nombre reservado con SUSESO-COMPIN-CAJA COMPENSACIÓN LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, once de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 23 de octubre de 2024, don nombre reservado, por sí y vía formulario, interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Caja de Compensación Los Andes, por el rechazo de las licencias médicas N° 91448841-9, 92625450-2, 93505530-K, 94748948-8, 95980679-8, 96495987-4, 97189077-2, 97796468-3 y 98206302-7, extendidas por su médico tratante a contar del 21 de septiembre de 2023 por un total de 154 días. Lo anterior, debido a que las recurridas estimaron que el reposo prescrito en ellas no se encontraba debidamente justificado, actuación que el recurrente considera ilegal y arbitraria, vulneratoria de los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica de las personas, igualdad ante la ley, a no ser discriminado por el Estado en materia económica y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene el pago de las licencias médicas rechazadas.

Que según consta de los antecedentes aparejados en el recurso, el recurrente padece diversas patologías, específicamente un desgarro muscular gastrocnemio medial derecho, hematoma disecante secundario en pantorrilla derecha y trombosis venosa profunda en extremidad inferior derecha (TVP), por las cuales se encuentra con tratamiento anticoagulante oral (Acenocumarol) en el Hospital San Juan de Dios bajo seguimiento en la unidad TACO (Tratamiento Anticoagulante Oral).

Que conforme a los antecedentes médicos acompañados, el paciente presentó inicialmente un intenso dolor en la pantorrilla derecha sin antecedente relevante, desarrollando posteriormente aumento de volumen en dicha extremidad. Tras realizarse estudios complementarios, se diagnosticó un importante desgarro de la cabeza del músculo gastrocnemio medial, así como una TVP de las venas gemelas mediales de la extremidad derecha. La condición evolucionó con un progresivo aumento de volumen de la pierna de localización infra poplítea, así como un hematoma disecante que recorrió la extremidad hasta la región maleolar y el dorso del pie. Secundariamente, la TVP progresó hacia proximal comprometiendo la vena poplítea y desarrollando mayor edema e impotencia funcional, llegando el paciente a requerir apoyo con bastón para su movilización.

Se verifica además que la Superintendencia de Seguridad Social rechazó el recurso de reposición interpuesto por el recurrente mediante Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-163303-2024 de fecha 18 de octubre de 2024, argumentando que fue presentado fuera del plazo legal de cinco días hábiles administrativos establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880. Esta resolución confirma lo resuelto previamente por la misma entidad en la Resolución Exenta N° R-01-UME-110892-2024 de fecha 14 de julio de 2024, que mantuvo el rechazo de las licencias médicas por considerar que el reposo no se encontraba justificado, señalando que los antecedentes aportados eran insuficientes.

Que el recurrente fundamenta la infracción a sus derechos en que, a pesar de contar con la documentación médica que acredita sus patologías, incluyendo exámenes de ecotomografía de pantorrilla derecha que evidencian el desgarro miofascial y eco-doppler venoso de la extremidad inferior derecha que confirma la trombosis venosa profunda, además de registros clínicos de control en la Unidad de Angiología del Hospital San Juan de Dios y resultados de laboratorio, las entidades recurridas rechazaron sus licencias médicas sin considerar adecuadamente estos antecedentes médicos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene el pago de las licencias médicas rechazadas, con el fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Resolución Exenta de Rechazo de Licencias N° R-01-UNAAD-163303-2024 de fecha 18 de octubre de 2024; 2) Resolución Exenta N° R-01-UME-110892-2024 de fecha 14 de julio de 2024; 3) Certificado médico emitido por el Dr. Alberto Herrada Curbelo del Hospital San Juan de Dios de fecha 22 de septiembre de 2024; 4) Ecotomografía Doppler Color Venoso de Extremidad Inferior Derecha de fecha 15 de enero de 2024; 5) Exámenes de laboratorio del Hospital San Juan de Dios de fecha 18 de marzo de 2024; 6) Registros clínicos de controles médicos de la Unidad de Angiología del Hospital San Juan de Dios desde marzo de 2023 hasta julio de 2023; y 7) Registros de control TACO (Tratamiento Anticoagulante Oral) del Hospital San Juan de Dios desde marzo de 2023 hasta agosto de 2024.

Segundo: Que la Superintendencia de Seguridad Social, representada por la abogada Romina Andrea Ugalde Rañileo, ha evacuado su informe solicitando, en lo principal, se declare la improcedencia del presente recurso por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Argumenta la recurrida que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N°3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, así como el pago de la prestación pecuniaria por éstas originadas, son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección.

Sostiene que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional que sólo procede en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República, no encontrándose entre ellos el derecho a la seguridad social, consagrado en el N°18 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En subsidio, informa sobre el fondo del asunto, exponiendo que, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad, incluyendo la pérdida de capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, la cual puede ser permanente o transitoria. Respecto de incapacidades laborales temporales, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud.

Luego, la recurrida expone que, conforme al artículo 1° del citado D.S N°3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, cuyo reposo, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico, debe conducir a la recuperación de su salud y a su reintegro laboral.

Refiere la recurrida que el Sr. nombre reservado concurrió con fecha 14 de junio de 2024 a la Superintendencia, reclamando por cuanto la Subcomisión Valparaíso - COMPIN Región de Valparaíso, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 91448841-9, 92625450-2, 93505530-K, 94748948-8, 95980674-8, 96795462-4, 97189014-2, 97798868-3, 98206302-7, extendidas por un total de 154 días a contar del 21 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.

Indica que mediante Resolución Exenta R-01-UME-110892-2024, de fecha 14 de julio de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas no se encontraba justificado, basándose en que los antecedentes eran insuficientes para justificar dicho reposo. Específicamente, señaló que no se adjuntaron al reclamo: Eco de extremidad inferior derecha de diagnóstico ni de evolución de controles, antecedentes del Hospital San Juan de Dios, carnet de tratamiento TACO ni exámenes de sangre, concluyendo que con los antecedentes adjuntos no se justificaba el rol terapéutico del reposo médico indicado.

Posteriormente, con fecha 2 de octubre de 2024, el Sr. nombre reservado interpuso un Recurso de Reposición contra dicha resolución, el cual fue rechazado mediante Resolución Exenta R-01-UNAAD-163303-2024, de fecha 18 de octubre de 2024, por haber sido presentado fuera del plazo legal de cinco días hábiles administrativos, establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880. En efecto, la notificación de la primera resolución se realizó el día 14 de julio de 2024, por lo que el plazo para interponer el recurso venció el 19 de julio de 2024, siendo que el Sr. nombre reservado recurrió más de dos meses después, el 2 de octubre de 2024.

Respecto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, invoca el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Asimismo, cita los artículos 2º, 3º, 27 y 38 de la Ley Nº 16.395, que establecen sus funciones y facultades fiscalizadoras, entre ellas, el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, así como la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social.

En cuanto a la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, sostiene que sus pronunciamientos en materia de licencias médicas se hacen en calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, conforme al procedimiento establecido en el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que contempla expresamente causales de rechazo de licencias médicas. Argumenta que no ha actuado de manera arbitraria, pues su dictamen contiene fundamentos basados en los antecedentes que constan en el expediente administrativo.

Finalmente, respecto a la supuesta vulneración de derechos constitucionales, niega haber afectado el derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente, pues no ha causado las afecciones que padece ni ha impedido que consulte a su médico tratante o realice los tratamientos indicados. En cuanto al derecho de propiedad, argumenta que el otorgamiento de una licencia médica no implica el nacimiento automático de un derecho de propiedad sobre un eventual subsidio, pues para ello es necesario contar con una licencia médica autorizada, requisito que no se cumple en este caso. Cita jurisprudencia de la Iltma. Corte de Talca que respalda esta posición.

Por todo lo anterior, solicita que, en subsidio de la declaración de improcedencia pedida en lo principal, se rechace el recurso de protección interpuesto, con costas.

Tercero: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por la abogada Inés Riquelme Arao, ha evacuado su informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Realiza una contextualización normativa sobre la tramitación y pago de licencias médicas por parte de las Cajas de Compensación, señalando que la entidad con atribuciones para controlar y fiscalizar a estas instituciones es la Superintendencia de Seguridad Social, servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social.

Explica que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social y corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, rigiéndose por la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil. Estas entidades se encuentran sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades que pudieren corresponder a la Contraloría General de la República de acuerdo con su ley orgánica.

Agrega que, en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes N°16.395 y 18.833, la Superintendencia de Seguridad Social impartió instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en su calidad de administradoras del Régimen de Subsidios por Incapacidad Laboral, mediante el Oficio N°7.249 de 2019, estableciendo un nuevo modelo de gestión basado en la estimación de los déficits que se generen mensualmente en las C.C.A.F. con motivo del pago de los subsidios por incapacidad laboral y sus correspondientes cotizaciones previsionales derivados de licencias médicas de origen común.

Respecto al pago de licencias médicas, indica que las Cajas de Compensación se rigen por lo establecido en el D.F.L. N°44, que en sus artículos 4° y 6° define los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para tener derecho al pago del Subsidio por Incapacidad Laboral, siendo estos: 1) Tener 6 meses de afiliación a un régimen previsional; 2) Reunir en ese mismo lapso a lo menos 3 meses de cotizaciones; y 3) Tener una licencia médica autorizada por la COMPIN.

Asimismo, menciona que en cumplimiento de lo establecido en la Circular N°2358 de la Superintendencia de Seguridad Social, que refunde y actualiza instrucciones a las C.C.A.F. sobre la administración del régimen de subsidios por incapacidad laboral, las Cajas deben velar por la observancia de la normativa vigente y cumplimiento de los requisitos establecidos para el correcto cálculo y pago de dichos subsidios.

En relación específica con las licencias médicas del recurrente, la Caja de Compensación informa que no ha recepcionado las Licencias N°3-91448841, 3-92625450, 3-93505530, 3-94748948, 3-95980674, 3-96795462, 3-97189014, 3-97798868 y 3-98206302, y que al revisar la página www.milicenciamedica.cl, estas se encuentran tramitadas en la Compin y rechazadas.

Por los antecedentes expuestos, la recurrida sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario cometido por ella en relación con los hechos expuestos, solicitando el rechazo de la acción de protección interpuesta en su contra, acompañando como documento el histórico de licencias médicas.

Cuarto: Que, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, representada por el abogado don Gonzalo Jaque Lara, informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo con expresa condenación en costas.

Afirma que no existen actos ni omisiones ilegales o arbitrarios que puedan imputarse tanto a la COMPIN como a la Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto las resoluciones dictadas por ambos organismos se han fundamentado adecuadamente en antecedentes de hecho y de derecho, en el marco de un procedimiento legalmente tramitado y respetando el derecho del recurrente a acudir a otras instancias en resguardo de sus intereses.

Explica que el recurrente, don nombre reservado, presenta licencias médicas por patología de embolias y trombosis venosas desde marzo de 2023 a abril de 2024, por un total de 191 días autorizados por dicha patología. Expone que desde febrero de 2021 a enero de 2025, el paciente tiene continuidad de licencias médicas por diversas patologías, sin interrupciones para retornar al trabajo, siendo algunas pagadas y otras rechazadas.

Refiere que durante el año 2023, el Sr. nombre reservado comenzó con licencias de naturaleza psiquiátrica (trastorno de adaptación, episodios depresivos moderados, trastorno mixto de ansiedad y depresión), finalizando el año con la patología vascular de embolias y trombosis venosas que corresponde a las licencias médicas recurridas, todas sin solución de continuidad.

Señala que en el año 2024, posterior a las licencias médicas reclamadas, desde el 22 de febrero de 2024 con el mismo diagnóstico, no están autorizadas a pago de subsidio al igual que las recurridas. A contar del 8 de abril de 2024, se observa un cambio drástico en el diagnóstico, ahora de naturaleza traumatológica (atrofia y desgaste muscular no clasificado), que dura hasta el 19 de mayo de 2024, seguido por otras patologías como bronquitis aguda, faringitis aguda, influenza indeterminada, resfríos, traumatismos, colitis, entre otras, la mayoría con pocos días de reposo.

Expone que las licencias médicas reclamadas se encuentran con apelación rechazada por la COMPIN por las causales "R-102 Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología" y "R-104 Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo", conforme a lo establecido en los artículos 1, 6 y 16 del Decreto Supremo N°3. Los rechazos se fundamentan en informes médicos solicitados específicamente para cada caso, según consta en la Cartola Médica que adjunta.

Agrega que contra lo resuelto por la COMPIN, el recurrente presentó reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-110892-2024 de fecha 14 de julio de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas, considerando que los antecedentes eran insuficientes para justificar el reposo, al no adjuntar eco de extremidad inferior derecha de diagnóstico ni de evolución de controles, antecedentes del Hospital San Juan de Dios, carnet de tratamiento TACO, ni exámenes de sangre.

En cuanto al derecho, señala que la tramitación y aprobación, rechazo o modificación de una licencia médica se encuentra regulada en el D.S. 3/1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud, y en el D.S. 7/2013 del Ministerio de Salud, sobre Guías Clínicas Referenciales para respaldar la emisión de licencias médicas.

Sostiene que, conforme al artículo 3° del D.S. 7/2013 y al artículo 21° del D.S. 3/1984, tratándose de pacientes con reposo continuo y a contar de la tercera licencia médica, la COMPIN debe tomar alguna de las medidas contempladas en las letras a), b), d) y e) del artículo 21 del D.S. 3/1984, lo que efectivamente ocurrió en el caso de autos, al solicitarse informes médicos complementarios que fueron analizados por cinco funcionarios contralores, todos profesionales con título de médico cirujano.

Precisa que el artículo 16° del D.S. 3/1984 establece la facultad de la COMPIN para aprobar o rechazar una licencia médica, reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, por lo que las decisiones adoptadas se han enmarcado dentro de las atribuciones que le otorga el ordenamiento jurídico.

Argumenta que pretender que esta Corte suplante las facultades que conforme al ordenamiento jurídico corresponden a la COMPIN, implicaría una intromisión de un poder del Estado en las decisiones que jurídicamente le corresponde a otro, toda vez que la elección de las medidas que pueden adoptarse conforme al artículo 21 del D.S. 3/1984 está dentro de las facultades de la autoridad administrativa.

Finalmente, afirma que no es efectivo que el recurrente tenga un derecho indubitado como alega, pues la sola presentación de una licencia médica no otorga el derecho a gozar del descanso y subsidio patrimonial. Estos derechos nacen solo una vez que la autoridad administrativa competente determina que la licencia y los antecedentes clínicos que la respaldan son suficientes para justificar el reposo, por lo que antes de esa determinación, el paciente solo tiene derecho a la revisión de aspectos procedimentales, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento a la preceptiva aplicable.

Por todo lo expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas, por no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarios que puedan imputarse a la COMPIN ni a la Superintendencia de Seguridad Social.

Quinto: Que, en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Sexto: Que, respecto a la defensa relativa a la improcedencia del recurso de protección por guardar relación con materias de seguridad social, será desestimado, dado que basta considerar que el hecho denunciado, de ser efectivo, puede conculcar otras garantías como la de los numerales 1,2,22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que obliga a su revisión en los términos en que el recurso ha sido intentado.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, corresponde determinar si la decisión de la recurrida SUSESO de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, previamente resuelto por la COMPIM, constituye un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos de la parte actora Octavo: Que el otorgamiento de licencia médica está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N°3 del mismo Ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud”. En este último, se define licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

Asimismo, en su artículo 11 y siguientes, se regula su tramitación, y el artículo 21, indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas”. Describiendo que se puede “disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”, presupuestos para acceder al pago del subsidio temporal.

Noveno: Que, en relación con el fondo del asunto, acorde a los antecedentes que se tuvieron a la vista en las instancias en que el órgano técnico se pronunció sobre el derecho a descanso por enfermedad, consta que el protegido no adjuntó antecedentes médicos que permitieran establecer o justificar la prolongación de su reposo laboral por el diagnóstico enunciado, más allá del período que ya había sido autorizado previamente, sin contar con informe de médico tratante, ni plan de manejo, ni tampoco con exámenes o imágenes, omitiendo acreditar terapias de rehabilitación y sin acreditar fecha probable de alta.

Lo anteriormente explicitado evidencia el incumplimiento de los requisitos para la emisión de licencias médicas de patologías mentales exigidos en el Decreto Supremo N° 7 de 2013, pues según se dijo, los informes médicos aportados por el recurrente omiten consignar antecedentes relevantes para justificar el reposo por el diagnóstico de la patología que lo aquejaba, requeridos por la normativa vigente.

Décimo: Que, en este sentido, debe apuntarse que la licencia médica da cuenta de un impedimento amparado por la ley, en virtud del cual el trabajador se encuentra excusado de trabajar mientras dure el reposo, terminado el cual debe reintegrarse a sus labores. Sin embargo, en el caso de autos la autoridad técnica en la materia, de conformidad a lo que disponen los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984 del Ministerio de Salud y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7 de 2013, determinó que las licencias reclamadas, sobre la base de los antecedentes tenidos a la vista, junto a los informes de su médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo de reposo previamente autorizado por falta de elementos que las justifiquen.

En consecuencia, de los antecedentes aportados a estos autos es posible tener por establecido que las decisiones objetadas se ajustan al Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales, relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar la Emisión de Licencias Médicas, según el tipo de patología y duración de reposo laboral, motivo por el cual procede descartar la arbitrariedad en las conductas cuestionadas, lo que permite concluir, asimismo, que las recurridas, en cuanto organismos técnicos en la materia, actuaron en el marco de sus atribuciones legales y con estricto apego a los criterios médicos de orden general, previamente definidos.

Undécimo: Que de lo que se viene razonando, ha quedado de manifiesto que el acto impugnado se emitió por la recurrida en virtud de sus atribuciones y dentro de sus competencias legales, además, aparece apoyado en motivaciones suficientes que resultan idóneas, como asimismo dotadas de justificación y legitimidad, por lo que la acción de protección no podrá prosperar.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Caja de Compensación Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21203-2024.