nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

C.A. de Santiago.

Santiago, dos de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de Maitee nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no dar respuesta a su solicitud de carta de nacionalización.

Expone que después de cumplir con los requisitos y plazos correspondientes, habiendo obtenido la residencia definitiva, la recurrente inició el trámite de carta de nacionalización el 18 de abril de 2024, sin embargo, desde la fecha de dicha presentación, no ha obtenido información ni notificación sobre el estado de ese trámite. Acusa vulneración a la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de nacionalización de la actora dentro de un plazo de 60 días, o el que se estime conforme al mérito de autos, y en general se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con costas.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacua informe y opone excepción de cosa juzgada, fundado en el hecho que en Ingreso Corte Protección-896-2025 de la Corte de Apelaciones de Concepción, se interpuso acción de protección en favor de la recurrente, y por sentencia de 5 de septiembre de 2025, dicha Corte -proveyendo escrito de la recurrente- dictó sentencia teniéndola por desistida del recurso de protección interpuesto. Asevera que concurren los requisitos contemplados en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por lo que solicita se rechace la acción de protección, con costas.

En subsidio, informa el recurso solicitando igualmente su rechazo, ya que no existe un acto ilegal o arbitrario que haya de ser enmendado por la vía cautelar. Mediante ampliación de informe, indica que la solicitud de carta de nacionalización se encuentra en etapa de “PDI Asignación” desde el 23 de febrero de 2026, y que, como como la parte recurrente cuenta con residencia definitiva, no se le ha perturbado de ninguna manera el goce de sus derechos.

Sostiene, además, que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal para la administración, invocando jurisprudencia en apoyo a esa alegación.

Tercero: Que, evacuando traslado, la recurrente solicita el rechazo de la excepción de cosa juzgada opuesta, pues las sentencias dictadas en procedimientos de recursos de protección producen cosa juzgada formal, de manera que los efectos de dicha sentencia subsisten en tanto no se produzca un cambio en la situación de hecho que justifique una nueva revisión de aquella. Afirma que, habiendo transcurrido un tiempo considerable, se produce una nueva omisión por cuanto no se ha emitido la resolución exenta que pone fin a la petición administrativa formulada por la protegida.

Cuarto: Que se requirió informe al Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, y exponen, en primer lugar, que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio.

Luego, indican que los antecedentes en cuestión se encuentran actualmente en estado de tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, como una etapa previa a la entrega de los antecedentes a dicha cartera de Estado para su posterior resolución.

Al respecto, refieren que las solicitudes de nacionalización son sometidas a un análisis exhaustivo por parte de la autoridad, lo que implica una extensa tramitación; por otro lado, señalan que la carta de nacionalización corresponde a una expresión del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República e indican que sólo entre enero y marzo de 2024 se han presentado más de 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de carta de nacionalización.

Por tales razones, explican que la no dictación del acto respectivo no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Sostienen que el plazo previsto por el artículo 27 de la Ley N°19.880 no constituye uno de carácter fatal para la administración y que no es posible concluir que la sola demora en la tramitación supone una vulneración en los derechos que la Constitución Política de la República establece.

Finalmente, mencionan que de acogerse la acción existe un riesgo de potencial vulneración de los derechos respecto de los demás interesados que se encuentran en similar situación a la de la recurrente, y que la acción de protección no constituye la vía idónea para obtener la aceleración de la tramitación de esa clase de procedimientos.

En razón de lo anterior, solicitan el rechazo de la acción, con costas, por carecer de motivos plausibles para litigar.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, en cuanto a la excepción de cosa juzgada, es dable señalar que es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales, en virtud de la cual, no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto de la sentencia anterior, persiguiendo con ello el término definitivo de los conflictos, confiriendo certeza de los derechos de las partes, y evitando sentencias contradictorias.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo dicho precedentemente, la excepción en análisis no puede prosperar, porque el acto que se ha denunciado por la parte recurrente respecto de la parte recurrida dice relación precisamente con la omisión de pronunciamiento de su solicitud, cuestión que se mantiene hasta ahora, por lo que nada obsta a que esta Corte pueda nuevamente conocer sobre los hechos, si la afectación a las garantías fundamentales de la parte recurrente se mantiene en el tiempo.

Octavo: Que, aparece del petitorio de la presente acción constitucional que la recurrente busca que la autoridad recurrida resuelva su solicitud de nacionalización y, en consecuencia, se le otorgue dicha gracia si así correspondiere, lo que no ha ocurrido a esta fecha, según se ha informado por la recurrida.

Para estos efectos, cabe considerar que la recurrente presentó su solicitud de nacionalización el 18 de abril de 2024, por lo que el servicio recurrido ha demorado -a la fecha- más de veinticinco meses en la resolución de su asunto, el que se encuentra aún pendiente.

Noveno: Que para resolver el asunto se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880, atendido que, en su carácter de ley de bases, tiene aplicación supletoria de los procedimientos administrativos.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Décimo: Que, de acuerdo a lo informado por la autoridad recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

Undécimo: Que, por tanto, la dilación del recurrido Servicio Nacional de Migraciones en el pronunciamiento sobre la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, y dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena a la autoridad recurrida, como medida para restablecer el imperio del derecho, emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda sobre la solicitud de nacionalización de la recurrente que se encuentra pendiente, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del ministro señor nombre reservado, quien fue del parecer de desestimar el recurso de protección, teniendo para ello en consideración que, en concepto de quien disiente, en la especie no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, desde que los plazos que se confieren a la Administración, incluido el que prevé el artículo 27 de la Ley N°19.880, no son fatales; a lo que se suma la excesiva carga de trabajo que enfrenta actualmente el Servicio Nacional de Migraciones, situación que amerita rechazar la presente acción cautelar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-21698-2025.