nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE;

Primero: Que a folio 1 comparece nombre reservado, por si y en representación de nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por haber rechazado mediante comunicación electrónica de 15 de septiembre de 2025, la solicitud de retiro de fondos previsionales de ciudadano extranjero.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que la recurrida impone requisitos de formalidad documental, tales como la apostilla o legalización de documentos, que no se encuentran contemplados en la normativa especial de la Ley N°18.156, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto dicho rechazo y se proceda a la devolución de los fondos.

Indica que el recurrente presentó una solicitud ante la recurrida, para obtener la devolución de sus fondos previsionales, amparado en la exención de cotizaciones para técnicos extranjeros. No obstante, la AFP notificó el rechazo de la solicitud argumentando que tanto el título profesional como el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera debían estar debidamente apostillados o legalizados, cuestionando además la vigencia de este último. Frente a esto, aclara que el título universitario presentado cumple con las formalidades legales y que, incluso, ya había sido validado por la misma AFP en una solicitud anterior vinculada a un empleador distinto. Asimismo, se hace presente que el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es un documento electrónico plenamente verificable en línea mediante códigos únicos de validación, lo que permite acreditar la autenticidad de la afiliación de forma directa.

Sostiene que la conducta de la AFP Provida S.A. desatiende el sentido literal y el espíritu de la Ley Nro. 18.156, la cual exige únicamente que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile, sin imponer la obligatoriedad de la apostilla. Alega que la administradora actúa de forma caprichosa al añadir requisitos no establecidos en la ley ni en las circulares de la Superintendencia, realizando una interpretación restrictiva en perjuicio del administrado.

Invoca la existencia de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la imposibilidad de obtener legalizaciones consulares, debido al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, hecho que es de público conocimiento y que no debe perjudicar al trabajador. Adicionalmente, se apoya en una línea jurisprudencial de la Excma. Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones, las cuales han determinado que la exigencia de formalidades extremas constituye una barrera irrazonable cuando la información puede ser contrastada por medios tecnológicos idóneos. Finalmente, argumenta que la retención de los fondos carece de sustento normativo, pues el peticionario cumple con todos los extremos legales para disponer de sus ahorros.

Añade que existe una infracción a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 Nro. 2 de la Constitución Política de la República de Chile, toda vez que se le otorga un trato discriminatorio frente a otros solicitantes que, en iguales condiciones, han obtenido respuestas favorables. En segundo lugar, se estima conculcado el derecho de propiedad, por cuanto el acto arbitrario de la recurrida impide al titular el ejercicio de las facultades esenciales del dominio sobre sus fondos previsionales, los cuales son de su exclusiva propiedad. Finalmente, se alega una afectación a la esencia de estos derechos conforme al artículo 19 Nro. 26 de la Carta Fundamental, al imponerse condiciones que impiden su libre ejercicio.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el rechazo de 15 de septiembre de 2025, ordenando a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que a folio 11, informa don nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., quien evacúa el informe solicitado instando por el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Sostiene, como argumento principal, que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento que posean un carácter contradictorio. Expone que este arbitrio jurisdiccional fue diseñado como un medio pronto y eficaz para situaciones de urgencia, con el fin de otorgar amparo inmediato ante derechos indubitados, mas no para obtener declaraciones de derechos cuya procedencia se encuentre controvertida o para discutir la constitucionalidad de normas legales en sede cautelar.

Confirma haber rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor con fecha 15 de septiembre de 2025. Dicho rechazo se fundamentó en el incumplimiento de las formalidades documentales exigidas por la normativa, específicamente la falta de apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del título profesional y del certificado de afiliación a una institución de seguridad social extranjera, además de cuestionamientos sobre la vigencia de este último. Enfatiza que su actuación se ajusta estrictamente a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, las cuales la obligan a observar todas las formalidades legales antes de autorizar una devolución de fondos bajo la calidad de técnico extranjero.

Indica que el sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley Nro. 3.500 tiene como objeto exclusivo la administración de fondos para el pago de prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Por mandato legal, las administradoras tienen prohibido ofrecer u otorgar beneficios distintos a los reconocidos expresamente en la ley, y los fondos de capitalización individual poseen un destino único y obligatorio para financiar pensiones, salvo excepciones legales taxativas. En este contexto, la Ley Nro. 18.156 establece una exención excepcional para técnicos extranjeros, permitiendo el retiro de fondos siempre que se cumplan requisitos copulativos estrictos.

Explica que el trabajador debe acreditar su calidad de técnico mediante documentos justificativos de estudios especializados debidamente legalizados y traducidos. Asimismo, se requiere que el solicitante esté afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, condición que debe ser previa al contrato en Chile y acreditarse mediante certificación debidamente legalizada. Finalmente, es imperativo que el trabajador manifieste expresamente en su contrato de trabajo la voluntad de mantener su afiliación en el país de origen. Por consiguiente, la administradora sostiene que no ha incurrido en un acto ilegal ni arbitrario, ya que solo ha velado por el cumplimiento de estas exigencias normativas.

Invoca la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, la cual ha señalado que las exigencias formuladas por ProVida encuentran sustento en la ley y en los criterios de la autoridad técnica, no existiendo una privación del derecho de propiedad, sino el ejercicio de modalidades legales concretas para acceder a dicho derecho. Al no existir un acto contrario a la ley o a la razón, se concluye que no se ha generado un agravio ni se han vulnerado las garantías constitucionales del recurrente, incumpliendo así los requisitos copulativos para la procedencia de la acción de protección.

Solicita, en definitiva, que se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas, por no ser la vía idónea y por haber actuado la administradora conforme al marco legal y normativo vigente.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Provida de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora, se fundó en el incumplimiento de los requisitos formales y reglamentarios previstos en la Ley Nro.18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente y vinculante en materia de interpretación previsional para las Administradoras.

Sexto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por la recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional para surtir efectos probatorios plenos. Ello, por cuanto dicho documento emitido en el extranjero no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, omitiendo la exigencia ineludible dispuesta en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. A su vez, la declaración jurada rendida unilateralmente por la propia solicitante ante notario en Chile no reemplaza la certificación oficial requerida ni acredita fehacientemente las coberturas mínimas exigidas por la ley.

Lo mismo ocurre con el certificado de título acompañado, respecto del cual la recurrida acusa la falta de la misma legalización y apostilla, conforme las normas legales pertinentes.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley Nro.18.156 y de su reglamentación, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente, esto es, la Superintendencia de Pensiones, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. Nro.3.500 de 1980. Una Administradora carece de facultades discrecionales para eximir a los solicitantes de las formalidades procesales que la propia ley general impone a los documentos públicos extranjeros.

Octavo: Que, por consiguiente, no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo antojadizo o caprichoso, sino a una exigencia imperativa de autenticidad y veracidad que encuentra sustento normativo de orden público en nuestro país. Las circunstancias fácticas relativas a las dificultades para la obtención de dichos trámites diplomáticos no autorizan a la institución privada a inobservar el principio de legalidad al que se encuentra sometida en el pago de beneficios previsionales.

Noveno: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre la vulneración de las garantías fundamentales invocadas por el actor, igualdad ante la ley y derecho de propie dad, desde que al no existir un obrar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, no se configura el presupuesto básico indispensable para que esta judicatura adopte medidas de tutela o resguardo a través de esta vía excepcional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-21366-2025.