nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago.

Santiago, veintidós de enero de dos mil veintiséis.

Al folio N° 14: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Ignacio Antonio Llanquimán Llanquimán, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, Centro de Atención Jurídico y Social de Quinta Normal, en nombre y a favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos de su remuneración, a través de un "convenio intercajas", respecto de un crédito social que considera prescrito y carente de acción. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que las recurridas no tienen título alguno para ejercer dicha acción de cobro, actuando de forma unilateral y sin la autorización del recurrente, vulnerando con ello los derechos fundamentales de nombre reservado, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, específicamente los consagrados en el artículo 19 números 1, 2, 4, 9, 16 y 24, por lo que solicita se acoja el recurso, se cese los descuentos y se reintegren las sumas descontadas.

El recurrente relata que, en el año 2015, solicitó un crédito social a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, generándose descuentos de su remuneración. Indica que, transcurridos más de ocho años sin acciones judiciales de la recurrida, a contar de mayo de 2023, al ingresar a trabajar como guardia de seguridad en "Comunidad Edificio Eurocentro", se constataron nuevos descuentos de $210.107 de su remuneración, lo que lo llevó a renunciar voluntariamente.

Posteriormente, en septiembre de 2024, al ingresar a "Megaservicios Seguridad Privada SpA", se generó un descuento de $98.564, motivando nuevamente su retiro.

Finalmente, según consta en la liquidación de remuneraciones de agosto de 2025, de su actual empleador "Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal", se le descontó la suma de $97.350, totalizando $406.021 en descuentos.

Hace presente que los descuentos no fueron aplicados por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, su acreedora original, sino por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, mediante un "convenio intercajas", sin que esta última sea parte del crédito original ni tenga justo título para ello.

Afirma que ha sufrido un perjuicio pecuniario y un menoscabo de su integridad física y síquica, afectando su derecho a la protección de la salud, a la igualdad de oportunidades y al tratamiento de sus datos personales.

Señala que sus gestiones directas con ambas cajas no obtuvieron solución y que su actual empleador se ve compelido a realizar los descuentos por instrucción de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Además, el recurrente indica que atraviesa un delicado estado de salud producto de un evento delictual, requiriendo recursos económicos para su tratamiento y manutención, situación que se agrava al no satisfacer su remuneración actual sus gastos básicos.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el recurrente sostiene que la acción constitucional es interpuesta dentro del plazo legal de treinta días corridos, contados desde el conocimiento cierto de los descuentos el uno de septiembre de 2025, mediante la recepción de su liquidación de remuneraciones.

Argumenta la competencia de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, al haberse producido los efectos del acto recurrido en su jurisdicción.

Acusa que las recurridas, en virtud del "convenio intercajas", han descontado cuotas que estima prescritas y carentes de acción, de forma arbitraria e ilegal, al carecer de título para ejercer dicha acción de cobro, actuando de forma unilateral y sin su autorización.

Expresa que esta situación ha provocado su renuncia a fuentes laborales en reiteradas oportunidades, perdiendo derechos y obligaciones, y causando una notable disminución en sus ingresos.

La actuación de las recurridas es calificada de caprichosa e injustificada, reviviendo un cobro improcedente después de un extenso lapso sin perseguir la solución del crédito.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Sentencia de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, Rol: 73.938-2016), en la que se establece que, habiendo operado la prescripción de la acción, la obligación se transforma en natural y el pago solo puede instarse por un acto voluntario del deudor, y que un proceder distinto afecta el derecho de propiedad sobre las remuneraciones.

Respecto a la vulneración de garantías constitucionales, el recurrente afirma que: a) El artículo 19 N° 1 y 9 de la Constitución Política de la República (derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y protección de la salud) se transgrede al no percibir de forma íntegra su remuneración, imposibilitando la cobertura de su manutención y afectando su salud mental y física, además de generar lagunas previsionales en Fonasa y/o AFP. b) El artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República (igualdad ante la ley y prohibición de toda discriminación arbitraria) se vulnera por la negativa de las recurridas a dar razonamiento, continuando con descuentos sin título. c) El artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República (protección de sus datos personales) se afecta porque la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, a través del "convenio intercajas", ha descontado cuotas prescritas sin su autorización ni voluntad. d) El artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República (libertad de trabajo y su protección) se infringe por la necesidad económica de mantener trabajos informales o esporádicos para percibir remuneraciones íntegras, perdiendo los derechos y beneficios de una relación contractual dependiente. e) El artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República (derecho a la propiedad) se vulnera por los descuentos efectuados a su remuneración en forma arbitraria.

Por tales razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que los actos de las recurridas importan la violación de las garantías constitucionales señaladas o la que la Iltma. Corte estime, se ordene a las recurridas cesar los descuentos de la remuneración del recurrente, reintegrar las sumas de dinero descontadas a contar del mes de mayo de dos mil veintitrés hasta el período de agosto de dos mil veinticinco, por la suma total de $406.021, y no efectuar a futuro más descuentos, todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por la abogada doña Inés Riquelme Arao, evacuó el informe solicitado por esta Iltma. Corte, solicitando el rechazo del recurso de protección en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

En cuanto a los antecedentes de hecho, detalló los créditos sociales otorgados al recurrente: a) La operación de crédito código N° 003CON100100359, otorgada el 13 de junio de 2017, por un capital inicial de $753.521, a una tasa de interés mensual de 2.79%, pagadero en 36 meses, con una cuota mensual de $34.525, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2017. Indicó que las cuotas N° 01 a N°14 (agosto de 2017 a septiembre de 2018) fueron pagadas. Debido a morosidad (cuotas N°15 a N°33), el crédito fue reprogramado el 30 de junio de 2020, por un valor de $944.087, pagadero en 60 cuotas de $29.233, con primer vencimiento el 30 de noviembre de 2023. Las cuotas N°01 a N°36 de esta reprogramación (septiembre de 2020 a agosto de 2023) fueron pagadas. A la fecha del informe, el crédito se encuentra en mora por las mensualidades N°37 a N°60 (septiembre de 2023 a agosto de 2025). b) La operación de crédito código N° 003CON100412440, otorgada el 06 de diciembre de 2017, por un capital inicial de $2.891.718, a una tasa de interés mensual de 2.08%, pagadero en 48 meses, con una cuota mensual de $99.971, cuyo primer vencimiento fue el 28 de febrero de 2018. Debido a morosidad, el crédito fue reprogramado el 01 de julio de 2020, por un valor de $4.108.398, pagadero en 60 cuotas de $121.655, con primer vencimiento el 30 de septiembre de 2020, pagándose la cuota N°01.

Posteriormente, debido a nueva morosidad (cuotas N°02 a N°32), se realizó otra reprogramación por un valor de $2.293.841, pagadero en 60 cuotas de $68.502, con primer vencimiento el 31 de agosto de 2023. De esta última reprogramación, las cuotas N°01 y N°02 (agosto y septiembre de 2023) fueron pagadas. A la fecha del informe, el crédito se encuentra en cobranza judicial por las mensualidades N°03 a N°25 (octubre de 2023 a agosto de 2025).

En consecuencia, sostiene que no se trata de un crédito adeudado, sino de dos créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, siendo pertinente y oportuna su recaudación según el artículo 22 de la Ley N°18.833.

En sus fundamentos de derecho, la recurrida explica que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, dedicadas a la administración de prestaciones de seguridad social, incluyendo los créditos sociales. Afirma que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, bajo las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Destaca que el mecanismo de 'descuento por planilla' es inherente al régimen de 'crédito social', disminuyendo el riesgo y costo del crédito. Asimismo, sostiene que dicho mecanismo es perentorio y obligatorio para el empleador, no dependiendo de la voluntad de la Caja de Compensación.

Enfatiza que la obligación del trabajador se entiende extinguida desde que se practica la deducción de su remuneración, incluso si el empleador no remesa las sumas a la Caja. Subraya que el trabajador no puede oponerse al 'descuento por planilla' y que este no constituye una gestión de cobro por parte de la Caja, ya que opera por mandato legal y reglamentario.

Respecto a la prescripción, argumenta que debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil y el Dictamen N° 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Niega la vulneración al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que el descuento se realiza conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833, siendo un acto legal y no arbitrario.

En consecuencia, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, con costas.

TERCERO: Que, don Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Fundamenta su posición señalando que la acción constitucional se interpuso alegando que el recurrente solicitó un crédito a Caja Los Andes en el año 2015 y que, a partir de septiembre, se ha realizado un descuento de su remuneración por Caja La Araucana, en virtud del convenio intercajas, lo que el recurrente considera abusivo y vulneratorio de sus derechos constitucionales contemplados en los numerales 1, 2, 4, 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La recurrida, Caja La Araucana, aclara que, según sus sistemas, el señor nombre reservado no mantiene créditos con Caja La Araucana. Sin embargo, se constató que sí mantiene dos créditos vigentes con Caja Los Andes, identificados con los pagarés N° 003CON100100359 y N° 003CON100412440.

En atención a esta deuda, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, Caja La Araucana solicitó al empleador afiliado a esta, la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, el descuento de las cuotas morosas correspondientes a los créditos que el recurrente mantiene con Caja Los Andes, habiendo realizado las remesas de dinero correspondientes.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida sostiene que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, incluyendo los créditos sociales.

Afirma que los contratos deben ejecutarse de buena fe y son ley para las partes, por lo que la deuda existe y es cobrable, a menos que su prescripción haya sido declarada judicialmente, lo cual no ha ocurrido en este caso.

Cita el Dictamen N° 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, y que, mientras esto no ocurra, los descuentos deben continuar.

Concluye que Caja La Araucana ha obrado conforme a derecho, asegurando el pago efectivo de los créditos sociales, que tienen carácter social y facilitan el cobro contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Por lo tanto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar la acción de protección por no existir acto ilegal o arbitrario, ya que las obligaciones existen, fueron reprogramadas y se mantienen vigentes.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, debiendo provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

QUINTO: Que no habiéndose desconocido por la recurrente que se encuentra en mora en el pago de la obligación particularizada precedentemente, se observa que el actuar de la Caja de Compensación Los Andes se enmarca dentro de las facultades que le han sido conferidas por la Ley Nº 18.833, específicamente en su artículo 22, conforme al cual “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, no cabe sino concluir que las recurridas han desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, de manera que la obligación de pago que se reclama por la recurrida y se hace efectiva mediante los descuentos que por esta acción se impugnan, no se encuentra prescrita y es actualmente exigible.

Por lo demás, debe resaltarse que el mecanismo de cobro vía “convenio intercajas” se ajusta a la legislación sectorial y opera con independencia de la voluntad del deudor.

SEXTO: Que, como se ha razonado, no se configura el actuar ilegal o arbitrario alegado por el actor respecto de las Cajas de Compensación recurridas, de modo tal que el recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-21390-2025.