nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado verbalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero conforme a la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida efectuar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y proceder a la devolución de los fondos previsionales solicitados.

Expone que nombre reservado, profesional técnico, extranjero de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con lo establecido en la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros bajo determinadas condiciones.

Indica que fue notificado vía correo electrónico el 28 de agosto de 2025 respecto de la detención de su solicitud de retiro de fondos, señalándose como fundamento la falta de constancia de afiliación vigente debidamente apostillada en el país extranjero de origen o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Posteriormente, el 4 de septiembre de 2025, el recurrente concurrió de manera presencial a las dependencias de AFP Provida para conocer los fundamentos y pasos a seguir respecto de su solicitud detenida, oportunidad en la que una ejecutiva de atención al público le indicó que debía adjuntar el documento con las características señaladas en el correo electrónico previamente enviado. Ante la manifestación del recurrente de que los documentos aportados eran los únicos disponibles para realizar la gestión, la ejecutiva le comunicó verbalmente que su solicitud se encontraba rechazada por ese motivo.

Expresa que la administradora obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos mediante una interpretación errónea de la normativa, desatendiendo el objetivo de la misma, cual es permitir al extranjero disponer de su propiedad, específicamente de sus fondos de previsión.

Indica el contexto actual en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS como se hacía anteriormente, pues se encuentra frente a una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización de la declaración jurada, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del mandatario chileno, lo que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos, invocando el artículo 45 del Código Civil relativo al caso fortuito o fuerza mayor ante la ausencia de representación diplomática venezolana.

En cuanto al derecho, invoca las disposiciones de los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, señalando que esta normativa establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y la facultad de solicitar devolución de fondos previsionales, siempre que se reúnan determinadas condiciones, entre ellas, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sostiene haber dado íntegro cumplimiento a estos requisitos, acompañando constancia electrónica de cotizaciones vigente emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual puede ser verificada y validada a través del portal web oficial de dicha institución mediante códigos de verificación específicos.

Alega que la actuación arbitraria e ilegal vulnera su derecho de igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, en cuanto la negativa injustificada impide al recurrente disponer de sus fondos previsionales, constituyendo una privación arbitraria de su propiedad.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección y se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida reconocer como válida la documentación acompañada, proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, adoptando en general las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A en el siguiente tenor.

En primer término, alega que la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, toda vez esta acción fue ideada como un medio eficaz para situaciones urgentes, con el objeto de prestar inmediato amparo al afectado en caso de que un derecho o garantía se encuentre privado, perturbado o amenazado, lo que no se condice y excede a la pretensión del actor.

En cuanto a la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios, indica que la decisión de no conceder la devolución de las cotizaciones previsionales se basa en que el actor no ha dado estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, norma de carácter excepcionalísimo.

Explica que con fecha 28 de agosto de 2025 rechazó la solicitud por no haberse acompañado constancia de afiliación vigente debidamente apostillada en el país extranjero de origen o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, señalando que las constancias de cotización y declaración jurada aportadas no pueden ser consideradas según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP, el cual establece que para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social, sino que debe consignarse en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho de que el trabajador extranjero contó efectivamente con protección por todos los riesgos referidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Explica que el valor probatorio en Chile de documentos expedidos en el extranjero en cuanto a que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, y que no señalen las coberturas específicas del afiliado ni permitan inferir un período determinado de cobertura, no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero. Precisa que, desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile el 30 de agosto de 2016, y considerando que Venezuela también es Estado Parte de dicha convención, se exige que la certificación venga apostillada por la autoridad competente venezolana, en conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla.

Respecto de las declaraciones juradas, alega instrucciones expresas de la Superintendencia de Pensiones que establecen que tales documentos, aun cuando hayan sido certificados ante notario público chileno y cuenten con apostilla, no resultan útiles por no constituir medios idóneos, toda vez que las certificaciones que sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional deben emanar de la autoridad previsional competente del país donde el trabajador extranjero tuvo la cobertura, siendo dicha autoridad la única que posee facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia por ser propia del ámbito de su competencia.

En cuanto al derecho, señala que la ley N°18.156 regula la exención de cotizar en Chile a técnicos extranjeros como excepción al principio general de territorialidad que rige en materia laboral y previsional, estableciendo requisitos que deben cumplirse, entre ellos que el trabajador detente la calidad de técnico, se encuentre afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y que en el contrato de trabajo manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Alega que no existe acto u omisión ilegal ni arbitraria, que no se ha causado agravio alguno al recurrente, y que no se ha privado, perturbado ni amenazado ninguna garantía constitucional, toda vez que su conducta ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales.

En el cuarto otrosí, hace presente que el recurrente interpuso recurso de protección su contra por los mismos hechos, ante la Corte de Valparaíso, con fecha 10 de octubre de 2025, el cual ingresó bajo el Rol N°6350-2025.

Pide, en definitiva, el rechazo de la presente acción de protección.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

QUINTO: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

SEXTO: Que consta del mérito de autos que la Administradora de Fondos de Provida S.A. rechazó la solicitud del recurrente, argumentando que no se acompañó constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

SÉPTIMO: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por las razones anotadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Se previene que el Ministro Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1.- Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2.- Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-21600-2025.