nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ VISTA CONJUNTA 19812-24

C.A. de Santiago Santiago, trece de febrero de dos mil veinticinco.

Al folio 22; a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por el rechazo del pago del subsidio correspondiente a la licencia médica N° 17560291, extendida por su médico tratante por el período comprendido entre el 09 y el 29 de marzo de 2024, por un diagnóstico de episodio depresivo grave. Lo anterior, debido a que las recurridas, si bien autorizaron el reposo médico, rechazaron el pago del subsidio por no cumplir con los requisitos, actuación que la recurrente considera ilegal y arbitraria, vulneratoria de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a las recurridas autorizar el pago del subsidio laboral correspondiente.

Que según expone la recurrente, inició un tratamiento con un especialista en medicina psiquiátrica, el doctor nombre reservado, quien le diagnosticó un episodio depresivo grave, prescribiéndole diversos fármacos como Clonazepam, Quetiapina, Lamotrigina y Escitalopram, medicamentos que le imposibilitan hasta la actualidad poder manejar, actividad que forma parte de sus labores de trabajo.

Agrega que actualmente se encuentra con psicoterapia y un tratamiento de neuroestimulación con un casco denominado DEEP, que consiste en 20 sesiones, además de atenciones psiquiátricas con el doctor nombre reservado. Según el informe psiquiátrico, la paciente presenta síntomas de irritabilidad, ánimo fluctuante, acciones destructivas, rabia, ansiedad, tendencia al aislamiento social, disminución de la libido, deterioro cognitivo caracterizado por pérdida de memoria, falta de concentración, consumo excesivo de tabaco y falta de apetito.

Expone que el médico tratante comenzó a emitir licencias médicas consecutivas, siendo la primera del 09 al 29 de marzo de 2024 (objeto del presente recurso), la segunda desde el 30 de marzo al 28 de abril, la tercera desde el 29 de abril al 28 de mayo, la cuarta del 29 de mayo al 27 de junio y la quinta del 28 de junio al 27 de julio de 2024, todas del año 2024. Si bien estas licencias fueron autorizadas en cuanto al reposo médico, el derecho a subsidio fue negado por no cumplir con los requisitos.

Señala que la SUSESO resolvió el reclamo mediante resolución N° R-01-UJU-161721-2024 de fecha 16 de octubre de 2024, rechazando el pago del subsidio laboral bajo el argumento de que "mantiene vínculo laboral ya que existe contrato de trabajo y cotizaciones de FONASA, no hay evidencias de huella laboral y no existe viabilidad económica para mantener relación laboral en el tiempo", agregando que la usuaria trabaja para otra empresa del mismo empleador.

La recurrente sostiene que el rechazo del subsidio laboral es arbitrario por parte de la COMPIN, al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico, vulnerando los artículos 3, 20 y 42 de la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos y el artículo 16 del DS N° 3/1984 del Ministerio de Salud.

En cuanto a las vulneraciones constitucionales, alega la afectación del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, argumentando que el no pago de las licencias médicas sin justificación fundada perjudica de manera cuantiosa su salud mental, debido al detrimento económico que se suma a su depresión grave. También invoca la vulneración del artículo 19 N° 24, sosteniendo que tiene un derecho de propiedad sobre el pago monetario del subsidio laboral.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a las recurridas autorizar el pago del subsidio laboral de las licencias médicas correspondientes, con costas.

SEGUNDO: Que al informar el recurso, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (COMPIN R.M.), representada por don nombre reservado, da cuenta que las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 171 días, abarcando un reposo desde el 9 de marzo de 2024, fueron efectivamente autorizadas por dicha institución, pero sin derecho al pago de subsidio.

Explica la recurrida que la razón del rechazo del subsidio se fundamenta en que no existe claridad respecto a la participación que tendría la Sra. nombre reservado en la empresa de nombre reservado (R.U.T. N° RUT reservado), motivo por el cual se le requirió escritura pública y acreditación de renta mediante los últimos IVA, según consta en la cartola médica con fecha 21 de noviembre del año 2023. Agrega que con fecha 15 de abril de 2024, se volvió a solicitar al empleador que acompañara antecedentes, específicamente que acreditara ingresos e IVA de los meses enero a junio del año 2023, y de noviembre de 2023 a marzo de 2024.

Señala que con fecha 6 de mayo de 2024, se mantuvieron las autorizaciones sin derecho a pago de subsidio, debido a que la recurrente adjuntó antecedentes del empleador R.U.T. N° RUT reservado (SOPONLINE SERVICIOS INFORMATICOS SPA), por lo que el caso fue derivado a la Unidad de Fiscalización de la COMPIN RM. Posteriormente, con fecha 22 de agosto del presente año, a través del MEMORÁNDUM N° 83/2024, dicha Unidad entregó los resultados de la fiscalización realizada, decidiendo mantener las autorizaciones pero sin derecho a pago de subsidio, al no poder acreditarse el vínculo laboral efectivo.

Expone que en dicho memorándum se estableció que, si bien se acreditó que la trabajadora y el empleador, don nombre reservado, mantienen un vínculo laboral efectivo manifestado a través de un contrato de trabajo firmado por ambas partes y cotizaciones FONASA, no existen evidencias de una huella laboral que acredite la relación. Añade que se observó el Certificado de Estatuto Actualizado, que da cuenta que el capital de la empresa no es consecuente con la remuneración que percibe la trabajadora por sus supuestos servicios, lo que indica que no existe viabilidad económica para mantener una relación laboral en el tiempo.

Agrega que la revisión de los sistemas internos por parte de la unidad de fiscalización da cuenta que la trabajadora se ha mantenido en constante reposo, indicado por licencia médica, desde marzo hasta la fecha del memorándum, siendo la fecha de término del presente reposo el día 26 de agosto del año 2024. Además, se constató que la trabajadora figura también como empleadora de don nombre reservado en la empresa "LEON Y nombre reservado ASOCIADOS SPA", donde mantiene 10 acciones ordinarias, correspondientes a $1.000.000, o 50% del capital aportado para su estatuto.

Hace presente que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-161896-2024 de fecha 16 de octubre de 2024, confirmó lo resuelto por la COMPIN, destacando que la recurrente acompañó a su reclamación un contrato de trabajo suscrito el 30/11/2023 sin firmas (con remuneración de $2.990.000) y certificado de cotizaciones de AFP. Además, dicha Superintendencia obtuvo copia del certificado de nacimiento de uno de los hijos de la recurrente (RUN N° RUT reservado), constatando que el empleador es su padre.

Finalmente, la recurrida fundamenta su actuación en el D.S. N° 3/1984, que establece en su artículo 14 la competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN para rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa. Sostiene que sus actuaciones se enmarcan en los parámetros objetivos dispuestos por la Ley y las Normativas vigentes, buscando asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

TERCERO: Que al informar, la Superintendencia de Seguridad Social, representada por don nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, oponiendo como primera excepción la improcedencia de la acción de protección por tratarse de una materia propia del derecho a la seguridad social, garantía que no se encuentra amparada por esta acción constitucional conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental.

Fundamentando dicha excepción, señala que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica, así como las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores y el pago del subsidio por incapacidad laboral, son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección. Agrega que por el carácter excepcional de esta acción cautelar, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales taxativamente señalados.

En cuanto al fondo, expone que doña nombre reservado recurrió ante la Superintendencia con fecha 27 de agosto de 2024, reclamando el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de la licencia médica N° 17560291, extendida por 21 días a contar de marzo de 2024. Señala que si bien la COMPIN Región Metropolitana autorizó dicha licencia desde el punto de vista médico, lo hizo sin derecho a subsidio por incapacidad laboral por no cumplir los requisitos legales.

Indica que la recurrente acompañó a su presentación copia de su contrato de trabajo y certificado de cotizaciones de AFP Habitat S.A. Sin embargo, al recabar los antecedentes médicos y laborales del caso, se tuvo a la vista el Memorándum N° 83 de 22 de agosto de 2024 de la COMPIN Región Metropolitana, que informó respecto de la fiscalización realizada que si bien existía contrato de trabajo y cotizaciones de FONASA, no había evidencias de huella laboral ni viabilidad económica para mantener la relación laboral en el tiempo, constatándose además que la usuaria trabajaba para otra empresa del mismo empleador.

Hace presente que, conforme al artículo 1° del D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales: permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes cuando la calidad de trabajador no aparece suficientemente acreditada. En este sentido, destaca que los antecedentes aportados por la recurrente son de carácter meramente formal, incluyendo un contrato de trabajo suscrito el 30/11/2023 sin firmas y con una remuneración de $2.990.000.

Agrega que la Superintendencia obtuvo copia del certificado de nacimiento de uno de los hijos de la recurrente (RUN N° RUT reservado), constatando que el empleador es su padre, antecedente que, junto a los demás elementos recabados, no logran desvirtuar lo constatado por la COMPIN en su fiscalización.

En virtud de lo anterior, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-161721-2024 de 16 de octubre de 2024, la Superintendencia resolvió rechazar la reclamación e instruir a la COMPIN mantener el rechazo de la licencia médica, por no acompañarse nuevos antecedentes que lograran desvirtuar la falta de acreditación de la calidad de trabajadora dependiente, condición esencial para acceder al beneficio de licencia médica y al subsidio por incapacidad laboral.

Finalmente, fundamenta la legalidad de su actuación en las facultades que le confiere la Ley N° 16.395, particularmente en sus artículos 2° y 3°, que la establecen como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, correspondiéndole la supervigilancia en los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como la calidad y oportunidad de las prestaciones. Por estas consideraciones, solicita el rechazo del recurso con costas.

CUARTO: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, la actuación que se acusa ilegal o arbitraria es la autorización sin derecho a pago de subsidio de una licencia médica de la actora, por parte de la COMPIN, por no encontrarse acreditada la huella laboral, esto es, la veracidad de tener la recurrente la calidad de trabajadora de quien registra como empleador, decisión que, a su turno, fue ratificada por la Superintendencia de Salud, basadas ambas decisiones en primer lugar, en los antecedentes presentados por la actora consistentes en un contrato de trabajo suscrito el 30 de noviembre de 2023 sin firma, con una remuneración de $2.990.000, que el empleador es padre de un hijo de la recurrente, además de cotizaciones previsionales, los cuales no logran desvirtuar lo informado a través de Memorándum N°83 de fecha 22 de agosto de 2024 que da cuenta de una fiscalización realizada por la Unidad de Fiscalización COMPIN RM que constató que: “[…]no hay evidencias de la existencia de una huella laboral que acredite la relación. Sumado a lo anterior, Certificado de Estatuto Actualizado da cuenta que el capital de la empresa no es consecuente con la remuneración que percibe la trabajadora por sus supuestos servicios, lo que indica que no existiría viabilidad económica para mantener una relación laboral en el tiempo[…]”.

“[…] Además, se puede constatar que la trabajadora figura también como empleadora de don nombre reservado en la empresa ‘León y nombre reservado Asociados SPA’, donde también se acredita que mantiene 10 acciones ordinarias, correspondientes a $1.000.000 o 50% del capital aportado para su estatuto[…]”

SEXTO: Que, tal como se colige del artículo 1° del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales, a saber, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en caso de licencias médicas presentadas por quien no posee la condición de trabajador.

En este sentido, no es posible soslayar que según prescribe el artículo 48 del aludido D.S N° 3: “Las Compin y las ISAPRE, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica”. Asimismo, el artículo 52 de esa normativa estatuye: “Las Compin y las ISAPRE deberán investigar las denuncias que se les presenten acerca del otorgamiento o uso indebido de licencias médicas, sin perjuicio de las inspecciones que de oficio puedan ordenar con la misma finalidad”.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, llevan razón las instituciones recurridas cuando señalan que conforme a la recta y articulada interpretación de la normativa que regula la materia y que se plasma en el D.S. N° 3/1984 del Ministerio de Salud, resultaba improcedente el pago de la licencia médica cuestionada, misma decisión que se adoptó respecto de otras cinco licencias médicas y que son objeto del recurso de protección que se ha fijado la vista conjunta, en tanto la interesada no acreditara su calidad de trabajadora del empleador registrado, esclareciendo de este modo el cuestionamiento que en uso de sus facultades y deberes legales de fiscalización, ha sostenido la COMPIN, cuya decisión ha sido ratificada por la Superintendencia de Salud.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no existió el actuar ilegal que se imputa, como asimismo, en ninguna de las razones invocadas por la recurrente se advierte arbitrariedad en la decisión impugnada, pues no ha sido el capricho de las autoridades el motivo que la justificó, sino como se ha dicho, su estricto apego a la normativa especialísima del ramo.

NOVENO: Por lo que el arbitrio no puede prosperar y será rechazado siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre las garantías denunciadas como vulneradas.

DÉCIMO: Que, atendido que los hechos expuestos en el presente arbitrio de los cuales ha tomado conocimiento esta Corte pudieran ser constitutivos del tipo penal previsto en el N°8 del artículo 470 del Código Penal u otro ilícito, se ordena remitir estos antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Sin perjuicio de lo resuelto, conforme lo expresado en la sentencia precedente, remítase copia de estos antecedentes al Ministerio Público para los fines allí señalados.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-21234-2024.