nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, médico, de nacionalidad venezolana, por sí, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la respuesta negativa de 26 de septiembre de 2024 a su solicitud de restitución de fondos de pensiones, lo que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que mantuvo una relación laboral con el Hospital de Quellón a contrata, a través de un contrato de trabajo suscrito el 1 de abril de 2018 y vigente hasta el 31 de mayo de 2024.

Agrega que el 20 de agosto del 2024 suscribió un anexo de contrato de trabajo, indicándose que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 1° de la ley 18.156 y la circular N° 553 de 1998 de la Superintendencia de pensiones y que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, el que le otorga prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez, y/o muerte, deseando mantener su afiliación al referido sistema de seguridad o previsión en el extranjero.

Explica que, cumpliendo con los requisitos legales, solicitó a la recurrida a devolución de sus fondos previsionales, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.156, sin embargo, el 26 de septiembre de 2024 a través de correo electrónico se le informó el rechazo de su solicitud, argumentándose que la ley referida es una excepción en materia previsional, que debe interpretarse restrictivamente, de forma tal que no procede extenderla a quienes no están afectos a un contrato regido por el Código del Trabajo, como es el caso de los profesionales de salud que se desempeñan en el sector público, quienes se rigen por normas contenidas en estatutos especiales.

Asevera que el acto impugnado es discriminatorio y arbitrario, por cuanto se le impide el retiro de sus fondos previsionales por ser un trabajador a contrata en el hospital de Quellón, aplicándosele una exclusión que no está establecida en la ley.

Previa referencia a la normativa y jurisprudencia que entiende pertinente, solicita ordenar a la recurrida a devolver los dineros por conceptos de cotizaciones previsionales, de conformidad a la ley 18.156, con costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que, por la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacuó informe el abogado don Daniel Santoni, quien solicita el rechazo de la acción de autos, con costas.

En primer lugar, alega que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias como la de autos, por tratarse de materias de lato conocimiento, atendido que no se alega un derecho indubitado, sino que un derecho controvertido.

En segundo lugar, asevera que no existe actuar ilegal o arbitrario de parte de la recurrida, por cuanto su actuar resulta conforme a la ley vigente y a la normativa que la Superintendencia de Pensiones ha dictado al efecto.

Sobre este particular, expone que, de acuerdo a la ley N° 18.156, los técnicos extranjeros que trabajen en Chile pueden retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la misma normativa, siendo ésta una regulación de carácter excepcionalísima.

Indica que la solicitud del actor fue desestimada, por cuanto, de la interpretación restrictiva de la ley en cuestión, se sigue que ella no es extensiva a quienes no estén afectos a un contrato regido por el Código del Trabajo, sino que a estatutos especiales, como lo es el caso, considerando que el solicitante se desempeñó en el sector público.

A este respecto, indica que, de acuerdo al artículo 1° de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, están exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones: (i) que detenten la calidad de técnicos; (ii) que se encuentren afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y; (iii) que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Finalmente, asevera que, del análisis de los requisitos antes referidos, resulta claro que el actuar de la AFP no es ilegal ni arbitrario, por cuanto sólo ha observado que se cumplan todos los requisitos que establece la normativa vigente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que el acto ilegal y arbitrario que se le reprocha por esta vía consiste en la respuesta de 26 de septiembre de 2024, dada por la AFP Provida S.A. que resolvió rechazar la solicitud de devolución de dineros cotizados por el recurrente mientras trabajó en Chile.

QUINTO: El artículo 7° de la de la Ley N° 18.156, precisamente regula el derecho invocado de la recurrente, en los siguientes términos: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”. Dada la redacción de la norma, al remitirse al artículo 1°, ella se refiere sólo al cumplimiento de los requisitos estipulados en las letras a) y b), sin realizar ningún tipo de distinción respecto a la calidad o naturaleza del empleador del beneficiario.

En efecto, el artículo 1° de la referida ley dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por lo demás, cabe tener presente el Código del Trabajo emplea una acepción amplia de empresa, señalando su artículo 3° que “para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada, categoría en la que recae un servicio público que entrega prestaciones de salud a la comunidad.

En consecuencia, no cabe duda alguna que el legislador al emplear la palabra “empresa” en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, no tenía como finalidad excluir las relaciones laborales del sector público, que para estos fines es completamente irrelevante.

Sobre el punto, la Corte Suprema en Rol N° 79.396-2020 ha expresado que “resulta decidor que la única limitación que considera el mencionado precepto legal se encuentra en su inciso final, en cuanto señala que “La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

SEXTO: Que no existe discusión en cuanto a que la recurrente se desempeñó en Chile como médico por el período que indica, pues lo cuestionado por la recurrida -según lo explica en su informe- dice relación con la naturaleza del cargo servido, siendo esta la única exigencia que alega no satisfecha.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, el acto de la recurrida de no hacer devolución de los fondos previsionales que se han depositado en la Administradora de Fondos de Pensiones Provida y que corresponde a la cuenta individual de la recurrente, se estima contrario a derecho, toda vez que se aparta de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, que ha reconocido la opción del retiro de los fondos previsionales en Chile, siempre que se cumplan los requisitos normados, lo que esta Corte ha verificado en la especie, vulnerando y privando con este actuar el derecho de propiedad que tiene la actora respecto de su dinero, el que se encuentra garantizado por el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Magna.

Estamos ante la presencia de un derecho indubitado, a saber: el dominio de un patrimonio que constituyen los fondos previsionales depositados en una cuenta de capitalización individual y a nombre de la afilada respectiva, destinados a financiar su vida futura, lo que explica la urgencia con la que requerida reclama su restitución.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la negativa de la recurrida se transforma en un acto ilegal y arbitrario, por cuanto las objeciones planteadas por la AFP Provida, se sustentan en meras interpretaciones administrativas ajenas a la ley y no vinculantes para los órganos jurisdiccionales, los que están llamados a controlar las decisiones de la autoridad administrativa o agentes privados.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge sin costas, el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., debiendo la entidad previsional devolver al recurrente la totalidad de sus fondos previsionales y que se encuentran depositados y acumulados en su cuenta de capitalización individual, dentro de un plazo de treinta (30) días corridos contados desde que quede ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21319-2024.