nombre reservado con MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen nombre reservado, nombre reservado Valdivia, nombre reservado y nombre reservado, todas domiciliadas en el sector de José Domingo Cañas, comuna de Ñuñoa, interponiendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, representada por su Alcaldesa Emilia Ríos Saavedra, de Gendarmería de Chile, representada por nombre reservado, y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representado por nombre reservado, por haber habilitado el Centro de Reinserción Social (CRS) Santiago- Oriente en el inmueble ubicado en domicilio reservado, actuación que consideran ilegal y arbitraria, ya que contraviene el Plan Regulador de la comuna de Ñuñoa que califica dicha zona como de uso residencial, vulnerando los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psíquica y el de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicitan que se ordene dejar sin efecto, de manera inmediata, el funcionamiento del referido CRS.

Señalan las recurrentes, como antecedentes preliminares, que los vecinos del “Barrio José Domingo Cañas” son conscientes de la importancia de la reinserción social, pero consideran que estas medidas deben aplicarse respetando el Estado de Derecho y las garantías constitucionales, dentro del marco legal. Exponen que con fecha 30 de septiembre de 2024 los vecinos del barrio residencial de José Domingo Cañas se percataron de que había comenzado a funcionar un CRS en domicilio reservado, sin haberles informados previamente respecto al tipo de recinto que se estaba habilitando. Indican que a inicios de octubre comenzaron a ser testigos y víctimas de situaciones que atentan contra la tranquilidad del barrio, tales como consumo de alcohol y drogas, intentos de pelea, gritos ofensivos y vulgares, mal uso de espacios públicos, obstaculización en el tránsito residencial, música a alto volumen desde vehículos desconocidos y personas que orinan en la calle.

Afirman que este inmueble fue habilitado por la reubicación del Centro de Reinserción Social Santiago Oriente, que antes se encontraba emplazado en domicilio reservado, lo que ha generado un impacto negativo en los vecinos del sector dado que no fue consultada ni avisada con anticipación. Destacan que el barrio es residencial, caracterizado por la presencia de niños, niñas y adolescentes, dada la cercanía de varios colegios, así como la residencia de muchos adultos mayores, lo que ha ocasionado un impacto negativo y un notorio deterioro en la calidad de vida de los vecinos, aumento de la inseguridad, actos de incivilización y proliferación de tratos degradantes contra mujeres que transitan por el sector.

Las recurrentes fundamentan jurídicamente su recurso indicando que según el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección éste debe interponerse dentro de un plazo de 30 días corridos desde la realización del acto u omisión arbitraria o ilegal, plazo que consideran cumplido por cuanto el hecho alegado se produjo el 30 de septiembre de 2024. Asimismo, citan el artículo 6° de la Constitución Política que establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella.

En cuanto a la ilegalidad del acto recurrido, explican que un Centro de Reinserción Social corresponde jurídicamente a un Centro Penitenciario donde se cumplen penas sustitutivas a la reclusión, según lo define Gendarmería de Chile y el artículo 20 del Decreto N° 518 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Agregan que el Plan Regulador de la comuna de Ñuñoa, aprobado por Decreto Nº 129 del 27 de octubre de 1989 y sus modificaciones, indica que el lugar donde se instaló el CRS corresponde a la zona "Z-4C", calificada como de "Uso Residencial", prohibiéndose expresamente en el artículo 25 del Plan Regulador los equipamientos de seguridad correspondientes a "Cárceles y Centros de detención". Fundamentan que conforme al artículo 2.1.33 del Decreto N° 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los CRS se incluyen dentro de la definición de equipamientos de seguridad como "establecimientos destinados a cárceles y centros de detención", por lo que la habilitación del CRS contraviene el Plan Regulador y el artículo 57 de la Ley General de Urbanismo.

Sostienen, además, que la Municipalidad de Ñuñoa ha contrariado obligaciones legales establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente, su artículo 4°, letra J, al no haber supervisado la habilitación del CRS ni acudido a la defensa de su Plan Regulador y de los derechos constitucionales de los vecinos. Alegan también una aparente omisión del procedimiento de habilitación de un CRS establecido en el artículo 1° de la Ley N° 21.636, que exige que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos proponga fundadamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo las modificaciones a los planes reguladores, debiendo este último solicitar informe a la municipalidad respectiva.

En relación a las garantías, sostienen que el acto recurrido infringe el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica establecido en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, por cuanto la habilitación del CRS ha añadido una variante de riesgo efectivo en la vida del barrio, generando una percepción de mayor inseguridad y desprotección, afectando la integridad mental y estabilidad emocional de los vecinos. Asimismo, alegan la vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, ya que la habilitación del CRS impacta directamente en el valor de sus propiedades, generando una depreciación pecuniaria significativa debido al aumento de la percepción de inseguridad y disminución de la calidad de vida. Por último, señalan que se ha infringido el mandato constitucional del artículo 1 inciso 5° de la Constitución, que establece el deber del Estado de "dar protección a la población y a la familia".

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de Gendarmería de Chile, dejar sin efecto de manera inmediata el funcionamiento del CRS de Santiago Oriente, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar a los recurrentes la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, con costas.

SEGUNDO: Que el Subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz Lamartine, ha solicitado el rechazo del recurso de protección interpuesto, fundado en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

En primer término expone los antecedentes generales relativos al marco normativo aplicable, señalando que, conforme al artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2016, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a dicha cartera le corresponde, entre otras, la función de formular y controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas sectoriales, especialmente respecto del tratamiento penitenciario y la rehabilitación del condenado. Asimismo, indica que según el artículo 5° del mencionado cuerpo legal, corresponden al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, entre otras atribuciones, la conducción del Ministerio y la dirección superior de las acciones que conciernen al Estado en materias de su competencia, junto con la adopción de medidas conducentes a la planificación y coordinación del desarrollo del sector a su cargo.

Añade que conforme al artículo 1° del Decreto Ley N° 2.859, de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, dicha institución tiene el carácter de servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social. Refiere que dentro de sus funciones, en virtud del artículo 3°, se encuentra "Dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos".

Respecto a la reinserción social, el informante explica que se entiende como el proceso orientado "a la plena integración a la sociedad de una persona que ha infringido la ley como sujeto de pleno derecho", constituyendo un proceso sistemático de acciones que comienzan desde que una persona ingresa a un establecimiento penitenciario y se extiende hasta el apoyo post penitenciario. Precisa que estas actividades están orientadas a remover, anular o neutralizar los factores por los cuales las personas delinquen, basándose en dos líneas fundamentales: la intervención especializada y las prestaciones de derecho.

En cuanto a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad alegada por los recurrentes, el Subsecretario de Justicia refiere que se le imputa a esa Secretaría de Estado haber infringido el artículo 1° de la Ley N° 21.636, que establece reglas especiales tratándose de la construcción, alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, por no haber solicitado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la modificación del Plan Regulador Comunal con motivo de la habilitación del Centro de Reinserción Social Santiago Oriente.

Para desestimar dicha imputación informa que mediante Decreto Supremo N° 421, publicado el 23 de julio de 2007, se creó el Centro de Reinserción Social en el sector oriente de la Región Metropolitana para atender a personas sujetas a medidas alternativas a la reclusión, con la denominación de “Centro de Reinserción Social Santiago Oriente". Indica que dicho Centro funcionaba desde el año 2008 en dos sectores de la comuna de Ñuñoa, en Avenida Américo Vespucio y Avenida Grecia, pero que en agosto de 2024 se terminó el contrato de arrendamiento del anexo ubicado en Américo Vespucio, lo que hizo necesario buscar un inmueble adecuado para la atención y control de las personas condenadas a penas sustitutivas.

Expone que de acuerdo al Oficio N°14.10.00.103/2024, de 11 de marzo de 2024 del Subdirector de Administración y Finanzas de Gendarmería de Chile, existe un procedimiento para solicitar el arriendo de este tipo de inmuebles, el cual se siguió en el caso concreto. Así, informa que la autorización para suscribir el contrato de arriendo en el inmueble ubicado en José Domingo Cañas N° 1970 se informó mediante Oficio N° 924 del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de esa Cartera de Estado, de fecha 14 de febrero de 2024, por lo que mediante Resolución Exenta N° 3260 del Director Nacional de Gendarmería de Chile, de 24 de julio de 2024, se aprobó el contrato de arriendo por cinco años, renovable por períodos de un año.

Sostiene el Subsecretario que el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente mantiene la misma estructura de funcionamiento, atendiendo personas que cumplen penas de remisión condicional, prestación de servicios a la comunidad y reclusión parcial, condenas en las cuales Gendarmería realiza una función de control y seguimiento mediante un equipo de profesionales del área psicosocial. Por tal motivo, afirma que no hay infracción a la Ley N° 21.636, debido a que no ha existido una alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios o creación de uno nuevo.

En cuanto a la supuesta contravención al Plan Regulador de la comuna de Ñuñoa, específicamente a la zona denominada Z-4C, donde se permite el uso del suelo residencial de todo tipo y se prohíbe, entre otros, el uso en materia de seguridad para Cárceles y Centros de Detención, el informante argumenta que según la Real Academia Española la palabra Cárcel se define como "local destinado a la reclusión de presos" y "pena de privación de libertad". Luego, analiza el Decreto N° 518, que hace referencia a la regulación de los establecimientos penitenciarios, definiéndolos en su artículo 11 como "los recintos donde deben permanecer custodiadas las personas privadas de libertad en razón de detención y mientras están puestas a disposición del Tribunal pertinente; las personas sometidas a prisión preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad, todas las cuales estarán sujetas a la atención, vigilancia y custodia de la Administración, según corresponda".

Argumenta que, conforme al artículo 20 inciso primero del Decreto N° 518, "los establecimientos penitenciarios están destinados fundamentalmente al seguimiento, asistencia y control de las personas condenadas a penas sustitutivas, se denominan Centros de Reinserción Social", lo que permite colegir que respecto de los establecimientos penitenciarios existe una relación de género a especie, es decir, no todos los establecimientos penitenciarios son cárceles o recintos en los que permanecen bajo custodia de Gendarmería de Chile personas privadas de libertad, sino que también existen recintos en los cuales se da seguimiento y control de personas condenadas a penas sustitutivas, por lo que tampoco es posible sostener que la prohibición del uso de suelo indicada en el plano regulador sea aplicable a los Centros de Reinserción Social.

Finalmente, en consideración de lo precedentemente expuesto y en virtud de lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y demás normativa legal aplicable, el Subsecretario de Justicia solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, por cuanto no se advierten acciones u omisiones arbitrarias o ilegales imputables a esa Secretaría de Estado que ameriten la adopción de medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las recurrentes.

TERCERO: Que nombre reservado, Director Nacional de Gendarmería de Chile, ha requerido el rechazo de la acción cautelar interpuesta, planteando en primer término cuestiones previas relacionadas con la naturaleza del recurso de protección y su procedencia en este caso concreto.

El recurrido expone que la acción constitucional de protección es un recurso de naturaleza excepcional, que encuentra su origen y fuente en la Constitución Política de la República, y persigue la tutela y protección por parte de los tribunales superiores de justicia en los casos en que por actos de particulares o de alguna autoridad se vean ilegítimamente vulneradas las garantías enumeradas en el artículo 20.

Señala que la finalidad propia de este recurso es restablecer el imperio del derecho, reaccionando ante una situación anormal y evidente que atenta contra las garantías establecidas en la Carta Fundamental, enfatizando que se trata de una acción cautelar que protege a los individuos mediante ciertas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario o ilegal.

En este orden de ideas, argumenta que ésta no es la instancia idónea para discutir las condiciones de ejecución de un contrato de arrendamiento válidamente celebrado, ni para analizar el funcionamiento e instalación de un servicio público y mucho menos para entrar al fondo de una discusión donde debe analizarse normativa municipal, de obras y de establecimientos penitenciarios. Estima que si la pretensión de las recurrentes era determinar la actuación ilegal de los recurridos, debieron iniciar una acción de nulidad de derecho público, y no una acción de protección.

Luego, el Director Nacional de Gendarmería de Chile alega la extemporaneidad del recurso, indicando que el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente se encuentra instalado en el inmueble ubicado en domicilio reservado, desde el 2 de septiembre de 2024, según consta en documentación adjunta y el inicio de sus funciones se produjo durante la misma semana. Cita el artículo primero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, que establece un plazo fatal de treinta días corridos para interponer la acción, el cual se cuenta desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Añade que, según jurisprudencia de la Corte Suprema, incluso la interposición de recursos administrativos impugnatorios, no suspende ni interrumpe el plazo de treinta días corridos previsto para accionar a través del recurso de protección. Por tanto, sostiene que la acción cautelar resulta extemporánea y debe ser desestimada, dado que al momento de su interposición -25 de octubre de 2024- ya había transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos desde la puesta en funcionamiento del CRS Santiago Oriente.

En cuanto al fondo del asunto, desarrolla extensamente el marco jurídico de la actividad de reinserción social que lleva a cabo Gendarmería de Chile. Señala que conforme al Decreto Ley N°2.859 que fija la Ley Orgánica Institucional, Gendarmería es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad. Expone que el artículo 1° del Decreto N°518, que aprueba el "Reglamento de Establecimientos Penitenciarios", establece que la actividad penitenciaria tendrá como fin primordial tanto la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas.

El recurrido explica detalladamente que la reinserción social es un proceso sistemático de acciones que comienzan desde que una persona ingresa a un establecimiento penitenciario hasta el apoyo post penitenciario requerido a su retorno a la comunidad, orientadas a remover, anular o neutralizar los factores por los cuales las personas delinquen. Indica que este trabajo tiene como sustento dos líneas de acción: la intervención psicosocial criminológica y las prestaciones para la integración social.

Respecto al Centro de Reinserción Social Santiago Oriente específicamente, informa que fue creado mediante Decreto Supremo N° 421, publicado el 23 de julio de 2007, para atender a personas sujetas a medidas alternativas a la reclusión. Precisa que desde el año 2008, funcionaba en dos sectores de la comuna de Ñuñoa (Avenida Américo Vespucio y Avenida Grecia), pero en agosto de 2024, se terminó el contrato de arrendamiento del anexo ubicado en Américo Vespucio, lo que hizo necesario buscar un inmueble adecuado para la atención y control de las personas condenadas a penas sustitutivas.

Detalla el procedimiento seguido para el arriendo del inmueble ubicado en domicilio reservado, indicando que se ajustó a lo establecido en el Oficio Ordinario N° 103, de fecha 11 de marzo de 2024, del Subdirector de Administración y Finanzas de Gendarmería de Chile. Expone que la autorización presupuestaria se informó mediante Oficio N° 924 de fecha 14 de febrero de 2024, del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Justicia, y mediante Resolución Exenta N° 3260, de fecha 24 de julio de 2024, de la Directora Regional de Gendarmería de Chile, Región Metropolitana, se aprobó el contrato de arriendo por cinco años, renovable por períodos de un año.

En cuanto a las imputaciones de ilegalidad, el recurrido señala que la Ley N° 21.636 regula la "Construcción, alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios", lo que debe ser concordado con el Plan Regulador de la comuna de Ñuñoa, específicamente, la zona Z-4C, donde se prohíbe el uso en materia de seguridad para cárceles y centros de detención. Sin embargo, argumenta que según la Real Academia Española, la palabra "cárcel" se define como "local destinado a la reclusión de presos" y "pena de privación de libertad", mientras que el Centro de Reinserción Social no corresponde a esta definición.

Fundamenta su posición en que, conforme a los artículos 11 y 20 del Decreto N° 518, existe una relación de género a especie entre establecimientos penitenciarios y los distintos tipos de recintos, siendo los Centros de Reinserción Social aquellos destinados fundamentalmente al seguimiento, asistencia y control de personas condenadas a penas sustitutivas, no constituyendo cárceles ni centros de detención.

Concluye que la restricción de uso de suelo establecida en el Plan Regulador no es aplicable a los Centros de Reinserción Social, pues estos no son cárceles ni centros de detención sino recintos donde se realiza seguimiento y control de personas condenadas a penas sustitutivas. Por tanto, sostiene que la entrada en funcionamiento del CRS Santiago Oriente, no importa una infracción a la Ley N° 21.636, ya que no ha existido alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios destinados a la reclusión de personas privadas de libertad, ni creación de uno nuevo.

En virtud de lo expuesto, el Director Nacional de Gendarmería de Chile solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho, con costas.

CUARTO: Que la Municipalidad de Ñuñoa, representada por nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, exponiendo, en primer término, los antecedentes relativos a la situación denunciada por los recurrentes. Señala que ante la instalación del Centro de Rehabilitación Social (CRS) en la nueva dirección, su representada ha sostenido al menos dos reuniones con los otros recurridos para abordar el asunto.

En efecto, informa que el 1 de octubre de 2024 se realizó una primera reunión con representantes de Gendarmería y personal municipal, en la cual este último manifestó su desconcierto por la falta de información institucional y vecinal respecto a la instalación del CRS, comentándose la cantidad y tono de los reclamos recibidos, así como la situación de los vecinos aledaños que estaban en alerta y registrando pruebas de incivilidades en el sector, asociadas a la presencia de personas que se atienden en dicho Centro.

Refiere que, en dicha oportunidad, los representantes de Gendarmería explicaron que el CRS lleva más de 16 años en la Comuna, con direcciones en Grecia N° 2156 (que continúa funcionando y atendiendo penas con libertad vigilada) y Américo Vespucio (siendo esta última la que se trasladó a José Domingo Cañas). Indicaron que por cuestiones contractuales y órdenes de la DIPRES debieron abandonar ese inmueble y buscar otro lugar, llegando así al domicilio domicilio reservado, con un arriendo de 36 meses.

Agrega que los funcionarios de Gendarmería sostuvieron que los CRS no son cárceles, pues no se cumplen penas efectivas sino solo sustitutivas, y sólo atienden a primerizos, sin que exista evidencia empírica en Chile que indique que la instalación de un CRS genere un aumento de la delincuencia en el sector. Informaron tener cerca de 97 personas con libertad vigilada que son de Ñuñoa y 124 que firman en el recinto de José Domingo Cañas, contando con 30 funcionarios profesionales, de los cuales solo 5, son uniformados.

Asimismo, señala que el 11 de octubre de 2024, se realizó una segunda reunión entre la Municipalidad de Ñuñoa y el Subsecretario de Justicia, en la cual éste último manifestó estar informado respecto de la preocupante situación asociada al traslado del CRS, explicando que allí se controla la pena sustitutiva de libertad vigilada y que el recinto funciona como oficina, no como un recinto penitenciario de detención.

Expone que, en dicha reunión, los representantes municipales manifestaron su malestar por no contar con información oportuna y por haberse elegido una ubicación muy distinta a la anterior, en un sector residencial, solicitando la reubicación del CRS a un espacio más adecuado. También se comentó que, participando el CRS en el Consejo de Seguridad, nunca se informó de este traslado, agregándose que se trataba de un contrato de arriendo por tres años y que, además, el recinto de Grecia, se trasladaría también a José Domingo Cañas. El Subsecretario habría indicado que un CRS no es un recinto de seguridad, pues la reinserción social no es un asunto de seguridad, y que analizaría la solicitud de reubicación pero que no tendría solución en el corto plazo.

En cuanto a las autorizaciones de la Dirección de Obras Municipales, el informe precisa que las construcciones que se emplazan en la propiedad ubicada en José Domingo Cañas N°1970-A/B cuentan con diversos actos administrativos, entre ellos, un Permiso de Edificación de 1979, ampliaciones en 1991, una Recepción Final de 1992 por 911,44m² con destino oficinas, y un Decreto Alcaldicio de 1993 por cambio de destino total a oficinas.

Agrega que si bien en el Servicio de Impuestos Internos puede figurar el destino habitacional para la propiedad (Rol N°5120-26), el Decreto Alcaldicio N°237 de 1993 consigna el cambio de destino a oficinas para la totalidad del inmueble. Aclara que la información del SII es tributaria, a diferencia del uso de suelo consignado en el expediente de edificación existente en la DOM.

Con respecto a la zonificación, reconoce que es efectivo que la Zona C-4C del Plan Regulador Comunal de Ñuñoa, donde se emplaza el inmueble, prohíbe dentro de los usos de suelo para equipamientos de seguridad las cárceles y centros de detención. No obstante, argumenta que según la definición aportada por los propios vecinos en su recurso, los CRS "Son establecimientos penitenciarios con régimen abierto (que brindan atención ambulatoria) donde se coordinan, concentran y desarrollan las actividades de control, asistencia e intervención de las personas que han sido condenadas a alguna de las Penas Sustitutivas a la Reclusión". Por tanto, sostiene que, en este caso, la atención es ambulatoria (no hay permanencia de los condenados en el inmueble), y las "Penas sustitutivas a la reclusión" se refieren a penas distintas a la prisión.

Concluye que el uso que Gendarmería está dando al inmueble se encuentra catalogado como equipamiento prestación de servicios de oficina, destino que posee el inmueble desde 1993, por lo que su representada ha dado cumplimiento a todas las obligaciones legales en el ámbito de sus funciones, realizando diligentemente las acciones necesarias para apoyar a la comunidad en la información requerida respecto al funcionamiento del CRS y, respecto de las funciones de la Dirección de Obras Municipales, en la autorización de los permisos correspondientes.

En relación a las garantías constitucionales supuestamente amenazadas, la recurrente se limita a señalar que existiría una grave vulneración a los derechos fundamentales establecidos en los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política, sin aportar argumentos tendientes a demostrar la supuesta vulneración por parte de la municipalidad.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Es entonces requisito indispensable de toda acción cautelar la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que el acto que las recurrentes estiman arbitrario e ilegal es el decidido por Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, consistente en la habilitación en el inmueble de Jose Domingo Cañas N° 1970, de la comuna de Ñuñoa, de un Centro de Reinserción Social contrario al Plan Regulador de dicha comuna, y respecto de la Municipalidad de Ñuñoa, que ésta no supervisó que la instalación de ese Centro contraviene el referido Plan, al haberse instalado en una zona residencial.

SEPTIMO: Que en cuanto a la extemporaneidad del recurso alegada por la recurrida Gendarmería de Chile, ésta no puede prosperar, porque si bien señala que el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente se encuentra instalado en el inmueble desde el 2 de septiembre del año 2024, no consta que las recurrentes hayan tomado conocimiento real y efectivo de ello en dicha fecha, como exige el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección en su N° 1 y no el día 30 del mismo mes y año como lo exponen en su arbitrio, por lo que al día 25 de octubre del año recién pasado, fecha de su interposición, el plazo de treinta días corridos no había transcurrido.

OCTAVO: Que son hechos que pueden fijarse con lo expuesto por las partes y los documentos allegados a estos autos, los siguientes:

a) Por Resolución Exenta N° 3260, de 24 de julio del año 2024, Gendarmería de Chile aprobó la celebración del contrato de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, para la habilitación del Centro de Reinserción Social Santiago Oriente, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana.

b) Que en dicho inmueble funciona el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente, el que anteriormente se encontraba emplazado en la misma comuna, pero en Américo Vespucio N° 645.

c) Que el inmueble se emplaza, según el Plan Regulador de Ñuñoa, en zona Z-4C donde se encuentra prohibido el uso para cárceles y centros de detención.

d) La Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa autorizó la recepción final respecto del inmueble en cuestión en el año 1992 por 911,44 metro cuadrados con destino oficinas y por Decreto Alcaldicio de 1993 se autorizó el cambio de destino para el uso de oficinas.

NOVENO: Que lo primero que debe dilucidarse es la naturaleza del Centro de Reinserción Social que se emplaza en José Domingo Cañas N° 1970 de la comuna de Ñuñoa, para lo cual debe traerse a colación el Decreto Supremo N° 518, que “Reglamento de Establecimientos Penitenciarios”, especialmente, los siguientes artículos:

“Artículo 11.- Se denominan genéricamente establecimientos penitenciarios, los recintos donde deban permanecer custodiadas las personas privadas libertad en razón de detención y mientras están puestas a disposición del Tribunal pertinente; las personas sometidas a prisión preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad, todas las cuales estarán sujetas a la atención, vigilancia y custodia de la Administración, según corresponda.

Corresponden también a esta denominación los establecimientos destinados al cumplimiento de las penas sustitutivas, los destinados al control de los beneficios legales y reglamentarios que se ejecuten en el sistema abierto, como, asimismo, las dependencias que brindan apoyo postpenitenciario a las personas que hubiesen dado cumplimiento a su condena y las que supervisan y controlan la libertad condicional.

Los establecimientos penitenciarios serán administrados por Gendarmería de Chile.”

“Artículo 20.- Los establecimientos penitenciarios destinados fundamentalmente al seguimiento, asistencia y control de las personas condenadas a penas sustitutivas, se denominan Centros de Reinserción Social. Dichos establecimientos podrán además realizar el seguimiento, asistencia y control de las personas condenadas que se encuentren haciendo uso del beneficio de libertad condicional, así como también, de aquellas que estén en proceso de eliminación de antecedentes penales, en aquellos casos en que los Centros de Apoyo para la Integración Social, que se establecen en el inciso siguiente, no tengan cobertura.

Los establecimientos penitenciarios destinados fundamentalmente al seguimiento, asistencia y acompañamiento a las personas que, habiendo cumplido sus condenas, requieran de apoyo para su reinserción social, a través de la entrega de oferta programática, así como los destinados al seguimiento, asistencia y control de las personas condenadas que se encuentren haciendo uso del beneficio de libertad condicional y de aquellas que estén en proceso de eliminación de antecedentes penales, se denominan Centros de Apoyo para la Integración Social.”

DECIMO: Que, como puede advertirse, un Centro de Reinserción Social no corresponde a un Centro de Detención ni a aquellos en que las personas cumplen condenas efectivas, sino que solo tiene por función el control y seguimiento de aquellas personas que si bien fueron condenados, estas penas se cumplen mediante un régimen alternativo, como remisión condicional de la pena, prestación de servicios a la comunidad y/o reclusión parcial, conforme a la Ley N° 18.216.

UNDECIMO: Que, por consiguiente, no ha existido una infracción al Plan Regulador de Ñuñoa porque el emplazamiento del inmueble en la Zona Z-4C no es de aquellos que se encuentran prohibidos, en tanto no corresponde a aquellos que se denominan como “cárceles y centros de detención.”

DUODECIMO: Que, por otra parte, también se cumple con el destino del inmueble conforme a la recepción final y lo aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa, pues desde el año 1993, se autorizó el uso de oficinas y conforme a lo que se viene indicando, en el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente se realiza el control de los condenados que cumplen penas sustitutivas, es decir, éstos sólo concurren personalmente en las fechas predeterminadas para controlar su cumplimiento, es decir, su asistencia es solo una visita de carácter transitoria y claramente sin pernoctación. En efecto, si por cualquier motivo se procede a la revocación de la pena sustitutiva, ello será decisión del Tribunal de Ejecución y, en tal caso, entrará a su cumplimiento efectivo en algunos de los recintos fijados para tales efectos.

DECIMO TERCERO: Que de acuerdo con todo lo que se viene razonando, los recurridos han actuado dentro de la esfera de sus facultades y han dictado los actos administrativos correspondientes, los que llevaron a la habilitación funcionamiento del Centro de Reinserción Social Santiago Oriente de la comuna de Ñuñoa.

DECIMO CUARTO: Que, por consiguiente, el arbitrio en análisis será desestimado, resultando innecesario emitir pronunciamiento sobre las garantías denunciadas como vulneradas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado Valdivia, nombre reservado y nombre reservado y en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente y conforme a las facultades que la Ley N° 18.695 le confiere en la letra l) del artículo 5° a la Municipalidad de Ñuñoa, esto es, elaborar, aprobar ejecutar y evaluar el plan comunal de seguridad pública, deberá adoptar las medidas necesarias y eficaces para que en el barrio residencial “Jose Domingo Cañas”, donde se emplaza el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente, no se produzcan las incivilidades que se denuncian en el recurso, incluyendo evaluar la instalación de una garita de seguridad ciudadana.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N°21300-2024.