nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, uno de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Daniel Esteban Ortega Cadena, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpuso recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnico extranjero, decisión notificada mediante correo electrónico con fecha 02 de septiembre de 2025. Actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto la recurrida realizaría una interpretación formalista de la ley y agregaría requisitos que esta no establece o que resultan de imposible cumplimiento, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N° 2 y N° 24.

Señala que el recurrente ha cotizado en AFP Provida S.A. a pesar de cumplir con los presupuestos del artículo 1 de la Ley N° 18.156. Con fecha 20 de agosto de 2025, solicitó el retiro de sus fondos previsionales, acompañando documentación como título profesional apostillado, contrato de trabajo con cláusula de exención, y una Constancia Electrónica de Cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que indica su fecha de afiliación y que resulta verificable mediante un código alfanumérico en el sitio web de dicha institución.

La recurrida rechazó la solicitud argumentando que la constancia de afiliación no se encontraba apostillada ni legalizada, y que no daba cuenta específica de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante todo el período laborado en Chile. El recurrente sostiene que exigir la apostilla en la actualidad constituye un requerimiento de imposible cumplimiento por motivos de fuerza mayor, dado el cierre de la representación diplomática de Venezuela en Chile. Por tanto, aduce que la recurrida incurre en un acto caprichoso al no verificar la autenticidad del documento en línea, reteniendo injustificadamente sus ahorros. Solicita que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida proceder a la devolución de los fondos.

SEGUNDO: Que, evacuó informe don nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas. Fundamenta su solicitud en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y en que no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario. Sostiene que su actuar se ajusta estrictamente a lo dispuesto en la Ley N° 18.156 y a las directrices de la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador que impartió instrucciones vinculantes mediante el Oficio Ordinario N° 12954 de 17 de julio de 2025.

Argumenta que la Ley N° 18.156 es una norma de carácter excepcional que exige el cumplimiento estricto y copulativo de sus requisitos. En este sentido, la documentación aportada por el recurrente no cumple con la formalidad exigida por la ley para los instrumentos públicos extranjeros, esto es, la legalización o apostilla, tal como lo dispone el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Añade que la constancia acompañada tampoco certifica de manera específica e integral la cobertura por todos los riesgos previstos en la ley (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) durante el período de prestación de servicios en Chile, limitándose a una mención genérica. Finaliza indicando que las AFP tienen como objeto exclusivo administrar fondos de pensiones, estando legalmente impedidas de disponer de ellos para fines distintos si no se cumplen íntegramente los presupuestos de la normativa de excepción invocada.

TERCERO: Que, en lo que atañe al núcleo del asunto sometido al conocimiento de esta Magistratura, resulta pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, de emergencia y de tramitación breve, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enumeran. Consecuentemente, constituye un requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar la constatación de un acto u omisión ilegal —esto es, contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho de quien incurre en él—, que provoque privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las garantías constitucionales tuteladas.

CUARTO: Que, en la especie, el acto que se impugna a través de esta vía es la decisión adoptada por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., comunicada el 02 de septiembre de 2025, mediante la cual se detuvo y rechazó la solicitud de devolución de fondos de pensiones presentada por el actor, sustentada en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) no se encontraba debidamente apostillada o legalizada, y no acreditaba la cobertura específica de los riesgos señalados en la ley.

QUINTO: Que, el artículo 7° de la Ley N° 18.156 dispone que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° del mismo texto legal. A su turno, dicho artículo 1° literal a), exige como requisito ineludible "Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile (...) que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte".

Tratándose de una norma de excepción al principio de territorialidad de la ley en materia de seguridad social, su interpretación y aplicación deben ser restrictivas, recayendo en el solicitante la carga de acreditar documentalmente y de manera fehaciente el cumplimiento íntegro de las exigencias normativas.

SEXTO: Que, sobre el mérito de los antecedentes allegados, debe tenerse especialmente en consideración lo instruido por la Superintendencia de Pensiones, órgano regulador y fiscalizador en la materia, mediante el Oficio Ordinario N° 12954 de fecha 17 de julio de 2025. Dicho instrumento, emitido precisamente a propósito de la situación de los afiliados de nacionalidad venezolana tras el cierre de su representación diplomática en Chile, resulta concluyente al instruir a las Administradoras que las constancias electrónicas emitidas por el I.V.S.S., que no hayan sido debidamente apostilladas o legalizadas por la autoridad previsional competente, no resultan útiles para acreditar la cobertura previsional exigida en la Ley N° 18.156. En el mismo instructivo se aclara que, dado que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte del Convenio de la Apostilla, la validación formal de los documentos públicos recae imperativamente en dicha certificación, sin que pueda ser suplida por la verificación de un código QR, enlaces web, ni mediante declaraciones juradas.

SÉPTIMO: Que, en virtud de los razonamientos que preceden, el actuar de la Administradora recurrida no puede ser calificado de ilegal, pues se asila en el tenor literal de la normativa previsional vigente; ni de arbitrario, puesto que obedece a razones jurídicas y administrativas debidamente fundamentadas emanadas de su ente regulador, y no a un capricho o discriminación antojadiza en contra del recurrente.

Por lo que, al no concurrir los presupuestos básicos de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, no corresponde el análisis de las garantías invocadas por el recurrente, debiendo el presente recurso ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por el abogado don Daniel Esteban Ortega Cadena, en representación de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-21316-2025.