nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por haber rechazado arbitraria e ilegalmente la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros presentada por su representado, actuación que considera ilegal y arbitraria, al imponer requisitos no contemplados en la ley, específicamente, la exigencia de una certificación de afiliación a un régimen de seguridad social extranjero debidamente legalizada o apostillada, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 números 2 y 24, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los antecedentes de la acción, expone que el recurrente solicitó la devolución de sus fondos de pensiones al amparo de la Ley N° 18.156, que permite a técnicos extranjeros la exención de cotizaciones bajo ciertas condiciones. Sin embargo, mediante comunicación electrónica de la misma fecha, la AFP Modelo rechazó dicha petición, argumentando que la documentación para acreditar su afiliación previsional fuera de Chile no se encontraba debidamente legalizada conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Sostiene que ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos legales, acompañando una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que cuenta con un código de verificación digital plenamente consultable en el portal web oficial de dicha institución, lo que permite validar la cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En el ámbito jurídico, señala que los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156 establecen requisitos taxativos: la calidad de técnico, la afiliación a un régimen extranjero y la manifestación de voluntad en el contrato laboral, los que se cumplen en la especie; que la exigencia de apostilla constituye un requisito extralegal y una interpretación excesivamente formalista que desatiende la finalidad del legislador, especialmente considerando la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, lo que configura un caso de fuerza mayor.

Respecto de la vulneración de garantías constitucionales, el recurrente afirma que el acto impugnado infringe el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, al recibir un trato excluyente frente a otros solicitantes en situaciones idénticas ante otras administradoras; asimismo, se denuncia la afectación del derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, pues el rechazo injustificado impide el legítimo ejercicio de las facultades del dominio sobre los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, los cuales son de su exclusiva propiedad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y proceder a efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacúa informe don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima (AFP Modelo), quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, con expresa condena en costas.

Fundamenta su oposición señalando que la recurrente presentó la solicitud N° 24757 el 16 de septiembre de 2025 para la devolución de fondos previsionales por concepto de técnico extranjero, bajo la Ley N° 18.156, respecto de las cotizaciones enteradas por el empleador BECTON DICKINSON CHILE, entre junio de 2019 y mayo de 2023.

Explica que, tras analizar los antecedentes, la Administradora rechazó dicha solicitud debido a que la recurrente no acreditó fehacientemente el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, esto es, la afiliación a un régimen de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sostiene que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no satisface las exigencias legales ni administrativas que rigen la materia, por cuanto no es un certificado de afiliación específico, no detalla las coberturas requeridas, carece de firma de la autoridad emisora y no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, argumenta que la declaración jurada notarial acompañada no es un documento idóneo para suplir la certificación de la institución de seguridad social extranjera. La recurrida enfatiza que actúa bajo la estricta supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones y en cumplimiento del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el cual obliga a las AFP a exigir documentación legalizada para cursar devoluciones.

Cita jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Valparaíso y Concepción, confirmadas por la Corte Suprema, que valida la exigencia de documentos apostillados y el rechazo de certificados electrónicos sin validación formal. Concluye que no existe acto ilegal ni arbitrario, toda vez que se ha limitado a aplicar la normativa vigente y las instrucciones obligatorias del órgano fiscalizador, no habiendo vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley ni derecho de propiedad.

Tercero: Que, informando al tenor del recurso de autos mediante Oficio Ordinario N° 25357 de 30 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Pensiones solicita el rechazo de la acción de protección, con expresa condena en costas.

Como cuestión previa, alega que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, toda vez que esta acción cautelar tiene por finalidad proteger derechos indubitados y preexistentes, y no constituye una instancia declarativa de derechos, por lo que la controversia sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 debe ser resuelta en un procedimiento de lato conocimiento, citando jurisprudencia al efecto.

En cuanto al fondo, sostiene que la devolución de fondos es un régimen de excepción que exige el cumplimiento de requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, los cuales no concurren en la especie: a) Respecto a la acreditación de seguridad social en el extranjero, señala que la 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentada por el recurrente carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada, y describe al asegurado como 'cesante', incumpliendo las exigencias de autenticidad para documentos otorgados en el extranjero y la acreditación de cobertura efectiva; b) Sobre la voluntad de mantener la afiliación extranjera, hace notar que el recurrente se afilió automáticamente al sistema chileno y cotizó durante casi tres años, suscribiendo el anexo de contrato que manifiesta dicha voluntad recién el 9 de mayo de 2023, esto es, solo un día antes del término de su relación laboral.

Finalmente, advierte que el recurrente posee residencia definitiva en Chile, por lo que autorizar el retiro de fondos generaría un riesgo al erario nacional, toda vez que, bajo el principio de universalidad, el Estado podría verse obligado a financiar una pensión solidaria futura a quien retiró sus ahorros previsionales.

En consecuencia, solicita que se declare la improcedencia del recurso o, en subsidio, su rechazo total.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Es requisito indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o carente de razonabilidad, que provoque una afectación actual a los derechos fundamentales protegidos.

Quinto: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la exigencia formulada por AFP Modelo, consistente en requerir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos bajo la Ley N° 18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario, considerando la existencia de mecanismos de verificación digital en el documento presentado y la certificación notarial de la misma.

Sexto: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por las recurridas, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora y de la Superintendencia de Pensiones. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-21454-2025.