Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado en favor de nombre reservado, de nacionalidad cubana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de 2 de septiembre de 2025, que rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que presentó la extranjera, por incumplimiento de requisitos formales. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene al recurrido reevaluar su petición.

Expone que la recurrente ingresó a Chile irregularmente por Colchane proveniente desde Bolivia el 16 de marzo de 2025.

Señala que es efectivo que estuvo en tránsito en otros países antes de ingresar a Chile, en Guyana permaneció 4 días, en Brasil 58 días, en Perú 44 días y en Bolivia 28 días. Por lo que en ninguno estuvo por más de 60 días, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 N°4 de la Ley N°20.430, debiendo entenderse que llegó directamente a Chile, pudiendo solicitar refugio.

Sostiene que no es efectivo que presentó una solicitud de protección internacional ante otro Estado, dado que en países antes mencionados estuvo esperando que su familia en Estados Unidos le remesara dinero para continuar su viaje.

Indica que, en cuanto a haber excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, se presentó ante la autoridad recurrida con fecha 17 de marzo de 2025 para solicitar información sobre los requisitos para solicitar refugio. Y el 25 de marzo de 2025 solicitó a la Policía de Investigaciones cita para autodenunciarse, es decir, dentro de plazo razonable, sin embargo, no obtuvo respuesta por lo que tuvo que insistir el 26 de mayo del mismo año.

Estima, en definitiva, que su solicitud fue presentada dentro de los plazos legales y cumpliendo los requisitos requeridos.

Segundo: Que, al evacuar informe, nombre reservado y Sarai nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitan el rechazo íntegro del recurso, sosteniendo, como defensa central, la improcedencia de la acción por no configurarse los presupuestos del artículo 20 de la Constitución, desde que no existiría acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la autoridad que prive, perturbe o amenace garantías fundamentales, destacando además que no se ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la recurrente -tales como, orden de abandono, prohibición de ingreso o expulsión- y que la resolución impugnada reservó recursos administrativos que la interesado no dedujo.

En particular, manifiesta que por medio de Parte Policial N°NUM001, de 30 de junio de 2025, la Policía de Investigaciones realiza denuncia grave por ingreso clandestino de la extranjera.

Luego, con fecha 14 de julio de 2025 la recurrente presenta solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se le otorga una cita para el trámite inicial para el día 2 de septiembre 2025. Ingresada la solicitud, en el primer análisis de los antecedentes se advierte que ésta se encontraba incompleta por no haber cumplido con los requisitos formales relativos a: “A. Haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal.

B. nombre reservado o haber presentado una solicitud de protección internacional ante otro estado, según el numeral 2 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.

C. Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430.

D. nombre reservado ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010”. Por lo que se dicta el mismo día, la Resolución Exenta N°NUM000 -recurrida por esta vía- mediante la cual se le solicitan antecedentes bajo el apercibimiento legal de tener por desistida la solicitud, indicando que tenía 15 días hábiles para subsanar la misma, en conformidad con el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 y el artículo 31 de la Ley N°19.880.

Precisa que lo anterior se debió a que se constató, de la misma declaración de la extranjera recurrente, que ésta transitó por distintos países, Surinam, Guyana, Brasil, Perú y Bolivia. Llamando la atención que no haya presentado la protección internacional en los países por los cuales transitó, lo que no se condice con la urgencia del beneficio impetrado. Además, el beneficio en comento no fue solicitado dentro de plazo en Chile, sino que, con posterioridad, toda vez en su relato indica que ingresó con fecha 16 de marzo de 2025 y su primer acercamiento ante esta autoridad migratoria fue en julio del mismo año.

Hace presente que, dado que la actora no subsanó dentro de plazo acompañando antecedentes que desvirtuaran su omisión, se dictó la Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 26 de septiembre de 2025, que declaró desistida la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado por no cumplir con los requisitos formales establecidos en la ley, facultad que está dispuesta expresamente en artículo 28 bis de la Ley N°20.430.

Sostiene que su actuación se ajustó a la normativa especial —Ley N°20.430, modificada por la Ley N°21.655, y su Reglamento— y a la Ley N°19.880 en forma supletoria, destacando que los requisitos de admisibilidad y formalización incluyen, entre otros, el cumplimiento de plazos y exigencias para quienes ingresan por paso no habilitado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Quinto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que, el acto recurrido consiste en la Resolución Exenta N°NUM000, de 2 de septiembre de 2025, que notifica a la recurrente nombre reservado que no ha sido posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no ha cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N°20.430 y Reglamento de refugio y le otorga un plazo de 15 días hábiles a contar de la notificación del acto administrativo, para acompañar antecedentes que permitan subsanar las situaciones que detalladamente se indicaron, bajo apercibimiento legal de tenerla por desistida de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 bis de la citada ley y en el artículo 31 de la Ley N°19.880.

Séptimo: Que, en la especie, la citada Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 2 de septiembre de 2025, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 otorga al Servicio Nacional de Migraciones. Dicha norma ordena expresamente a la autoridad otorgar un plazo de quince días hábiles para que la extranjera solicitante pueda subsanar las observaciones que se le hayan realizado en el análisis de admisibilidad sobre los requisitos formales establecidos en la normativa.

Octavo: Que, por otra parte, conforme lo informado por el Servicio recurrido, consta que la resolución que se recurre por esta vía, alegada como el acto arbitrario e ilegal que funda el recurso, no es el acto terminal del procedimiento administrativo de que se trata, dado que, con posterioridad a su dictación se emitió por el recurrido la Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 26 de septiembre de 2025, por medio de la cual se declaró desistida la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado presentado por la extranjera, dado que no subsanó dentro del plazo otorgado acompañando antecedentes que desvirtuaran la omisión que se le hizo notar en el acto recurrido.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre Protección de Refugiados, su Reglamento contenido en el Decreto N°837 y en la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°21318-2025 Protección