Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, doce de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en favor de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por haber omitido dar debida tramitación a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por la recurrente, así como el envío de los antecedentes respectivos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y no haberle otorgado la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la afectada es una ciudadana venezolana que se vio forzada a abandonar su país de origen debido a la violencia generalizada, la constante violación de derechos humanos, la crisis social que deterioró su dignidad humana y, en especial, por graves problemas de salud cuyo tratamiento resultaba inviable a causa de la crisis del sistema sanitario venezolano. Agrega que, con fecha 19 de agosto de 2018, dejó Venezuela, arribando a Chile el 04 de diciembre de 2021, habiendo ingresado al territorio nacional por pasos no habilitados.

Explica que, una vez en Chile, acudió con fecha 4 de diciembre de 2024 a las oficinas de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, donde fue atendida, se le facilitó el formulario correspondiente, procedió a su llenado y entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos materia de su solicitud. Sin embargo, sostiene que hasta la fecha de interposición del recurso, no ha recibido respuesta satisfactoria por parte de la autoridad migratoria recurrida ni le ha sido otorgada la visación de residente temporario.

Alega que la omisión de la autoridad recurrida en dar curso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y en otorgar la visación de residente temporario constituye una actuación arbitraria e ilegal que importa una discriminación respecto del trato dispensado a otros extranjeros, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, configurándose así los presupuestos de procedencia del artículo 20 de la Carta Fundamental.

En definitiva, solicita que se ordene concluir el procedimiento cuyo inicio fue solicitado por la recurrente, dándole curso, y se disponga la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, el Servicio Nacional de Migraciones, representado por doña nombre reservado, abogada, solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional deducida en autos, por estimar que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que respecto de doña nombre reservado, mediante parte policial N° NUM000, de 18 de agosto de 2023, el Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile informó de su ingreso al país por paso no habilitado, eludiendo los controles migratorios fronterizos. Añade que, el 9 de julio de 2024, el Servicio recibió una carta certificada mediante la cual la recurrente solicitó la regularización de su condición migratoria conforme al artículo 155 N° 8 y 9 de la Ley N° 21.325, antecedentes que fueron remitidos a la Subsecretaría del Interior mediante Oficio Ordinario N° NUM001, de 27 de septiembre de 2024. Dicha solicitud de regularización extraordinaria fue rechazada por la Subsecretaría del Interior mediante Resolución Exenta N° NUM002, de la misma fecha.

Explica que, el 4 de diciembre de 2024, la recurrente manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándosele cita para el trámite inicial el día 25 de abril de 2025. Aduce que, una vez ingresada y analizada la solicitud, al advertirse que se encontraba incompleta, mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 25 de abril de 2025, se le requirió la subsanación de antecedentes bajo apercibimiento de tenerla por desistida, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, resolución debidamente notificada a su correo electrónico. Al no haberse subsanado las observaciones dentro de plazo, mediante Resolución Exenta N° NUM004, de 5 de mayo de 2025, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Invoca la Ley N° 21.655, que modificó la Ley N° 20.430, estableciendo una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado con nuevos requisitos de admisibilidad y formalización. Sostiene que la recurrente incumplió las exigencias legales en tres aspectos fundamentales: haber mantenido un período de residencia en Perú por aproximadamente tres años sin solicitar protección en dicho Estado, conforme al numeral 3 del artículo 26 de la Ley N° 20.430; haber excedido el plazo fatal de siete días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el Servicio, según el mismo artículo 26; y haber ingresado por paso no habilitado sin acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, Reglamento de la Ley N° 20.430.

Destaca además que la recurrente intentó primeramente regularizar su situación migratoria por la vía ordinaria, lo que evidenciaría que su objetivo principal no era necesariamente la protección internacional. Finalmente, sostiene que no se ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la recurrente que afecte su libertad ambulatoria, por lo que no existe vulneración de garantías constitucionales subsanable mediante la presente acción.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye la omisión consistente en no dar curso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, en consecuencia, no otorgarle la visación que la ley establece para estos casos, lo que vulnera a su juicio la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo informado por la recurrida, el procedimiento iniciado por el recurrente ya se encuentra concluido, siendo resuelta su solicitud de refugio a través de las Resolución Exenta N° NUM004, de 5 de mayo de 2025, mediante la cual se le tuvo por desistida, por no haber subsanado los requisitos formales exigidos por la autoridad, en virtud de la Ley N° 20.430.

SEXTO: Que dicha resolución fue dictada por la recurrida en estricto apego a la normativa vigente y en uso de sus atribuciones legales y ámbito de competencia, por lo que no se advierte que el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitrario, ni que hubiere vulnerado la garantía constitucional denunciada.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, habiendo cesado el hecho que quebrantaría el imperio del derecho, como ha sucedido en la especie, el recurso pierde su objeto, cual es, precisa y exclusivamente adoptar las medidas tendientes a su restablecimiento, en el caso de que existiere alguna garantía constitucional vulnerada, atendido además, que el acto terminal fue dictado por el Servicio recurrido, como ya se refirió, en el ejercicio de sus facultades legales, todo lo cual obliga a desestimar el que se ha deducido en estos autos, por lo que no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-21529-2025.