Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 28 de septiembre de 2025, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en representación de nombre reservado, venezolano, Cédula de Identidad para Extranjeros o DNI nro. NUM000, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, representada por su Director Nacional Luis Eduardo Thayer Correa, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta nro.

NUM001, de fecha 1 de septiembre de 2025, la cual tiene por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, vulnerando con este acto la garantía consagrada en el artículo 19 nro. 2 de la Constitución Política de la República.

Funda su petición indicando que su representado es un ciudadano venezolano que se vio forzado a escapar de su país, ingresando a Chile por pasos no habilitados el 25 de diciembre de 2022. Señala que, tras recabar información, acudió el 5 de junio de 2025 a las oficinas de la recurrida para solicitar el inicio del procedimiento de refugio.

Agrega que, con fecha 1 de septiembre de 2025, recibió la resolución impugnada que lo tuvo por desistido de su solicitud, argumentando que excedió el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse, pese a que el 19 de agosto de 2025 realizó una subsanación explicando sus motivos.

Añade que el concepto de "desistimiento" implica una manifestación expresa de voluntad de abandonar una pretensión, lo cual no ha ocurrido en la especie. Acusa que la autoridad administrativa carece de competencia para deliberar sobre la validez de los antecedentes en esta etapa preliminar, y que la resolución vulnera principios de proporcionalidad y de irretroactividad de las sanciones, solicitando se deje sin efecto el acto impugnado y se ordene la tramitación de la solicitud de refugio con el otorgamiento de la visa temporaria respectiva.

SEGUNDO: Que, con fecha 6 de noviembre de 2025, comparece Natacha Aylin Arancibia Riquelme, abogada del Servicio Nacional De Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Manifiesta que el recurrente ingresó al territorio nacional eludiendo los controles migratorios y que manifestó su intención de solicitar refugio recién el 5 de junio de 2025. Indica que, realizado el análisis de admisibilidad conforme a la Ley N° 20.430 (modificada por la Ley N° 21.655), se advirtió que la solicitud excedía el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país estipulado en el artículo 26 de la citada ley.

Agrega que se notificó al interesado para subsanar dicha observación mediante Resolución Exenta N° NUM002 de fecha 7 de agosto de 2025. Si bien el recurrente presentó una carta explicativa el 19 de agosto de 2025, la autoridad estimó que esta no permitía entender por subsanado el requisito legal, procediéndose a dictar la Resolución Exenta N° NUM001 que tuvo por desistida la solicitud, en estricto cumplimiento del artículo 28 ter de la Ley N° 20.430.

Señala que su actuar se ajusta a derecho y al principio de legalidad, dado que la normativa vigente establece plazos fatales y requisitos formales de admisibilidad que el recurrente no cumplió, no existiendo acto arbitrario ni ilegal.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes aportados por las partes, se desprende como hecho pacífico y no controvertido que el recurrente ingresó al país el 25 de diciembre de 2022 y que formalizó su intención de solicitar refugio el 5 de junio de 2025, esto es, transcurridos más de dos años desde su ingreso.

Asimismo, consta que la autoridad recurrida aplicó el procedimiento establecido en la Ley N° 20.430, modificada por la Ley N° 21.655, la cual en su artículo 26 establece perentoriamente que la solicitud debe presentarse dentro de los 7 días siguientes al ingreso al país, o dentro de los 10 días en caso de ingreso irregular según el artículo 8 del reglamento, plazos que fueron largamente excedidos.

SEXTO: Que, la resolución impugnada se fundamenta en la falta de subsanación efectiva de los requisitos de admisibilidad. En efecto, la figura del "desistimiento" aplicada por el Servicio no corresponde a una renuncia voluntaria como alega el recurrente, sino a una sanción procesal administrativa o efecto legal establecido expresamente en el artículo 28 ter de la Ley de Refugio para aquellos casos en que no se subsanan las observaciones formales, como el cumplimiento de los plazos, dentro del término legal.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no puede calificarse de ilegal, por cuanto se ha limitado a aplicar la normativa especial vigente que rige la materia; ni tampoco de arbitrario, toda vez que la decisión se encuentra debidamente fundada en los antecedentes de hecho del caso, específicamente la extemporaneidad de la solicitud, no correspondiendo a esta Corte, en sede de protección, constituirse en una instancia de revisión de mérito de los requisitos legales que la administración ha verificado conforme a sus facultades.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Notifíquese, regístrese y archívese.

N°Protección-21283-2025.