Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana
- Fecha
- 8 de junio de 2023
- Sala
- Séptima
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 2132-2023, sentencia de 8 de junio de 2023
Resumen
Se acoge la protección contra la Caja de Compensación La Araucana, que deberá abstenerse de descontar de las remuneraciones de la recurrente sumas por un crédito cuyo cobro ya persigue judicialmente, por constituir autotutela.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, ocho de junio de dos mil veintitrés.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en descontar parte de su remuneración por concepto de una deuda en cuotas cuyo cobro ha perseguido íntegramente en sede judicial, lo que importaría la afectación de la garantía prevista en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política.
En definitiva, pide que se acoja su recurso, con expresa condena en costas, ordenando a la recurrida: cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración de la recurrente; y restituir a la recurrente los descuentos efectuados previamente, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción.
Como fundamentos de hecho de su arbitrio, señala que el 4 de agosto de 2015, suscribió en favor de la recurrida un pagaré por la suma de $2.430.271.-, por concepto de capital pagadero juntamente con intereses correspondientes, pactado en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $104.464.- con fechas de vencimiento el último día de cada mes, venciendo la primera de ellas, el día 30 de agosto del año 2015. Asimismo, precisa que en el referido pagaré se estableció que el simple retardo en el pago de todo o parte de una cualesquiera de las cuotas o en el evento de producirse la terminación del contrato de trabajo del deudor vigente a esa fecha, permitirá a la acreedora exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación como plazo vencido y capitalizándose los intereses devengados a contar del día siguiente de vencida la obligación.
Postula que, por causas ajenas a su voluntad, perdió su única fuente de trabajo, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota Nº21, con vencimiento el día 31 de mayo de 2017. Afirma que se dirigió personalmente en reiteradas ocasiones a las dependencias de la recurrida, a fin de regularizar su situación, pero ello no fue posible, incumpliendo con los pagos.
Sostiene que, en razón de lo anterior, la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana interpuso demanda en procedimiento Ordinario de Menor Cuantía de cobro de pesos, como consta en causa Rol C-1525-2022, tramitada ante el 3º Juzgado Civil de San Miguel. Afirma que la recurrida en dicho procedimiento le exigió la solución íntegra de la suma debida, ascendente a $1.367.385.-, acelerando el crédito.
Argumenta que, en dicho procedimiento, opuso excepción de prescripción extintiva de la obligación, y además, excepción dilatoria de ineptitud del líbelo, con fecha 21 de julio de 2022, estando a la esperando de resolución y sentencia.
Explicita que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, ha hecho exigible la totalidad del crédito mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda, por el total adeudado. No obstante, alega que en noviembre de 2022 logró obtener un empleo, y que al recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2023, advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $103.364.- por concepto “Crédito Personal Caja Los Andes Cuota 1/1”. Aclara que la nueva Caja de Compensación a la que está afiliada es Caja de Asignación Familiar Los Andes, y que no ha solicitado ningún crédito personal. Se le explicó, refiere, que la retención fue realizada por voluntad exclusiva de la recurrida.
En cuanto al derecho, acusa un uso arbitrario e ilegal por la Caja recurrida del artículo 22 de la Ley N° 18.833. Ahonda que no se le dio noticia o información previa sobre la determinación del monto, y reitera que conscientemente declinó de perseguir el pago individual de las cuotas, en virtud del ejercicio de la cláusula de aceleración.
Acompaña copia de la liquidación de su remuneración correspondiente al mes de febrero de 2023 y, asimismo, E-book de causa ROL C-1525-2022, tramitada ante el 3º Juzgado Civil de San Miguel, sobre demanda en procedimiento ordinario sobre cobro de pesos interpuesta por CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, en contra de doña nombre reservado.
SEGUNDO: Que comparece nombre reservado., abogada, por la parte recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso, invocando el actuar de su representada conforme a derecho.
Efectúa una contextualización del carácter de entidades de previsión social instituidas como corporaciones derecho privado sin fines de lucro, de las Cajas de Compensación, desarrollando la materia, como también su prerrogativa contenida en el artículo 22 inciso 1º de la ley Nº18.833, mencionando los descuentos InterCajas.
En cuanto al caso de autos, reseña el otorgamiento del crédito a la recurrente, respecto del que pagó 20 cuotas de las 36 acordadas (las cuotas N° 16 a 20 fueron canceladas en el año 2021), no existiendo más pagos por dicho concepto. Afirma que tampoco hubo ánimo de cumplir la obligación por parte de la recurrente por cuanto no es efectivo que haya concurrido a regularizar su obligación, por lo que comenzó a figurar en mora, remitiéndose la información al Sistema Intercajas. Indica que, posteriormente, en mayo de 2022 interpuso la demanda descrita en el recurso, recibiendo por parte de C.C.A.F. Los Andes en el mes de febrero de 2023 una remesa pro la suma de $103.364, que sirvió como abono de pago de la cuota N° 21.
Aclara que la acción ordinaria derivada del mutuo -que es el origen de esta obligación, por cuanto el pagaré sólo la garantiza-, haya sido declarada prescrita mediante resolución judicial, como lo exige el artículo 2.493 del Código Civil o se haya extinguido por algún otro medio legal. Concluye que existiendo una obligación impaga por parte de la recurrente, la que está vigente, se configura el contexto legal y válido para que opere la modalidad de descuento establecida en el artículo 22 de la Ley N°18.833, cuya aplicación resulta ser legal, pertinente y oportuna.
Desarrolla la materia y, en definitiva, descarta la vulneración de la garantía constitucional pretendida.
Refiere, con todo, que ha dispuesto el cese de los descuentos a la recurrente conforme la Orden de No Innovar decretada en estos autos y a excluirla de la nómina, junto con practicar la devolución de la suma descontada en la remuneración de la recurrente.
TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.
Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.
CUARTO: Que de lo señalado por la recurrente y lo informado por la recurrida se desprende que la afectación de la garantía constitucional invocada por aquella se sustenta en los descuentos que efectúa la recurrida en las remuneraciones mensuales de la recurrente, por concepto del pago de un crédito contratado el 4 de agosto de 2015.
Se encuentra acreditado, además, que la recurrida demandó judicialmente la declaración y pago del mismo crédito que origina los descuentos de remuneraciones que reclama la recurrente, lo que se ventila actualmente ante el 3º Juzgado Civil de San Miguel, causa Rol C-1525-2022.
QUINTO: Que por lo expuesto, al haber sometido la recurrida el conocimiento y resolución del conflicto existente entre las partes a la tutela jurisdiccional en cuanto a la existencia, exigibilidad y pago del crédito mencionado, no ha podido cobrar paralela y simultáneamente el mismo crédito mediante el régimen de descuentos contemplado en la Ley Nº 18.883, pues ello constituye un arbitrio de autotutela que prescinde de la existencia del mencionado proceso judicial declarativo anticipa y de sus resultas, que anticipa como favorables a sus intereses al cobrar extrajudicialmente y de antemano el saldo insoluto que allí reclama SEXTO: Que al actuar del modo indicado, la recurrida ha afectado la garantía fundamental invocada por la recurrente, sin encontrarse legalmente facultado para ello conforme se ha explicado en los motivos precedentes, por lo que el presente recurso de protección será acogido.
Y teniendo además presente lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, la que deberá abstenerse de descontar de las remuneraciones de la recurrente cualquier suma de dinero en pago de la obligación indicada, que es objeto actualmente del proceso judicial ya dicho.
Regístrese, comuníquese y archívese.
N°Protección-2132-2023.
En Santiago, a ocho de junio de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.