nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 1° de octubre de 2025, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. - AFP Provida -, por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada en calidad de técnico extranjero al amparo de la Ley N° 18.156.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, toda vez que la recurrida impone exigencias documentales no contempladas en la ley, desconoce el valor probatorio de instrumentos electrónicos oficiales y aplica criterios de excesivo formalismo que carecen de sustento normativo.

Sostiene que con ello la recurrida vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, reconocidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene la devolución íntegra de los fondos previsionales acumulados.

En cuanto a los hechos, la recurrente indica que es ciudadana venezolana que ostenta el título de Técnica Superior Universitaria en Administración, debidamente apostillado, lo que acredita su calidad de técnico extranjero para los efectos de la Ley N° 18.156.

Menciona que, durante el tiempo en que ha prestado servicios en Chile, sus empleadores han enterado cotizaciones previsionales obligatorias en su cuenta de capitalización individual administrada por AFP ProVida.

En ejercicio del derecho que le confiere el artículo 7° de la citada ley, la recurrente solicitó a la recurrida la devolución de los fondos previsionales acumulados, acompañando para ello la documentación tendiente a acreditar el cumplimiento de los tres requisitos copulativos que exige el artículo 1° de dicho cuerpo legal: su título profesional apostillado para acreditar su calidad de técnico; sus contratos de trabajo y anexos, en los que consta su voluntad de permanecer afiliada al sistema de seguridad social venezolano; y una declaración jurada notarial junto a una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento verificable en línea mediante código de validación unívoco, que acredita que dicho sistema cubre las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía.

No obstante la completitud de los antecedentes, AFP Provida rechazó la solicitud mediante comunicaciones de fechas 16 y 30 de septiembre de 2025, exigiendo un certificado de afiliación apostillado o legalizado y sosteniendo que la documentación presentada no acreditaría la cobertura de todos los riesgos exigidos por la ley.

En cuanto al derecho, la recurrente sostiene, en primer lugar, que la Ley N° 18.156 no exige formato específico de certificado ni apostillamiento de documentos cuya autenticidad sea verificable por medios electrónicos, y que la Corte Suprema, en el fallo Rol N° 239773-2023, ha declarado que imponer requisitos de legalización no previstos en la ley constituye un acto arbitrario e ilegal; añade que el mismo tribunal, en el Rol N° 24489-2020, ha resuelto que exigir cobertura total de riesgos excede lo dispuesto en la ley, bastando la afiliación y la voluntad de mantenerla.

También alega que es un hecho público y notorio la dificultad para obtener documentos apostillados desde Venezuela, configurando un caso de fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, circunstancia que la jurisprudencia ha reconocido como justificante para admitir medios de prueba alternativos, tales como declaraciones juradas y certificados electrónicos verificables, según lo resuelto en el Rol N° 1269-2025 de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Señala, a su vez, que la recurrida incurre en una interpretación excesivamente formalista que desatiende la finalidad de la norma, que no es otra que evitar la doble cotización y permitir al técnico extranjero disponer de sus ahorros, criterio que los tribunales superiores han sancionado en el Rol N° 100988-2022 de esta Corte.

En cuanto a los derechos constitucionales vulnerados, la recurrente indica que la conducta de AFP Provida afecta el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al imponerle una carga desproporcionada y no prevista en la ley, otorgándole un trato discriminatorio; y, al mismo tiempo, vulnera el artículo 19 N° 24 del mismo cuerpo normativo, al privarla del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales que integran su patrimonio, toda vez que, cumplidos los requisitos legales, la negativa a su devolución constituye una afectación directa de dicho derecho, conforme ha sido reconocido en los Roles N° 3657-2023 y N° 12898-2023 de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se declare que la negativa de AFP Provida constituye un acto ilegal y arbitrario, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene la devolución íntegra de los fondos previsionales solicitados, dentro del plazo que la Corte estime pertinente, con expresa condenación en costas.

Complementando su presentación, la recurrente acompaña jurisprudencia y un nueva Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de marzo de 2026.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, AFP Provida solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

La recurrida plantea dos argumentos principales: que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio; y, en subsidio, que su representada no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, sino que ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa emanada de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a los hechos, la recurrida reconoce haber rechazado, con fecha 30 de septiembre de 2025, la solicitud de devolución de fondos formulada por nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero, al amparo de la Ley N° 18.156. Funda dicho rechazo en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, y en que dicho documento no se encontraba legalizado ni apostillado por la autoridad previsional venezolana competente, sin señalar las coberturas individuales del afiliado ni permitir inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Añade que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y dado que Venezuela es también Estado Parte de dicha convención, la certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de La Haya. Agrega que la circunstancia de que el documento contenga un código de verificación electrónica no suple los requisitos formales legales vigentes. Sostiene además que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, AFP Provida se encuentra obligada a verificar el cumplimiento de todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

En cuanto al derecho, la recurrida invoca el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, cuyo artículo 23 establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen como objeto exclusivo administrar fondos de pensiones y otorgar solo las prestaciones y beneficios que la ley expresamente reconoce, encontrándose legalmente impedidas de destinar dichos fondos a fines distintos de los establecidos en la ley. Asimismo, invoca el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que exige copulativamente que el trabajador extranjero acredite su calidad de técnico, su afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra al menos enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante certificación debidamente legalizada, y que su contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. En sustento de su posición, cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, en particular las sentencias recaídas en los Roles N° 11330-2025, N° 28646-2025 y N° 17866-2025, que han resuelto que las exigencias formuladas por AFP Provida encuentran sustento en la ley y en los criterios de la Superintendencia de Pensiones, y que la documentación no legalizada ni apostillada no cumple con las exigencias legales establecidas.

Adicionalmente, sostiene que no concurren en la especie los requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección, toda vez que no existe acto ilegal ni arbitrario, no se ha producido agravio alguno y no se ha perturbado, privado ni amenazado ninguna garantía constitucional de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, el acto impugnado consiste en el rechazo por parte de AFP Provida, mediante comunicaciones de fechas 16 y 30 de septiembre de 2025, de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero, al amparo del artículo 7° de la Ley N° 18.156. La recurrente estima que dicho rechazo vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, y su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados, garantizado en el artículo 19 N° 24 del mismo cuerpo normativo. Por su parte, la recurrida no niega el hecho del rechazo, sino que lo justifica en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y en la normativa emanada de la Superintendencia de Pensiones, argumentando haber obrado en estricto apego a la ley vigente.

QUINTO: Que, a efectos de determinar la procedencia de esta acción, resulta necesario examinar si la conducta de la recurrida configura un acto ilegal o arbitrario en los términos requeridos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Al respecto, cabe recordar que la Ley N° 18.156 establece, en su artículo 1°, tres requisitos copulativos para que un trabajador extranjero pueda acogerse a la exención de cotizaciones previsionales en Chile, a saber: que detente la calidad de técnico, acreditada mediante documentos de estudios especializados debidamente legalizados; que se encuentre afiliado a un régimen previsional extranjero que cubra, al menos, las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cuyo cumplimiento debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada; y que, en su contrato de trabajo, conste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

La exigencia de legalización o apostillamiento de los documentos que acrediten la afiliación previsional extranjera no emana de un capricho de la recurrida, sino que encuentra fundamento en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, instrumento internacional vigente tanto en Chile como en Venezuela. De ello se sigue que el actuar de AFP Provida no puede calificarse de ilegal ni arbitrario, toda vez que se ajusta a las exigencias que la normativa vigente impone.

SEXTO: Que, en lo que respecta al valor probatorio de la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por la recurrente, esta no satisface los requisitos legales exigibles por limitarse a hacer una mención genérica de las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, sin señalar las coberturas individuales de la afiliada ni permitir inferir un período determinado de cobertura.

Asimismo, la circunstancia de que el documento contenga un código de verificación electrónica no suple los requisitos de legalización o apostillamiento establecidos en el ordenamiento jurídico, cuya observancia es imperativa con independencia de las dificultades prácticas que pueda enfrentar la interesada para obtener dicha certificación.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegada vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, es preciso señalar que los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente se encuentran afectos, por mandato del Decreto Ley N° 3.500, a un destino legal específico, cual es el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. La devolución de dichos fondos en calidad de técnico extranjero constituye una excepción de carácter restrictivo, cuya procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento íntegro de los requisitos que establece la Ley N° 18.156.

En consecuencia, no puede estimarse que exista una privación o perturbación del derecho de propiedad de la recurrente, desde que el ordenamiento jurídico reconoce el carácter de ese derecho, pero establece modalidades concretas para su ejercicio, no habiéndose acreditado en autos el cumplimiento de las condiciones legales que habilitarían la entrega de los fondos.

OCTAVO: Que, por las mismas razones, tampoco se configura la vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. La exigencia de legalización o apostillamiento de los documentos que acreditan la afiliación previsional extranjera es de aplicación general y no importa una carga desproporcionada ni una discriminación arbitraria en perjuicio de la recurrente, sino el cumplimiento de estándares normativos uniformes aplicables a todos quienes se encuentren en idéntica situación. No se advierte, entonces, trato desigual alguno que permita sustentar la vulneración de esta garantía.

NOVENO: Que, finalmente, aun cuando se prescindiera de los razonamientos precedentes, cabe hacer presente que la acción de protección constituye, por su naturaleza, una vía cautelar de carácter excepcional y urgente, que no resulta idónea para resolver controversias que requieren de un examen de lato conocimiento, con producción de prueba y debate contradictorio en torno a la suficiencia, validez y alcance de los documentos presentados. En la especie, la determinación de si los antecedentes aportados por la recurrente satisfacen o no los requisitos legales para la devolución de fondos previsionales supone un análisis que excede el marco cautelar de la presente acción, lo que constituye un motivo adicional para desestimar el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-21557-2025.