nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la resolución de fecha 2 de septiembre de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales, vulnerando con ello las garantías reconocidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 1 de septiembre de 2025 ingresó ante la AFP recurrida una solicitud formal de retiro de fondos, acompañando la documentación exigida por la normativa, consistente en su cédula de identidad, título de Médica Cirujana debidamente apostillado, contrato de trabajo y anexo contractual celebrados con la empresa Clínica Dávila y Servicios Médicos SpA, una declaración jurada otorgada ante notario público en Chile, y una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Añade que, al día siguiente, AFP Planvital le comunicó el rechazo fundado en que no se acompañó un certificado válido y vigente, debidamente legalizado o apostillado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que acreditara la cobertura previsional en el extranjero.

Alega que dicho fundamento importa una interpretación formalista y restrictiva de la norma que desconoce la finalidad del legislador y el contexto de imposibilidad material para obtener legalizaciones consulares o apostillas de documentos venezolanos, derivada del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que configura un caso fortuito o fuerza mayor. Agrega que la constancia electrónica acompañada posee un código alfanumérico verificable directamente en el portal oficial del IVSS, lo que, sumado a la declaración jurada notarial, resulta prueba suficiente para dar por acreditada la afiliación, las semanas cotizadas y la cobertura de las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Refiere, además, que la recurrida incorpora requisitos probatorios no contemplados expresamente en la ley, lo que deviene en un trato desigual y discriminatorio frente a otros afiliados en situaciones idénticas, citando el caso de AFP Cuprum, que sí habría aprobado solicitudes bajo iguales condiciones documentales, infringiendo la igualdad ante la ley.

Concluye que la retención de sus fondos importa una privación injustificada de su derecho de propiedad, solicitando que se ordene a las recurridas reconocer la validez de los documentos y proceder a la restitución de sus ahorros previsionales.

Segundo: Que, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En primer término, sostiene que el recurso de protección, dada su naturaleza cautelar, no es la vía idónea para debatir el cumplimiento de requisitos legales ni para constituir derechos que actualmente son dubitados, materia que debe ser resuelta en un juicio declarativo de lato conocimiento y no a través de una acción de emergencia.

En cuanto al fondo, expone que su actuar se ajustó estrictamente al marco normativo vigente y a las directrices obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, específicamente al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y al Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025. Explica que la documentación aportada por la actora adolece de deficiencias sustanciales, a saber, la declaración jurada constituye un instrumento unilateral carente de valor probatorio en materias de seguridad social; y la Constancia Electrónica del IVSS no se encuentra firmada por autoridad competente, carece de apostilla o legalización, y contiene referencias genéricas que no permiten acreditar una cobertura real y efectiva por todos los riesgos exigidos por la ley, durante todo el período de prestación de servicios en Chile.

Añade que, de la revisión del anexo de contrato de trabajo aportado, se constata una doble e incompatible manifestación de voluntad, toda vez que, si bien la trabajadora declara mantener su afiliación en Venezuela, en la cláusula quinta acepta expresamente que la exención no la exime del pago de cotizaciones de salud en Chile, lo que destruye el carácter inequívoco exigido por la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Finaliza señalando que no existe vulneración al derecho de propiedad, pues los fondos continúan en la cuenta de capitalización individual de la actora para financiar su futura pensión, salvaguardando así el principio de universalidad de la seguridad social y evitando un eventual e imprevisto perjuicio fiscal para el Estado de Chile.

Tercero: Que, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando que el recurso sea declarado improcedente o, en subsidio, rechazado en todas sus partes.

Previo a referirse al fondo del asunto, opone excepción de incompetencia de la vía cautelar, argumentando que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, ya que la actora pretende una declaración constitutiva de derechos sobre una controversia técnica y documental, la cual requiere un procedimiento de lato conocimiento.

En cuanto al mérito, señala que la Ley N°18.156 establece un régimen de carácter excepcionalísimo, cuya interpretación debe ser restrictiva. Reitera la plena vigencia y obligatoriedad del Oficio Ordinario N°12.954 de 2025, indicando que las constancias electrónicas emanadas del IVSS que no se encuentren legalizadas o apostilladas, y que no detallen específicamente la cobertura ininterrumpida por los riesgos de vejez, invalidez, supervivencia y enfermedad durante todo el tiempo laborado en Chile, carecen de valor probatorio conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Confirma, además, que las declaraciones juradas suscritas en Chile no son un medio idóneo para suplir las certificaciones de la autoridad previsional extranjera.

Finalmente, concuerda con la Administradora en que los contratos y anexos acompañados por la actora reflejan manifestaciones de voluntad contradictorias al afiliarse paralelamente al sistema de salud chileno, incumpliendo el requisito de la letra b) del artículo 1° de la ley invocada, por lo que el rechazo objeto del recurso obedece a la estricta aplicación de la normativa, sin asomo de ilegalidad ni arbitrariedad.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio. La procedencia de esta acción cautelar exige la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que este cause privación, perturbación o amenaza a una garantía constitucional, requiriéndose indispensablemente que el derecho reclamado tenga el carácter de indubitado y preexistente. No resulta ser esta vía un procedimiento de lato conocimiento destinado a declarar derechos controvertidos.

Quinto: Que, para resolver la controversia, es preciso tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción a la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno. Su artículo 1° exige copulativamente: a) Que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, de los antecedentes allegados a estos autos aparece establecido que, para los efectos de acreditar el presupuesto previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la recurrente acompañó ante la autoridad administrativa una constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, instrumento que no se encuentra suscrito por autoridad competente, ni legalizado o apostillado, y que, además, no permite tener por acreditado que dicho régimen le otorgue cobertura, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile, sin que la declaración jurada otorgada por la propia interesada resulte idónea para suplir tales deficiencias. Asimismo, del examen del contrato y anexo acompañados, no aparece la contradicción que alega la recurrente.

Séptimo: Que, asentado lo anterior, no se advierte que la actuación de las recurridas pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, desde que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos encuentra sustento en la falta de acreditación suficiente de los presupuestos copulativos que contempla el artículo 1° de la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional y, por ende, de aplicación restrictiva.

Octavo: Que, en efecto, la constancia electrónica acompañada por la actora, aun cuando incorpore mecanismos de verificación digital, no satisface, por sí sola, las exigencias formales que nuestro ordenamiento impone respecto de los instrumentos otorgados en el extranjero, de manera que no resulta bastante para tener por acreditada, en esta sede cautelar, la cobertura previsional invocada en los términos exigidos por la ley.

Noveno: Que, en lo concerniente a la imposibilidad material invocada por la recurrente para obtener la apostilla o legalización de la documentación emanada de autoridades venezolanas, cabe señalar que dicha circunstancia, aun cuando pudiere importar una dificultad práctica atendible, no autoriza a esta Corte para eximir del cumplimiento de exigencias legales expresas ni para sustituir, por la vía de esta acción cautelar, los medios de acreditación previstos por el legislador y desarrollados por la autoridad administrativa competente.

Décimo: Que, en estas condiciones, la pretensión de la actora no reviste el carácter de un derecho indubitado y preexistente, presupuesto indispensable para la procedencia de la presente acción cautelar, desde que lo debatido supone necesariamente dilucidar cuestiones de hecho y de derecho que exceden el ámbito propio y restringido del recurso de protección.

Undécimo: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y confirmada por la Superintendencia de Pensiones aparece sustentada en antecedentes objetivos y en la aplicación de la normativa sectorial pertinente, sin que se advierta en su dictación un proceder caprichoso, infundado o discriminatorio que justifique el otorgamiento de la cautela constitucional pretendida.

Duodécimo: Que, asimismo, tampoco se configura la vulneración del derecho de propiedad denunciada, toda vez que los fondos previsionales de la recurrente permanecen incorporados a su cuenta de capitalización individual y conservan la finalidad legal que les es propia, de modo que la negativa impugnada no importa privación, perturbación ni amenaza de dicho derecho, sino únicamente la improcedencia de su restitución anticipada en ausencia de los presupuestos legales que la hacen excepcionalmente procedente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21599-2025.