nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber realizado un descuento de $273.503 de su remuneración correspondiente al mes de septiembre de 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera su derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, por lo que solicita el cese inmediato de los descuentos, la restitución de los fondos y la condena en costas de la recurrida.

Expone que en abril de 2023 suscribió un crédito social con la institución recurrida, el cual comenzó a pagarse regularmente hasta que, producto de su desvinculación laboral, incurrió en mora. Ante dicha situación, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes decidió ejercer la cláusula de aceleración e interpuso una demanda ejecutiva el 11 de junio de 2024, radicada en el 28º Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-10635-2024, proceso en el cual el actor no pudo ejercer su defensa oportunamente.

No obstante la existencia de este juicio pendiente por el total de la deuda, el recurrente constató que en su liquidación de sueldo de septiembre de 2025 se efectuó un descuento de $273.503 a favor de la recurrida mediante el sistema intercaja. Asimismo, complementa señalando que dicho descuento se realizó sin la notificación previa exigida por la Superintendencia de Seguridad Social para la reanudación de cobros y que el monto retenido excede el límite legal del 25% de su remuneración líquida actual.

Sostiene que el actuar de la recurrida constituye un ejercicio de autotutela ilegítima, toda vez que pretende obtener el pago de la obligación de forma simultánea a través de la vía judicial y de descuentos directos en la remuneración. Argumenta que al manifestar su voluntad de acelerar el crédito, la institución acreedora declinó de perseguir el pago parcelado de cuotas, por lo que los descuentos posteriores carecen de sustento legal. En este sentido, se invoca jurisprudencia previa de esta Corte que ha determinado la arbitrariedad de estas retenciones cuando existe un proceso ejecutivo en trámite, calificándolas como un cobro por vías de hecho que no encuentra amparo en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833.

Sobre la vulneración de garantías constitucionales, afirma que la conducta de la recurrida lesiona la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, al imponerle una doble vía de cobro que lo sitúa en una posición de desmedro arbitrario. Del mismo modo, estima afectado su derecho de propiedad, garantizado en el numeral 24 del mismo precepto constitucional, ya que se le ha privado de una parte esencial de su remuneración -la cual posee carácter alimenticio- mediante un acto caprichoso que ignora los procedimientos legales y los límites máximos de descuento permitidos por la normativa vigente.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso de protección, declarando la ilegalidad y arbitrariedad de los hechos denunciados, y que se ordene a la recurrida abstenerse de continuar con los descuentos por planilla, procediendo además al reembolso de las sumas indebidamente retenidas desde el mes de septiembre de 2025 en un plazo de cinco días hábiles, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes solicitó el rechazo de la acción, exponiendo preliminarmente que el recurrente ya había interpuesto un recurso de idéntica naturaleza en contra de su representada, el cual fue desestimado por esta Corte bajo el Rol 17831-2024 con fecha 6 de diciembre de 2024.

En cuanto a los antecedentes de hecho, detalló la existencia de cuatro créditos sociales vigentes otorgados a nombre reservado: El crédito Nº 024CON103246236, suscrito en febrero de 2022 por $2.085.021, con cuotas en mora desde febrero de 2024; el crédito Nº 208DIG100175374, de noviembre de 2022 por $523.044, con morosidad desde octubre de 2023; el crédito Nº 208COS100194335, de abril de 2023 por $4.108.130, en mora desde mayo de 2024; y el crédito Nº 174CON103540211, otorgado en junio de 2022 por $1.040.129, con impagos desde febrero de 2024. Sostuvo que todas estas obligaciones se encuentran plenamente vigentes y son actualmente exigibles, por lo que su recaudación mediante el sistema de descuentos por planilla es un acto pertinente y oportuno.

Explicó que el descuento de las cuotas de crédito social es un mecanismo especial de pago establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, cuya ejecución no depende de la voluntad de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, sino que constituye una obligación perentoria para el empleador. Argumentó que este sistema legal busca disminuir el riesgo crediticio para favorecer el bienestar social y que estas deducciones se rigen por las mismas normas de cobro que las cotizaciones previsionales, por lo que no pueden ser calificadas como actos arbitrarios. Sobre la posible prescripción de las acciones, la recurrida enfatizó que esta debe ser alegada y declarada judicialmente en un juicio de lato conocimiento, no siendo posible su reconocimiento en sede de protección ni de forma automática, por lo que la deuda mantiene su eficacia jurídica mientras no exista un fallo que declare lo contrario.

Finalmente, la recurrida descartó cualquier vulneración al derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, señalando que la retención de montos se ajusta estrictamente a la normativa vigente y no constituye un ejercicio de autotutela, sino el cumplimiento de un contrato de mutuo válido. Invocó además jurisprudencia reciente de la Excelentísima Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que han ratificado la legalidad de estos descuentos incluso ante la existencia de cobros judiciales, siempre que no se acredite fehacientemente un doble pago de la acreencia.

Por estas consideraciones, solicitó que se rechace el recurso interpuesto en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados a este proceso aparece que el recurrente tiene la calidad de deudor de obligaciones de dinero respecto de la recurrida, correspondiente a cuatro mutuos. Tampoco existe controversia respecto al hecho de que la recurrida ejerció acciones de cobro, pero solo respecto uno de esos créditos, en causa rol C-10635-2024, seguida ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, en la que la recurrida entabló demanda ejecutiva en contra del recurrente cuyo fin consiste en el cobro ejecutivo del pagaré N° 208COS100194335 hasta por la suma de $ 4.108.130 pesos por concepto de capital. Se advierte que en este procedimiento se practicó notificación por cédula y requerimiento de pago respecto del recurrente, verificándose que desde el 7 de noviembre de 2025 el expediente digital se encuentra archivado, siendo la última gestión en cuaderno de apremio, el embargo de bienes muebles del deudor, efectuado por receptor judicial el 28 de agosto de 2024, sin que conste su retiro y remate.

SEXTO: Que, de esa manera, aun cuando se haya iniciado el cobro ejecutivo respecto de uno de los créditos, lo relevante es que restan otros tres, cuya vigencia y exigibilidad no se ha cuestionado, considerando que los tribunales de justicia no han declarado prescrita o improcedente las deudas que, por concepto de crédito social se mantiene con una C.C.A.F., por lo que resulta ajustado a derecho su cobro. Lo anterior, a su vez, justificaría los eventuales descuentos de la remuneración del recurrente, conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Sobre esto último, cabe recordar que por aplicación artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores.

Sólo a mayor abundamiento, el reclamo que se formula mediante la presenta acción constitucional, ya fue desestimado por esta Corte bajo el Rol 17831-2024 con fecha 6 de diciembre de 2024, frente a el ejercicio de idéntica acción y fundamento.

SÉPTIMO: Que, en concreto, lo que se advierte es que la recurrida ha acudido al mecanismo previsto en la ley, en un caso que ésta regula, con el fin de procurar el cobro de créditos cuya vigencia y exigibilidad no se ha alegado por el recurrente, por lo que, no existiendo un acto u omisión ilegal y arbitrario atribuible a la recurrida, en el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional impetrada por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N°Protección-21339-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.