nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, cinco de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Claudio Quiroga Hinojosa, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad haitiana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° 2500100136047, de 12 de septiembre de 2025, que declaró desistida su solicitud de carta de nacionalización, lo que considera ilegal, arbitraria, ya que carece de toda razonabilidad y proporcionalidad al ignorar deliberadamente las circunstancias excepcionales y probadas que impedían el cumplimiento y contraviene los principios fundamentales que rigen el procedimiento administrativo, vulnerando con ello los derechos fundamentales de don nombre reservado, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, en particular los consagrados en el artículo 19, numeral 2, sobre la igualdad ante la ley, y el artículo 19, numeral 3, inciso sexto, sobre el derecho a un procedimiento justo y racional.

Expone que nombre reservado, ciudadano haitiano, ingresó a Chile con la convicción de establecer su proyecto de vida de manera definitiva, su trayectoria migratoria incluye la obtención de una visa de Residencia Temporaria el 6 de noviembre de 2017, seguida por la concesión de la Permanencia Definitiva a través de la Resolución Exenta N° 228102, de 26 de agosto de 2019.

Precisa que su arraigo en el país se ha profundizado al desempeñarse como maestro albañil con contrato de trabajo de carácter indefinido desde el 3 de marzo de 2025 para la empresa “Lo Campino Constructora Ltda.”, cuya estabilidad laboral se acredita con certificados de cotizaciones previsionales y de salud. Asimismo, el vínculo más profundo que lo une a la nación chilena es su carácter de padre de un hijo de nacionalidad chilena.

En este contexto, a su parecer, de total integración y habiendo cumplido con el requisito de más de cinco años de residencia continuada, presentó formalmente su solicitud de carta de nacionalización el 20 de octubre de 2024, a través del portal digital del Servicio recurrido.

Expone, además, que el 21 de marzo de 2025, fue notificado electrónicamente (Folio N° 67555611) de una observación a su postulación, calificada como 'incompleta o insuficiente', instruyéndosele acompañar el 'Certificado de Antecedentes de País de Origen debidamente Legalizado o Apostillado' en un plazo legal de 60 días hábiles. El recurrente argumenta que este requerimiento, dadas las circunstancias extraordinarias de su país de origen, resultaba materialmente imposible de satisfacer, toda vez que la República de Haití se encuentra sumida en una profunda y prolongada crisis humanitaria, política y social que ha resultado en el colapso funcional de sus instituciones estatales, configurando un caso clásico de fuerza mayor.

Afirma que actuó con diligencia, desplegando las gestiones necesarias para obtener el documento. Con fecha 14 de abril de 2025, concurrió a la representación diplomática de su país en Chile, obteniendo un Certificado de la Embajada de la República de Haití que acredita que el certificado de antecedentes penales se encontraba “en tramitación'” Posteriormente, el 2 de mayo de 2025, ingresó una Carta Explicativa, debidamente autorizada ante notario público, donde exponía con transparencia la causal de fuerza mayor que le afectaba, adjuntando la prueba consular y solicitando la debida consideración a su caso, lo que equivale a una solicitud fundada de flexibilización del plazo.

No obstante lo anterior, refiere que el Servicio Nacional de Migraciones, haciendo caso omiso de todos los antecedentes fácticos y documentales aportados, dictó la Resolución Exenta N° 2500100136047, de fecha 12 de septiembre de 2025, por la cual resolvió declarar lisa y llanamente 'desistida' la solicitud de Carta de Nacionalización de don nombre reservado.

El fundamento de dicho acto administrativo es puramente formal y mecánico, basado en la constatación del vencimiento del plazo sin que se haya acompañado el documento requerido.

El recurrente sostiene que esta decisión causa un perjuicio gravísimo y evidente a su representado, al cercenar de raíz su legítima aspiración a convertirse en ciudadano chileno, forzándolo a retrotraer su proceso a fojas cero, con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos, así como una carga emocional y psicológica injusta, ya que frustra su proyecto de vida por una decisión administrativa que no ponderó adecuadamente las circunstancias excepcionales y de fuerza mayor.

En cuanto a los argumentos jurídicos, el recurrente sostiene que la resolución impugnada constituye un acto de autoridad arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales de su representado. Aduce, en primer lugar, la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al haberse dispensado un trato idéntico a una situación fáctica esencialmente distinta, equiparando la conducta diligente de un administrado impedido por fuerza mayor con la de uno negligente, lo que demuestra una aplicación mecánica y desproporcionada de la norma sobre el desistimiento.

En segundo lugar, invoca la transgresión del derecho a un procedimiento justo y racional, tutelado por el artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental, toda vez que la actuación del Servicio recurrido careció de racionalidad al ignorar deliberadamente las pruebas que constaban en el expediente sobre la fuerza mayor, basando su decisión únicamente en el vencimiento del plazo y omitiendo elementos cruciales para una resolución justa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la referida Resolución Exenta N° 2500100136047, de 12 de septiembre de 2025, que declaró desistida la solicitud de carta de nacionalización; se ordene al Servicio Nacional de Migraciones retrotraer el procedimiento administrativo de solicitud de nacionalidad al estado de resolver, teniéndose por justificada la demora en la presentación del certificado de antecedentes, y continuar con su tramitación hasta su total y completa resolución de fondo, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, informando la acción constitucional de protección, el Servicio Nacional de Migraciones, representado por los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Sarai Estrada González, solicitan el rechazo de la misma en todas sus partes, por considerar que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, estimándola improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, ni que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indican que el extranjero nombre reservado, de nacionalidad haitiana, ingresó al país el 12 de junio de 2017 y obtuvo permanencia definitiva mediante Resolución Exenta N° 228102 de fecha 26 de agosto de 2019. Con fecha 11 de septiembre de 2023, el recurrente solicitó carta de nacionalización, registrándose la solicitud bajo el ID 67555611. En el contexto de esta tramitación, el Servicio Nacional de Migraciones, mediante comunicación electrónica Folio N° 75309841 de fecha 21 de marzo de 2025, solicitó documentos adicionales, a saber: certificado vigente de antecedentes penales o judiciales de país de origen apostillado o legalizado y carpeta tributaria. Posteriormente, con fecha 12 de junio de 2025, a través de la comunicación electrónica Folio N° 80365067, el Servicio Nacional de Migraciones notificó la solicitud de antecedentes adicionales, otorgando un plazo de 60 días hábiles para subsanar y acompañar la documentación requerida, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud.

Específicamente, se requirió el certificado de antecedentes penales de su país de origen vigente y legalizado o apostillado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el reenvío del certificado de vigencia laboral, complementando la información con un certificado de cotizaciones de AFP o certificado de vigencia laboral legalizado.

Finalmente, con fecha 12 de septiembre de 2025, mediante Resolución Exenta N° 2500100136047, se tuvo por desistida la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, por no haber subsanado la falta de los documentos requeridos en el plazo otorgado, aplicándose lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 19.880.

En cuanto a la concesión de la carta de nacionalización, sostiene que esta es una concesión constitucional otorgada por el Estado de Chile por una gracia, debido al mérito de quien la solicita y previo cumplimiento de los requisitos legales, señalando que el término “gracia” se refiere a un “Don o favor que se hace sin merecimiento particular; concesión gratuita”, según la Real Academia de la Lengua.

Cita el artículo 10 N° 3 de la Constitución Política de la República, el cual establece que son chilenos “Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley”, y remite al artículo 84 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, que a su vez reenvía al Decreto Supremo N°5.142 de 1960.

Respecto a la autoridad facultada, mencionan que el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960 indica que la nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior, facultad que, por delegación, es ejercida por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, conforme al artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966.

En relación con las causales y requisitos legales, invocan el artículo 2 del D.S. N°5.142 de 1960, que exige tener 18 años, más de cinco años de residencia y ser titular de permanencia definitiva, correspondiendo al ministro del Interior calificar las circunstancias. Asimismo, mencionan que los artículos 4° y 5° de la misma norma regulan la forma y los requisitos de la petición.

En cuanto al desistimiento de la solicitud de carta de nacionalización, el Servicio Nacional de Migraciones argumentan que al recurrente se le solicitó en reiteradas oportunidades remitir el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado y/o apostillado, y que, al no cumplir con lo solicitado por la autoridad en el plazo otorgado, se aplicó el artículo 31 de la Ley N°19.880, que dispone que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

Finalmente, reiteran que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías alegadas por el recurrente, y que ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que solicita el rechazo de la acción en todas sus partes, así como el rechazo a la condena en costas a dicho Servicio.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el acto que motiva la presente acción cautelar es la Resolución Exenta N° 2500100136047, de 12 de septiembre de 2025, que declaró desistida la solicitud de carta de nacionalización del recurrente.

QUINTO: Que el artículo 1° del Decreto Supremo N°5.142 de 1960, del Ministerio de Interior, dispone: “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior.”

Por su parte, el artículo 2°, establece: “Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, que tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva.

Será requisito para la concesión de la carta de nacionalización que el extranjero renuncie a su nacionalidad de origen, o a cualquier otra adquirida o que pudiere corresponderle. Esta renuncia se formalizará, ante el Ministerio del Interior, si el extranjero residiere en la Región Metropolitana de Santiago, o ante el Intendente o Gobernador respectivo, si residiere en provincia, y deberá ser escrita y firmada personalmente por el solicitante. Estará dirigida al Presidente de la República, en un formulario que se proporcionará por la autoridad correspondiente, sin costo alguno para el extranjero. Se presentará con posterioridad a la calificación favorable que la autoridad haga de la solicitud de nacionalización.

Corresponderá al Ministro del Interior calificar, atendidas las circunstancias, si viajes accidentales al extranjero han interrumpido o no la residencia continuada, a que se refiere el inciso precedente.

Con todo, también podrán solicitar carta de nacionalización los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años de edad, tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República, cuenten para ello con la autorización de quienes estén a cargo de su cuidado personal y hayan obtenido permiso de permanencia definitiva.

Los menores de 18 años, cuyo padre o madre tenga la calidad de refugiados reconocidos por Chile, podrán nacionalizarse chilenos desde el momento en que, al menos, uno de sus padres haya obtenido la carta de nacionalización, sin necesidad de cumplir cualquier otro requisito legal.”

Por su lado, el artículo 7 de dicha normativa, prevé: “El decreto que deniegue la carta de nacionalización será siempre fundado y firmado por el Presidente de la República.”

Asimismo, su artículo 4°, en lo pertinente, dispone: “A la solicitud de carta de nacionalización deberá acompañarse los siguientes documentos:

1) Certificado del Cónsul o Agente Diplomático de su país, acreditado en Chile, que certifique la nacionalidad e identidad del solicitante, o en su defecto, el último pasaporte extranjero o los documentos de identidad personal que hubieren otorgado las autoridades de su país de origen o las del país de su última residencia antes de venir a Chile; 2) Certificado de antecedentes expedido por el Gabinete Central de Identificación, que deberá ser considerado entre aquellos que el Servicio otorga para fines especiales, y 3) Certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite, según el caso, que el solicitante está al día en el pago de las obligaciones tributarias o que está legalmente exento de ellas.”

SEXTO: Que, resulta esencial precisar que la obtención de la nacionalización es una potestad exclusiva de la autoridad administrativa, otorgada por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, según se precisa en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 5.142 de 1960, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, y el artículo 84 de la Ley N° 21.325. Así las cosas, es posible advertir que la concesión de la carta de nacionalización es una gracia del Estado de Chile, cuyo acto terminal es fruto de la potestad discrecional radicada en la aludida autoridad, donde se debe efectuar una ponderación acabada de los fundamentos esgrimidos para su petición, además de un análisis exhaustivo y el cumplimiento de los antecedentes exigidos así como de un procedimiento reglado.

SÉPTIMO: Que, así entonces constando que el certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente apostillado, requerido al recurrente, es uno de los antecedentes que se deben acompañar a la solicitud de carta de nacionalización, la que no hizo y que apercibida de conformidad al artículo 31 de la ley N° 19.880, que en caso de no hacerlo, se iba a tener por desistido de su solicitud, no se aprecia una ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la autoridad recurrida.

OCTAVO: Que en el escenario descrito precedentemente, se concluye que la decisión de la autoridad competente plasmado, en la Resolución exenta N° 2500100136047, de 12 de septiembre de 2025, es legal - fruto de un procedimiento legalmente tramitado -, y que no es arbitraria porque la solicitud ha sido denegada al no cumplir con todos los requisitos que franquea la Ley.

NOVENO: Que por lo antes expuesto, se rechazará el recurso en examen siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre las garantías denunciadas como vulneradas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección Nº 21520-2025.