nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en razón de haber incurrido en un acción ilegal y arbitraria, al dictarse la Resolución Exenta N° R-01-UJU-150257-2024 de 25 de septiembre de 2024, que le niega el pago de sus licencias médicas de pre y post natal y no concede el recurso superior jerárquico, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley, solicitando el pago de sus licencias médicas y en su defecto, se de tramitación al recurso jerárquico interpuesto.

Reclamó por el no pago del subsidio maternal derivado de sus licencias de pre y post natal, correspondientes la primera a 42 días, emitida del 28 de junio al 8 de agosto de 2024, y la segunda a 84 días, del 5 de agosto al 27 de octubre del mismo año.

Expresa que, frente al reclamo obtuvo respuesta por parte de la recurrida mediante la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-UJU-136674-2024, de 28 de agosto de 2024, siendo rechazado aquel por: no adjuntar antecedentes que acrediten ingresos, no se acompañó documentación formal suficiente, como copia del contrato de trabajo o certificado de nacimiento del menor. Se cuestiona que el contrato de trabajo se suscribió en enero de 2024 y que en marzo de 2024 se firmara un anexo, aumentando la remuneración en casi un 50%, siendo necesario aclarar la relación laboral, disponiendo que los funcionarios de la recurrida realicen una fiscalización al empleador, quien presta labores profesionales en centros médicos de Santiago, que no tiene lugar fijo de trabajo.

Asevera que en esa misma resolución se concedió la facultad de presentar recurso de reposición y jerárquico de forma subsidiaria, el que fue interpuesto, acompañando los documentos habilitantes para que se proceda al pago de sus licencias médicas. Destaca, dentro de los argumentos invocados, que tras haber cumplido tres meses de trabajo, se acordó aumentar su remuneración, amparado bajo la libertad de contratación, remuneración y elección, y añade que en su contrato de trabajo se fijó un horario libre conforme al artículo 22 del Código del Trabajo.

Explica que posteriormente se dicta la resolución recurrida que niega lugar a sus pretensiones, se le informó que deberá esperar el resultado de la fiscalización que realice la Compin Región Metropolitana y solo una vez efectuada aquella, se podrá revisar nuevamente su caso, y se agrega que no se adjuntan los antecedentes para acreditar sus ingresos, negando tal afirmación por cuanto no considera todo lo aportado y expuesto, por lo que considera que el acto carece de motivación y fundamentación.

Finalmente hace presente que el acto recurrido en su parte resolutiva dispone que “se rechaza el reclamo”, sin embargo, los recursos ejercidos fueron la reposición y el recurso jerárquico en subsidio, precisando que en él no se emite pronunciamiento alguno sobre el recurso jerárquico, vulnerando los derechos de la igualdad ante la ley y al debido proceso.

Segundo: Que evacua el informe respectivo la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), solicitando el rechazo del recurso de protección por no existir un acto ilegal o arbitrario de su parte que haya causado una vulneración a los derechos constitucionales de la actora.

La recurrente acompañó junto a su reclamo el contrato de trabajo, anexo de contrato y certificado de cotizaciones de AFP y FONASA, pero no aportó el certificado de nacimiento del menor, siendo necesario comprobarse la constatación de huellas laborales materiales y concretas, que den cuenta del desarrollo efectivo de labores para el empleador, de manera que no se dio lugar al reclamo de la actora por cuanto existe una fiscalización pendiente por la COMPIN para aclarar la situación laboral de la empresa.

Afirma que la Superintendencia solo actúa como instancia subsidiaria de reclamación, respecto de su rechazo o modificación por parte de las COMPIN o ISAPRE, conforme lo dispone el artículo 2° letra c) de la Ley N°16.395.

Tercero: Que se requirió informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), que arguye que se realizó fiscalización en atención a lo solicitado por la Superintendencia de Seguridad Social en la Resolución Exenta N°R-OI -UJU-136674-2024, y tras la realización de un proceso investigativo, se recibió un contrato de trabajo suscrito el 1 de enero de 2024 entre la recurrente y la empresa Servicios de Salud Hipnótica Limitada.

Añade que el 23 de octubre de 2024 realiza visita en el domicilio laboral del empleador, ubicado en domicilio reservado, donde atendió el conserje de edificio, quien declara que aquella dirección corresponde a una unidad habitacional, y que no conoce a la trabajadora nombre reservado, pese a ello, se deja notificación de solicitud de antecedentes.

Finalmente expresa que no se ha recibido la notificación requerida, por lo que pese a existir un contrato de trabajo, no se puede acreditar la existencia de huellas (sic) laborales o de vínculo entre la trabajadora y la referida empresa, por lo que las licencias médicas objeto del recurso se encuentran sin derecho a pago de subsidio laboral.

Cuarto: Que el recurso de protección corresponde a una acción de tutela que tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto de su mero capricho, alejado de toda racionalidad.

Quinto: Que tal como se adelantó, en este caso la discusión se centra en evaluar si la decisión que deniega el pago de las licencias maternales a la recurrente se encuentra avalada por razones legales.

Sexto: Que tal como se reconoce por los servicios recurridos, en este caso la negativa de pago de las licencias médicas se fundamenta en el desconocimiento del contrato de trabajo entre la solicitante y una tercera sociedad de servicios profesionales.

No se ha cuestionado ni la razón médica que habilita el descanso laboral –pre y post parto– ni tampoco que carezca de las cotizaciones previas suficientes para impetrar este beneficio.

En cambio, lo cuestionado es la efectividad del vínculo laboral entre la sociedad empleadora y la trabajadora cotizante, que, según la administración, resulta dubitado por no acompañar antecedentes de trazabilidad laboral, lo que se suma a la fiscalización en terreno por la COMPIN a la empresa para la que la recurrente presta sus servicios, la que lejos de despejar dudas sobre su autenticidad, las refuerza, al comprobarse que es un departamento en un complejo habitacional en el que la trabajadora no es conocida.

Séptimo: Que conforme la reglamentación invocada la fiscalización se ha extendido a supuestos de hecho que no guardan relación con el marco legal que otorga el compendio de reglamentos y leyes que dotan de competencias a la SUSESO y a la COMPIN.

Todo, por cuanto la auditoria que se invoca como razón que impide el pago, no ha estado referida a la comprobación de las condiciones para el otorgamiento, a saber, el uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, pues no se han cuestionado ni el diagnóstico, ni la condición de salud de la cotizante, pues el único antecedente sobre tal punto - el certificado de nacimiento del hijo de aquella- está agregado ya al expediente administrativo. No se requirió en cambio la entrega de informes clínicos complementarios que avalaran el reposo o su extensión.

La exigencia sobre la justificación del vínculo laboral, existiendo un contrato de trabajo escrito, constituye una vedada denuncia de que el mismo es falso, en orden a su contenido, pues tampoco se ha denunciado su inexistencia o falsedad material.

Aun reconociendo que la potestad radicada en la COMPIN para pronunciarse sobre las licencias médicas le permite rechazar, aprobar, reducir o ampliar el reposo solicitado, pudiendo, para tal efecto, inclusive ordenar nuevos exámenes, requerir informes e incluso allegar la ficha clínica de la paciente, y todo lo que le permita efectuar una mejor resolución de su deber legal de fiscalizar o investigar de oficio el otorgamiento de licencias médicas o su uso indebido (todo conforme la ley 20.585), no alcanza a otros aspectos, como el control de la relación laboral que une a la trabajadora solicitante con su empleador.

Para el caso de estimar que aquella empresa ha obrado de forma culpable o dolosa, celebrando o facilitando el marco contractual que habilite impetrar el derecho al subsidio, solo le resta derivar su denuncia para la fiscalización penal o laboral que haya lugar, por estar fuera de sus competencias limitar el pago de los subsidios maternales, por razones ajenas al área de su natural competencia.

De lo que se viene razonando la negativa de pago de los permisos por subsidios maternales resultan inundados, razón por la que se acogerá el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de las acciones Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, declarando que la Resolución Exenta N° R-01-UJU-150257-2024 de 25 de septiembre de 2024 de la SUSESO que negó el pago de sus licencias médicas de pre y post natal no se funda en causa legal, debiendo en consecuencia disponer el pago de las licencias médicas cuyo pago se rechazó, en la referida resolución.

Redacción de la Fiscal Judicial Troncoso Bustamante.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N° 21.307-2024 protección.

Pronunciada por la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada con los ministros Patricio Martínez Benavides, Beatriz Cabrera Celsi y Fiscal Judicial Carla Troncoso Bustamante.

No firma la ministra (s) Beatriz Cabrera Celsi por haber cesado en sus funciones como ministra (s).