nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH LTDA

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Jorge Correa Fuentes, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH Ltda., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la realización de descuentos en su remuneración del mes de septiembre de 2025, vulnerando la garantía consagrada en el artículo 19 N°s 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes que su representada mantiene un crédito moroso con la institución recurrida y señala que el 26 de agosto de 2025 se sometió a un procedimiento de liquidación concursal voluntaria ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, Rol N°C-329-2025, donde individualizó a la recurrida como acreedora. Expone que el 17 de septiembre de 2025 se dictó la resolución de liquidación, la cual ordena a los acreedores presentarse para justificar sus créditos. No obstante, afirma que en la remuneración de septiembre de 2025 la recurrida procedió a efectuar descuentos correspondientes al crédito, sin aviso previo. Argumenta que, tras la resolución de liquidación, el deudor queda inhibido de la administración de sus bienes y que sólo puede embargarse la remuneración hasta por tres meses después de dictada la resolución. Sostiene que el actuar de COOPEUCH es arbitrario al poner a la recurrente en una situación desventajosa frente a otros deudores y privarla del derecho a percibir su remuneración completa, vulnerando su derecho de propiedad.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 19 N°s 3, 16 y 24 y 20 de la Constitución Política de la República; 7 y 58 del Código del Trabajo; 22 y pertinentes de la Ley N° 18.833; 98 de la Ley N° 18.092 y la Ley N° 20.720.

Pide, en definitiva, se acoja el recurso y se ordenen las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, específicamente, el reintegro de todas las sumas descontadas con intereses y reajustes y que la recurrida se abstenga de realizar o solicitar nuevos descuentos a través del empleador actual (Municipalidad de Pica) o futuros y se condene en costas.

SEGUNDO: Que al evacuar el informe requerido COOPEUCH solicita el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la recurrente contrató un crédito de consumo el 28 de mayo de 2024, autorizando expresa e irrevocablemente, el pago mediante descuento por planilla y ratifica que solicitó su liquidación concursal el 26 de agosto de 2025 y que el tribunal la declaró el 17 de septiembre de 2025, publicándose en el Boletín Concursal el 30 de septiembre de 2025.

Precisa que su representada suspendió los descuentos inmediatamente al tomar conocimiento de la liquidación y respecto al descuento de septiembre, aclara que la retención de $110.900 se practicó el 11 de septiembre de 2025.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la retención cuestionada es anterior tanto a la resolución de liquidación como a su publicación oficial, por lo que no era jurídicamente posible retrotraer un cargo ya ejecutado. Añade que cualquier descuento posterior que el empleador pudiera realizar por la inercia del sistema de planillas no se imputa al crédito, sino que se registra como “acreencia” a disposición de la socia para su retiro, descartando enriquecimiento o cobro forzado.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el recurso ha perdido oportunidad al no existir un acto ilegal vigente, dado que la suspensión ya fue instruida. Afirma que la recurrente carece de derechos indubitados y que no existe una afectación real a las garantías constitucionales. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la improcedencia de la protección cuando la cautela urgente ya no es necesaria.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Son entonces requisitos indispensables de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el acto que se considera ilegal y arbitrario es haber efectuado la recurrida un descuento de la remuneración de la recurrente en el mes de septiembre del año 2025 de un crédito otorgado por la primera, en circunstancias que, en ese mes, se declaró su liquidación concursal, de modo que para el cobro de este debe concurrir a ese procedimiento siendo improcedente la realización de ejecuciones individuales.

QUINTO: Que son hechos que se tienen por acreditados, sea por los antecedentes acompañados o por lo expuesto por las partes, los siguientes:

a) Que entre las partes se celebró el 28 de mayo del año 2024 un mutuo por la suma de $3.074.306.

b) Que en el mes de septiembre de 2025 se efectuó un descuento de la remuneración de la recurrente por la suma de $110.900.

c) Que en el mes de agosto de 2025 la recurrente solicitó ante el Juzgado de Letras de Garantía de Pozo Almonte su liquidación concursal voluntaria.

d) A la fecha de dicha solicitud, la deuda que mantenía con la recurrida ascendía a la suma de $2.773.807.

e) El 17 de septiembre de 2025 se dictó la resolución que acogió la solicitud de liquidación solicitada por la recurrente.

f) La resolución anterior fue publicada en el Boletín Concursal el 30 de septiembre de 2025.

SEXTO: Que del mérito de los hechos acreditados aparece que el descuento que se efectuó de la remuneración de la recurrente -que se impugna a través del presente recurso- fue realizada en el mes de septiembre de 2025, es decir, con anterioridad a que se publicara en el Boletín Concursal la resolución que la sometió a liquidación, siendo esa fecha desde la cual produce efecto respecto de los terceros acreedores -calidad que tiene la recurrida-, al tenor del artículo 2 N° 7 de la Ley N° 20.720; y, que como consecuencia de ello, cesa la posibilidad que estos puedan ejecutar los créditos en forma individual. Así se lee del inciso primero del artículo 135 de la citada ley.

SÉPTIMO: Que por lo que se viene razonando, la recurrida no ha incurrido en el acto arbitrario e ilegal que se le imputa, desde que el descuento fue realizado con anterioridad a la fecha en que se notificó la resolución en el Boletín Concursal y que hace efectiva la prohibición legal.

En consecuencia, el arbitrio en análisis será desechado, siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre las garantías que se denunciaron como vulneradas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH Ltda.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya, quien no firma por encontrarse con feriado legal.

Protección N°21.615-2025.