Protección contra Establecimiento nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

PRIMERO: Que compareció mediante formulario doña nombre reservado, en representación de nombre reservado, quien dedujo acción de protección en contra del Establecimiento nombre reservado, dado que esta inició un proceso disciplinario en el mes de julio por lo cual impidieron que su representado pudiera matricularse para el venidero año escolar 2025. Seguidamente con fecha 26 de septiembre indica que fue notificada mediante comunicación, sin la firma del director de la medida de suspensión de matrícula firmada por la jefa de convivencia. En tal sentido, con fecha 27 de septiembre, interpuso ante el establecimiento recurso de apelación para que dejara sin efecto la medida, sin recibir respuesta del director, señalando que las causas por las cuales aplica la medida y solo reconocido o citado por vía telefónica para comparecer a reunión, dando a conocer la medida que se mantiene. Adiciona que el día 29 de octubre de 2024, fue convocada nuevamente para informarle que en reunión de consejo de profesores, se tomó la medida, la cual no se corresponde con la expresada en la comunicación del 26 de septiembre, donde se había informado que la medida de suspensión de matrícula se había decidido. Alega que no han notificado a la Superintendencia de la aplicación de la medida y ahora pretenden hacerlo, alegando que la fecha es 29 de octubre, cuando la notificación se la entregaron el 26 de septiembre. Considera que este hecho arbitrario y legal vulnera los siguientes derechos; el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad entre la ley, el derecho de la honra de su hijo, la libertad de enseñanza y el derecho de propiedad, por lo que solicita acoger la acción constitucional de amparo y se ordena que sea dejada sin efecto la medida de suspensión de matrícula, por procedimiento afuera del margen de la ley 21.128 y se permita al estudiante matricular para el venidero año en dicho establecimiento. SEGUNDO: Que evacuó informe solicitado, doña nombre reservado, jefa de la división de protección de derechos educacionales de la Superintendencia de Educación, quien en un primer acápite describe las facultades legales de la Superintendencia establecidas en la ley 20.529, la que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, pre-básica, básica y media, y su fiscalización, como también se explaya en la normativa educacional aplicada en los hechos en tres dimensiones; en cuanto al resguardo de la buena convivencia escolar, las medidas a adoptar para prevenir y enfrentar el maltrato escolar, y el resguardo de la salud mental de los estudiantes, como también respecto a la normativa educacional vigente en la aplicación de medidas disciplinarias y en cuanto al procedimiento disciplinario de la aplicación de medidas de expulsión y o cancelación de matrícula en establecimientos educacionales. Finalizando, sostiene que el 10 de octubre del 2024 la recurrente ingresó una denuncia a sus servicios bajo el número NUM000, adjuntando la resolución del establecimiento mediante la cual se confirma la aplicación de la medida disciplinaria de no renovación de matrícula para el 2025, encontrándose a la fecha del informe, el establecimiento en plazo vigente para informar la aplicación al respecto, instruyendo además cuáles serían los procedimientos a seguir.

TERCERO: Que la institución recurrida no evacuó el informe solicitado, motivo por el cual la Sala Tramitadora de esta Corte prescindió del mismo. CUARTO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio; Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental; QUINTO: Que en la línea de lo que se viene reflexionando aparece oportuno resaltar que, atendida la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional, su finalidad apunta a amparar el pacífico y aparente legítimo ejercicio de un derecho determinado, el status-quo vigente, la normalidad imperante al momento de cometerse la acción u omisión agraviante. En efecto, este medio jurídico no persigue efectuar declaraciones sustantivas en cuanto a la titularidad de un determinado derecho o calidad jurídica, sino que evitar que por medios ilegales o arbitrarios se amenace, afecte o ponga término a la situación de hecho vigente respecto de ese derecho o calidad jurídica. En otras palabras, se persigue precaver que las personas se hagan justicia por su propia mano; SEXTO: Que tal como se colige del tenor del libelo en que se plasma el presente arbitrio el acto que se impugna como ilegal o arbitrario por la recurrente se hacen consistir en la imposibilidad de matricular a su hijo, para el periodo lectivo correspondiente al año 2025, en razón de haberse seguido una investigación administrativa en su contra, en la que se sancionó a la alumna con dicha medida, por haber incurrido en una infracción grave a la normativa interna de la institución educativa; SEPTIMO: Que del análisis de la narrativa aportada por la propia recurrente y, especialmente, de lo informado por la Superintendencia de Educación, es posible sostener que con fecha 10 de octubre del 2024, se presentó la denuncia NUM000, en contra del establecimiento educacional recurrido, bajo la temática “Medidas disciplinarias”, la que se encuentra actualmente en estado de tramitación. Luego de lo dicho, lo cierto es que según informa la Superintendencia de Educación, la decisión en que se asienta el presente recurso, no se encuentra a firme, dado que se encuentra pendiente una denuncia efectuada por la madre de la alumna, de manera que las circunstancias que se esgrimen en el recurso como agraviantes a los derechos de su hija, se encuentran actualmente al amparo del derecho, ante el referido órgano administrativo, quien deberá resolverlo a la brevedad según se colige del informe de dicha entidad; OCTAVO: Que en otro orden de ideas, debe considerarse, asimismo, que en razón de encontrarse pendiente la decisión administrativa que se pronuncie respecto de la denuncia interpuesta por la recurrente en favor de su hija, no existe una decisión definitiva que finalmente resuelva la situación que por esta vía reclama también como ilegal, por lo que debe considerarse, entonces, que de conformidad a lo prevenido en el artículo 54 de la Ley 19.880, esta Corte se encuentra por ahora impedida de adoptar una decisión sobre la legalidad del acto impugnado, mientras la Administración no haya resuelto la mentada denuncia o haya transcurrido el plazo para que deba entenderse que la misma fue desestimada; NOVENO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso. Por estas consideraciones y en virtud de lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción cautelar deducida por doña nombre reservado en favor de nombre reservado, y en contra de Instituto nombre reservado. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. N°Protección-21485-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Maritza Elena Villadangos Frankovich y señora María Paula Merino Verdugo.

En Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.