nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en virtud de los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido la recurrida, que privan, perturban y amenazan su derecho de propiedad asegurado por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°24.

Expone, que con fecha 14 de agosto de 2014, suscribió pagaré N°37.RUT reservado, en favor de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por la suma de $8.403.966 por concepto de capital, más los respectivos intereses señalados en el mismo documento. La obligación debía ser solucionada en 60 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $235.369 cada una, venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2014 y la última el día 31 de agosto del año 2019.

Explica, que, debido a complejidades de índole financiera en ese entonces, no pudo hacer frente al pago de las cuotas pactadas. Así las cosas, la recurrida hizo exigible el total de la obligación insoluta, interponiendo en su contra una demanda ejecutiva, con fecha dos de octubre del año 2015, como consta en la causa ROL C-23758-2015, tramitada ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS / nombre reservado”, para efectos de cobrar el pagaré referido, haciendo uso de la cláusula de aceleración, de forma tal que en la referida demanda ejecutiva se cobró todo el pagaré como si fuera de plazo vencido.

Añade, que, a pesar del ingreso de la demanda ejecutiva en la fecha señalada, aquella nunca le fue notificada. Así las cosas, con fecha 20 de abril de 2017 se notificó expresamente, consecutivamente, opuso la excepción de prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva. Con fecha 13 de julio de 2017, el 15° Juzgado Civil de Santiago declaró admisible la excepción opuesta. Con fecha 30 de noviembre de 2017, el tribunal acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva del artículo 464 N°17 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, se desestimó continuar con la ejecución. La referida sentencia definitiva se encuentra firme y ejecutoriada a partir del 11 de mayo de 2018.

Agrega, que mantiene un trabajo estable desde septiembre de 2024. Refiere, que a partir de la liquidación del mes de diciembre del año 2024, esta refleja un descuento aplicado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, según ítem denominado créditos personales CCAF: Cuota: 9. Descuento crédito social CCAF por la suma de $421.020. Afirma, que esto último importa un detrimento ilegal y arbitrario a su remuneración mensual.

Asevera, que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales -Ley N°18.833-, descontando una proporción de su remuneración líquida.

Por lo expuesto, pide acoger el recurso, declarando que: a) Que la recurrida cese todo tipo de retención o descuento en su remuneración; b) Que la recurrida restituya los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción; y c) Se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, evacuando informe por Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, comparece la abogada Inés Riquelme Arao, quien señala que Caja Los Andes, con fecha 14 de agosto 2014 otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código N°RUT reservado, por un capital inicial de $8.403.966, a una tasa de Interés mensual de 1.89%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $240.583, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de septiembre 2014. Las cuotas de los meses de septiembre 2014 a abril 2015, cuotas N°1 a N°8, fueron pagadas con fecha 10 de octubre 2014 al 10 de enero 2015. Que, a la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de mayo 2015 al 31 de agoto 2019, cuotas N°9 a N°60.

Expone que los descuentos para el pago de créditos sociales deben ser efectuados por el empleador del deudor, según lo establece el artículo 22 de la Ley N°18.833, de manera similar a las cotizaciones previsionales. Aclara, que la Caja de Compensación está cobrando una deuda cuya prescripción no ha sido declarada judicialmente, ya que, conforme al Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada por un tribunal competente, y no opera de pleno derecho. Además, sostiene que una acción de protección no es la vía adecuada para discutir la prescripción de la deuda, ya que esta debe tratarse en un juicio de lato conocimiento. Por tanto, la recurrente no puede eludir el pago de su obligación invocando un derecho que no ha sido declarado judicialmente y que no es indubitado.

Afirma no haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Añade que, sin reconocer la extinción de la deuda ni los argumentos del recurrente, informa que ha decidido cesar de forma definitiva los descuentos asociados al crédito otorgado, y restituirá las sumas que se hayan percibido desde la reanudación de los cobros. Explica además que las planillas de descuento se generan el día 25 del mes anterior a su ejecución, pero aun así garantizará la devolución de cualquier monto recibido mientras se concreta el cese. En este contexto, solicita el rechazo del recurso de protección, argumentando que ha perdido oportunidad, ya que la Caja accedió voluntariamente a detener los descuentos y restituir lo cobrado.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado informe, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar, por falta de oportunidad, la acción de protección incoada en marras.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, falto de razonabilidad de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, considerando lo informado por la recurrida, en cuanto a la voluntad de detener los descuentos y restituir lo cobrado al recurrente, y no existiendo medida alguna que pueda ser adoptada por esta Corte, la presente acción deberá ser desestimada como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-2129-2025.