nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos:

Se recurre de protección a favor de don nombre reservado, maestro eléctrico, domiciliado en domicilio reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber realizado descuentos a su remuneración de manera ilegal.

Señala que, a partir del mes de noviembre de 2017, la recurrida solicitó a su empleador, Empresa Constructora Queylen S.A., que se le descontará de sus remuneraciones un supuesto préstamo, el que comenzó a descontarse en la liquidación del mes de noviembre de 2017, lo que se repitió los meses de diciembre, enero y febrero.

Afirma que nunca ha tenido un crédito con la Caja recurrida y la última vez que pidió uno fue en el año 2007, es decir hace más de 10 años, a la Caja de Compensación Gabriela Mistral.

Explica que al preguntar a su empleador éste le indicó que la nómina respectiva la remitía la Caja de Compensación, limitándose ellos a cumplir; que concurrió en el mes de enero a la Caja de Compensación Los Andes a fin de consultar, informándole que el cobro estaría justificado por el Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar, celebrado en el año 2013, justificando su actuar en un proyecto posterior a la fecha en que se concretó su préstamo.

Añade, que de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 18.833 resulta que el empleador se encuentra obligado a deducir de las remuneraciones de los trabajadores afiliados a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, las cantidades que estos hayan percibido por concepto de créditos sociales con el fin de remitirlas a la Caja respectiva, deducciones que se rigen por las normas aplicables a los descuentos de las cotizaciones previsionales.

Califica la actitud de la recurrida como arbitraria e ilegal, en tanto no existe norma que permita cobrar a una persona con la que no se tiene vínculo jurídico, por concepto de créditos a ella solicitados, y que no es su deudora por ninguna obligación vigente, o en mora, y respecto de la cual no ha ejercido acciones judiciales, en términos que priva de su remuneración al recurrente sin causa legal.

Indica, que existe una exacción ilegal sobre la remuneración del recurrente, sin derecho alguno, sin procedimiento judicial y sin forma de juicio, por un préstamo adeudado inexistente, vulnerando la garantía prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide reestablecer el imperio del derecho, ordenando que la recurrida cese en su solicitud de descuento del empleador y que restituya los realizados, con costas.

Al informar la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, pidió el rechazo del recurso.

Reconoció que a contar del mes de noviembre de 2017 inició el cobro de retenciones de crédito denominado “Descuento Intercajas” y que a través de este proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente Caja de Compensación Gabriela Mistral les solicitó gestionar descuentos a su afiliado-el recurrente- trabajador de la empresa Queylen S.A.

Explica que en ese contexto las remesas fueron recibidas y enviadas a la Caja de Compensación Gabriela Mistral (noviembre de 2017 a febrero de 2018).

Alegó en primer término, la extemporaneidad de la acción, desde que el actor no pudo menos que haber tomado conocimiento con el primer descuento realizado, esto es, el del mes de noviembre de 2017.

Enseguida recordó el carácter social de los créditos, señaló que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, siendo denominadas Cajas de Compensación de Asignación Familiar obrera, y que con la dictación del DFL Nº 245 de 1953, fueron reconocidas en el mundo del derecho, regulándose actualmente por la Ley 18.833, siendo la ley la que determina sus funciones, específicamente detalladas en el artículo 19 de la ley 18.833, que en su numeral tercero indica que “pueden administrar respecto de los trabajadores afiliados el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establecen conforme a dicha ley, señalando su artículo 21 que las cajas pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial. Hace presente que estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar y que si bien en la actualidad las cajas intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, sus sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley 18.883 les ha determinado.

Recuerda que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y por lo mismo sus beneficios económicos están destinado a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales y que el régimen de prestaciones de las mismas se financian principalmente con recursos provenientes del fondo social, que de acuerdo al artículo 29 de la ley se forma través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas, inversiones, multa, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley, estándoles prohibido destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Expone que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y el pago de los créditos sociales que otorgan, disponiendo el artículo 22 de la Ley que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación, por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales, de modo que los créditos otorgados por las cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato de la ley.

Afirma que mediante el procedimiento de descuento ejerció los derechos que la propia ley y los acuerdos establecen los que no son más que cumplir con su obligación legal de cautelar el fondo social de la Caja acreedora, siendo irrenunciable esta acción por su representado.

Explica que con el fin de cautelar el fondo social las C.C.A.F. a partir del año 2010, la SUSESO ha impartido instrucciones relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social vigentes y morosas, implementando una Central de Riesgo Financiero, que tiene por objeto facilitar el cumplimiento de la normativa vigente relativa al riesgo del crédito y considera la creación de una herramienta de reporte a disposición de las cajas para facilitar la entrega de información a esa Superintendencia , sirviendo de fuente centralizada de reporte, con instancias de validación oportunas, procesos y autentificación de usuarios y certificación de datos enviados.

Agrega que para cumplir con dicha normativa, las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013 celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. Indica que en este contrato es parte además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y fue acordado conforme con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 7 de la Ley 18.833, y con arreglo a la cláusula cuarta del convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien tomo a su cargo los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema por mandato de la C.C.A.F. de Chile A.G. y como delegada de ésta, velando por el cumplimiento de los procesamientos generados con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria única exclusivamente para los fines del convenio aludido y que cada Caja se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por el operador SINACOFI.

Sostiene que, en ese contexto normativo, su parte a requerimiento de la Caja Gabriela Mistral y como diputada para recibir el pago del crédito social tomado por el señor nombre reservado, informó al empleador del recurrente la existencia de esta deuda requiriendo su descuento de la remuneración en los términos del artículo 22 de la Ley 18.833.

Siendo la propia ley la que permite el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, no existe vulneración al 19 Nº 24 de la carta fundamental.

Sostiene que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración, por lo que el descuento efectuado no puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, pues solo cumple con su mandato legal.

Informó también la Caja de Compensación Gabriela Mistral, quien solicitó igualmente el rechazo del recurso, con costas.

Señala que el recurrente solicitó un crédito social a su parte, cursado el 28 de noviembre de 2007, por un capital de $2.196.240, pagaderos en 60 cuotas de $36.604, de las que ha pagado 36, y que a pesar de las gestiones que hizo para ubicar el paradero del recurrente no fue posible hacerlo, sino hasta cuando comenzó a trabajar en la empresa Queylen S.A., por lo que su parte envió las planillas de descuento buscando cobrar lo que el recurrente le adeuda.

Luego de citar el artículo 1 y 22 de la Ley 18.833 y 58 del Código del Trabajo, afirma que no resulta arbitrario ni ilegal el envío de las planillas requiriendo el descuento de las cuotas de crédito social adeudado, sino que se trata de una actividad apegada a derecho.

Hace presente que la Superintendencia de Seguridad Social ha señalado en diversos dictámenes que la prescripción de la acción ejecutiva extingue únicamente el medio de apremio que la ley confiere al acreedor, dejando vigente la obligación para su cobro a través de la acción ordinaria e incluso aquella subsiste como obligación natural, conforme a lo dispuesto en el artículo 1470 del Código Civil.

En otro orden de ideas, sostiene que la vía jurídica intentada por la recurrente no es la vía idónea, según jurisprudencia que cita.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

Segundo: Como se advierte, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: En lo que importa a los fines del recurso, se encuentra establecida la existencia del acto que lo motiva, esto es, que desde el mes de noviembre de 2017 la recurrida descontó de la remuneración del actor una cuota correspondiente al crédito Nº 875221-4, cursado por la Caja de Compensación Gabriela Mistral, el 28 de noviembre de 2007, por $ 2.196.240, pagaderos en 60 cuotas mensuales por $ 36.604 cada una, de las que se adeudan 24. El descuento se hace bajo la denominación “PTMO C.C.A.F. Los Andes” y al concurrir, el actor, a dicha caja durante el mes de enero del año en curso, a consultar por dichos descuentos, se le informó que se encontraba justificado por el Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar, del año 2013. Las cuotas descontadas han sido enteradas a la Caja de Compensación Gabriela Mistral.

En cuanto a la extemporaneidad:

Cuarto: El artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Quinto: Que, en la especie, la acción de cautela de derechos constitucionales se dedujo el 23 de marzo del año en curso, y según declara el recurrente en su libelo, en el mes de enero concurrió a la Caja de Compensación Los Andes a fin de consultar por los descuentos efectuados, informándosele que lo eran en virtud de un Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar, celebrado en el 2013.

Sexto: En tales condiciones del mérito de los antecedentes proporcionados por el propio recurrente, el conocimiento o noticia cierta de los hechos por los que recurre datan del mes de enero del año 2018, de modo que el recurso interpuesto el 23 de marzo resulta del todo extemporáneo, pues aun de estimar que conoció de los hechos el 31 de enero, el plazo de 30 días que fija el Auto Acordado, antes citado, había transcurrido, por lo que se puede concluir que el libelo se presentó fuera de dicho plazo.

En cuanto al fondo:

Séptimo: Sin perjuicio de lo antes señalado, y con el fin de dar alguna respuesta al recurrente sobre el fondo de su reclamo, cabe relevar que conforme con el artículo 1 de la Ley 18.833 las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Por su parte, el artículo 22 de la referida ley, establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En el año 2013 las Cajas de Chile A.G. y Sistema Nacional de Comunicación Financiera S.A., celebraron un contrato de prestación de servicios “Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación”

Octavo: En la especie, acreditado como está, que la Caja de Compensación los Andes- a la que actualmente se encuentra afiliado el actor- descontó entre los meses de noviembre de 2017 a febrero de 2018, de sus remuneraciones la cuota correspondiente al crédito social Nº 875221-4, otorgado el 28 de noviembre de 2007 por la Caja de Compensación Gabriela Mistral, enterándolas luego en dicha Caja, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en tal actuación, en tanto tal proceder se encuentra amparado en norma legal, esto el artículo 22 antes citado, y justificado por la existencia de un crédito que no ha sido desconocido por el recurrente y que, según el mérito de los antecedentes, agregados se encuentra vigente, pues no consta la existencia de una resolución judicial que declare lo contrario, amparándose además su actuación en la circunstancia de haber comenzado a trabajar en una empresa afiliada a la Caja que hace el descuento, en el mes de agosto del año 2017, según se desprende de la liquidación de remuneraciones que acompañó el propio actor.

En razón de lo anterior y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido a favor de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Se previene que el abogado integrante señor Decap, para el rechazo del recurso, sólo tiene presente lo señalado en los motivos séptimo y octavo del presente fallo, al estimar que el recurso fue presentado en tiempo, toda vez que entiende que el acto se genera mes a mes de modo que, establecido el descuento del mes de febrero del año 2018 el recurso aparece interpuesto dentro de plazo.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Ravanales.

No firma la Ministra (s) señora Riesco, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

N°Protección-21.325-2018.-