nombre reservado con INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, funcionario del Instituto Nacional de Deportes y Presidente de la Asociación de Funcionarios de dicho servicio, en favor de nombre reservado e nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto Nacional de Deportes, por haber omitido el pago íntegro de la bonificación por asignación de modernización establecida en el artículo 6° de la Ley N°19.553, por el solo hecho de encontrarse ambos funcionarios suspendidos preventivamente de sus funciones.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, ya que incorpora un requisito que la ley no contempla para el pago del bono, desde que ni el artículo 1° ni el artículo 6° de la Ley N°19.553 exigen encontrarse en ejercicio de funciones para tener derecho a percibirlo. Añade que el servicio confunde caprichosamente el dejar de prestar servicios con la suspensión preventiva de funciones, y que establece así una exclusión sin facultades legales que le permitan legislar en la materia.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas.

Expone que el Ministerio del Deporte y sus servicios asociados establecen anualmente las metas del Programa de Mejoramiento de la Gestión, y que el correspondiente al período 2024 se cumple en un 99,38% según da cuenta la Dirección de Presupuestos, lo que da lugar al pago al personal de planta, a contrata y regido por el Código del Trabajo, de una bonificación equivalente al 7,6% de las remuneraciones.

Agrega que ambos funcionarios se encuentran afectos a una medida preventiva de suspensión de funciones dispuesta en un sumario administrativo, la que, según informa el Fiscal instructor por correos electrónicos y acta de entrega del cargo, tiene carácter preventivo y temporal y no constituye sanción administrativa, por lo que se pagaría su remuneración íntegra hasta que se resuelva el proceso. Indica que la vista fiscal mantiene dicha medida hasta que el proceso disciplinario se encuentre afinado, pero que la resolución administrativa que la aprueba –que dice tener actualmente un recurso pendiente de resolver- establece algo diverso, al ordenar mantener la suspensión conforme al artículo 136 del Estatuto Administrativo.

Precisa que, con fecha 23 de diciembre de 2025, el Jefe (S) del Departamento de Gestión de Desarrollo de las Personas comunica por correo electrónico que el bono no se pagará íntegramente, invocando el dictamen N°34.632 de 2012 de la Contraloría General de la República, que asimilaría la suspensión preventiva a una privación temporal del empleo, y el inciso final del artículo 136 del Estatuto Administrativo, del que derivaría la rebaja proporcional del 50% de todos los componentes de la remuneración mensual. Concluye que la situación es representada oportunamente al ex Jefe (S) del mismo departamento, sin solución para los funcionarios.

En cuanto al derecho, sostiene que el artículo 1° de la Ley N°19.553 concede la asignación al personal de planta, a contrata y regido por el Código del Trabajo, pagadera a los funcionarios en servicio a la fecha de pago en cuatro cuotas, y que solo distingue respecto de quienes dejen de prestar servicios antes de completarse el trimestre, caso en el cual la asignación se paga en proporción a los meses completos efectivamente trabajados. Expresa que el artículo 6° del mismo cuerpo legal concede el incremento por desempeño institucional del 7,6% cuando el cumplimiento de los objetivos de gestión del año precedente es igual o superior al 90%. Afirma que las únicas exclusiones se contienen en los incisos segundo y tercero del artículo 2°, referidos a los trabajadores de las entidades mencionadas en la Ley N°19.490 y de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, a los funcionarios afectos a la Ley N°15.076 y al personal civil de los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas regidos por el Decreto Ley N°249, de 1974, sin que figure el funcionario suspendido preventivamente.

Sostiene, en consecuencia, que el dictamen invocado incurre en un error respecto del tenor literal de la norma, pues esta no se refiere a los funcionarios suspendidos, y que cuando el legislador quiere establecer una excepción al pago íntegro lo señala expresamente, sin que en caso alguno contemple una exclusión. Añade que el beneficio corresponde a una cuota adquirida en el período anterior, en razón del cumplimiento colaborativo de los objetivos, evaluado por una entidad externa contratada mediante licitación pública.

Explica que la actuación reprochada vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al someter a los funcionarios a un trato inequitativo respecto de quienes sí perciben el bono, en circunstancias que cumplen todos los requisitos legales y no concurre ninguna causal de exclusión, lo que importa una distinción carente de fundamento racional y, por ende, una discriminación, desde que los organismos públicos deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico sin incurrir en diferencias injustificadas; y, asimismo, vulnera el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por tratarse de remuneraciones cuya fuente es la ley que, verificados los requisitos para su percepción, constituyen un derecho adquirido incorporado al patrimonio de los funcionarios.

Pide que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene al Instituto Nacional de Deportes disponer el pago íntegro del bono establecido en el artículo 6° de la Ley N°19.553 a los funcionarios en cuyo favor se recurre, calculado conforme a las remuneraciones percibidas el año 2024, y que se reintegre la totalidad de las remuneraciones respecto de la privación del 50% de que han sido objeto.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, el Instituto Nacional de Deportes solicita el rechazo de la acción. Sostiene, en primer término, que el recurso es extemporáneo, por cuanto la resolución administrativa que aprobó la vista fiscal, impuso la medida de destitución, mantuvo la suspensión preventiva y ordenó el descuento remuneracional fue dictada el 23 de octubre de 2025 y notificada a la apoderada de los funcionarios el 27 de octubre del mismo año, mientras que los descuentos comenzaron a reflejarse en las liquidaciones de noviembre de 2025. Añade que, además, los propios funcionarios dedujeron recursos de reposición en contra de dicha resolución con fecha 4 de noviembre de 2025, los que aún se encuentran pendientes de resolución.

En subsidio, sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna, puesto que según el artículo 27 de la Ley N°19.712, su personal está afecto al Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, al Decreto Ley N°249, de 1974. Expresa que el inciso primero del artículo 136 faculta al fiscal para suspender preventivamente al inculpado, y que su inciso cuarto dispone que, propuesta la destitución y mantenida la suspensión, el inculpado quedará privado del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, que tendrá derecho a percibir retroactivamente si en definitiva fuere absuelto o se le aplicara una sanción inferior a la destitución. Concluye que se trata de un mandato legal explícito y no de una facultad discrecional, pues el verbo rector “quedará” denota un imperativo.

Explica que no existe contradicción entre lo comunicado inicialmente y lo obrado después, sino la correcta aplicación de la norma en sus distintas etapas: mientras no hay propuesta de destitución no procede descuento, y una vez propuesta, este opera ipso facto, de modo que la resolución solo hace evidente lo que ya estaba implícito en la disposición fiscal.

Añade que la expresión dejar de prestar servicios, contenida en el artículo 1° de la Ley N°19.553, debe interpretarse armónicamente con el régimen disciplinario, pues la suspensión preventiva constituye una privación temporal del empleo, según lo establece la Contraloría General de la República en su Dictamen N°34.632 de 2012, al exigir la ley que el empleado se encuentre trabajando a la fecha de pago de la cuota respectiva. Agrega que la remuneración, definida en el artículo 3° letra e) del Estatuto Administrativo, comprende toda contraprestación en dinero, de suerte que la rebaja alcanza necesariamente al bono de modernización.

Sostiene, asimismo, que el pago está sujeto a una condición suspensiva -encontrarse en servicio a la fecha de pago- de manera que el derecho no es completo ni definitivo, aun cuando el bono se haya devengado en 2024 y que su estructura de pago en cuotas durante el año siguiente revela un beneficio condicionado.

Descarta, por último, toda vulneración de garantías. Respecto del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, porque la medida se aplica objetivamente a todo funcionario en igual situación y la diferencia de trato tiene fundamento racional y legal explícito, confundiendo los recurrentes la igualdad con la legalidad de la medida. Y respecto del artículo 19 N°24, porque los derechos remuneracionales de los funcionarios públicos son estatutarios y están sujetos a las condiciones que la ley establece, siendo el descuento una medida temporal y reversible.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, de los antecedentes acompañados, aparece que en contra de los funcionarios en cuyo favor se acciona se instruyó un sumario administrativo por Resolución Exenta N°1623-2025, de 9 de mayo de 2025; que en el curso de dicho procedimiento se decretó -respecto de ambos- la suspensión preventiva de funciones; que con fecha 7 de octubre de 2025 el Fiscal Instructor emitió vista fiscal proponiendo la medida disciplinaria de destitución y la mantención de la suspensión preventiva; y que posteriormente, mediante Resolución Exenta N°4029-2025, de 23 de octubre de 2025, notificada el 27 de octubre de ese año, la autoridad aprobó la vista fiscal, impuso la medida expulsiva y ordenó efectuar el descuento remuneracional contemplado en el artículo 136 del Estatuto Administrativo.

QUINTO: Que el acto que se reprocha en autos dice relación con la decisión administrativa de aplicar a los funcionarios favorecidos la rebaja del 50% de sus remuneraciones, incluyendo dentro de ellas la asignación de modernización regulada en la Ley N°19.553, decisión que fue explicitada en correos electrónicos de 23 de diciembre de 2025. Sin embargo, la controversia planteada no puede ser dividida del acto administrativo previo que mantuvo la suspensión preventiva con los efectos remuneracionales previstos en el artículo 136 del Estatuto Administrativo, acto que fue formalmente notificado a los interesados el 27 de octubre de 2025.

SEXTO: Que, en estas condiciones, la presente acción aparece deducida fuera del plazo fatal de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, contado desde que los interesados tomaron conocimiento cierto del acto que estiman lesivo. En efecto, a más tardar desde la notificación de la Resolución Exenta N°4029-2025, y en todo caso desde que comenzaron a reflejarse los descuentos en las liquidaciones de remuneraciones de noviembre de 2025, los funcionarios conocieron la aplicación de la medida que hoy cuestionan, de modo que la interposición posterior del arbitrio excede manifiestamente el término legal.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, consta asimismo que los propios funcionarios dedujeron recursos de reposición administrativos en contra de la aludida Resolución Exenta N°4029-2025 con fecha 4 de noviembre de 2025, encontrándose éstos pendientes de resolución. De este modo, la materia sometida a conocimiento de esta Corte forma parte de un procedimiento administrativo aún no afinado, lo que refuerza la improcedencia de utilizar esta vía cautelar para obtener un pronunciamiento anticipado sobre la legalidad y alcance de una decisión cuya revisión aún se encuentra radicada en la propia Administración.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el fondo del debate revela la existencia de una controversia jurídica acerca del alcance de la relación entre el artículo 136 del Estatuto Administrativo y la Ley N°19.553, particularmente en lo relativo a si la asignación de modernización debe o no entenderse comprendida dentro de la remuneración afectada por la privación del cincuenta por ciento prevista por la primera de dichas normas. Tal discusión excede el ámbito de conocimiento propio de esta acción cautelar, desde que supone interpretar armónicamente normas estatutarias y remuneracionales, cuestión impropia de una sede de tutela urgente de derechos indubitados.

NOVENO: Que, en consecuencia, no verificándose en la especie los presupuestos que hacen procedente la acción de protección, sea por su extemporaneidad, por encontrarse pendiente la revisión administrativa del acto impugnado, o por no advertirse un derecho indubitado susceptible de amparo en esta sede, el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en favor de doña nombre reservado y de don nombre reservado, en contra del Instituto Nacional de Deportes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Toledo.

N°Protección-213-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada por el ministro señor Pablo Toledo González y la ministra señora Claudia Parra Villalobos. No firma el ministro señor Toledo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.