nombre reservado con UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Santiago, ocho de junio de dos mil veinte.

A los escritos a folio 19 y 20: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, egresado de derecho, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Educación representado legalmente por doña nombre reservado y en contra de la Universidad de Santiago de Chile, cuyo representante legal es el rector don nombre reservado, por haber incurrido estas en un acto ilegal y arbitrario consistente en no dejarlo rendir su examen de grado por no haber sido incluido en el Convenio de Colaboración Académica UNICIT-USACH-MINEDUC y de no otorgarle la posibilidad de rendirlo en el Consejo Nacional de Educación, lo que vulneraría sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 inciso primero, N° 2, N° 16 todas de la Constitución Política de la República.

Solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, especialmente Ministerio de Educación gestione su rendición del examen de grado de derecho ante el Consejo Nacional de Educación, de forma gratuita, por escrito, dentro de 30 días de ejecutoriada la sentencia que lo ordene o el plazo que se determine; que se ordene a la Universidad de Santiago de Chile a matricularlo en el Convenio de Colaboración Académica UNICIT- USACH-MINEDUC, para efectos administrativos y, a fin de crear la factibilidad para rendir examen de grado de derecho en el Consejo Nacional de Educación o lo que se determine en definitiva de acuerdo al mérito de autos, con costas.

Indica, que es egresado de la carrera de derecho de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (UNICIT), desde el mes de diciembre del año 2015.

Señala que ha cumplido la mayor parte de los requisitos para optar al título de abogado, excepto el examen de grado de la carrera, toda vez que su universidad de origen fue cerrada por el Ministerio de Educación en el mes de marzo del año 2017, por lo que el año 2018 fue tomada por estudiantes que impedían toda actividad académica en el establecimiento; lo que tuvo como consecuencia que se suspendió́ en cuatro ocasiones las fechas para rendir su examen de grado.

Refiere, que su antigua Universidad está sometida a una tutoría académica realizada por la Universidad de Santiago de Chile en la cual los egresados de derecho se encuentran adheridos a un convenio denominado Convenio de Colaboración académica UNICIT-USACH-MINEDUC, desde septiembre del año 2018.

Indica, que atendida la regularización de los exámenes de grado de acuerdo al convenio indicado, en el mes de marzo de 2019 interpuso un recurso de protección Rol N° 15273.2019 en que buscaba rendir el examen de grado ante el Consejo Nacional de Educación, el que fue rechazado, indicando que su parte podía rendir el examen de grado por el convenio mencionado. Empero el 13 de noviembre del año 2019, es informado por la abogada de USACH, Sra. Melissa Fuentes Weber, que no se encuentra incluido en el convenio aludido, por motivo de un correo electrónico enviado por aquel en el mes de abril de 2019 a la Directora del convenio en el que le manifestaba que no se matricularía en esa universidad, el que se interpretó́ como una renuncia tácita absoluta a dicho convenio.

Refiere que la supuesta renuncia formulada por su parte se habría producido el día 13 del mes de abril de 2019 y el recurso de protección aludido se inició́ en marzo de 2019 y finalizó su tramitación en agosto del mismo año, pero la Universidad recurrida durante todo ese tiempo no informó al MINEDUC de esta supuesta renuncia, y este último a su vez tampoco habría informado al Consejo de Defensa del Estado. Afirma, que toda esa falta de comunicación hizo creer a los Sres. nombre reservado que su parte podía rendir su examen de grado en USACH cuando la realidad no era tal.

En cuanto al actuar de la Universidad de Santiago de Chile, refiere que pese al tenor de la sentencia antes referida dicha recurrida guardó silencio respecto a su interpretación sobre la renuncia tacita de su parte al convenio durante ocho meses desde que la Sra. nombre reservado recibió el mail en abril 2019 hasta el mes de noviembre del mismo año, fecha en la cual se le informó de su situación, correo del que además no se deduce en ninguna parte del texto que su parte haya formulado una renuncia tacita o expresa al convenio señalado.

Afirma, que no puede confundirse su legítimo derecho a libertad de expresión y emitir opinión con una renuncia; por el contrario, lo que expuso en el mail es que no se matricularía en el convenio por no estar de acuerdo con firmar un título de crédito que excedía en más de tres veces los derechos de titulación correspondientes a su caso, concluyendo en el mismo mail que iba a estar a lo que resolviera la Corte en su causa. Alega, que la Universidad recurrida interpretó ello como una renuncia tacita absoluta a todos los periodos de matrículas y al convenio propiamente tal, siendo que dicha institución estableció tres periodos de matrícula para el mismo durante el año 2019, ya que es un proceso trimestral.

Sostiene, que al existir un recurso pendiente su parte no podía menos que abstenerse de realizar cualquier gestión extra judicial, como la de matricularme en el convenio, pues si lo hubiere hecho en abril de 2019, el abogado del Fisco don nombre reservado, lo hubiese hecho presente reiterativamente en el recurso mencionado para que se hubiera pensado que incurría en una inconsistencia.

Manifiesta que no se matriculó en el proceso ordinario-extraordinario marzo-abril 2019 porque se estaba tramitando el recurso aludido, pero que se intentó matricular en el periodo ordinario-extraordinario: julio-agosto 2019, cuando ya se había fallado el mismo, instancia en que se le informa que no puede acceder a la matricula por la renuncia al convenio, fundado en que no se había matriculado en el primer periodo, por lo tanto si falta un periodo de matrícula, automáticamente el alumno o egresado queda fuera de todo el convenio.

Señala, que intentó exponer su situación al rector de la Universidad Sr. nombre reservado, a través de una audiencia por Ley del Lobby, de 24 de diciembre de 2019, no obteniendo respuesta de ello por parte de dicha autoridad.

Respecto del actuar del Ministerio de Educación, afirma tras enviar sus antecedentes, el 16 de diciembre de 2019, concurrió presencialmente a las dependencias de dicha institución para saber sobre su caso, entrevistándose con el abogado Miguel Routhier y la abogada Catalina Muñoz Valdenegro, quienes le informaron que nombre reservado, coordinadora del Convenio había manifestado que su parte renunció al convenio y que por tanto no podría rendir su examen de grado en esa institución, y que carecían de facultades para obligar a la Universidad recurrida a incluirlo en este.

Indica, que a la fecha de interposición de su recurso ya no alcanza a rendir su examen de grado de acuerdo al convenio pues la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, tarda seis meses o más en preparar carpeta para la Corte Suprema y dicha aquella tiene fecha de cierre institucional para el día 31 de enero del año 2021.

Además, afirma que se han perdido documentos de los egresados en dicha Universidad, por lo que exigen como requisito para tomar hora para rendir los exámenes de grado, que sean los propios egresados quienes los acompañen. Asimismo, se encuentran extraviados los programas de estudios de la universidad, lo que implica un gasto adicional en el proceso de titulación de al menos $ 300.000.- Argumenta, que todo lo antes referido vulnera sus garantías fundamentales, en cuanto a su derecho a la libertad de trabajo, refiere que la misma se conculca pues al tener vencida su habilitación en derecho no puede asistir a audiencias ni comparecer con poder en las causas de sus representados lo que lo obliga a pagar a abogados y procuradores por estos servicios.

En cuanto a su derecho a la propiedad, sostiene que lo expuesto produce una merma en su patrimonio que le impide pagar para continuar con el proceso de titulación; se produce un menoscabo profesional pues está sobre calificado para trabajar como técnico jurídico por las empresas e instituciones bancarias del mercado legal, pero tampoco soy abogado.

Indica, que todo ello vulnera su derecho de la integridad física y psíquica, pues dicha situación implica una gran carga y sufrimiento psicológico que le ha producido un estado de déficit atencional y alteraciones en el sueño, lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar el país el año 2021, liquidando todos sus bienes y fijándose un plazo para concretar el proceso de titulación.

Refiere, que los egresados de la carrera de derecho de la Universidad Arcis, tienen la posibilidad de rendir sus exámenes de grado en el Consejo Nacional de Educación por lo que pide se le reconozca y ampare la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Respecto del plazo de interposición del recurso, refiere que el mismo debe computarse desde el 16 de diciembre de 2019, fecha en la cual el Ministerio de Educación le informa de manera personal, que la Universidad recurrida no lo incluyó en el convenio señalado.

SEGUNDO: Que comparece nombre reservado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, quien informando respecto del recurso, solicita el rechazo del mismo.

En primer término alega la extemporaneidad del recurso, refiere que el recurrente sindica como acto ilegal o arbitrario de su parte que el 16 de diciembre de 2019 los abogados de su repartición le habrían informado personalmente que la coordinadora del Convenio de Colaboración Académica de la Universidad de Santiago, manifestó que aquel renunció a su derecho a rendir el examen de grado en la carrera de Derecho por el tenor del correo de 13 de abril de 2019, circunstancia de la que según su propio relato el actor tuvo conocimiento con anterioridad a diciembre del año 2019, dado que se refiere que intentó matricularse en el período extraordinario, fecha desde la cual ha transcurrido el plazo de 30 días para la interposición del recurso.

En segundo término, refiere que los hechos en que se funda el recurso y las peticiones formuladas exceden las materias que pueden ser conocidas a través de la acción de protección, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que el acto descrito no resulta constitutivo de acciones u omisiones que importen la afectación, amenaza o transgresión de alguna de las garantías constitucionales protegidas, sino que son consecuencia de una acción voluntaria por parte del recurrente al no aceptar las condiciones establecidas en el Convenio, pretendiendo, además, se le permita de manera excepcional y exclusiva rendir el examen de grado para optar al título de abogado, ante la Comisión Nacional de Educación.

En cuanto al fondo del recurso, señala que el cierre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología se ordenó mediante Resolución Exenta N° 6986, de 28 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría de Educación y mediante el Decreto N° 100, de 2 de marzo de 2018, del Ministerio de Educación, revocó el reconocimiento oficial de la Universidad y ordenó la cancelación de su personalidad jurídica a partir del 31 de enero de 2021.

Indica, que en ese contexto y en virtud del artículo 24 de la Ley N° 20.800, de Educación de 2014, que crea el nombre reservado y Administrado de Cierre de Instituciones de Educación Superior; se celebró el Convenio de Colaboración Académica - Administrativa, entre la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, la Universidad de Santiago de Chile y el Ministerio de Educación, el cual fue aprobado mediante Decreto Exento N° 1022, de 2018, y que permite a los estudiantes de la cerrada Universidad continuar sus estudios bajo la administración de la Universidad de Santiago, en calidad de “alumnos en convenio", bajo las condiciones señaladas en el mismo instrumento.

Refiere, que dicho convenio, dispone en la cláusula segunda, acápite I, literal b), que “Los planes y programas de estudio de la Universidad UNICIT serán impartidos durante toda la vigencia del presente convenio bajo la administración de la USACH, incluyendo aquellas carreras que ésta última no imparte. Los destinatarios de dichos planes y programas de estudios serán solamente los estudiantes UNICIT que formalicen su matrícula para el año académico 2018, según procedimiento a establecer por la USACH, respetando el avance curricular que el Administrador de Cierre certifique respecto de cada estudiante”.

Argumenta, que en el caso se debe respetar el principio de la autonomía de las Instituciones de Educación Superior que se encuentran en proceso de cierre por revocación de reconocimiento oficial, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104 del DFL N° 2 de 2009 y 2º literal a) Ley N° 21.091, de 2018, sobre Educación Superior, el que conforme lo disponen los artículos el inciso 3º del artículo 20 y 26 de la Ley N° 20.800, le corresponde al administrador de cierre.

En relación al Reglamento de la UNICIT atingente al Examen de Grado de la carrera de Derecho, señala que la modalidad de examinación para los egresados se encuentra regulada en el citado Convenio, en el literal f) del acápite I, cláusula segunda, que dispone que deberán rendir sus exámenes de grado o de titulación ante la Comisión de Título o Grado constituido al efecto por el Director Ejecutivo y en presencia de un Ministro de Fe designado por el Administrador de Cierre. Asimismo, se especifica su metodología en los artículos 104 a 120, indicando que Trabajo de Titulación tendrá una duración máxima de un semestre, por regla general; y que la dedicación por parte del alumno a éste será, a lo menos, de 120 horas, de las cuales se contarán también las reuniones con el Profesor Guía, que deberán ser certificadas por este último.

Respecto del Consejo Nacional de Educación alega que el DFL N° 2, de 2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del DFL N° 1 de 2005, si bien dispone como función la del artículo 87 g) consistente en apoyar al Ministerio de Educación en la administración de los procesos de cierre de las Instituciones de Educación Superior autónomas, especialmente en lo que dice relación con los procesos de titulación de los estudiantes que se encuentran en esa etapa de sus estudios, para el caso de los estudiantes de la UNICIT, ésta se encuentra supeditada al cumplimiento de otros requisitos normativos.

Ello, pues alega que la metodología del Examen de Grado para los estudiantes de Derecho de la UNICIT, regulado por el respectivo reglamento de dicho plantel, no resulta compatible la rendición de dicho examen ante el Consejo antes referido, toda vez que este organismo carece de la figura de Profesores Guías de UNICIT para la elaboración y seguimiento de un Trabajo de Titulación en los términos exigidos.

Por otra parte, que en el caso no existiría ilegalidad ni arbitrariedad alguna pues si bien el artículo 25 de la Ley N° 20.800, en cuanto a la continuidad de estudios de los alumnos de Instituciones de Educación Superior en proceso de cierre; dispone que la Subsecretaría de Educación Superior administra los procesos asociados a sus tareas en ningún caso se traduce en la capacidad de autorizar la rendición de exámenes de grado o de titulación o intervenir académicamente en la continuidad de estudios, pues dichas facultades recaen justamente en la administrador de cierre y en la Institución de Educación Superior que haya asumido la continuidad de los procesos académicos de sus estudiantes, que en este caso, es la Universidad de Santiago de Chile.

En razón de ello, afirma que conforme lo disponen los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, y en el artículo 2º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la pretensión del actor de protección de que intervenga para que rinda su examen de grado ante el Consejo referido implicaría justamente incurrir en un acto ilegal.

Finalmente, en cuanto a las garantías fundamentales esgrimidas, afirma que las mismas no han sido conculcadas. En relación al derecho a la integridad física y psíquica señala que no se vislumbra de qué manera se ha vulnerado. Respecto, a la igualdad ante la ley, la misma sólo se basa en que a los egresados de Derecho de la Universidad Arcis, tienen la posibilidad de rendir sus exámenes de grado ante el Consejo Nacional de Educación, sin acreditar que se trataría de casos análogos.

En cuanto al derecho a la libertad de trabajo y su protección, señala que el transcurso total del plazo de 3 años, en caso alguno es imputable pues no les es atribuible el estado organizacional y financiero de la Universidad cerrada. Asimismo, indica que el actor de protección reprobó su examen de grado en el mes de agosto de 2018, situación que evidentemente no es imputable a algún acto arbitrario o ilegal.

TERCERO: Que comparece Jorge Pineda Jiménez, en representación de la Universidad de Santiago de Chile, quien informando respecto del recurso, solicita el rechazo del mismo con costas.

En primer término alega la extemporaneidad del recurso, dado que el relato del recurrente se desprende que los hechos que se le reprochan son no permitir su matrícula como “alumno en convenio” lo cual que se le habría comunicado el día 10 de octubre de 2019, lo que se desprende de un correo enviado por aquel el 11 de octubre de 2019 a doña nombre reservado, funcionaria de la Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Educación Superior que señala que se le habría informado dicha situación.

Indica, que el 9 de noviembre de 2019 el recurrente escribió un correo electrónico a la abogada de la Dirección Jurídica de la Universidad de Santiago de Chile, doña nombre reservado indicando que no era cierto que hubiese renunciado. Sin embargo, al pedir los antecedentes a la Directora Ejecutiva del Convenio UNICIT-USACH-MINEDUC, doña nombre reservado, se percataron que el actor envió un correo el 13 de abril de 2019, manifestando que no se matricularía en el plazo que correspondía.

Refiere que dado lo anterior, doña nombre reservado le envió un correo de respuesta el 13 de noviembre de 2019 indicando que aquel renunció y que al no haberse matriculado en los plazos establecidos no quedaba cubierto por el Convenio, fecha desde la cual transcurrió con creces el plazo de 30 días para recurrir de protección.

En cuanto al fondo del recurso, tras referir los antecedentes del Convenio UNICIT-USACH-MINEDUC, alega que no existe actuación arbitraria ni ilegal por su parte, toda vez que el recurrente no formalizó su matrícula en el período que le correspondía, no cumpliendo con los requisitos establecidos en el Convenio, siendo esta la razón por la que no quedó amparado por él.

Afirma que en el párrafo segundo de la letra b) punto I de la cláusula segunda del Convenio se estipula que son destinatarios de dichos planes y programas de estudios solamente los estudiantes UNICIT que formalicen su matrícula para el año académico 2018, según procedimiento a establecer por la USACH.

Refiere, que por diversos problemas el llamado de matrícula a los estudiantes UNICIT se realizó́ el primer semestre del 2019, lo que fue informado al recurrente por correo electrónico de 12 de abril de 2019, indicando la fecha y lugar en que se realizaría el proceso de matrículas rezagados.

Precisa que no es efectivo que el proceso de matrícula sea trimestral, sino que es semestral, sin perjuicio de lo que hubo un período de matrícula ordinario, en el cual no se pudieron matricular todos los alumnos de la Universidad cerrada pues no contaba con la nómina completa de los alumnos que estaban en condiciones de matricularse, por lo que a medida que fue recepcionándose los antecedentes de los alumnos faltantes se les remitió la información para que fueran a formalizar su matrícula de forma rezagada, siendo el lunes 15 de abril la fecha que le correspondía efectuar este trámite al recurrente.

Respecto de dicha comunicación, sostiene que el actor el 13 de abril de 2019, respondió a la Directora Ejecutiva del Convenio que “bajo mi exclusiva responsabilidad, no tomaré la opción de matricularse de acuerdo al convenio existente toda vez que no estoy conforme con el mismo”.

Por otra parte, argumenta que es procedente el cobro de derechos de titulación al recurrente, ya que en el párrafo final de la letra f) punto I de la cláusula segunda, punto II letra e) del Convenio y artículo 458 del Código Orgánico de la Universidad Iberoamericana, se señala que los gastos del proceso de titulación o graduación consistentes en tesis o memoria, exámenes de grado o título, deberán ser financiados por los alumnos y se indica el valor de los mismos.

Señala, que atendido que el recurrente debía dar su examen de grado en segunda oportunidad, correspondía que la Universidad de Santiago le cobrara la suma de 10 Unidades de Fomento, las que no fueron pagadas y que al no tener los antecedentes que dieran cuenta de su condición de egresado, pues la Universidad de Santiago sólo informó en una nómina que el actor tenía derecho a matricularse como “alumno en convenio”, se pidió́ a todos los convocados que suscribieran un pagaré por el valor de arancel semestral de la carrera de Derecho, el cual sería devuelto una vez que se constatará la misma.

Argumenta que le inoponible lo resuelto en el recurso de protección 15723-2019, pues la Corte de Apelaciones incurrió́ en un error al concluir que el recurrente puede rendir su examen de grado en su Universidad sin costo económico alguno para él, dado que la rendición del referido examen suponía el costo ya señalado, y que de aquel sólo es dable considerar que el razonamiento apuntaba a que el actor tenía la posibilidad de rendir el examen de grado como “alumno en convenio”, bajo las condiciones del Convenio, más no ordenaba a la Universidad de Santiago de Chile disponer que tomará el mencionado examen, lo que ocurrió en el caso pues se le dio la oportunidad de matricularse como alumno en convenio en proceso de graduación, posibilidad que fue rechazada.

Manifiesta que acceder a lo solicitado por el recurrente infringe los término del Convenio y de la reglamentación UNICIT, vulnerando el principio de igualdad y no discriminación arbitraria.

Argumenta, que la matrícula de alumnos provenientes de la Universidad Iberoamericana en proceso de graduación/titulación en ningún caso crea una factibilidad de rendir un examen de grado en instancias no contempladas en el Convenio o en la normativa UNICIT, como lo es el Consejo Nacional de Educación; pues se debe rendir conforme lo dispone la cláusula segunda, punto I, letra f) debiendo estar a las normativa UNICIT, que para el caso de la carrera de Derecho, se contiene en el “Reglamento de docencia de Pregrado, de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales” de la UNICIT.

Finalmente, refiere que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente con motivo de una acción u omisión atribuible a la Universidad de Santiago de Chile. Respecto a la libertad de trabajo, refiere que la misma no apunta en ningún caso a la protección de una situación como la descrita por el actor, sino que a proscribir el trabajo forzado.

En cuanto a la afectación al derecho de propiedad, afirma que tampoco le es atribuible, ya que no se puede hacer cargo que hayan transcurrido cinco años aproximadamente desde su egreso, siendo este de fecha anterior a la cancelación de personalidad jurídica de la UNICIT.

En relación a su derecho a la integridad física y psíquica, señala que el recurrente no ha acreditado de qué manera se conculca el mismo.

CUARTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela QUINTO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad efectuada por las recurridas, es del caso tener presente que el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, señala que esta acción debe ejercerse dentro del plazo fatal de treinta días contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o cocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que del recurso se advierte que el recurrente singulariza como acto ilegal y arbitrario por parte de la Universidad de Santiago y por el Ministerio de Educación, al haberle comunicado la negativa de rendir su examen de grado, como consecuencia de la renuncia de este al Convenio.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la recurrida Universidad de Santiago, el acto sindicado como ilegal y arbitrario, tal como se desprende del tenor del recurso, acaeció cuando el recurrente se intentó matricular en el período extraordinario del bimestre julio-agosto del año 2019, fecha en la que se le comunicó por correo electrónico el día 13 de noviembre del año 2019, que no podía rendirlo.

En cuanto la alegación del recurrente que el plazo debe computarse desde el día 16 de diciembre del año 2019, fecha en la que el Ministerio de Educación le comunicó personalmente que la Universidad recurrida no lo incluyó en el Convenio aludido, en reunión con los abogados de aquel, fecha en que se habría consolidado la vulneración de derecho, la misma debe ser desestimada, pues la fecha real en que el actor tomó conocimiento del acto que alega como vulneratorio de derechos fundamentales es justamente la comunicación recibida mediante el correo electrónico de 13 de Noviembre de 2019, siendo esta sólo una ratificación de aquello que el recurrente ya sabía.

OCTAVO: Que así las cosas, desde la fecha en que se notificó el correo electrónico antes referido al 10 de enero del presente año, fecha en la que se interpuso el presente recurso, transcurrió el plazo de 30 días corridos previsto para la interposición del presente recurso, motivo por el cual corresponde acoger la alegación de extemporaneidad.

NOVENO: Que, en cuanto al Ministerio de Educación, basta para rechazar el recurso a su respecto la circunstancia que el actor no señaló cuál es el acto ilegal y arbitrario que se le imputa, sólo limitándose a señalar que dicha institución confirmó la decisión de la Universidad de que se trata.

Por otro lado, consta de autos que dicha recurrida no se encuentra facultada para adoptar ninguna medida pues las decisiones en torno al Convenio corresponden a la Administradora de Cierre conforme lo dispone 24 de la Ley N° 20.800, de Educación de 2014, que crea el nombre reservado y Administrado de Cierre de Instituciones de Educación Superior, por lo que el recurso no puede prosperar a su respecto por carecer de legitimidad pasiva.

DÉCIMO: Que en cuanto a la alegación de que esta Corte habría reconocido su derecho a rendir su examen de grado conforme al Convenio ya citado, en fallo de 19 de agosto del año 2019, dictado en causa IC Nº 15.273-2019, lo cierto es que mediante aquel sólo se estableció que el recurrente podría rendirlo amparado en dicho acuerdo, pero en ningún caso ello significaba no dar cumplimiento a las condiciones y requisitos que el mismo dispuso para poder ejercer este.

UNDÉCIMO: Que es del caso hacer presente, que respecto a la petición del actor que se le autorice a rendir examen de grado ante el Consejo Nacional de Educación, tal como el mismo recurrente afirma en su recurso, ya existió un pronunciamiento de esta Corte, en el recurso antes referido, respecto de dicha petición rechazándola.

DUODÉCIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, la abogada de la Universidad de Santiago en la vista de la causa señaló que el recurrente tendría la posibilidad de elevar una solicitud a la Dirección Ejecutiva para que se le autorice rendir su examen de grado, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto Exento Nº 1022 de 2018, que aprobó el Convenio de Colaboración Académica y Administrativa entre dicha Universidad y las recurridas y el Reglamento de la Universidad primitiva, esto es, en examen oral y pagando los aranceles correspondientes, de manera que el recurrente puede aún elevar una petición en tal sentido.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el citado Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional interpuesta por nombre reservado, en contra del Ministerio de Educación y la Universidad de Santiago de Chile., sin perjuicio de lo señalado en la motivación duodécima.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-2159-2020.