nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, ciudadana venezolana, quien deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en declarar no ingresada, con fecha 3 de septiembre de 2025, la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada al amparo de la Ley N°18.156, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que doña nombre reservado solicitó ante AFP Modelo, mediante el portal web de la institución, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156 con fecha 3 de septiembre de 2025. Añade que con anterioridad, el 1 de septiembre de 2025, la administradora le había requerido, en un plazo de cuatro días hábiles, la presentación del "Certificado de Seguridad Social debidamente legalizado o apostillado", bajo apercibimiento de rechazo; que la recurrente respondió acompañando nuevamente la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con código de verificación alfanumérico, y una declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada; y que el 3 de septiembre de 2025 la AFP notificó por correo electrónico que la solicitud no había sido ingresada por no corresponderse la documentación enviada con lo exigido por la Ley N°18.156.

Expone que la constancia electrónica del IVSS es verificable en los portales web de dicha institución y que tal verificación confirma que la recurrente mantiene estatus activo en el sistema de seguridad social venezolano desde el 29 de mayo de 2013, de forma ininterrumpida. Agrega que la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile hace prácticamente imposible obtener documentación apostillada o legalizada, circunstancia que configuraría caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Expone, además, que otras administradoras —como AFP Cuprum— han aceptado el mismo procedimiento de verificación electrónica y han autorizado retiros equivalentes, y que la recurrente padece cáncer y requiere los fondos para costear su tratamiento médico.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, que establecen los requisitos de afiliación previsional extranjera y voluntad de mantenimiento de dicha afiliación como únicos presupuestos de la devolución, sin imponer exigencias formales adicionales; el artículo 18 del Código Civil, que reserva la exigencia de instrumentos públicos a los casos en que la ley lo establezca expresamente; el artículo 45 del mismo Código, en materia de caso fortuito o fuerza mayor; y los artículos 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República, relativos a la igualdad ante la ley, al derecho de propiedad y a la prohibición de afectar los derechos en su esencia.

Pide, en definitiva, que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, que las recurridas procedan a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, que se efectúe la devolución de los fondos previsionales o se disponga lo que el tribunal estime conforme al mérito de autos, y que, en general, se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, con fecha 8 de octubre de 2025, comparece el abogado don Rodrigo Montero Atria, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que el 31 de agosto de 2025 la recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales por las cotizaciones enteradas por el empleador nombre reservado, acompañando título profesional, declaración jurada ante notario, constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, y contratos de trabajo y sus anexos; que el 1 de septiembre de 2025, AFP Modelo le requirió un "Certificado de Seguridad Social debidamente legalizado o apostillado", otorgándole un plazo de cuatro días hábiles para aportarlo; que el 2 de septiembre la recurrente volvió a acompañar los mismos documentos sin satisfacer el requerimiento; y que el 3 de septiembre de 2025 la administradora procedió a declarar no ingresada la solicitud.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal, puesto que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción que impone requisitos copulativos de estricto cumplimiento, y que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia exige expresamente que la acreditación de afiliación previsional extranjera se realice "mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada". Sostiene que la constancia electrónica del IVSS carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, por lo que no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil; que el código de verificación electrónica es insuficiente para suplir dicha formalidad; y que este criterio ha sido validado por la C.A. de Santiago en causa Rol Protección-22142-2024, confirmada por la Excma. Corte Suprema, y por la C.A. de Valparaíso en causa Rol Protección-2023-2025, igualmente confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones tienen carácter obligatorio para las administradoras y su inobservancia acarrea sanciones, de suerte que AFP Modelo no podía apartarse de ellas sin incurrir en infracción normativa.

Solicita, en definitiva, que se rechace el recurso de protección, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, con fecha 29 de enero de 2026, la Superintendencia de Pensiones evacúa el informe que le fuera reiterado mediante resolución de 19 de enero de 2026, solicitando igualmente el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la recurrente no registra reclamo ni presentación previa ante la Superintendencia respecto de los hechos de autos; que Solución Migratoria, en representación de doña nombre reservado, ya había interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección de idéntica naturaleza (Rol N°2744-2025), en el que se impugnaba el rechazo de una solicitud de devolución de fondos presentada ante AFP Modelo por cotizaciones enteradas por el empleador Sociedad Comercial y de Servicios Floemy SPA, recurso que fue rechazado por fallo de 9 de enero de 2026, al estimarse que la documentación acompañada no cumplía con los requisitos formales y sustantivos de la Ley N°18.156; y que la presente acción se funda en los mismos antecedentes ya ponderados en esa oportunidad.

Señala que la constancia electrónica del IVSS no señala en forma específica las coberturas del afiliado ni el período de cobertura, sino que solo menciona genéricamente las coberturas del sistema venezolano, sin firma autorizada ni legalización o apostilla, por lo que no cumple el estándar exigido por el Compendio de Normas ni el Oficio N°12.954 de 2025 de la Superintendencia. Sostiene que el argumento de caso fortuito o fuerza mayor es inconsistente, pues la Excma. Corte Suprema ha resuelto —en causa Rol N°33946-2025, de 24 de diciembre de 2025— que la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela dificulta pero no hace imposible obtener la apostilla, siendo factible realizarla en sedes consulares de terceros países. Expone que la declaración jurada ante notario chileno tampoco reemplaza la certificación que debe emanar de la autoridad previsional extranjera competente. Agrega que la recurrente detenta residencia definitiva en Chile, lo que pone en entredicho la procedencia del beneficio, dado el riesgo de que, en el futuro, el Estado deba asumir el costo de garantizar prestaciones previsionales a quien ha retirado anticipadamente sus fondos. Precisa que el rechazo no impide a la recurrente presentar una nueva solicitud con la documentación adecuada, ni le priva definitivamente de sus fondos, que quedarán disponibles conforme al D.L. N°3.500.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que dicho precepto enumera. En la especie, corresponde determinar si la declaración de no ingreso de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por doña nombre reservado ante AFP Modelo S.A., comunicada con fecha 3 de septiembre de 2025, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere de manera actual y efectiva las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, y que amerite la intervención de esta Corte por la presente vía.

QUINTO: Que, para resolver la cuestión planteada, resulta necesario precisar el marco normativo aplicable. La Ley N°18.156 establece un régimen de excepción en materia previsional, cuyo artículo 1° dispone que los trabajadores técnicos extranjeros y las empresas que los contraten quedan exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que concurran copulativamente las siguientes condiciones: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en el respectivo contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo dispone que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1°. Siendo un régimen de excepción, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus presupuestos, cabal.

SEXTO: Que, en cuanto a la forma de acreditar el primer requisito, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, en su Libro II, Título XI, dispone de manera expresa que la afiliación a un régimen de seguridad social extranjero debe acreditarse "mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte", precisando que la documentación pertinente "deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso" a la solicitud de devolución. Esta exigencia se condice con lo prescrito en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que imponen la legalización, o en su caso apostilla, de los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile para que surtan efectos en el territorio nacional. La Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades de interpretación e instrucción, ha reiterado esta exigencia mediante Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017 y Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, precisando este último que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no han sido legalizadas o apostilladas, y que únicamente mencionan en forma genérica las coberturas del sistema venezolano sin consignar las específicas del afiliado ni un período determinado de cobertura, no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

SÉPTIMO: Que, examinada la documentación aportada en autos, se constata que la recurrente presentó ante AFP Modelo S.A. una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con código de verificación alfanumérico, junto con una declaración jurada ante notario público chileno y sus contratos de trabajo. Sin embargo, la constancia electrónica aludida no ha sido apostillada. Así, dicho documento no satisface las exigencias formales y sustantivas previstas en la normativa sectorial vigente. La declaración jurada ante notario público chileno, por su parte, tampoco suple la certificación requerida, pues esta debe emanar de la autoridad previsional competente del país en que el trabajador tiene la cobertura, según lo instruido por la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 2025, y no puede ser sustituida por una declaración unilateral del propio interesado.

OCTAVO: Que, establecido lo anterior, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-21595-2025.