Protección contra establecimiento educacional Escuela nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, quince de diciembre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 18, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en favor de su hijo nombre reservado, alumno de 13 años, en contra del establecimiento educacional Escuela nombre reservado, por haber dictado la resolución de cancelación de matrícula o expulsión con fecha 23 de septiembre de 2025.

Señala que el acto recurrido es arbitrario e ilegal, pues vulnera los derechos constitucionales del menor consagrados en el artículo 19 N° 1 y N° 10 de la Constitución, referidos a la integridad psíquica y al derecho a la educación, al sancionarlo sin un debido proceso y sin considerar su condición médica de Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH), acreditada mediante certificado médico emitido por la doctora nombre reservado, quien lo trata desde el año 2022.

Alega que la formulación de cargos carece de una descripción clara de los hechos y pruebas, lo que impidió ejercer una defensa legítima; que la escuela se declara inclusiva, por lo que tiene la obligación de acoger y proteger a estudiantes con condiciones especiales como el TDAH, conforme a las normas del Ministerio de Educación y la Ley de Inclusión Escolar; que las conductas atribuidas a su hijo son propias de su diagnóstico médico y no faltas disciplinarias; y que la medida de expulsión, aplicada a dos meses de finalizar el año escolar, afecta gravemente su desarrollo emocional, educativo y psicológico. Solicita se acoja el recurso en sus partes y ordenar al establecimiento dejar sin efecto la resolución de expulsión, disponiendo el reintegro inmediato del alumno y la adopción de medidas que aseguren el respeto de sus derechos fundamentales.

Segundo: Que, la abogada María Cecilia Gazmuri Schleyer, en representación de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, sostenedora del Colegio nombre reservado, evacúa informe solicitando su rechazo por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

Señala que el alumno fue puesto en condición de matrícula condicional desde junio de 2022 debido a reiterados incumplimientos al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y que, pese a múltiples apoyos brindados por el establecimiento, incluidos planes de trabajo, compromisos conductuales, coordinación con profesionales externos, talleres y acompañamiento psicológico, mantuvo conductas disruptivas y agresivas hacia sus compañeros y docentes. Indica que solo en el año 2025 acumuló más de cincuenta anotaciones negativas, entre faltas leves, graves y muy graves, además de denuncias formales por violencia escolar verificadas mediante protocolo interno, donde se acreditaron ofensas verbales, gestos sexualizados, empujones y agresiones físicas a otros estudiantes.

Explica que, conforme al artículo 6 letra d) del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación y al Reglamento Interno del colegio, se aplicó el procedimiento general de expulsión, garantizando el debido proceso. La directora del establecimiento formuló cargos el 5 de agosto de 2025, notificando personalmente a la apoderada y otorgando plazo para descargos, los que fueron presentados el 8 de agosto. Luego, el 12 de agosto se dictó la resolución de expulsión, debidamente fundada en la reiteración de faltas graves y muy graves y en la afectación de la convivencia escolar. La apoderada presentó reconsideración el 3 de septiembre, que fue revisada por el Consejo de Profesores, el cual recomendó mantener la medida por estimar que las conductas eran premeditadas, excedían la impulsividad asociada al TDAH y ponían en riesgo la seguridad de la comunidad educativa. En consecuencia, el 23 de septiembre de 2025 la directora confirmó la expulsión, notificando a la apoderada y remitiendo los antecedentes a la Superintendencia de Educación dentro del plazo legal de cinco días hábiles.

La recurrida sostiene que no existió arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar, ya que el colegio cumplió con todas las etapas exigidas por la normativa educacional, representó en reiteradas ocasiones la inconveniencia de las conductas al apoderado y aplicó diversas medidas de apoyo pedagógico, psicosocial y formativo antes de llegar a la expulsión. Afirma que el diagnóstico de Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH) no fue la causa de la medida, sino que las conductas del alumno excedieron lo esperable de su condición y constituyeron hechos graves de violencia escolar.

Sostiene que la acción constitucional es improcedente porque el derecho a la educación no se encuentra amparado por el recurso de protección, que no hubo vulneración de la integridad psíquica ni física de su representado, sino del resto de la comunidad, y que se respetaron plenamente la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Añade que el establecimiento remitió todos los antecedentes del procedimiento de expulsión a la Superintendencia de Educación dentro del plazo legal. En específico, señala que, conforme al inciso 17° del artículo 6 letra d) del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, el establecimiento tiene la obligación de comunicar la medida de expulsión dentro de cinco días hábiles desde que ésta queda firme. En cumplimiento de ello, la directora envió los antecedentes el día 29 de septiembre de 2025, es decir, cuatro días hábiles después de haber notificado la resolución definitiva de expulsión el 23 de septiembre de 2025.

En consecuencia, solicita que la Corte rechace el recurso en todas sus partes, con condena en costas, declarando que el actuar del Colegio nombre reservado se ajustó a derecho, resguardando la convivencia escolar y el interés superior de los demás estudiantes.

Tercero: Que cumpliendo con lo ordenado por esta Corte, evacúa informe la Superintendencia de Educación, señalando luego de referirse a la normativa aplicable a los colegios subvencionados que reciben aporte del Estado, y al caso de marras, concluye que en la expulsión del niño de autos, se ha cumplido con la misma, ajustándose al procedimiento contemplado en el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Sexto: Que, al tenor del contenido de la acción deducida, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de que la recurrida canceló la matrícula y expulsó al protegido del establecimiento educacional Escuela nombre reservado, debido a debido a reiterados incumplimientos al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, lo que a juicio del recurrente vulnera sus derechos y garantías establecidas en el 19 de la Constitución Política de la República, debiendo determinar esta Corte si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

Séptimo: Que se advierte por esta Corte que la expulsión del establecimiento educacional del protegido se impuso siguiendo el procedimiento previsto en el Reglamento de Convivencia Escolar al que se ha hecho referencia en estos, y particularmente por la existencia y constatación de reiteración de faltas graves y muy graves y en la afectación de la convivencia escolar, estimando que las conductas excedían la impulsividad asociada al TDAH y ponían en riesgo la seguridad de la comunidad educativa, circunstancias que a juicio de estos sentenciadores justifican en su mérito la medida disciplinaria adoptada, en la que no se advierte una actuación contraria a derecho, y tampoco una actuación desproporcionada o no razonable; lo que se corrobora con el informe la Superintendencia de Educación.

Octavo: Que lo anterior, permite arribar a la conclusión de que la decisión del establecimiento educacional no es ilegal ni arbitraria, razón por la que la acción de protección intentada debe rechazarse.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del establecimiento educacional Escuela nombre reservado.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada una vez que esta sentencia esté ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21392-2025.