nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

Santiago, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Al folio N° 12: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen Rebeca Menz Angulo, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad brasileña, psicólogo, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 2500100127214, de fecha 5 de septiembre de 2025, que rechazó la solicitud de residencia definitiva y dispuso el abandono del recurrente del país en un plazo de quince días, lo que importaría la afectación de las garantías constitucionales de los numerales 2, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Administrativa recurrida, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones el restablecimiento del imperio del derecho, retrotrayendo el proceso administrativo y dándole continuidad, permitiendo al recurrente complementar los antecedentes de que dispone o, en su defecto, realizar una nueva postulación.

Explica que el recurrente ingresó regularmente a Chile en abril de 2021 con su grupo familiar, estableciendo su vida, actividad profesional y la educación de su hijo en nuestro país.

Da cuenta que el recurrente contrajo matrimonio con doña nombre reservado, de nacionalidad chilena, mientras residía en Brasil y que de dicho vínculo nació su hijo nombre reservado el 14 de febrero de 2017, quien tiene actualmente ocho años.

El 11 de marzo de 2023, el recurrente presentó una solicitud de residencia definitiva por motivo de traslado familiar, registrada bajo el número de trámite 59171293. Luego, con fecha 10 de abril de 2024, se le comunicó que no había cumplido con el requisito de presentar un certificado de antecedentes penales de su país de origen solicitado por medio de la casa consular o embajada, otorgándosele un plazo de diez días para rectificar el error. Sin embargo, afirma que el recurrente se enteró de esta notificación un día después del vencimiento del plazo, el 24 de abril de 2024.

Señala que, pese a no haber acompañado el documento en el plazo administrativo, el recurrente realizó ampliaciones de su certificado de residencia temporal en abril y septiembre de 2024, y en febrero y agosto de 2025, para mantener su residencia válida, hasta tener respuesta de su residencia definitiva.

Finalmente, el 5 de septiembre de 2025, mediante resolución exenta N° 2500100127214, notificada vía correo electrónico, se le informó el rechazo de su solicitud de residencia definitiva, con un plazo de cinco días para presentar un recurso administrativo y quince días para abandonar el país, venciendo dicho plazo el 25 de septiembre de 2025.

Así la cosas, afirma que el recurrente, el 10 de septiembre de 2025, intentó ingresar el recurso administrativo a través de la página de migración, solicitando que se tome en consideración que en la actualidad cuenta con el certificado de antecedentes debidamente diligenciado, pero no pudo completar el trámite debido a una falla en el sistema, recibiendo una respuesta negativa a su ticket de ayuda.

Sostiene haber cumplido con toda la reglamentación para postular a su residencia definitiva, solicitando prórrogas y tratando de cumplir con las exigencias del Servicio de Migraciones.

Hace presente que el recurrente es una persona valiosa para el país, aportando a la sociedad chilena, manteniendo un trabajo estable desde 2023 como psicólogo en la Fundación ERES, institución que trabaja por los derechos de personas en situación de discapacidad.

Asimismo, resalta el vínculo familiar con su hijo Matías, de ocho años, nacionalizado chileno, con quien mantiene un régimen de visitas durante los fines de semana en su inmueble de propiedad, ubicado en domicilio reservado, el cual está completamente pagado, demostrando su intención de radicarse en Chile.

En el mismo orden de ideas, afirma que no registra antecedentes penales en su país de origen ni en Chile.

Argumenta que la medida de abandono del país es desproporcionada, considerando que tiene su proyecto de vida en Chile, su hijo y el cumplimiento del régimen de relación directa y regular, su trabajo y su propiedad, habiendo vendido sus bienes en Brasil para adquirir la propiedad en Chile, y habiendo cancelado los derechos por la residencia definitiva.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la parte recurrente señala que la resolución impugnada vulnera el artículo 19, numerales 2, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República. El derecho a la igualdad ante la ley (Art. 19 N° 2) se conculca por cuanto el Servicio de Migraciones ha incurrido en una diferencia arbitraria al no considerar las alternativas de sustitución de la orden de abandono por una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida, conforme al inciso 5° del artículo 91 de la Ley 21.325. Asimismo, el recurrido no respetó el plazo de diez días para presentar descargos respecto a la revocación de la residencia definitiva, establecido en el inciso 3° del artículo 91 de la Ley 21.325, debido a una falla en su plataforma web que impidió al recurrente incorporar dichos descargos, lo que constituye una discriminación arbitraria.

Luego, denuncia la vulneración al derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia (Art. 19 N° 4) porque la orden de abandono impide al recurrente cumplir con su derecho y deber de mantener una relación directa y regular con su hijo Matías, de ocho años, nacionalizado chileno, conforme al artículo 229 del Código Civil y el Artículo 9 Nro. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que se aplicó la sanción más severa sin valorar adecuadamente los factores de arraigo familiar y la posibilidad de una medida menos gravosa.

Asimismo, denuncia la afectación del derecho a la libertad de trabajo y su protección (Art. 19 N° 16), pues al ser obligado a abandonar el territorio nacional, el recurrente perdería su empleo actual como psicólogo en la Fundación ERES, mantenido desde dos mil veintitrés, lo que constituye su principal sustento económico para él y su hijo.

Finalmente, el derecho de propiedad (Art. 19 N° 24) se ve amenazado porque la orden de abandono del país le impediría utilizar su bien inmueble, su residencia principal, ubicada en domicilio reservado, la cual adquirió con la intención de radicarse en Chile, afectando su tenencia material, uso y goce.

Reitera que el Servicio Nacional de Migraciones no consideró los presupuestos del artículo 129 de la Ley 21.325 antes de dictar la medida de abandono, pues el recurrente no posee antecedentes delictuales, solo demoró en la entrega de un certificado en formato específico, lleva cinco años de residencia regular en Chile, es padre de un niño nacionalizado chileno y realiza contribuciones sociales como profesional.

Solicita que se acoja recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Administrativa que dispone su abandono del país, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones el restablecimiento del imperio del derecho, retrotrayendo el proceso administrativo y dándole continuidad, permitiendo al recurrente complementar los antecedentes de que dispone o, en su defecto, realizar una nueva postulación.

Segundo: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, al evacuar el informe requerido por esta Corte, solicitó el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección.

En cuanto a los antecedentes de hecho, informa que con fecha 4 de febrero de 2022, se le otorgó al recurrente, don nombre reservado, la residencia temporal por vínculo con chileno, mediante Resolución Exenta N° 11911, con vigencia de un año hasta el 20 de marzo de 2023. Encontrándose en situación regular, el recurrente solicitó con fecha 11 de marzo de 2023, el permiso de Residencia Definitiva en Chile, registrada bajo el ID 59171293. Sin embargo, con fecha 10 de abril de 2024, mediante comunicación electrónica Folio N° 56633205, se le notificó al recurrente que su solicitud se encontraba comprendida en las siguientes causales de rechazo: no haber cancelado los derechos correspondientes al beneficio solicitado; no haber presentado el certificado de antecedentes del país de origen requerido; presentar una cédula de identidad ilegible; y no acreditar sustento económico. Conforme lo anterior, se le otorgó un plazo de diez días hábiles para realizar sus descargos.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 2500100127214, de fecha 5 de septiembre de 2025, se rechazó su solicitud de Residencia Definitiva, ordenando el abandono del territorio nacional en un plazo de quince días y disponiendo una prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de cinco años, contados desde que hiciera efectivo el abandono.

Explica que, el fundamento principal del rechazo fue que la persona extranjera no remitió el original del certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, conforme al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el Servicio Nacional de Migraciones argumentó que el artículo 78 de la Ley N° 21.325 establece que la residencia definitiva solo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, su reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías.

Asimismo, el artículo 37 de la misma ley confiere al Servicio la facultad de otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia.

Cita el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325, el que dispone que deben rechazarse las solicitudes de residencia de quienes no cumplan los requisitos de cada categoría, siendo este el caso particular del recurrente al no remitir el certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado o apostillado, según lo exigido por el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a las consecuencias del rechazo de una solicitud de residencia definitiva, el Servicio señaló que el artículo 91 inciso 4° de la Ley N° 21.325 impone a la autoridad migratoria la obligación de disponer el abandono del territorio nacional de un extranjero a quien se le haya rechazado o revocado un permiso de residencia, fijando un plazo no menor a cinco días y pudiendo señalar una prohibición de ingreso al país. Concluye que la orden de abandono es una consecuencia necesaria e imperativa ante un rechazo basado en causas legales.

Finalmente, en relación con las eventuales vulneraciones a las garantías constitucionales, sostiene que la acción de amparo no puede prosperar porque no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio al rechazar la solicitud de residencia definitiva del recurrente, ya que este no cumplió con los requisitos señalados en el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, corresponde analizar, en primer término, si el acto impugnado adolece de los vicios que se le atribuyen y, en caso afirmativo, si dicha actuación vulnera alguna de las garantías fundamentales invocadas.

Cuarto: Que, no existe controversia en cuanto a que, mediante la Resolución Exenta N°2500100127214, de 5 de septiembre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, fundado en la falta de presentación del certificado de antecedentes penales de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado. Como consecuencia de dicho rechazo, se dispuso el abandono del país en el plazo de quince días y una prohibición de ingreso por el término de cinco años.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes aparece que la autoridad fundó el rechazo de la solicitud en que la recurrente no acompañó el certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado.

Sexto: Que, sin embargo, junto con el recurso de protección el actor acompañó nuevos antecedentes, entre ellos certificado de antecedentes penales del Consulado General de Brasil en Santiago, de fecha 9 de septiembre de 2025, del cual consta que no registra antecedentes penales en dicho país y certificado de antecedentes para fines especiales emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile con fecha 2 de octubre de 2025, igualmente sin anotaciones.

Séptimo: Que, si bien esta Corte no puede sustituir a la Administración en el ejercicio de potestades técnicas y regladas que el legislador ha entregado al Servicio Nacional de Migraciones para pronunciarse sobre el otorgamiento o rechazo de permisos de residencia, sí le corresponde cautelar que dicha potestad se ejerza de manera racional, fundada y compatible con la finalidad del procedimiento administrativo, especialmente cuando en sede cautelar se han acompañado antecedentes nuevos que, en apariencia, resultan directamente conducentes para despejar la causal documental que motivó el acto impugnado Octavo: Que, en estas circunstancias, el mantenimiento puro y simple de la resolución recurrida, sin que la autoridad administrativa emita pronunciamiento sobre los documentos actualmente acompañados por la recurrente, importa una afectación ilegítima de la garantía de igualdad ante la ley y del debido resguardo frente al ejercicio de potestades administrativas, desde que los antecedentes allegados son pertinentes para una decisión fundada acerca de su situación migratoria y laboral.

Noveno: Que, por consiguiente, la medida idónea para restablecer el imperio del derecho no consiste en ordenar derechamente el otorgamiento del permiso solicitado, sino en dejar sin efecto la resolución impugnada únicamente para que el Servicio Nacional de Migraciones examine y valore formal y sustantivamente los nuevos documentos acompañados por la recurrente y, con su mérito, emita un nuevo pronunciamiento dentro de un plazo prudente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°2500100127214, de fecha 5 de septiembre de 2025, debiendo el Servicio recurrido reabrir el proceso administrativo y conferirle al recurrente un plazo prudencial para que allegue los antecedentes que obren en su poder y, con su mérito, proceda a dictar la resolución correspondiente, debiendo reenviarse por esta Corte los documentos acompañados en esta sede, siendo la Unidad de Protección la encargada de velar por el correcto diligenciamiento de esta medida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21.707-2025.