Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, tres de marzo de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece, mediante formulario don nombre reservado, en favor del estudiante nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Liceo nombre reservado, por los actos que califica de ilegales y arbitrarios, consistentes en la suspensión y posterior exclusión definitiva del referido estudiante, adoptadas en el marco de un procedimiento disciplinario que estima carente de un debido proceso, sin otorgar una instancia efectiva de audiencia, descargos ni debida fundamentación, lo que habría vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 2°, 11° y 13° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere, en síntesis, que con fecha 31 de julio de 2025, fueron informados telefónicamente por el establecimiento de su suspensión inmediata de su hijo por presuntos hechos constitutivos de acoso escolar en el marco de la Ley de Aula Segura, sin que previamente se hubiese comunicado formalmente al propio alumno ni exhibido los antecedentes o medios de prueba que fundamentaban las acusaciones; que posteriormente el colegio señaló contar con testimonios y pruebas de carácter grave, las cuales no fueron puestas en su conocimiento durante la tramitación del procedimiento.

Indica que su hijo reconoció únicamente dos de los siete hechos imputados —tirar galletas y pintar el rostro de un compañero con lápiz—, manifestando arrepentimiento por tales conductas, enviando un correo electrónico en el que pidió disculpas y solicitó expresamente la posibilidad de ser escuchado y de ofrecer disculpas directas a su compañero; instancia que no se materializó oportunamente.

Señala que el 25 de agosto de 2025, su hijo fue finalmente entrevistado por la coordinadora de convivencia educativa, oportunidad en que entregó su versión completa de los hechos, colaborando con el proceso y reiterando su disposición a asumir responsabilidad por las conductas reconocidas.

Aduce que acompañaron antecedentes relativos al inicio de tratamiento psicológico del menor, además de antecedentes relativos al robo de su teléfono celular ocurrido meses antes, hecho relevante respecto de las imputaciones de amenazas por medios digitales.

Indica que, no obstante, y pese a que los otros dos estudiantes involucrados en los mismos hechos se encontraban reintegrados a clases; con fecha 1 de septiembre de 2025, se notificó la expulsión definitiva de nombre reservado, estimando que el procedimiento no resguardó adecuadamente el principio de proporcionalidad, el derecho a defensa ni la debida fundamentación de la sanción aplicada.

Pide que se acoja el recurso de protección interpuesto, se declare que los actos impugnados son ilegales y arbitrarios, se deje sin efecto la suspensión y exclusión definitiva del estudiante nombre reservado, ordenando su inmediata reincorporación al establecimiento educacional recurrido, con el restablecimiento íntegro de sus derechos, y se disponga que cualquier procedimiento disciplinario futuro se ajuste estrictamente a las exigencias del debido proceso, con costas.

Segundo: Que evacuó informe la recurrida, Liceo nombre reservado, por intermedio de su Directora (S), doña nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción constitucional, exponiendo que respecto del estudiante nombre reservado se instruyó procedimiento sancionatorio en contra del protegido conforme a la Ley N° 21.128, Aula Segura, el cual concluyó con la aplicación de la medida excepcional de expulsión. Señala que el proceso se originó a partir de antecedentes recabados por el equipo de Convivencia Escolar, consistentes en denuncias de acoso y agresiones reiteradas en contra de un compañero, tales como burlas por su apariencia física y dificultades de aprendizaje, insultos, sustracción de colación, agresiones físicas —incluyendo restregar pan y rayar el rostro con plumón—, amenazas y actuaciones en grupo que generaron una asimetría de poder. Indica que dichas conductas se encuentran tipificadas como faltas gravísimas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, específicamente en la Falta Gravísima N° 4 (“Promover o ejercer violencia psicológica, física (...) individual o colectivamente contra un integrante de la comunidad educativa”) y en la Falta Gravísima N° 5 (“Practicar acoso escolar en forma presencial o virtual”). Añade que durante el procedimiento se ponderaron las versiones de los involucrados, entrevistas a otros estudiantes, antecedentes previos del alumno y sus descargos, y que, respetándose las etapas del debido proceso previstas en la normativa vigente, se dictó resolución fundada de expulsión, la cual fue oportunamente informada a la Superintendencia de Educación, razón por la cual descarta la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Tercero: Que evacuó informe la Superintendencia de Educación, señalando que, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 20.529 (Ley SAC), especialmente sus artículos 48 y siguientes, le corresponde fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional y revisar la legalidad de los procedimientos disciplinarios aplicados por los establecimientos subvencionados. En cuanto al caso de autos, expone que la medida de expulsión adoptada por el Liceo nombre reservado se enmarca en el procedimiento previsto en el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 (Ley de Subvenciones), modificado por la Ley N° 21.128, debiendo ajustarse a los principios de legalidad, proporcionalidad, no discriminación arbitraria y debido proceso. Agrega que, revisados los antecedentes, constató que la medida aplicada se ajusta en términos generales al procedimiento legal contemplado, por lo que se dio cierre al expediente respectivo, precisando además que su función es de revisión formal del cumplimiento del procedimiento, no contando con facultades para ordenar la reincorporación del estudiante, sin perjuicio de iniciar un procedimiento sancionatorio en caso de infracción normativa.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, según se desprende del petitorio del recurso, la recurrente solicita que se acoja la presente acción constitucional, se declare que los actos denunciados son ilegales y arbitrarios, se deje sin efecto la suspensión y posterior expulsión del estudiante nombre reservado, ordenando su inmediata reincorporación al establecimiento educacional recurrido, con el restablecimiento íntegro de sus derechos, y que cualquier procedimiento disciplinario futuro se ajuste estrictamente a las exigencias del debido proceso.

Sexto: Que, sin embargo, del mérito de los antecedentes acompañados, particularmente de los informes evacuados por la recurrida y y la Superintendencia de Educación y de la documentación agregada al proceso, aparece que el establecimiento educacional dio inicio y tramitó un procedimiento sancionatorio conforme a la normativa vigente, en especial a lo dispuesto en la Ley N° 21.128, Aula Segura, habiéndose activado el protocolo respectivo a partir de denuncias formales por conductas de acoso escolar calificadas como faltas gravísimas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Asimismo, consta que el estudiante y sus apoderados fueron oportunamente notificados de los hechos imputados, se les concedió plazo para formular descargos, se dictaron resoluciones fundadas, se permitió la interposición de solicitud de reconsideración y se recabó el pronunciamiento del Consejo de Profesores, sin que se advierta, en esta sede cautelar, una actuación manifiestamente contraria a derecho ni carente de razonabilidad.

Séptimo: Que, en consecuencia, no verificándose en la especie la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales invocadas, y atendida la naturaleza excepcional y cautelar del recurso de protección, la acción deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°21.401-2025.