Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Franco Brunetti Arredondo, abogado, quien, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por haber tenido por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado mediante Resolución Exenta N°NUM000.

Expone que la recurrente debió abandonar su país e ingresar a Chile por pasos no habilitados, debido a amenazas graves a su libertad y seguridad derivadas de la violencia generalizada, conflictos internos y vulneraciones masivas de derechos humanos existentes en Venezuela, precisando que salió de su país el 27 de marzo de 2023 y arribó a Chile el 6 de abril del mismo año.

Agrega que una vez informada de su situación migratoria, el 6 de junio de 2025 acudió a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, donde solicitó formalmente el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, completando el formulario respectivo y entregando su declaración de hechos.

Señala que posteriormente, el 1 de septiembre de 2025, fue notificada de la Resolución Exenta N°NUM000, que tuvo por desistida su solicitud, fundándose en la supuesta presentación fuera del plazo legal y en su ingreso por paso no habilitado, sin que previamente se hubieran derivado los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que entrabó indebidamente el procedimiento.

Indica que la autoridad rechazó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por haber sido presentada fuera del plazo legal de 7 días hábiles y por ingreso al país por paso no habilitado, sin acreditar el cumplimiento de los plazos exigidos por la Ley 20.430 y su reglamento.

Refiere que la protegida subsanó oportunamente su solicitud el 19 de agosto de 2025, por lo que se sostiene que los fundamentos invocados por la autoridad migratoria carecen de validez jurídica, constituyendo un actuar ilegal que justifica la interposición del presente recurso.

Sostiene que la resolución del Servicio Nacional de Migraciones que tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente es ilegal y arbitraria, ya que el desistimiento, conforme a la doctrina, la normativa vigente y la jurisprudencia, debe ser expreso, individual y voluntario, lo que no ocurrió en el caso de autos, pues la recurrente nunca manifestó voluntad de abandonar su solicitud, lo que además se confirma con la interposición del recurso de protección.

Alega que la autoridad migratoria desconoció el artículo 52 del Decreto N°837, vulnerando el principio de proporcionalidad, el principio de no devolución, y el principio de irretroactividad de las sanciones, otorgando prioridad a criterios formales por sobre la grave situación humanitaria de la solicitante. Asimismo, se denuncia la omisión ilegal de otorgar la visa de residente temporario, la cual debe concederse automáticamente una vez formalizada la solicitud, conforme a los artículos 32 de la Ley N°20.430 y 42 de su reglamento.

Por último, indica que el actuar del Servicio Nacional de Migraciones afecta sus derechos fundamentales, en especial, la igualdad ante la ley, configurándose una situación protegible que justifica la procedencia del recurso de protección, motivo por el cual solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de 1 de septiembre de 2025, que resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ordenándose a su vez la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción constitucional por ser improcedente, argumentando que no existe acto u omisión ilegal ni arbitraria que afecte las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Expone que la protegida nombre reservado no registra ingreso regular al territorio nacional, lo que permite inferir un ingreso clandestino. Señala que la extranjera participó en el Proceso de Empadronamiento Biométrico 2023, el cual tuvo por objeto identificar a personas en situación migratoria irregular y no constituyó un mecanismo de regularización migratoria. Asimismo, indica que consta una denuncia por ingreso clandestino efectuada por la Policía de Investigaciones en agosto de 2023.

Refiere que con fecha 6 de junio de 2025 la recurrente manifestó su intención de iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, siendo citada posteriormente a las dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional, donde entregó la información exigida por la Ley N°20.430 y su reglamento. No obstante, indica que mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 7 de agosto de 2025, la autoridad informó que no era posible dar inicio al procedimiento por haber excedido el plazo legal de 7 días desde el ingreso al país, y haberlo efectuado por paso no habilitado, otorgándole un plazo de 15 días para subsanar dichas observaciones.

Explica que la recurrente presentó una carta explicativa el 19 de agosto de 2025, señalando desconocimiento de los plazos legales debido a su ingreso irregular. Sin embargo, al no aportar antecedentes que permitieran tener por cumplidos los requisitos legales, el Servicio dictó la Resolución Exenta N°NUM000, de 1 de septiembre de 2025, teniendo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, dejando a salvo los recursos administrativos, los cuales no fueron ejercidos.

Finalmente, se indica que no se ha impuesto sanción migratoria de expulsión o abandono ni prohibición de ingreso en contra de la recurrente.

A continuación describe el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado conforme a la Ley N°20.430, modificada por la Ley N°21.655, que incorporó una etapa inicial de admisibilidad y formalización de la solicitud, regulada principalmente en los artículos 2, 6, 26, 28, 28 bis, 28 ter y 32 de dicho cuerpo legal, además de los artículos 8, 35 y 37 del Decreto Supremo N°837, su reglamento.

Señala que toda persona puede solicitar refugio en Chile, incluso en situación migratoria irregular, conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430, pero debe hacerlo dentro de un plazo fatal de 7 días desde su ingreso al país, y en el caso de ingreso irregular, presentarse ante la autoridad dentro de 10 días alegando razón justificada, de acuerdo al artículo 6° de la Ley N°20.430; artículos 8° y 35 del D.S. N°837, agregando que la solicitud debe contener información mínima y antecedentes de respaldo, como lo señala el artículo 28 de la Ley N°20.430 y el artículo 37 del Reglamento.

Refiere que, si la solicitud no cumple con los requisitos formales, la autoridad debe otorgar un plazo de 15 días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 ter de la Ley N°20.430, en relación con el artículo 146 de la Ley N°21.325. Superada esta etapa, corresponde a la Secretaría Técnica evaluar si la solicitud es fundada o manifiestamente infundada, como lo dispone el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, mediante un informe técnico y entrevista de admisibilidad.

Se agrega que en el caso concreto la solicitante declaró haber ingresado por paso no habilitado el 6 de abril de 2023, pero presentó su solicitud recién el 6 de junio de 2025, sin acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 26 y 6 de la Ley N°20.430, ni en los artículos 8 y 35 del Reglamento. A pesar de ello, indica que el Servicio Nacional de Migraciones otorgó el plazo de subsanación legal mediante resolución administrativa, el cual no fue cumplido.

Finalmente, la autoridad sostiene que su actuar se ajustó estrictamente a la normativa vigente y que no existe acto ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales, descartando la infracción al derecho de igualdad ante la ley y negando la procedencia del recurso de protección.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el recurrente reclama en contra del Servicio Nacional de Migraciones por haber declarado desistida su solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado en Chile, lo que la recurrida fundamenta en que la actora no cumplió con los requisitos formales establecidos en la Ley N°20.430.

QUINTO: Que de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria que rige las solicitudes para obtener la condición de refugiado, esto es, la Ley N°20.430, que “Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados”, y su Reglamento, aprobado por Decreto N°837, de 2011, del Ministerio del Interior, la legislación nacional consagra un procedimiento reglado destinado a la obtención de la condición de refugiado en Chile, el cual resulta aplicable a todos aquellos extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y formalicen su intención de ser reconocidos como tales.

SEXTO: Que en el caso que se revisa debe tenerse presente que la persona que recurre es una ciudadana extranjera que ingresó a Chile por “paso no habilitado” y que, por lo mismo, carece de situación migratoria regular. No obstante lo anterior, y de conformidad al artículo 6° de la Ley N°20.430, tal calidad no conlleva la aplicación de sanciones penales ni administrativas “siempre que [los solicitantes de refugio] se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las Autoridades, alegando una razón justificada”.

Relacionado con lo anterior, el artículo 26 de la misma ley dispone que la persona que aspire a obtener la condición de refugiado “al ingresar al país” debe presentarse en cualquier Oficina de Extranjería o ante la Autoridad Migratoria que se encuentre en un paso habilitado de la frontera, reforzando así el carácter urgente del procedimiento de refugio, lo que en el caso de autos no se verificó.

Refrenda lo anterior el artículo 8° del Reglamento de la Ley N°20.430, al establecer que para que un extranjero tenga la calidad de solicitante de refugio, debe formalizar su solicitud en los términos siguientes: “Los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

SÉPTIMO: Que conforme al mérito de las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados, es posible establecer que, al no cumplir la solicitud con los requisitos legales, la autoridad otorgó a la actora un plazo de 15 días hábiles para subsanarla, todo, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 ter de la Ley N°20.430, lo cual se materializó mediante la dictación de la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 7 de agosto de 2025, con la finalidad de que se acompañen los antecedentes que permitan subsanar las situaciones descritas en cuanto a los requisitos formales requeridos para iniciar la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que finalmente no aconteció, por lo que conforme al artículo 31 de la Ley 19.880, y habiéndosele intimado previamente el apercibimiento, correspondía poner término al procedimiento teniéndola por desistida de su solicitud, pues, como se indicó, no acompañó la documentación mínima que establece el ordenamiento jurídico para dar curso a este tipo de solicitudes.

OCTAVO: Que, por lo antes razonado, debe concluirse que la negativa de la recurrida a dar tramitación a la solicitud de refugio, y declarar posteriormente su desistimiento, no constituye un acto ilegal ni denota una arbitrariedad en el actuar de la autoridad administrativa, de lo que se sigue que no se configura en la especie la vulneración de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, motivos que conllevan al rechazo del arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección en favor de doña nombre reservado, deducido en contra el Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Protección – Rol N°21.284-2025.