nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos:

Primero: Que con fecha 23 de marzo de 2018, don nombre reservado, funcionario activo de la Policía de Investigaciones de Chile, interpone un recurso de protección contra la Resolución Exenta N° 23, notificada el 26 de febrero de 2018, dictada por el Consejo Asesor de Ética y Probidad Administrativa de la PDI, resolución firmada por el Director General don Héctor Espinoza Valenzuela, por medio de la cual se rechaza la solicitud de eliminación de la medida disciplinaria de cuatro días de permanencia en el cuartel, que fuere aplicada por resolución de 27 de abril de 2009. El fundamento de dicha negativa sería el incumplimiento a la Orden General N° 1942 de la Institución, que exige, para la eliminación de las sanciones, que éstas no se encuentren relacionadas con faltas a la ética, a la probidad administrativa, al respeto de los Derechos Humanos, ni se trate de una conducta irregular sobre la ley de drogas.

Estima que dicha resolución es conculcatoria de las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 N° 2, 3° inciso 5°, 16° y 24° de la Carta Fundamental. Solicita se deje sin efecto dicha resolución, ordenando que dicha sanción sea eliminada debido a que su almacenamiento carece de fundamento legal y por el tiempo transcurrido, ha caducado, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19.628.

Funda el recurso manifestando que, en definitiva, la imposibilidad de eliminar dicha sanción se traduce, a su vez, en la imposibilidad de seguir ascendiendo en su carrera funcionaria, toda vez que para optar al curso que permite ascender a los escalafones de oficiales superiores y oficiales generales, sólo se reciben tres convocatorias, y al no ser aceptado en ninguna de ellas, no podrá continuar con su carrera, optando solo al grado de Subprefecto.

Detalla que según la Orden General N° 1942, para optar a la eliminación de antecedentes, el solicitante debe llevar un mínimo de 10 años en la Institución, haber pasado cinco años desde quedó firme la medida disciplinaria que se pretende eliminar, que haya sido calificado en Lista 1 en los últimos periodos califica torios, que la medida esté firme y no sea de aquellas relacionadas con faltas a la ética, a la probidad administrativa, al respeto de los Derechos Humanos, ni se trate de una conducta irregular sobre la ley de drogas, así como tampoco encontrarse al momento de la petición sujeto a investigación interna, judicial, sumario o investigación administrativa, por un hecho grave.

De acuerdo a la normativa, el Consejo resolverá discrecionalmente, no procediendo la interposición de recurso alguno, sin perjuicio que, pasado un año, podrá impetrar el beneficio por segunda y última vez. En este caso, la resolución recurrida rechaza por segunda vez la solicitud de eliminación de la sanción, estimando que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que se le margina del proceso de postulación al Curso de Oficial, en base a una sanción que quedó a firme en el año 2010, y que se tradujo en que ese fue el único año en su carrera donde fue incluido en Lista 2, transcurriendo con creces el plazo de caducidad de esa medida administrativa, debiendo ser eliminada. Asimismo estima conculcada la garantía del debido proceso, toda vez, de acuerdo a la Orden General N°1942, si la sanción que se pretende eliminar se encuentra relacionada con faltas a la ética, a la probidad administrativa, al respeto de los Derechos Humanos, o se trate de una conducta irregular sobre la ley de drogas, la solicitud será declarada inadmisible, y en este caso fue sometida a tramitación, conculcando, además la Ley 19.880, que establece el principio de celeridad y principio conclusivo, atendido el tiempo transcurrido desde la solicitud -15 de noviembre de 2017- hasta la notificación de la decisión del Consejo, -de 26 de febrero de 2018-, no siendo fundamentada esta decisión.

En cuanto a la libertad de trabajo considera que la no eliminación de dicha sanción, que ya le impidió postular al curso indicado en el año 2017, le impedirá postular en los años 2018 y 2019, imposibilitándolo de continuar con su carrera funcionaria. Finalmente, estima conculcado su derecho de propiedad, cuya vulneración estaría dada por la imposibilidad de optar al curso descrito.

Segundo: La recurrida informa al tenor del recurso, manifestando que el recurrente fue sancionado por los siguientes hechos, todos ellos sancionados por el Reglamento de Disciplina de la Institución:

El extravío de una carpeta con antecedentes que se encontraban siendo ocupados en una investigación y el borrado de unas grabaciones realizadas a llamadas telefónicas efectuadas por el detenido ALBIAL AGUAYO, a otros miembros de su red de tráfico de drogas, los cuales se encuentran en libertad, no dando cumplimiento hasta la reiteración de la orden.

Además, por concurrir hasta el centro de cumplimiento Penitenciario Temuco, a entrevistarse con un imputado, no informando esta diligencia al entonces Jefe de la Brigada Antinarcóticos de Temuco, quien se enteró posteriormente de tal situación en dependencias de la Fiscalía Local de Temuco, esto sumado a haber borrado las grabaciones (evidencias), realizadas en virtud de una orden del Juzgado de Garantía, y no remitirlas al Tribunal o mantenerlas en resguardo hasta una nueva disposición por parte del Ministerio Público.

El recurrente en el marco de estos hechos pasó por alto el conducto regular, al no haber entregado ala Cuenta Escrita a su jefe directo y haberla remitido en forma directa al jefe de la Prefectura Provincial Cautín, de la época. Finalmente, se le reprocha que informó que dicha carpeta se había extraviado, en circunstancias que estaba en conocimiento que esta se encontraba en dependencias de la Brigada, la que al momento de ubicarla, el recurrente ordenó a un oficial menos antiguo, que escondiera o desapareciera dicha carpeta, lo que demuestra una clara intencionalidad en ocultar estos antecedentes a sus superiores.

Así las cosas, las conductas por las que fue sancionado el recurrente fueron cometidas en el contexto de una investigación por tráfico de drogas, y de forma manifiesta revisten el carácter de graves, vulneradoras del principio de probidad administrativa, y contrarias a la doctrina institucional de la Policía de Investigaciones de Chile.

La resolución que desechó por segunda vez la petición de eliminación de antecedentes, indica que el fundamento del rechazo es por no cumplir con los requisitos establecidos en la Orden General N° 1942, que exige que las sanciones no se encuentren relacionadas con faltas relativas a la ética, probidad administrativa, respeto de los Derechos Humanos o se trate de una conducta irregular sobre la ley de drogas.

Argumentó que la decisión del Consejo Asesor de Ética y Probidad Administrativa, fue correctamente fundada, teniendo en cuenta que el rol de dicho consejo es velar por el estricto cumplimiento de la Doctrina Institucional y observancia del Código de Ética. No se ha vulnerado la igualdad ante la ley, dado que la imposibilidad de optar al Curso de Oficial graduado en investigación criminalística se debe a que su conducta ha sido reñida con la ética y probidad administrativa. Por lo demás, no se ha advertido ningún caso igual, en que se haya tratado a otra persona de manera diferente. Tampoco se ha conculcado el debido proceso administrativo, considerando además que conforme al texto del artículo 20 de la Constitución Política de la República, la garantía que protege el recurso de protección se refiere única y exclusivamente a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, no alcanzando la protección de esta acción, a la garantía supuestamente infringida por la resolución. Agrega que en todo momento el proceso ha seguido la normativa establecida en la Orden General 1942, que dispone el procedimiento específico que esta solicitud debe seguir.

En cuanto a la libertad de trabajo y su protección, esta no se ha vulnerado, así como tampoco el derecho de propiedad. Concluye que la resolución recurrida se encuentra debidamente fundada, y en ella se aprecia la aplicación de un procedimiento reglado, consagrado en la normativa institucional pertinente, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección.

Tercero: Que tal como señala el informe de la autoridad recurrida resulta que el argumento principal del recurrente se refiere a la falta de fundamento de la Resolución Exenta N°23, de fecha 19 de enero de 2018, de la Jefatura de Personal de la Policía de Investigaciones, toda vez que este solicita la eliminación de la sanción administrativa correspondiente a la medida disciplinaria de “Cuatro días de permanencia en el cuartel”, que fuera aplicada mediante resolución N°398-2007, del 27 de abril de 2009.

Sin embargo, la resolución denegatoria de la petición señalada anteriormente se basó en el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden General N°1942, del 13 de marzo del 2003, que exige que las sanciones no se encuentren relacionadas con faltas relativas a la ética, la probidad administrativa, al respecto a los derechos humanos o se trate de una conducta irregular sobre la ley de drogas;

Cuarto: Que contrariamente a lo expuesto por el recurrente la resolución cuestionada fue desestimada por las razones antes señaladas las que por no ajustarse a los requisitos establecidos en la referida Orden General N°1942 de 13 de marzo de 2003 resulta ser suficientemente fundado.

El mencionado consejo, es un órgano asesor, colegiado con un claro rol institucional: “velar por el debido cumplimiento de la Doctrina Institucional y la observancia del Código de Ética, ello en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la Orden General 2189, de fecha de fecha 22 de mayo de 2008.

En atención a lo antes señalado el Consejo posee facultades para examinar los antecedentes éticos de todo el personal de la institución;

Quinto: Que en virtud de lo antes señalado resulta necesario precisar cuál fue la razón o motivo por el que se impuso al funcionario aludido la medida disciplinaria antes referida y de acuerdo a lo expuesto en el informe de la recurrida, ella no habría sido desvirtuada por el recurrente, que sólo señala que el mero transcurso del tiempo y la ausencia de otras medidas disciplinarias impuestas durante su carrera policial justificarían su petición.

Dichas circunstancias no resultan ser suficientes para que el Consejo antes mencionado haya accedido a la eliminación de la medida disciplinaria de Registro de la jefatura del Personal, más aún, cuando su fundamento se basó en una conducta impropia del recurrente en un procedimiento de la Ley de Drogas, lo que dado la función que realizaba, revistió las características de gravedad suficientes para denegar su petición;

Sexto: Que en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde desestimar el señalado recurso por no haber sido infringidas las garantías que cautela la presente acción constitucional.

Por lo considerado y visto, además, los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios citados y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Consejo Asesor de Ética y Probidad Administrativa de la Policía de Investigaciones de Chile, representado por su Director General don Héctor Espinoza Valenzuela.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Madrid Croharé.

Rol Corte N° 21.478-2018 No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el abogado integrante señor Asenjo, por ausencia.