nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) UNO S.A, representado legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, de fecha 5 de septiembre de 2025, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente conforme a derecho, efectuando la devolución de los fondos de pensión solicitados dentro de un plazo razonable.

Relata que en el mes de julio de 2025 solicitó ante la recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, norma que permite a los técnicos extranjeros afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado, agregando que fue notificada mediante correo electrónico de 5 de septiembre de 2025, del rechazo de su solicitud, señalando que los documentos presentados no cumplían con los requisitos para dicha solicitud. Específicamente, la AFP rechazó el anexo de contrato de trabajo, el certificado de institución de seguridad social, el contrato de trabajo, el título técnico y la apostilla o legalización del título, indicando que tales documentos no cumplían criterios de aceptación o que debía contactarse con la institución para más detalles.

Sostiene que la recurrida no fundamentó adecuadamente el motivo del rechazo, limitándose a señalar observaciones genéricas sin esgrimir razonamientos de hecho ni fundamentos de derecho que justificaran la decisión, agregando que la Ley N°18.156, en sus artículos 1 y 7, establecen que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales siempre que estén afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo expresen su voluntad de mantener dicha afiliación. En este sentido, argumenta que cumple íntegramente con estos requisitos, siendo la actora profesional extranjera afiliada a la seguridad social venezolana y habiendo manifestado en su contrato de trabajo la voluntad de mantener tal afiliación.

Respecto del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), afirma que se trata de una constancia electrónica que puede ser verificada y validada a través del portal web oficial de dicha institución, ingresando el código alfanumérico que aparece en la parte inferior del documento o mediante el número de cédula de identidad venezolana, puntualizando que la constancia electrónica es expedida por la autoridad venezolana competente en cumplimiento de sus facultades legales y que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, han realizado este mismo procedimiento de verificación, concluyendo que el documento cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Agrega que la recurrida dispone de diversos medios para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante lo cual adoptó una decisión contraria a derecho al rechazar la solicitud, sin siquiera cotejar los documentos acompañados, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y de propiedad, al realizar una interpretación normativa restrictiva en perjuicio de la actora, no obstante cumple con los requisitos exigidos en la ley para que se accediera a su petición.

Arguye en relación con la exigencia de legalización o apostilla de los documentos presentados en su solicitud, que el artículo 18 del Código Civil establece que en los casos en que las leyes chilenas exijan instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de estas en el país en que hubieren sido otorgadas, enfatizando que dicho precepto sustenta su posición, puesto que la ley no exige formalidades adicionales como la apostilla o legalización del certificado de seguridad social, por lo que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos cuando se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156.

Asimismo, invoca el artículo 45 del Código Civil, relativo al caso fortuito o fuerza mayor, argumentando que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, por lo que incorporar un requisito de apostilla o legalización que resulta imposible de cumplir contradice este principio, agregando que este hecho no se encuentra dentro de la esfera de control de la recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, criterio que ha sido compartido por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como de la Corte de Apelaciones.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte que el recurso de protección sea acogido, y con su mérito, se ordene a la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente conforme a derecho, efectuando la devolución de los fondos de pensión solicitados dentro de un plazo razonable;

SEGUNDO: Que, informa doña Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de AFP UNO S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Sostiene que el recurso de protección de autos debe ser rechazado, por cuanto, además de no cumplir con los requisitos de emergencia o urgencia para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, la recurrente no ha sufrido un acto arbitrario o ilegal que vulnere sus derechos, ya que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden acceder a realizar un acto que la ley no les permite realizar.

Refiere que el 5 de septiembre de 2025 la recurrente solicitó a AFP UNO S.A. por medio de su sitio web, el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 18.156, respecto del empleador “Hospital Clínico San Borja Arriarán”, agregando que la actora acompañó a su solicitud como antecedentes un certificado de relación laboral con el mencionado empleador, de 17 de junio de 2025; certificado de anexo de cláusulas de trabajo con el Hospital San Borja Arriarán, de 17 de julio de 2025, en que se detallan las condiciones generales de desempeño de la profesional, su calidad funcionaria y su declaración de afiliación a un régimen de seguridad social extranjero, conforme a la Ley N° 18.156; certificado de relación laboral emitido por la Municipalidad de Quilicura, de 18 de junio de 2025, que acredita la prestación de servicios de la Sra. nombre reservado como médico cirujano del Departamento de Salud Municipal entre el 10 de febrero de 2020 y el 31 de marzo de 2022; título profesional de médico cirujano; apostilla de título profesional; constancia electrónica de cotizaciones; y declaración jurada ante notario.

Relata que el 5 de septiembre del año en curso, la recurrida informó a la actora que no cumplía con los criterios establecidos por la ley para dar curso a su solicitud, por cuanto los documentos acompañados no cumplían con los requisitos establecidos en la ley.

Hace presente que en materia laboral y previsional, rige por regla general en Chile el principio de territorialidad, aplicándose las leyes laborales en Chile, salvo dos situaciones, a saber, que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado, lo que le habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país al cual se le ha destinado a prestar servicios; y que el trabajador quede exento de cotizar, o bien en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N° 18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, siendo este última hipótesis lo pretendido por la recurrente.

En efecto, precisa que los trabajadores extranjeros estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, siempre que cumplan con una serie de requisitos copulativos, entre los cuales se encuentra que estén afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, condición que debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en nuestro país, y debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en los casos antes mencionados.

Detalla que de conformidad con el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 1 de la Ley N° 18.156, la circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y el Oficio Reservado N° 2966, de 3 de agosto 2023, emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, los trabajadores extranjeros efectivamente pueden estar exentos de la obligación de cotizar en Chile, siempre que cumplan con ciertos requisitos legales, entre ellos que se encuentren actualmente afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, esto con el fin de que el trabajador siga estando protegido bajo un esquema previsional adecuado y no se queda desamparado y, que el documento que acredite tal calidad, se encuentre debidamente legalizado y apostillado, lo que no ocurre en el presente caso, entendiéndose por tal, entre otras opciones, el atestamiento de un agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en que se otorgó el instrumento, cuya firma debe ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.

Agrega que si bien es efectivo que actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el Gobierno de Chile, lo anterior no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley, y en el mismo sentido, la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, por causas ajenas la recurrida, constituye una circunstancia de hecho que no habilita a prescindir de una exigencia legal expresa, cuya finalidad es garantizar la autenticidad y validez de los documentos emitidos en el extranjero, de modo tal que no puede pretenderse que ha existido una actuación que no se ajuste a la normativa vigente.

Puntualiza en particular que el documento denominado “Constancia de Cotizaciones” legalizada ante notario que no cumple con los requisitos de legalización del artículo 345 antes citado, y responde estrictamente a lo requerido por la normativa vigente, lo que no puede reemplazarse o sustituirse por la remisión y consulta a un portal de internet, como pretende el recurrente.

Hace presente además que entre los documentos presentados no se acompañó un contrato de trabajo propiamente tal que dé cuenta de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, sino únicamente certificados administrativos de carácter declarativo que reflejan una relación de servicios de naturaleza pública o estatutaria, por lo que tampoco se cumple con los requisitos legales establecidos para dar curso a la solicitud de la actora, puesto que la Ley N° 18.156, que regula la exención y devolución de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros, se aplica exclusivamente a quienes prestan servicios bajo un contrato de trabajo de derecho privado, agregando que incluso si se considera que la mencionada Ley resulta aplicable a estos vínculos, tampoco se acompañó el decreto de nombramiento respectivo.

Concluye afirmando que, por estas consideraciones, resulta improcedente la acción de protección deducida en estos autos, ya que no se cumple con los requisitos para que sea acogido, solicitando en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber rechazado la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) UNO S.A, la solicitud de retiro de fondos para extranjero de la recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho.

QUINTO: Que, tal como consta en los antecedentes que las partes han puesto en conocimiento de esta Corte y sus respectivas alegaciones, es preciso hacer presente que la negativa de la entidad recurrida se basa en que la peticionaria no cumpliría las exigencias contempladas por los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que regula el régimen excepcional de devolución de fondos para personas de nacionalidad extranjera que se desempeñan laboralmente en Chile. En concreto, su reparo se circunscribe al hecho de que la recurrente no acreditó documentalmente y conforme a la normativa aplicable que se encuentra afiliada a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cuestionando igualmente los documentos vinculados con su relación laboral.

En efecto, la recurrida AFP UNO S.A. acompañó junto con su informe los documentos presentados por la recurrente en el ingreso de la solicitud por cuyo rechazo se recurre, entre los que se encuentra una declaración jurada ante notario de afiliación al sistema previsional de Venezuela, correspondiente a la “constancia electrónica de cotizaciones”, del instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS), que sería idóneo a juicio de la actora para la autorización del requerimiento, además de otros documentos que acreditan su relación laboral, que resultan insuficientes, a juicio de esta magistratura, para la solicitud que se pretende.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, las dos disposiciones legales con especial atingencia para decidir acerca de la legalidad del proceder de AFP UNO S.A. son los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que disponen lo siguiente:

a) “Artículo 7. En el caso que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”;

b) “Artículo 1. Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorguen prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”;

SÉPTIMO: Que, en lo que interesa para los fines del presente arbitrio, la exigencia legal que interesa primeramente es la relativa al imperativo de que el afiliado lo esté en el extranjero a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones “a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte…”, lo que aparece controvertido en estos autos.

A este respecto, y al tenor del documento adjunto por la actora en su solicitud ante la recurrida, consta efectivamente que el instrumento da cuenta de las semanas cotizadas por la afiliada, pero no permite tener por establecido que conste la obligación actual de otorgar prestaciones en los términos exigidos por la ley, y en consonancia con lo declarado por la recurrente en el certificado de 17 de junio de 2025 que acompañó a estos autos, emitido por el Jefe de Unidad de Personal del Hospital San Borja Arriarán, cuyo periodo comprende únicamente el nombramiento desde el 15 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025; lo que tampoco ocurre y se pone de manifiesto respecto del empleador Municipalidad de Quilicura, puesto que el certificado que se acompañó a la solicitud no refiere de modo alguno tal declaración, en términos de señalar estar afiliada a un régimen de prevención de Seguridad Social en su país de origen, expresando formalmente su voluntad de mantener su afiliación al régimen de previsión extranjero;

OCTAVO: Que, conforme con lo razonado y el mérito de los instrumentos adjuntos por la recurrente, no es posible tener por comprobada y satisfecha la exigencia de cobertura previsional de que se trata, de lo que deviene en que el rechazo de la recurrida de acceder a la devolución de los fondos previsionales de la actora, en sus términos, no importa un acto que vulnere garantías constitucionales, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) UNO S.A.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21451-2025.