nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, mediante un acto que considera ilegal y arbitrario de 2 de septiembre de 2025, lo que importaría la afectación de las garantías previstas en los N° 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política, solicitando que se acoja el presente recurso y que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o el que este Tribunal estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Expone que el recurrente solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante su portal web, la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Sin embargo, fue notificado por correo electrónico de 2 de septiembre de 2025 del rechazo su solicitud.

Explica que la Administradora fundó su rechazo en tres motivos principales.

En primer lugar, que el anexo de contrato de trabajo suscrito con Consultora Tecnológica Aligare Ltda. contenía cláusulas contradictorias sobre el mantenimiento del régimen previsional en su país de origen y la autorización de descuentos para el sistema chileno. Sobre lo anterior, el recurrente argumenta que dichas estipulaciones son distintas y complementarias, refiriéndose una a la voluntad de mantener la afiliación extranjera y la otra al cumplimiento de la normativa previsional interna, siendo ambas compatibles.

En segundo lugar, la Administradora reiteró la solicitud de acompañar el título profesional en formato original y físico, debidamente apostillado o legalizado. Respecto de este punto, el recurrente sostiene que acompañó una copia debidamente certificada y apostillada, que constata su profesión y cumple con el requisito.

Finalmente, la Administradora señaló que la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile (Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS) no cumplía con los requisitos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, al no ser un certificado de afiliación, no señalar prestaciones específicas y no estar firmado ni apostillado/legalizado. En este punto, el recurrente controvierte esta afirmación, señalando que la constancia electrónica es expedida por la autoridad venezolana competente, es absolutamente verificable mediante medios electrónicos (a través de un código alfanumérico o ingresando la cédula de identidad en la web oficial del IVSS) y que otras Administradoras de Fondos de Pensiones han aceptado documentos similares.

Señala que la Ley N°18.156 en sus artículos 1° y 7° establece como requisitos para la exención y devolución de fondos que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación y afirma que ha dado cumplimiento íntegro a estos requisitos.

En este orden de ideas, denuncia que la recurrida incurre en una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador de permitir la disposición de sus ahorros previsionales. Asimismo, señala que la exigencia de legalización o apostilla adicional no se encuentra expresamente establecida en la ley, y que, en todo caso, la falta de representación diplomática venezolana en Chile hace imposible cumplir con dicho requisito, invocando el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor.

En este sentido, el recurrente aduce que la actuación de la recurrida afecta su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al establecer diferencias arbitrarias y darle un trato desigual respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo exigido, han obtenido respuestas favorables. De igual forma, considera vulnerado su derecho a la propiedad privada sobre sus ahorros previsionales, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, ya que la retención injustificada de sus fondos le priva de una facultad esencial del dominio. Además, la imposición de requisitos no establecidos y de imposible cumplimiento afecta los derechos en su esencia, infringiendo el artículo 19 N°26 de la Constitución.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o el que este Tribunal estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacuó informe solicitando el rechazo del recurso con expresa condena.

Da cuenta que el recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida para trabajadores técnicos extranjeros en la Ley N° 18.156, para retirar las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por el empleador CENCOSUD FIDELIDAD S.A., correspondientes al periodo de junio de 2021 hasta octubre de 2025, asignándole el número interno 11225. Con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, el recurrente acompañó los siguientes documentos: Título Profesional del recurrente; Declaración Jurada de la recurrente ante notario; Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente; Contrato de Trabajo de fecha 22 de junio de 2021, suscrito con el empleador CENCOSUD FIDELIDAD S.A., 76.476.830-2; y Anexo de Contrato de Trabajo de 8 de julio de 2025, suscrito con el empleador CENCOSUD FIDELIDAD S.A., 76.476.830-2.

Tras el análisis de los antecedentes, su representada dio respuesta a la solicitud 11225, por el período cotizado comprendido entre junio de 2021 hasta octubre de 2025, rechazándola.

En cuanto a los motivos del rechazo, cita la cláusula décimo cuarta del anexo al contrato de trabajo, el que no daría cumplimiento a lo exigido por la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas de la Superintendencia, ya que no se ha manifestado de forma clara e inequívoca por parte del solicitante la voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, por lo que no procedería la devolución de los fondos solicitados como técnico extranjero, toda vez que, se trata de una ley de carácter excepcional, y cuya aplicación procede única y exclusivamente cuando se da cumplimiento íntegro a cada uno de los requisitos.

A mayor abundamiento, hace presente que la Superintendencia de Pensiones ha señalado que cuando existen manifestaciones contradictorias, como en este caso, debe primar la que obedece a la regla general, esto es, enterar las cotizaciones en Chile.

Además, se le solicitó incorporar la documentación laboral acompañada debidamente firmada por ambas partes contratantes, en tanto, solo se encuentra firmada por el empleador y se requieren ambas firmas para su validez. En este sentido, la Superintendencia de Pensiones ha señalado mediante el Oficio N° 16.689 de 25 de Julio de 2017, que es procedente admitir la modificación de los respectivos contratos de trabajo mediante un anexo en que se deje constancia de la voluntad del trabajador de mantenerse afecto al régimen de seguridad social en su país de origen, efectuándose como única exigencia, que la relación laboral se encuentre vigente al tiempo de manifestarla.

En segundo lugar, se reiteró la solicitud de acompañar título profesional en formato original y en físico, que acredite calidad de técnico o profesional extranjero, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, según corresponda, para efectos de dar cumplimiento con la Ley N° 18.156 en su artículo 1° inciso primero y con el punto 1 letra a) Título XI, del Libro II, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Aquello, en atención a que no fue posible verificar la autenticidad del documento aportado. Sumado a lo anterior, la apostilla que acompaña al título es electrónica y no contiene código de verificación y, además, corresponde a otro documento.

En tercero lugar, respecto de la documentación para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales el recurrente se encuentra cubierto, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional de su país de origen y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Por su parte, la declaración jurada de fecha 18 de julio de 2025 tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.

En virtud de lo señalado, su representada rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó una constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, no se pudo verificar la validez de la apostilla del título profesional acompañado por el recurrente, y el recurrente no manifestó claramente su voluntad de permanecer afiliado a un régimen previsional extranjero.

Hace presente que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

Por lo expuesto, afirma que su representada no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, ya que el recurrente no cumplía con los requisitos.

En mérito de lo expuesto solicita el rechazo del recurso de protección.

Tercero: Que la recurrida Superintendencia de Pensiones evacuó informe solicitando que se declare improcedente el recurso de protección deducido en su contra por referirse a una materia que excede la naturaleza y fin de dicha acción cautelar y, en subsidio, su rechazo por no existir en su actuar ilegalidad o arbitrariedad.

En primer lugar, argumenta que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, pues esta acción cautelar tiene por finalidad salvaguardar derechos indubitados y preexistentes de un modo directo e inmediato, y no resolver controversias sobre la existencia o extensión de un derecho, como lo es la determinación de si el recurrente cumple con los requisitos de la Ley N° 18.156.

En este caso, existe una controversia sobre los certificados presentados por el recurrente, lo que debiera ser materia de un juicio declarativo de lato conocimiento, no de un procedimiento inquisitivo y de emergencia como el recurso de protección.

Luego, informa que el señor nombre reservado no registra reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar ante dicha Superintendencia, por lo que no existen antecedentes sobre la acción de protección que se informa, y que la parte recurrente no individualiza el acto impugnado respecto del organismo que representa En cuanto al derecho, indica que la Ley N° 18.156, que faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción que exige el cumplimiento copulativo de todos los requisitos del artículo 1°, es decir, la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte (artículo 1° letra a) y la expresión de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo (artículo 1° letra b). Destaca que la certificación de la cobertura previsional debe ser debidamente legalizada o apostillada, y encontrarse vigente y que en el ejercicio de sus facultades interpretativas la Superintendencia ha instruido, a través de su Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI, N° 1) y en concordancia con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, que el certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos. Esto se debe a que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado o legalizado, impidiendo que produzca efectos en Chile.

Afirma que su representada no ha incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad, puesto que no ha intervenido en los hechos que motivan la acción cautelar ni ha emitido pronunciamiento alguno rechazando el beneficio solicitado por el recurrente.

En efecto, explica que la negativa se basa en el incumplimiento de los requisitos legales para un beneficio excepcional, sin que ello implique la pérdida de los fondos previsionales del recurrente, quien podrá disponer de ellos conforme a las normas generales del Decreto Ley N° 3.500.

Reitera que el certificado electrónico del IVSS acompañado para el recurrente no es válido al no estar firmado, apostillado o legalizado, y que su actuar se enmarca en la ley, la normativa y sus atribuciones de interpretación.

Concluye que no ha habido privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales alegados por el recurrente, ya que no se le imputa ninguna actuación a este Servicio.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Ahora bien, para que prospere esta acción cautelar es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 consagra una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 101 de 1980 y el artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio lex locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento del requisitos previstos en la Ley N° 18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, no se pudo verificar la validez de la apostilla del título profesional acompañado por el recurrente, y el recurrente no manifestó claramente su voluntad de permanecer afiliado a un régimen previsional extranjero.

En particular, Superintendencia de Pensiones, a través del Oficio Ordinario N° 20.880, acompañado al proceso, ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del no del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156 y artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que no existiendo un acto ilegal o arbitrario y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del Decreto Ley N° 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en representación de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. que se dirigió contra la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y archívese.

N° 21.386-2025.