BOMBEOS INDUSTRIALES LIMITADA con BCI SEGUROS GENERALES S.A.

Santiago, quince de febrero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, por sí y en representación de Bombeos Industriales Limitada, deduciendo acción de protección constitucional en contra de BCI Seguros S.A., por el actuar que estima ilegal y arbitraria de no cumplir con la cobertura pactada a través del contrato de seguro suscrito entre las partes, a raíz del robo del bien asegurado correspondiente a una camioneta Volkswagen Amarok Highline 4x4 2.0 AT, placa patente JLYY-83 del año 2017, vulnerando con ello su derecho de propiedad y su derecho de protección a su vida privada y honra.

Explica que Bombeos Industriales Limitada es dueña del vehículo ya referido, y contrató con la recurrida un seguro con cobertura en caso de robo, el que tenía vigencia a contar del 27 de mayo de 2019 y hasta el 27 de mayo de 2020, con un deducible de 10 UF, dando total cumplimiento a sus obligaciones hasta el día del siniestro Añade que, con fecha 4 de septiembre de 2019, dejó estacionada la camioneta en calle nombre reservado, altura del 1100, en la comuna de El Bosque a las 19:30 horas aproximadamente, y al día siguiente, a las 8:00 horas, al salir para dirigirse a su trabajo pudo constatar que el vehículo no estaba y que lo habían robado conjuntamente con sus documentos personales, que intentó buscarla por los alrededores durante una media hora, sin encontrarla, por lo que se dirigió a la 10° Comisaría de Carabineros de La Cisterna para denunciar el hecho, llegando al lugar a las 9:45 horas, lo que quedó registrado bajo el parte denuncia N°4020.

Hace presente que ese día en la unidad policial estaban a la espera de efectuar una denuncia y toma de declaración otras dos personas y otros testigos, razón por la cual fue recién tomada su denuncia a las 12:00, hora que quedó registrada en el parte policial, pero que no refleja el momento en que ingresó a la Comisaría.

Avisó a la Compañía de Seguros y entregó los antecedentes referidos, y como el vehículo no apareció dentro de los 30 días siguientes, el liquidador de la compañía debía declararlo como pérdida total.

Agrega que, no obstante, con fecha 3 de noviembre de 2019, se emitió el informe por el liquidador de la compañía de seguros don nombre reservado quién señaló que el denunciado no gozaba de cobertura por no haber dado aviso inmediato a la unidad policial respectiva.

Arguye que en ninguna parte de la normativa se señala el plazo que debe asignarse al concepto inmediatez, por lo que el rechazo es meramente caprichoso.

Refiere que a raíz de la respuesta dada concurrió a la Comisión para el Mercado Financiero, presentando un reclamo, el que fue respondido el 28 de febrero de 2020, y en donde se indica ahora que BCI Seguros habría cambiado el rechazo del liquidador, indicándose que la causa del rechazo del pago del siniestro consiste en que no acreditó una efectiva situación de imposibilidad física que hubiere obstado as denunciar inmediatamente en la unidad policial respectiva la circunstancia del robo, dejándose constancia que se habría constatado una demora de cuatro horas entre el instante que el conductor tomó conocimiento de la sustracción del vehículo la práctica del denuncio, sin haber acreditado una situación de imposibilidad física que justificara la demora.

Reclama que ni en la respuesta dada por BCI Seguros, ni en el informe del liquidador, ni tampoco en la respuesta dada a la CMF se ha indicado cual es el tiempo que debe entenderse por inmediatez.

Así las cosas, indica que dicha interpretación, es arbitraria y antojadiza, efectuada por la propia compañía de seguros la que se constituye en un tribunal para así definirlo, y en definitiva verse beneficiada con su propia decisión.

Sostiene que el Decreto N° 1055 de 29 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda que aprueba el nuevo reglamento de los auxiliares del comercio de seguros y procedimiento de liquidación de siniestros establece en su artículo 19 que denunciado un siniestro y cuantificada la pérdida, la compañía de seguros dispondrá el pago de la indemnización, exigiéndose en cuanto al proceso de liquidación que el informe sea técnicamente fundado, sin embargo, en el caso el informe del liquidador que sirvió de base para que la recurrida dictase el acto recurrido no cumple con los requisitos establecidos en la normativa, ya que se aleja de las facultades que tiene para efectuar dicho procedimiento, atribuyéndose la facultad que no le ha sido otorgada por ley, y que es definir lo que debe entenderse por inmediatez en la denuncia, ya que dicho concepto no existe en la ley ni en reglamento alguno, presumiendo por otro lado la existencia de una infracción al deber de sinceridad del asegurado, y en definitiva, sin dar ninguna justificación a su decisión, entregando razones vagas e incompletas. Hace presente que es un hecho público y notorio que luego del estallido social ocurrido en octubre de 2019, las unidades policiales han estado con una mayor concurrencia, y que en el día en concreto en que le tocó ser atendido, un único funcionario debía atender primero a otras dos personas, atendiéndolo a él recién al medio día.

En definitiva, indica que la decisión de la recurrida es ilegal y arbitraria, ya que no entrega los motivos legales del rechazo, y se fundamenta únicamente en las vagas conclusiones del liquidador, insistiendo en que sí fue diligente en el denuncio del vehículo, siendo además ilegal, ya que incumple el acuerdo de voluntad y el contrato celebrado entre ambos, en los términos del artículo 512 del Código de Comercio, ya que se encuentra obligada al pago de los daños sufridos, cuestión que no ha hecho hasta la actualidad.

Aduce que este actuar ilegal y arbitrario de la recurrida ha afectado gravemente su derecho establecido en el artículo 19 N°4 de la carta fundamental, esto es derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, ya que su nombre ha sido publicado en DICOM Equifax como deudor de FORUM empresa que le prestó el dinero a la sociedad para la compra del vehículo siniestrado, y que al no haberse pagado la póliza, FORUM no recibió el pago del siniestro como acreedor prendario y consecuentemente publicó en DICOM los datos de la beneficiaria del seguro, y del compareciente en su calidad de codeudor solidario, afectando con esto gravemente su honra, ya que lo ha mostrado como un deudor de dinero que no debe y cuyo responsable de pago es BCI seguros.

Solicita, en definitiva, se restablezca el imperio del derecho, declarándose que BCI Seguros S.A. debe cumplir con la cobertura pactada a través del contrato de seguro suscrito con Bombeos Industriales Limitada, póliza W-VP-9462058, como consecuencia del robo del bien asegurado, esto es, la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok Highline 4x4 2.0 AT, placa patente única JL-YY-83, año 2017, con un deducible de U.F. 10, todo con expresa condenación en costas, pagando a Forum en su calidad de acreedor prendario del bien siniestrado.

Segundo: Informó don Pedro Mayorga Montalva, abogado, en representación de la recurrida BCI Seguros Generales S.A., solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes.

Explica en cuanto a los hechos que no ha existido ningún acto ilegal o arbitrario por parte de la aseguradora, indicando que el rechazo del siniestro se fundó en la conclusión a la que se arribó luego del proceso de liquidación, así como en la correcta aplicación de las cláusulas del contrato de seguro celebrado entre las partes.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que el siniestro fue rechazado por la aseguradora el 8 de noviembre de 2019, razón por la que al haberse presentado la presente acción constitucional el día 8 de marzo de 2020, la vuelve en completamente extemporánea, ya que, a su juicio, las reclamaciones administrativas interpuestas ante la CMF no modifican dicha circunstancia.

Agrega que la controversia en el presente caso excede el ámbito de aplicación de este tipo de acción cautelar, por cuanto indica que no existiría un derecho indubitado, sino que un conflicto civil entre las partes, sin que pueda satisfacerse la pretensión del recurrente por esta vía, sino que debe conocerse mediante un juicio de lato conocimiento.

Hace presente que ya en junio de 2020 fue solicitada a la justicia ordinaria el nombramiento de un juez árbitro para dirimir la controversia generada por la liquidación del siniestro, nombrándose en noviembre de ese año al juez árbitro señor nombre reservado.

En definitiva, indica que lo que busca el recurrente es que esta Ilustrísima Corte se pronuncie acerca de la interpretación de un contrato de seguro y sobre la aplicación de sus condiciones, lo que es una pretensión pecuniaria, correspondiendo que el recurrente inicie el procedimiento dispuesto en la ley para resolver estas materias, sin que pueda, ante la disconformidad frente al rechazo en la cobertura de un siniestro, pretender una vulneración a sus derechos fundamentales.

En cuanto al fondo del asunto, indica que la póliza de seguro que se está solicitando el cumplimiento a través de esta acción constitucional es la póliza N°RUT reservado, contratada por Bombeos Industriales Limitada con BCI Seguros Generales S.A., con vigencia entre las 12:00 horas del 27 de mayo de 2019 hasta las 12:00 del 27 de mayo de 2020.

Refiere que, dentro de las coberturas contratadas, se encuentra la de robo, hurto o uso no autorizado del vehículo asegurado, estableciéndose dentro de la póliza (N° 120130214) claramente cuáles son las obligaciones del asegurado en el caso de producirse un siniestro, al respecto señalan que en los casos antes referidos, el asegurado deberá efectuar la denuncia inmediata de los hechos en la unidad policial más cercana al lugar del accidente, salvo en caso de imposibilidad física debidamente justificada y dar aviso a la compañía tan pronto sea posible una vez tomado conocimiento y a más tardar dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha del accidente y que el artículo 6 de la señalada póliza dispone que, en el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el asegurado”, entre ellas las obligaciones en caso de siniestro, la compañía quedará liberada de toda obligación derivada del contrato de seguro.

Continúa diciendo que el 5 de septiembre de 2019, el recurrente denunció a BCI Seguros el siniestro ocurrido el mismo día, indicando que tomó conocimiento del robo de su vehículo a las 8:00 horas, y que procedió a hacer una búsqueda sin encontrarlo, y concurrió a Carabineros a efectuar la denuncia, que luego se inició el procedimiento de liquidación, que debe determinar si el siniestro está bajo cobertura y el monto a pagar en su caso, designándose al liquidador directo señor nombre reservado, quien emitió con fecha 8 de noviembre de 2019 el informe de liquidación en que se concluye que no existe cobertura porque el asegurado incumplió con su deber, en caso de robo, de denunciar los hechos en forma inmediata a la unidad policial más cercana.

Además, sostiene que se constató que el asegurado se percató del siniestro a las 8:00 horas y efectuó la denuncia a las 12:01 horas, según consta en el parte policial, transcurriendo 4 horas entre el momento en que se percató del robo y el momento en que efectuó la denuncia.

Señala que el informe de liquidación no fue impugnado, por lo que el proceso de liquidación llegó a su fin con la emisión de dicho informe.

Añade que con posterioridad el 23 de diciembre de 2019, su representada recibió oficio ordinario N° 40325 de la Comisión para el Mercado Financiero informando de la interposición de un reclamo administrativo por la sociedad Bombeos Industriales Limitada. Dicho reclamo fue respondido por BCI Seguros con fecha 31 de diciembre de 2019 explicando los motivos que fundan el rechazo del siniestro, particularmente el incumplimiento de la obligación de efectuar la denuncia policial de forma inmediata, sin haber cambiado en ningún momento el motivo de rechazo del siniestro.

Dice que luego el asegurado presentó un segundo reclamo ante ese órgano público, indicando que la razón por la demora en presentar la denuncia fue porque había otras personas en la unidad policial antes que él, y que habría llegado a las 9:20 horas, respondiéndose en dicha oportunidad que no hay ningún antecedente para acreditar lo afirmado por el asegurado.

En este recurso hace valer los mismos fundamentos, agregando que a raíz del estallido social las comisarías estarían con una mayor concurrencia de público, cuestión que no tiene ningún sentido, ya que estos hechos ocurrieron y fueron denunciados el 5 de septiembre de 2019, un mes antes del estallido social.

En definitiva, insiste en que su representada rechazó la cobertura del siniestro mediante una decisión fundada en los antecedentes del caso y en las disposiciones del contrato, razón por la que debe ser rechazado el presente recurso de protección.

Sostiene que ante la falta de un actuar ilegal y arbitrario de la aseguradora, tampoco en ningún caso puede entenderse puede haber existido algún tipo de vulneración de las garantías del recurrente, sin que tampoco existan derechos adquiridos en un contrato de seguro, ni mucho menos derechos indubitados, razones por las que solicita el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Tercero: Como una primera cuestión, esta Corte debe hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, correspondiendo tomar nota que esta acción fue deducida el 05 de marzo de 2020.

En seguida, procede poner de relieve que la aseguradora recurrida emitió su decisión de denegar la cobertura reclamada por el actor el 8 de noviembre de 2019, pero sobre este aserto no hay antecedente alguno en autos que lo compruebe.

Sin embargo, es claro que el recurrente, antes de intentar esta vía, dedujo dos reclamaciones ante la Comisión para el Mercado Financiero, cuyas fechas también se desconocen, pero en el primero de estos reclamos, el informe evacuado por la recurrida al referido órgano público tiene fecha 31 de diciembre de 2019, como consta de la documentación adjuntada por la compañía.

Así, debe entenderse que, en la fecha recién indicada, el recurrente de autos tenía conocimiento cierto de la negativa a otorgarle la cobertura pedida a la recurrida, que es la acción ilegal y arbitraria que motiva esta acción constitucional, por lo que a la luz de lo dispuesto en el artículo 1° del auto acordado que regula la tramitación de estos asuntos, debe entenderse que el libelo de autos es extemporáneo y la alegación hecha a este respecto por la recurrido será acogida.

Por lo demás, no puede considerarse que las reclamaciones que intentó la actora ante la Comisión del Mercado Financiero, que fueron dos como se dijo, hayan interrumpido el término para deducir este recurso, en especial porque no se aportó antecedente alguno que permitiera precisar cuándo se resolvió la primera de estas reclamaciones.

Ello conduce a desechar este recurso.

Cuarto: Sin perjuicio de lo anterior, y como otros razonamientos que también llevan a igual destino, procede atender las siguientes circunstancias.

Primero, que la actora persigue, en autos, la satisfacción del derecho que cree tener a que se le indemnice, pagándole el seguro que estima adeudársele, mientras la recurrida desconoce que aquélla tenga tal prerrogativa, pues entiende que los presupuestos contractuales no concurren ya que, su juicio, no se dan en la especie.

En otros términos, lo que la recurrente pretende es que se le reconozca su derecho, olvidando que esta vía es cautelar y, como tal, sólo puede prosperar si la situación que se pide amparar no está sujeta a controversia, como es lo que ocurre en la especie.

Segundo, que lo reprochado por la actora es que el rechazo de su petición de pagarse el seguro carece de motivación, aunque reconoce, eso sí que la actuación de la recurrida estuvo basada en el informe del liquidador designado, don nombre reservado, en lo que ya hay una suerte de contradicción.

Pero, igualmente, debe anotarse que aunque no se aparejó a estos antecedentes, la resolución misma de rechazo, sí lo fue el informe del liquidador referido designado, quien concluye, sobre la base de los antecedentes que recabó, que el recurrente infringió su deber de informar con prontitud el siniestro que le había ocurrido, que -por lo demás- es el descargo presentado por la recurrida ante la Comisión para el Mercado Financiero, organismo que, como se ha dicho, rechazó las reclamaciones del actor.

Quinto: Los razonamientos anteriores conducen a desestimar esta acción constitucional.

Por tales consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, por sí y en representación de Bombeos Industriales Limitada, en contra de BCI Seguros S.A.

Regístrese y archívese.

Redactó el señor nombre reservado, ministro suplente.

Rol N° 21.506-2020 (Protección)

Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministro señora Elsa Barrientos Guerrero y el Ministro (S) señor Pedro Advis Moncada. No firma el ministro (S), señor Advis, por no encontrarse al momento de hacerlo.