nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil catorce Vistos:

A fojas 6, comparece nombre reservado, ingeniero civil industrial, funcionario público a contrata de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,representada legalmente por su Vicepresidente Ejecutiva, doña nombre reservado De maturana Luna, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 015/00964, de fecha 31 de marzo de 2014, mediante el cual se prorroga su contrata a contar del 1 de enero de 2014 mientras sus servicios sean necesarios siempre que no excedan del 30 de abril de 2014. Señala que la resolución impugnada es posterior y altera significativamente la resolución 015/00169, de 16 de diciembre de 2013, que lo había nombrado en calidad de contrata desde el 1 de enero mientras sus servicios fueran necesarios siempre que no excedieran del 31 de diciembre de 2014.

En cuanto a los hechos, expone que ingresó a prestar servicios para la recurrida en el año 2011, y durante el 2013 su cargo fue designado por Resolución 015/0004 de 8 de enero de 2013, en calidad de contrata, de la que tomó razón la Contraloría General de la República.

Agrega que, el 16 de diciembre de 2013 se dictó la Resolución Nº 015/00169 que lo nombró, entre otros, en calidad de contrata para el año 2014, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 (profesional en el área de gestión administrativa y técnica con grado 6°EUR), resolución respecto de la cual la Contraloría General de la República se abstuvo de tomar razón, en razón que las contrataciones se efectuaban en iguales condiciones que las que mantenían los interesados en el año 2013 y, en tal virtud, no cabía sino entener que correspondían a prorrogas de las designaciones a contrata, por lo que aplicó lo dispuesto en el artículo 7, número 7.1.1, letra d), de la Resolución 1600, de 2008 del referido órgano de control, y en consecuencia no afecto al control preventivo de toma de razón, sino sólo al tramite de registro, entendiendose validamente manifestada la voluntad adminstrativa desde su emisión.

Indica que no obstante lo anterior, las condiciones del nombramiento referido, fueron objeto de una manifestación administrativa posterior y sufrieron una alteración significativa mediante la Resolución Exenta Nº 015/00964, de 31 de marzo de 2014- que impugna- ya que en ésta última prórroga se reduce el plazo fijado de la contrata, desconociendo la duración originalmente dispuesta - 31 de diciembre de 2014- ya que señala “siempre que no excedan del 30 de abril de 2014”.

En cuanto al derecho, invoca en primer término el principio de protección de la Confianza Legítima, pues sin desconocer el carácter transitorio de las contratas, en su caso operó la prorroga de su contrata hasta el 31 de diciembre de 2014, en términos que se formó la legitima convicción de su continuidad en el Servicio durante la totalidad del presente año, de manera que no puede ser separado del empleo sino por causal legal de expiración de funciones, contempladas en el Estatuto Administrativo. Hace presente que la resolución impugnada establece en un acto posterior, un plazo de la contrata inferior al originalmente señalado, desconociendo el contendio de una resolución validamente emitida y pretendiendo bajo el pretexto de una prrorroga de contrata, exonerarle de sus funciones con anterioridad al cumplimiento del plazo sin causa legal, afectando precisamente la confianza legítima de ejercer su función durante todo el año 2014, principio que la doctrina deduce de los principios constitucionales de estado de Derecho ( artículos 5, 6,7 y 8 de la Carta Fundamental) y de seguridad jurídica ( artículo 19 Nº 26 del mismo texto).

Enseguida, afirma que la Resolución es ilegal, pues si bien reconoce que de los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo puede colegirse que la autoridad se encuentra facultada para poner término antes del cumplimiento del plazo consignado, no lo es menos que la referida potestad debe ejercerse con arreglo a la ley, citando al efecto la Ley 19.880 en sus artículos 16, 11 y 41 inciso cuarto, toda vez que la Resolución impugnada, que reduce el periodo de la prorroga originalmente concedida y no hace otra cosa que poner término anticipado a su contrata, carece de razonablidad y fundamentos suficientes, resultando ilegal al contravenir lo dispuesto en el artículo 11 referido, a lo que se adiciona que la resolución se extralimita de la instrucción impartida por la Contraloría General de la República a través del Oficio Nº 14.121 de 25 de febrero de 2014, emitido por la División de Personal de la Administración del Estado de Contraloría General de la República,que luego de entender que la resolución Nº 015/00169 era una prorroga de contrata y por tanto no se encontraba afecta a la toma de razón, impartio la instrucción de efectuar el registro de los actos adminsitrativos de esta naturaleza de forma electronica , restituyendolos, con el objeto que se realizara el registro de los mismos, y no obstante la obligatoriedad de dicha instrucción, de acuerdo al artículo 9 de la Ley 10.336, la recurrida bajo el pretexto de un supuesto incumplimiento de la instrucción, emitió un nuevo acto administrativo-el impugnado- alterando la duración original de la contrata prorrogada, etralimitàndose , lo que en definitiva importa ilegalidad por incumplimiento de la instrucción impartida.

Por lo demás, agrega, que la resolucioón atacada, es absolutamente extemporanea en su pretensión de prorrogar la contrata, toda vez que según lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la prorroga debe ser realizada con anterioridad al cumplimiento del plazo y no durante el mismo periodo.

En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados entiende, que son la igualdad ante la ley, toda vez que fue discriminado arbitrariamente en relación a otros funcionarios que se desempeñan a contrata que permanecieron hasta el término legal; el derecho de propiedad que tiene sobre sus remuneraciones por todo el período de la destinación; el debido proceso, atendido que se le ha desvinculado sin un procedimiento correspondiente previo en que pueda defenderse de eventuales acusaciones de falta de deberes o de insuficiente desempeño.

A fojas 20, comparece don nombre reservado, abogado, en calidad de mandatario de la recurrida Junta Nacional de Jardines Infantiles, e informa solicitando el rechazo del recurso con costas.

Reconoce la contratación del actor en la institución por los períodos señalados en el recurso, y que a través de la Resolución afecta Nº 015/0169, de 16 de diciembre de 2013 se nombró al recurrente desde el 1 de enero de 2014 y mientras sus servicios fueran necesarios, los que no podría exceder del 31 de diciembre de 2014 y que remitida a Contraloría para el trámite de toma razón, ésta respondió que era improcedente indicando que las personas que se individualizaban en los cargos y grados que se señalaban desempeñaban cargos en las mismas condiciones que el año 2013, debiendo entenderse como prórrogas de designaciones a contrata, y que por ello solo era procedente el trámite de registro, restituyendo a la su parte los actos administrativos de nombramiento para tales fines.

Sostiene que a fin de dar cumplimiento a lo instruido por Contraloría solicitó aclaración mediante correo electrónico, respondiendole dicha entidad que debía emitir las respectivas resoluciones exentas aprobatorias de las prórrogas y registrarlas en la plataforma denominada SIAPER , razón por la que procedió a dictar la Resolución Exenta Nº 015/0964, de 31 de marzo de 2014 de “Prorroga de nombramiento en calidad de contrata a personas que se indican”, en que se incluyó al recurrente.

Con lo expuesto estima que queda de manifiesto que su parte dio estricto cumplimiento a lo ordenado por Contraloría, dictándose un acto administrativo legalmente válido.

En cuanto al derecho, afirma la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, en primer término por que cumple con todos los requisitos de forma y fondo de un acto administrativo, y que conforme a la Carta Fundamental, la Contraloría General de la República ejerce el control de legalidad de los actos de administración y conforme al artículo 10 de la ley 10.336, el Contralor tiene competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos y resoluciones, sin perjuicio de la facultad para eximir del trámite de toma de razón a los decretos y resoluciones que se indican, lo que resulta complementado por lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 19.880.

En ese orden de consideraciones, afirma que la Resolución N º 015/0169 de 16 de diciembre de 2013, nunca nació a la vida del derecho y por ende no produjo efecto jurìdico alguno, toda vez que la Contraloría se abstuvo de la toma de razón, y procedió a la restitución de la misma, indicando que se trataba de una prorroga de contrata y que su parte debía dictar el correspondiente acto administrativo y efectuar el registro de los actos adminsitrativos de esta naturaleza en forma electronica (SIAPER), agregando que durante la tramitación de la Resolución el funcionario tenia una mera expectativa y por ser un trabajo esencialmente transitorio, no puede verse vulnerado el principio de la confianza legítima.

A continuación, sostiene que la Resolución que se impugna fue dictada para regularizar la situación acaecida y que si surtió efectos jurídicos.

Finalmente, explica que el motivo de la reducción de la contrata, se debió a que el recurrente teniendo a su cargo el control presupuestario y su ejecución y la responsabilidad de asesorar, orientar y supervisar técnicamente las actividades de programación y ejecución presupuestarias, no adoptó las medidas preventivas y/o correctivas que correspondían, experimentando incluso una deuda de arrastre por compromisos adquiridos y no devengados superior a la informada de $500.000.000.

Por último señala , que la prórroga en los términos de la Resolución , que ahora se impugna fue aceptada por el recurrente, ya que durante el mes de abril se acordó con él que hiciera uso de sus permisos y feriados A fojas 51, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que de los documentos agregados a los autos consta que mediante Resolución Nº 015/126, de 16 de agosto del 2011, dictada por la Vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI, se nombró a nombre reservado, en calidad de contrata a contar del 8 de agosto de 2011 y mientras sus servicios fueran necesarios, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2011, para el cargo de Profesional (Función Gestión Adm. Y Tec), grado 10.

Luego con fecha 9 de enero de 2012, se dictó la resolución Nº 015/004, donde se nombró a la misma persona en calidad de contrata desde el 1 de enero de 2012 y mientras sus servicios fueran necesarios, siempre que no excedieran al 31 de diciembre de 2012, para que continuara desempeñándose en el cargo de profesional (Función gestión Adm. Técnica) asimilado- esta vez- al grado 08.

Posteriormente, por Resolución Nªº 015/004, de 8 de enero del año 2013, se volvió a nombrar al recurrente en calidad a contrata, en el cargo Profesional(Función Gestión Adm. Y Tec) , encargado Subdepartamento de Planificación, en el grado 06 de la EUR, a contar del 1 de enero de 2011, mientras sus servicios fueran necesario, no pudiendo exceder del 31 de diciembre del año 2013.

El 16 de diciembre de 2013, a través de la Resolución 00169 se nombró en calidad a contrata a cuatro personas, entre ellas el recurrente, desde el 1 de enero de 2014, siempre que no excedieran del 31 de diciembre del año 2014, para desempeñarse en el cargo Profesional ( Función Gestión Adm y Tec), en caso del recurrente en el grado 6 de la EUR, disponiéndose la toma de razón de la referida Resolución, lo que provocó el oficio de la Contraloría General de la Repùblica, de 25 de febrero de 2014, Nº 14121(fojas 40) que restituye a la recurrida, entre otras resoluciones la 169, antes referida, señalando que debió abstenerse de tomar razón del documento, toda vez que las contrataciones que allí se contenían se efectuaban en iguales condiciones que las que mantenían los interesados en el año 2013 y, en tal virtud, no cabía sino entender que correspondían a prórrogas de designaciones a contrata, añadiendo que de acuerdo a lo dsipuesto por el artículo 7, número 7.1.1, letra d) de la resolución Nº 1600, de 2008 de esa entidad Fiscalizadora, los actos adminsitrativos relativos a dicha materia no se encontraban afectos al mencionado control preventivo de legalidad, sino que sólo al trámite de registro, conforme a lo prevenido en el artículo 15 Nª 3, de la citada resolución, de modo que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1 de la resolución Nº 245, de 2012, de ese Organismo de Control, a contar del 2 de mayo de 2012, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, debía efectuar el registro de los actos adminsitrativos de esta naturaleza de forma electrónica, razón por la que restituía a la recurrida los actos adminsitrativos de la suma, con el objeto que se realizara el registro de los mismos,conforme a lo anotado.

Lo anterior motivó una solicitud de aclaración por parte de la JUNJI, cuya respuesta rola a fojas 42, donde se indica en lo pertiennte a lo que se examina que “…tratándose de contratas que por las condiciones en que fueron extendidas se les ha considerado una prorroga de las contrataciones inmeditamente anteriores, deberán emitirse las respectivas resoluciones exentas aprobatorias de las prórrogas y registrarse en la plataforma Siaper…”

Por último, mediante la resolución Exenta Nº 015/00964, de 31 de marzo de 2014 (fojas 39) la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, recogiendo en sus fundamentos lo establecido por la Contraloria General de la República en orden a que se trata de prórrogas y no nombramientos, resuelve prorrogar los nombramientos en calidad de Contratados a los funcionarios que indica (cuatro), entre ellos el recurrente, a contar el 1 de enero de 2014 y mientras sus servicios sean fueran necesarios siempre que no excedieran del 30 de abril de 2014.

Tercero: De lo dicho resulta que en relación al recurrente, existen dos resoluciones de contrata, una que lo contrata desde el 1 de enero de este año, siempre que no exceda del 31 de diciembre del mismo año (Resolución Nº 015/00169 de 16 de diciembre de 2013) y otra- la resolución Exenta Nº 015/00964, que en razón de la restitución que de la anterior resolución- entre otras resoluciones- hiciera la Contraloría General de la República prorroga los nombramientos de 4 funcionarios, uno de ellos el recurrente, pero esta vez entre el primero de enero del año en curso y mientras sus servicios fueran necesarios, siempre que no excedieran del 30 de abril de 2014, en términos que la segunda resolución citada restringe el plazo original de contratación del señor nombre reservado, siendo dicho acto precisamente el impugnado por esta vía.

Cuarto: Que para justificar su actuar la recurrida, niega que la Resolución Nº 015/169 haya nacido a la vida del derecho y ,en consecuencia, producido efecto jurídico alguno, en razón de la abstención en la toma de razón y restitución de la misma por parte de la Contraloría General de la República.

Quinto: Según se lee del oficio donde la Contraloría General de la Repùblica que restituye la resolución 169-que incluia la contratación del recurrente- dicho organismo entiende que tal contratación es una prorroga de designaciones a contrata, toda vez que se efectúa en las iguales condiciones que las mantenidas por el interesado en el año 2013, por lo que informa, que no se encuentra afecto al control preventivo de legalidad, sino que sólo al trámite de registro y, conforme a la normativa que enuncia, señala que la recurrida “debe efectuar el resgistro de los actos de esta naturaleza en forma electrónica, razón por la que restituye tal acto “ a objeto que se realice el registro de los mismos conforme a lo anotado”.

Sexto: En esas condiciones el acto recurrido, pretende desconocer la obligatoriedad, que conforme al artículo 9 de la Ley 10.336, tienen las instrucciones de la Contralaría General de la República, que como se dijo, entiende que, la ResoluciónNº 015/ 169 constituye una prorroga instruyendo a la JUNJI su registro.

Séptimo: Asímismo se infringe el artículo 11 de la Ley 19.880, puesto que encontrándose vigente la Resolución Nº 015/169, la Nº 015/0094- que motiva este recurso- restringe la extensión temporal de la contrata del recurrente,lo que se traduce, en el término anticipado de la misma, sin que en el acto respectivo consten los fundamentos de hecho y de derecho que le sirven de sustento.

Octavo: A lo anterior cabe añadir- tal como se ha hecho en otros fallos similares, que el artículo 3 letra c) del Estatuto Administrativo, define “empleo a contrata” como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución; el artículo 10 el mismo cuerpo legal señala que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expiraran en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos” ; el 146 prescribe que el funcionario cesará en el cargo entre otras causales, por el término del periodo legal por el cual se es designado y finalmente el artículo 153 indica que el periodo legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de funciones, contemplando la posibilidad de seguir ejerciéndolas si fuere notificado por escrito previamente , de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que renueva su nombramiento o contrato.

Noveno: Si bien el contexto normativo citado, da cuenta que el empleo a contrata tiene un carácter esencialmente transitorio, de modo que no forma parte de la dotación estable de la respectiva institución y, que sus funciones cesan en la fecha predeterminada que consta en el acto de su designación, lo que en el caso de autos corresponde al 31 de diciembre del año en curso, desde que la Resolución Nª 015/00169 no ha sido invalidada ni dejada sin efecto, en forma legal, de modo que ha de tenerse por vigente para todos los efectos legales, tal como por lo demás lo entendió la recurrida, en tanto consta que desde enero del año en curso ha cancelado remuneraciones al actor.

Décimo: El acto impugnado, igulamente resulta arbitrario, toda vez que se pretende amparar en un informe de la Contraloría General de la República, que no dice lo que el recurrente postula, encontrándose así, en definitiva, desprovisto de una fundamentación especifica, razonable y controlable, obviando la perentoria respuesta que requirió la recurrida a la Contraloría con ocasión de la restitución del acto, donde dicha entidad, luego de reiterar que las consideraba una prorroga de las contataciones inmeditamente anteriores (caso en que se encuentra el recurrente) señaló “ deberán emitirse las respectivas resoluciones exentas aprobatorias de las prorrogas y registrarse en la Plataforma Siaper”, lo que en definitva, no aconteció, pues se emitió un acto administrativo diferente, encontrandose vigente el anterior.

Undécimo: Al actuar de la manera antes referida se vulnera -en concepto de esta Corte- la igualdad ante la ley que reconoce la Carta Fundamental, en tanto se otorga un trato diferente al recurrente en relación a otros empleados a contrata, que permanecen en sus cargos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser necesarios por razones que han de expresarse.

La referida discriminación se infiere del hecho que habiendo restituido la Contraloría General de la Républica, seis resoluciones, en las que se contrataba a personas en las mismas condiciones que las que mantenían en el año dos mil trece, especificamente la Resolución Nº 015/00169, lo hacía en relación a cuatro empleados, entre ellos el recurrente, sin embargo, la prórroga con restricción de tiempo, sólo afecta a dos de aquellos cuatro, lo que da cuenta de una disparidad de trato a lo menos en relación a dos funcionarios incluidos en el mismo nobramiento del recurrente.

Duodécimo: Por lo demás la justificación que al informar entrega el recurrente, en orden a las razones que condujeron a la prorroga de su contrata únicamente hasta el 30 de abril del año en curso, tampoco consta en el acto administrativo correspondiente, trasngrediendo de ese modo el artículo 11 del Estatuto Administrativo, dispensándole un trato diferente, en relación a otros empleados a contrata, cuyos servicios dejan de ser efectivamente necesarios por razones que se expresan en el acto.

Décimo tercero: Por último, también se afecta el derecho de propiedad del artículo, 19 Nº 24 del texto constitucional, al privar al funcionario de su derecho a las remuneraciones que le correspondían hasta el término del contrato.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 6 y, en consecuencia, se dispone dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 015/00964 , en lo que al recurrente se refiere, debiendo la autoridad pertinente adoptar las medidas necesarias para reintegrarlo a sus labores conforme al acto de su contratación, registrar la misma , como le fuera ordenado por la Contraloría General de la República y solucionar el pago de las remuneraciones correspondientes a su cargo, para el evento que se hubiese interrumpido el pago en virtud de la resolución Nª 015/00964 y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Adelita Ravanales Rol Corte Nº 21.601-2014 Dictada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por la Ministro señora Adelita Ravanales Arriagada, la Ministro señora Pilar Aguayo Pino y el Abogado Integrante señor Héctor Mery Romero.