Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, nueve de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 29 de septiembre de 2025, comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 4 de septiembre de 2025, que resuelve tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que la recurrente, ciudadana venezolana, ingresó al país por pasos inhabilitados el 4 de junio de 2023, forzada por la violencia generalizada y la persecución de grupos delictuales en su país de origen. Señala que el 17 de julio de 2025 acudió a la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para formalizar su solicitud de refugio, oportunidad en la que completó los formularios respectivos.

Sin embargo, precisa que el 4 de septiembre de 2025 recibió la resolución impugnada, la cual justifica el desistimiento en el hecho de haber excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante la autoridad, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430. Argumenta que la recurrente realizó una subsanación el 26 de agosto de 2025 y que no existe un desistimiento real, pues este debe ser individual, expreso y voluntario según el artículo 52 del Decreto N° 837, requisitos que no se cumplen al haber sido impuesto de forma tácita por la administración. Expone, además, que la autoridad ignora la situación humanitaria de la afectada, rompiendo el principio de proporcionalidad y aplicando retroactivamente sanciones no previstas, afectando el principio de "nulla poena sine lege".

Finalmente, menciona que la recurrida ha omitido otorgar la visación de residencia temporaria que imperativamente ordenan los artículos 32 de la Ley N° 20.430 y 42 del Decreto N° 837 una vez presentada la solicitud.

Previas citas legales, solicita acoger el recurso de protección, dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, ordenar al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la tramitación de la solicitud de refugio y conceder la correspondiente visa temporaria prescrita en la ley mientras se evalúa el fondo de su petición.

Segundo: Que, con fecha 16 de octubre de 2025, comparece la abogada Stephanie Pinto González, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la recurrente ingresó de forma clandestina al territorio nacional el 4 de junio de 2023, eludiendo los controles migratorios. Menciona que recién el 17 de julio de 2025, esto es, más de dos años después de su ingreso, manifestó su intención de solicitar refugio. Indica que, tras verificar los requisitos formales, se notificó a la interesada que su solicitud estaba incompleta por exceder el plazo fatal de 7 días hábiles establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430. Agrega que se le otorgó un plazo de 15 días para subsanar la falta, pero la recurrente solo presentó una carta explicativa fundamentando su demora en la ignorancia de la ley, lo cual no constituye un antecedente suficiente para eximirla del cumplimiento de los plazos legales.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que se ha limitado a aplicar la normativa vigente, específicamente la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, que modificó la Ley N° 20.430 estableciendo una etapa inicial de admisibilidad y plazos estrictos para la presentación de solicitudes. Sostiene que la recurrente no cumple con la hipótesis de urgencia de protección internacional al haber esperado dos años para iniciar el trámite.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el artículo 26 de la ley citada establece un plazo fatal de siete días desde el ingreso al país, y los artículos 6 y 8 del Reglamento exigen la presentación dentro de los 10 días siguientes a la infracción migratoria para alegar razones justificadas. Precisa que, al no subsanarse el requisito formal del plazo, corresponde legalmente tener por desistida la solicitud conforme al artículo 28 ter de la Ley N° 20.430 y el artículo 31 de la Ley N° 19.880.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas, por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere garantías constitucionales.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, a partir de lo expuesto se aprecia con claridad que el hecho que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste en la Resolución Exenta N° NUM000 que resuelve tener por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada por, en lo pertinente, exceder ésta del plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 de la Ley 20.430.

Quinto: Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley N°20.430 dispone que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”.

Por su parte, el artículo 35 del Decreto N°837, que establece el reglamento de la Ley N°20.430, dispone que “los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento”.

Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala que “los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

Sexto: Que, la propia actora reconoce en su libelo que salió de su país el 24 de mayo de 2023 e ingresó a territorio nacional el 4 de junio del mismo año, no se ha discutido que ingresó de forma clandestina y que manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio el 17 de julio de 2025, excediendo con creces, y por un periodo de años, el plazo establecido en la ley para realizar la solicitud.

De esta manera, resultando aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley N°20.430, como a su Reglamento, atendido que la recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado.

Séptimo: Que, en efecto, conforme al mérito de las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados, especialmente aquellos acompañados por la recurrida, es posible establecer que, una vez presentada la solicitud, al no cumplir la solicitud con los requisitos legales, la autoridad otorgó a la actora un plazo de 15 días hábiles para subsanarla, todo, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, lo cual se materializó mediante la dictación de la Resolución Exenta NUM001, de fecha 12 de agosto de 2025, con la finalidad de que se acompañen los antecedentes que permitan subsanar las situaciones descritas en cuanto a los requisitos formales requeridos para iniciar la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que finalmente no aconteció, por lo que conforme al artículo 31 de la Ley N°19.880, y habiéndosele intimado previamente el apercibimiento, correspondía poner término al procedimiento teniéndola por desistida de su solicitud, pues, como se indicó, no acompañó la documentación mínima que establece el ordenamiento jurídico para dar curso a este tipo de solicitudes.

Octavo: Que, por lo antes razonado, debe concluirse que la negativa de la recurrida a dar tramitación a la solicitud de refugio, y declarar posteriormente su desistimiento, no constituye un acto ilegal ni denota una arbitrariedad en el actuar de la autoridad administrativa, de lo que se sigue que no se configura en la especie la vulneración de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, motivos que conllevan al rechazo del arbitrio.

Noveno: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las de la protegida, haya recibido un trato desigual.

En consecuencia, no se ha demostrado que la resolución impugnada haya privado, perturbado o amenazado a la recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales;

Décimo: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21333-2025.