nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana y deduce recurso de protección en contra de AFP PlanVital S.A, fundado en el rechazo comunicado el 2 de septiembre de 2025 a su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de trabajador extranjero.

Expone que el recurrente solicitó la restitución de las cotizaciones registradas en su cuenta de capitalización individual al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº18.156, que exime del sistema previsional chileno a técnicos extranjeros afiliados a un régimen de seguridad social en su país de origen y les permite solicitar la devolución de los fondos cotizados en chile. Señala que, para acreditar el cumplimiento de tales requisitos, acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS), documento que acredita su afiliación al sistema previsional venezolano y que, además, puede verificarse mediante un código de validación en el sitio web oficial de dicha institución.

Indica que la administradora recurrida rechazó la solicitud argumentando que el certificado acompañado no se encontraba debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y que no sería susceptible de validación, pese a que, según afirma, la afiliación puede comprobarse mediante mecanismos electrónicos disponibles públicamente. Alega que la exigencia de apostilla o legalización no se encuentra prevista en la Ley N°18.156 ni en su normativa complementaria, por lo que la AFP habría incorporado un requisito adicional no contemplado por el legislador.

Agrega que la decisión impugnada se funda en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, que desatiende la finalidad de la ley, consistente en permitir a trabajadores extranjeros afiliados a sistemas previsionales de sus países de origen disponer de los fondos cotizados en Chile. Asimismo, sostiene que, atendida la situación diplomática entre Chile y Venezuela, resultaría particularmente difícil o imposible obtener determinados documentos con las formalidades exigidas por la recurrida, lo que tornaría irrazonable exigir tales requisitos cuando existen medios alternativos para verificar la autenticidad de los antecedentes acompañados.

En virtud de lo anterior, afirma que la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, al impedirle disponer de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual pese a cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156.

Por lo expuesto, solicita se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida y se disponga que ésta reconozca la validez de la documentación acompañada, emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y proceda a efectuar la devolución de los fondos previsionales del recurrente, o adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, con costas, sosteniendo que su actuación se ajustó a la normativa legal y administrativa vigente.

Expone que el recurrente presentó el 1 de septiembre de 2025, a través del sitio web de la administradora, una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, la cual fue rechazada el 2 de septiembre de 2025 por cuanto los documentos acompañados, una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada, no cumplen con las exigencias establecidas por la normativa aplicable para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero.

Señala que, de acuerdo con el Oficio Ordinario N°12.954 de 15 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, la acreditación del requisito contemplado en la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156 debe efectuarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen que acredite la cobertura de las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período de prestación de servicios en Chile, documento que debe encontrarse debidamente legalizado o apostillado conforme al Convenio de La Haya y a las normas del Código de Procedimiento Civil. Dicho oficio agrega que las certificaciones electrónicas no apostilladas ni las declaraciones juradas del afiliado, aun cuando se encuentren notariadas o apostilladas, constituyen medios insuficientes para acreditar el cumplimiento de tales requisitos.

En virtud de lo anterior, sostiene que la solicitud del recurrente fue rechazada por no acompañar una certificación válida conforme a dichas instrucciones, las que resultan obligatorias para las administradoras en virtud de las facultades interpretativas y normativas que la ley confiere a la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo con lo dispuesto en el D.F.L. N°101 de 1980, el D.L. N°3.500 y la Ley N°20.255.

Agrega que la Ley N°18.156 constituye una norma de carácter excepcional, que debe interpretarse restrictivamente y exige el cumplimiento copulativo de tres requisitos: que el trabajador tenga a lo menos la calidad de técnico, que se encuentre afiliado a un sistema de previsión o seguridad social en el extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sostiene que la actuación de la administradora no puede calificarse de ilegal ni arbitraria, por cuanto se limitó a aplicar las normas legales y las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad reguladora, otorgando además un trato igualitario a todos sus afiliados. Añade que el rechazo de la solicitud no constituye una decisión definitiva ni priva al recurrente de su derecho, pues éste puede volver a presentar la solicitud acompañando la documentación que cumpla con las exigencias legales y administrativas pertinentes.

Finalmente, afirma que el acto impugnado no configura una privación, perturbación o amenaza actual a derechos fundamentales, por tratarse de una decisión subsanable dentro del procedimiento administrativo respectivo, razón por la cual el recurso de protección no sería la vía idónea para impugnarlo, solicitando en consecuencia su rechazo.

Tercero: Que se ha descrito jurídicamente al recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un instrumento o acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se califica como ilegal y arbitrario, corresponde a la negativa de la AFP PlanVital de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual del recurrente.

La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “[e]n el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una administradora de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por el recurrente, denominado “constancia electrónica de cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

Séptimo: Que, aun cuando se admitiera el hecho de que el recurrente estaría imposibilitado de obtener la documentación que revista o satisfaga esas calidades, por la carencia de representación diplomática, lo cierto es que el aludido documento no está vigente a la fecha.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor nombre reservado, en contra de AFP PlanVital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-21387-2025.