), sostiene que esta alegación debe ser desestimada por ser improcedente, en tanto esta garantía no protege la “propiedad del empleo” a la que alude el recurrente, sino el derecho real de dominio establecido en el artículo 582 del Código Civil, haciendo presente que se ha resuelto por el Tribunal Constitucional que el funcionario público no tiene un derecho de propiedad sobre su empleo, sino un derecho a la continuidad en su función, mientras no sobrevenga una causal de cesación en el cargo, siendo un derecho estatutario..

Finalmente, hace presente que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar de vicios de legalidad que afectaren los derechos funcionarios, siendo la vía idónea la reclamación ante la CGR, según el artículo 160 del Estatuto Administrativo, y que el recurrente ya había ejercido dicha vía, por lo tanto, la acción de protección debe ser rechazada.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncia, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en el presente recurso, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario, corresponde a la Resolución Exenta RA N° 119046/307/2024 del Servicio de Evaluación Ambiental, fechada el 28 de noviembre de 2024, notificada el 29 de noviembre de 2024, por la cual se decide no renovar su contrata para el año 2025, así como la Resolución Exenta n° 194046/307/2024, de 13 de diciembre de 2024 del Servicio de Evaluación Ambiental, que se pronunció sobre una reposición, cuya resolución fue notificada al afectado en esa misma fecha. Y finalmente en contra de la resolución de Contraloría General de la República que no acoge el reclamo de ilegalidad en contra de las resoluciones anteriores por falta de fundamentación, estimando al efecto que el asunto era litigioso y correspondía omitir su pronunciamiento, de 2 de septiembre de 2025.

Sexto: Que, en lo que dice relación a la extemporaneidad de la presente acción cautelar constitucional que esgrime la recurrida Servicio de Evaluación Ambiental, se debe considerar que esta Corte comprende que el recurrente plasma en su arbitrio motivos plausibles que le llevaron a presentar el presente arbitrio dentro del plazo establecido en el Auto Acordado que regula esta materia, una vez que vio agotada completamente la vía administrativa, hecho que se produce el 2 de septiembre de 2025, esto es, una vez que Contraloría General de la República le notifica la resolución impugnada por la cual se le indica que, al ser un tema litigioso, no se pronunciaría.

Advierte esta Corte que el recurso de protección ingresó según da cuenta el sistema informático –SITCORTE- el 2 de octubre de 2025, motivo por el cual, habiendo agotado la vía administrativa el 2 de septiembre de ese año, la acción constitución de protección fue ejercida dentro de plazo, motivo por el cual esta petición será desestimada.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo de la acción constitucional deducida, cabe indicar que, del análisis de los antecedentes allegados al proceso, se aprecia que la recurrida Servicio de Evaluación Ambiental no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno.

En efecto, cabe recordar que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la Ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. De este modo, en principio resulta evidente que la autoridad se encuentra facultada para poner término al empleo a contrata, incluso antes del vencimiento del plazo consignado en el nombramiento, potestad que, desde luego, debe ejercerse con arreglo a la ley, puesto que la resolución dictada por un jefe superior de servicio que pone término a un cargo a contrata, es un acto legalmente reglado.

En la especie, el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones profesionales para la recurrida a contar del 1 de diciembre de 2023 y duró hasta el 31 de diciembre de 2024, ya que tal como lo indica en el arbitrio se puso fin a ésta por medio de la Resolución Exenta RA N° 119046/307/2024 del Servicio de Evaluación Ambiental, de 28 de noviembre de 2024, es decir, su contrata permaneció un año y un mes, por ende no alcanza a registrar el marco temporal que le habilitaría para sostener que se encuentra amparado por la confianza legítima, en los términos como lo plantea en su recurso.

En efecto, la Excma. Corte Suprema, con fecha 31 de marzo de 2023, en los autos rol N° 26.301-2023, concluyó que las “contratas anuales” constituyen un vínculo transitorio, encontrándose, por ello, la Administración facultada para no renovar su vigencia para el período siguiente, siempre que el desempeño del actor haya sido por un término inferior a cinco años consecutivos, sin que se requiera dar cumplimiento al deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, asistiéndole al trabajador el principio de confianza legítima, sólo en el evento de haber permanecido en sus labores por un lapso mayor al señalado, pudiendo terminar su relación estatutaria, en esta última hipótesis, por razones de desempeño deficiente, lo que debe materializarse a través del respectivo sistema de calificaciones o, bien, por faltas que lo ameriten y que hayan sido establecidas en un sumario administrativo.

Octavo: Que, por lo demás, la naturaleza cautelar de la acción de protección impide que se declaren por esta vía, derechos discutidos, como lo sería considerar que el período de prestación de servicios a honorarios, y que en el caso alcanzó a tres años y nueve meses, sería asimilable a la calidad jurídica de contrata, para sustentar la confianza legítima que invoca, de manera que se desechará esta pretensión.

Noveno: Que, de lo anterior se evidencia que la no renovación de una contrata anual, ante un periodo de desempeño consecutivo inferior a cinco años, constituye una facultad de la respectiva autoridad, cuyo ejercicio no puede calificarse por sí mismo, como un acto ilegal o arbitrario que dé cuenta de la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Décimo: Que, por último, en el actuar de Contraloría General de la República este tribunal no divisa ilegalidad o arbitrariedad alguna, por cuanto este órgano de la Administración se limitó a ejercer las competencias constitucionales y legales que le otorga el ordenamiento jurídico que expresamente le permiten abstenerse de pronunciarse como lo pretende el recurrente, por tratarse un tema litigioso, constatación que determinó, en su momento, que se prescindiera de su informe.

Undécimo: Que, en mérito de lo expuesto y no configurándose en la especie acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a las recurridas, el recurso deducido no puede prosperar.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Ricardo Encina Herrera, abogado por el afectado nombre reservado en contra del Servicio de Evaluación Ambiental y Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactor ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

No firma el Ministro señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber concluido sus funciones en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

N° Protección-21708-2025