Protección contra Gran Logia de Chile

C.A. de Santiago Santiago, seis de agosto de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, interponiendo recurso de protección en contra de la Gran Logia de Chile, del Club de la República y del Tribunal de la Gran Logia de Chile, fundado en que los recurridos habrían incurrido en actuaciones ilegales y arbitrarias al dictar la resolución de fecha 26 de agosto de 2024, que le impuso la pérdida de calidad de Miembro de la Orden, vulnerando sus derechos a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley, a la igual protección ante la ley, de asociación y de propiedad, consagrados en los numerales 1°, 2°, 3° inciso 5°, 15° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que es miembro de la Gran Logia de Chile desde hace treinta años, habiendo ingresado el 20 de octubre de 1994. Posteriormente, en julio de 2008, se afilió a la Logia de la comuna de La Florida, donde fue Presidente o Venerable Maestro en dos períodos consecutivos (2018-2020 y 2020-2021). En su calidad de ex Presidente de su Logia, desde 2020 pasó a ser Miembro Permanente de la Asamblea de la Gran Logia de Chile, por lo que el tribunal competente para juzgarlo es el Tribunal de la Gran Logia de Chile.

Sostiene que el acto ilegal y arbitrario consiste en la sentencia dictada por el Tribunal de la Gran Logia el 26 de agosto de 2024, resolución que no cumplió con la igualdad ante la ley ni con el debido proceso, vulnerando los artículo 553 del Código Civil y 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política, en relación con los artículos 5° inciso 2° de la misma, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de su propia legislación interna (Reglamento Especial de Administración de Justicia Masónica).

Argumenta que esta resolución es arbitraria porque carece de racionalidad y no cumple con los estándares mínimos de un fallo al faltar congruencia, proporcionalidad y requisitos exigidos por la propia jurisdicción doméstica, en especial al no señalar cuáles son las faltas infringidas.

Relata que el Tribunal de la Gran Logia, mediante resoluciones de fechas 15 y 19 de junio de 2023, lo suspendió de todos sus derechos y prerrogativas masónicas, incluido el derecho de defensa, designando un defensor de oficio sin que esta decisión le fuera consultada.

Alega que la designación del defensor de oficio no se hizo conforme a la legislación interna, pues según el artículo 10.7 del Reglamento Especial de Administración de Justicia Masónica, este nombramiento debe recaer en un ex Venerable de la Logia o en un Maestro designado por la propia Logia, lo que no ocurrió. Agrega que el Tribunal tampoco recurrió al Departamento de Defensoría Fraternal, creado por Decreto N° 174 de 2018 del Gran Maestro, que tiene por objeto representar a los hermanos imputados ante los Tribunales Masónicos.

Explica que el Tribunal procedió a publicar la resolución provisoria en el Boletín Oficial de la Gran Logia, comunicando la medida de suspensión en todas las Logias de la República, pese a que tal prerrogativa no está autorizada ni regulada en el Reglamento Especial, que solo permite publicar sentencias definitivas y ejecutoriadas.

Refiere que la decisión impugnada se fundamenta en hechos que circulan por internet, sin responsables de su emisión, y otros documentos como un contrato entre privados del que no es parte y un documento web que no tiene relación con su vida funcionaria ni masónica.

Señala que el texto de la resolución no contiene una relación circunstanciada de los hechos que se le reprochan, ni existe una operación lógica de raciocinio sobre cómo se acreditaron y su participación, y tampoco enumera las faltas de conducta masónica que habrían sido vulneradas.

Afirma que después de 31 años de servicios continuos en la Administración Pública puso término al vínculo laboral mediante renuncia voluntaria el 8 de noviembre de 2023, la que fue aceptada el 15 de noviembre del mismo año, sin haber recibido ninguna medida disciplinaria en su contra según consta en su hoja de vida funcionaria que acompañó al Tribunal a través del defensor de oficio. Sostiene que no ha sido excluido su trabajo como afirma el Tribunal, sino que terminó su relación laboral como todos los funcionarios que alcanzan la edad para pensionarse.

En cuanto al debido proceso argumenta que este derecho implica el oportuno conocimiento de la acción, la posibilidad de defensa racional y adecuada, y de producir prueba cuando sea conducente. Aduce que la bilateralidad de la audiencia es consustancial al debido proceso e incluye el derecho a ser oído, a interponer recursos y a no verse restringido en los medios de prueba.

Desarrolla extensamente los principios del debido proceso que considera vulnerados, entre ellos: el derecho general a la justicia, a ser oído, el principio de igualdad, el derecho a la legalidad, el principio de juez regular, de inocencia, in dubio pro reo, los derechos al procedimiento, el principio de amplitud de la prueba, de legitimidad de la prueba, de inmediación de la prueba, el principio de identidad física del juzgador, el derecho a una sentencia justa, el principio de la doble instancia y el derecho a la eficacia material de la sentencia.

Asevera que cinco de los nueve miembros del Tribunal de la Gran Logia residen en regiones distintas a Santiago, lo que contraviene el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales, que obliga a los jueces a residir en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal.

Sostiene que la resolución impugnada está firmada solo por dos miembros (el Presidente y el Secretario), con la fórmula “Por mandato del Tribunal”, que no está contemplada en la normativa masónica, lo que lo convierte en una comisión especial.

Manifiesta que el Tribunal no es un órgano independiente dentro de la Gran Logia, pues su jurisdicción no alcanza al Gran Maestro, que es el Jefe Supremo de la Masonería y solo responde ante la Asamblea de la Gran Logia.

Destaca que el Tribunal discrimina en los casos que conoce, no actúa contra las grandes autoridades de la Gran Logia aun cuando hay numerosos casos que han afectado el prestigio de la Orden.

Sostiene que la medida aplicada es desproporcionada considerando su intachable conducta masónica durante treinta años, especialmente si se compara con la forma en que se ha tratado a otros miembros de la Orden involucrados en hechos graves y públicamente conocidos.

Alega que los derechos fundamentales vulnerados son: 1) el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, pues la decisión le ha causado un grave perjuicio psicológico; 2) la igualdad ante la ley, al ser tratado de forma discriminatoria, despectiva y humillante; 3) la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, al ser juzgado por una comisión especial sin respetar el debido proceso; 4) el respeto y protección a la vida privada y a la honra, por las acusaciones falsas que manchan su nombre, fama y honor; 5) el derecho de asociación, al ser expulsado abruptamente de una organización a la que ha pertenecido por treinta años; y 6) el derecho de propiedad en sus diversas especies, al ser privado del derecho incorporal que tiene sobre su calidad de masón.

En definitiva, solicita se ordene a los recurridos dejar sin efecto la resolución de 26 de agosto de 2024, y que sea reintegrado con todos sus derechos y prerrogativas a la Gran Logia de Chile; o, en su defecto, se adopten todas las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, con expresa condena en costas.

Segundo: Que don nombre reservado, en representación del Club de la República y de la Gran Logia de Chile, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección, indicando que actuaron en perfecta armonía con sus cuerpos legales internos al entregar los antecedentes del caso al Tribunal de la Gran Logia, haciendo uso de una facultad reglamentaria y constitucional establecida en su ordenamiento jurídico.

Asimismo, afirma que el Gran Maestro no se ha constituido en comisión especial, porque la facultad ejercida por el Tribunal de la Gran Logia está dispuesta en las reglamentaciones internas desde antes que el recurrente cometiera los hechos por los cuales fue sancionado.

Primeramente, alega la inoponibilidad por falta de legitimación pasiva, sosteniendo que el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile carece de facultades disciplinarias respecto de las imputaciones por las que fue juzgado el señor nombre reservado. Aduce que tales atribuciones corresponden al Tribunal de la Gran Logia de Chile, órgano colectivo independiente tanto en su integración como en el ejercicio de sus funciones.

Añade que la sentencia que dispuso el retiro forzoso del recurrente fue dictada por dicho Tribunal en los autos Rol N° 71-393 de fecha 26 de agosto de 2024, sin que el Gran Maestro concurriera con su firma en tal acto jurisdiccional.

Explica que el Tribunal de la Gran Logia de Chile está integrado por nueve miembros elegidos por votación directa, que duran cuatro años en sus cargos y se renuevan alternadamente conforme al artículo 36 de la Constitución de la Gran Logia. Asimismo, cita el artículo 29.2 del Reglamento General que establece el retiro forzoso como una de las medidas aplicables ante el incumplimiento del deber masónico, sanción que se le impuso al recurrente.

Enfatiza que la comunicación de dicha medida, según el artículo 29.2 inciso final del reglamento general, corresponde al Gran Secretario mediante la incorporación del fallo en el Boletín Oficial, lo que no significa que haya sido adoptada por el Gran Maestro, por tanto, la pretensión del recurrente de que el Gran Maestro deje sin efecto la resolución resulta inoponible, ya que no le compete anular decisiones emanadas del Tribunal.

Respecto al Club de la República también alega inoponibilidad, haciendo presente que, aunque la Gran Logia de Chile actúa en la vida jurídica a través de esta corporación, sus normas son distintas. Señala que el recurrente reclama haber sido expulsado de la Orden Masónica por infracciones al Reglamento General de la Gran Logia y no a los estatutos del Club de la República.

Expresa que, al perder su condición de masón, el señor nombre reservado perdió un requisito esencial para ser socio de la corporación conforme al artículo 7 letra e) de los estatutos, sin que el Club haya vulnerado norma alguna relativa a la pérdida de su calidad de miembro.

En cuanto al fondo, sostiene que sus representadas no han incurrido en actos arbitrarios o ilegales, actuando con estricto apego a la normativa interna.

Argumenta que el recurrente, quien alcanzó el grado de maestro masón y el cargo de venerable maestro de una Logia, conoce y juró respetar la Constitución y Reglamento General de la orden.

Asevera que el señor nombre reservado fue sometido a sumarios administrativos por denuncias de maltrato, acoso laboral y/o sexual, y conductas contrarias a la probidad administrativa, generando al menos 9 causas criminales ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Añade que la gravedad de estos hechos daña la honra y prestigio de la orden.

Manifiesta que el recurrente, en lugar de utilizar la vía interna prevista en el artículo 29.4 del Reglamento General para solicitar su Rehabilitación ante el Tribunal o su Indulto al Gran Maestro, optó por acudir directamente a la Corte de Apelaciones.

Analiza cada una de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente (artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso quinto, 15 y 24 de la Constitución), argumentando que ninguna fue vulnerada. Sostiene que no existen elementos que evidencien daño a su integridad física o psíquica; que no desarrolla cómo se habría vulnerado su igualdad ante la ley; que no fue juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal establecido en los reglamentos; que su derecho de asociación fue respetado hasta que por su propio actuar contrario a los estatutos fue excluido; y que confunde la calidad de miembro con un derecho de propiedad sobre la pertenencia a la orden.

Concluye que la Gran Logia de Chile actuó en perfecta armonía con sus cuerpos legales internos, y que el Tribunal ejerció facultades previstas en las reglamentaciones vigentes con anterioridad a los hechos sancionados.

Por tanto, solicita tener por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que al evacuar el informe solicitado la parte recurrida el Tribunal de la Gran Logia de Chile representado por don nombre reservado, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, con costas, fundando su petición en las siguientes consideraciones.

Como cuestión previa, plantea la falta de legitimación pasiva del recurrido don nombre reservado, actual Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, por cuanto la decisión impugnada fue dictada por el Tribunal de la Gran Logia de Chile, organismo independiente y autónomo, agregando que el Gran Maestro no tiene facultades disciplinarias respecto de las imputaciones por las que fue juzgado el recurrente, pues tales atribuciones recaen en el sistema de administración de justicia masónica, cuya máxima expresión es el Tribunal de la Gran Logia de Chile.

En cuanto al fondo, expone que la Gran Logia de Chile es una organización sin fines de lucro constituida conforme al artículo 19 número 15 inciso 1º de la Constitución Política y los artículos 1° y 7° de la ley 20.500.

Señala que está definido en el artículo 36 de la Constitución de la Gran Logia como un órgano integrado por nueve miembros elegidos por votación directa, que duran cuatro años en sus cargos. Conforme al artículo 28 del Reglamento General, todo francmasón debe observar una conducta irreprochable, y el quebrantamiento de este deber es juzgado en conciencia por los órganos jurisdiccionales establecidos.

Plantea que la normativa interna, perfectamente conocida y aceptada por el recurrente durante sus más de 30 años como miembro, contempla mecanismos de sanción para quienes incumplen los principios éticos de la Orden.

Declara que el Tribunal de la Gran Logia no ha incurrido en actos arbitrarios o ilegales, actuando con estricto apego a la normativa interna y a la legislación aplicable.

Respecto a las actuaciones del recurrente, detalla que fueron estimadas como constitutivas de incumplimientos de sus deberes masónicos según el Reglamento General, cuestión que, al considerar su grado masónico, edad y los cargos ostentados en la Orden, se concluyó que sus conductas estaban alejadas de lo esperado para alguien de su posición.

Postula que el recurrente no hace alusión a las causales por las cuales fue denunciado, juzgado y sancionado. Menciona que fue apercibido reiteradamente para que aportara documentación fundante de sus alegaciones, lo que no hizo durante el proceso masónico, aunque sí presentó ante esta Corte un documento de la Contraloría General que acogió un reclamo por falencias procedimentales, no por su inocencia.

Enfatiza que en el contexto de responsabilidades éticas, el haber sido exonerado de responsabilidad administrativa no lo inmuniza frente a los deberes éticos masónicos.

Advierte que la Masonería es una institución esencialmente ética y el comportamiento de sus miembros se juzga desde ese prisma.

Rebate las alegaciones del recurrente sobre violación al debido proceso, señalando que fue oído y tuvo oportunidad de defensa, pero desatendió voluntariamente sus derechos.

Niega que el defensor de oficio fuera de confianza del Tribunal, aclarando que era un par del mismo rango que actuó ante el silencio del recurrente.

También refuta que la publicación de la sanción en el Boletín Oficial no estuviera regulada, explicando que es una medida necesaria para la eficacia de la sanción.

Sostiene que no existe falta de firma por parte de los integrantes del tribunal, aunque por alguna omisión o yerro informático se omitió “subir” al sistema la hoja en que constan las firmas. No obstante, aclara que la decisión fue adoptada por la unanimidad de los presentes en el acuerdo y firmada por estos.

En cuanto a la falta de publicidad, refiere que de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno de la orden el procedimiento es reservado, sin perjuicio de la posibilidad de que el tribunal pueda poner en conocimiento de los interesados las piezas que sean necesarias.

Aclara también en cuanto al derecho al recurso que esta garantía si existe, más el recurrente no hizo uso de dicha prerrogativa, del mismo modo que existe la posibilidad de plantear un recurso de revisión, sin plazo para su ejercicio.

Sobre el funcionamiento telemático del Tribunal, sostiene que este método está ampliamente aceptado y validado por los tribunales de justicia y por todos los poderes del Estado, sin que el recurrente objetara este sistema cuando compareció.

En relación con las garantías constitucionales que alega vulneradas, el informante sostiene que: 1) No se ha afectado el derecho a la vida e integridad psíquica; 2) No se ha violentado la igualdad ante la ley; 3) No ha sido juzgado por comisiones especiales, actuándose conforme a los reglamentos internos; 4)

No hay evidencia de afectación a su vida privada u honra; 5) No se ha vulnerado su derecho de asociación; y 6) No existe afectación al derecho de propiedad, pues confunde la calidad de miembro con un supuesto derecho de propiedad sobre la pertenencia a la orden.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Quinto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Sexto: Que el texto de la resolución impugnada, de 26 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal de la Gran Logia de Chile, en lo pertinente, es el siguiente: “Considerando: Primero: Que, en razón de la declaración del Q:.H:. nombre reservado, V:.M:. de la R:.L:. Sótero del Río G. “ N° 143, Proceso masónico, Registro N° NUM000, el que en Antecedentes, 8. señala que: “al finalizar sus declaraciones, este Q:.H:. hace nuevamente una referencia a un supuesto acoso sexual en que habría incurrido el Q:.H:. Ex V:.M:. nombre reservado en su lugar de trabajo en el Instituto Traumatológico de Santiago, respecto de quien se habría instruido un sumario en que se le habría sancionado con la expulsión, dice que envió un correo electrónico al Q:.H:. nombre reservado, Jefe de Gabinete del Gran Maestro, el 2 de enero de 2022. Entiende que hay una arista judicial”, el Tribunal de la Gran Logia abrió por oficio causa NUM001 para investigar la situación que afecta al Q:.H:. nombre reservado Ex V:.M:. en título de la R:.L:. Sótero del Rio Gundián Nº 143 respecto de sumarios administrativos resueltos desfavorablemente, y que las situaciones a que dichos sumarios se refieren se encuentran en medios de difusión electrónicos (internet); Segundo: Que se realizaron audiencias con el afectado, y el Q:.H:. Defensor Q:.H:. Ex Venerable Maestro de la R:.L:. “L´Etoile de France” N° 204 del valle de Santiago, Q:.H:. nombre reservado el 06.11.2023 y con el V:.M:. en título de la R:.L. “Sótero del Rio Gundián” Nº 143; Tercero: Los antecedentes que se indican: 1. Certificado del cargo ejercido por el Q:.H:. nombre reservado en el Instituto Traumatológico; 2. Planilla de directivos del Instituto Traumatológico; 3. Contrato de prestación de servicios de defensa penal, Servicio de Salud Metropolitano Occidente &. nombre reservado; 4.Resolución Corte de Apelaciones de Santiago, sobre inadmisibilidad de recurso de protección; 5.

Rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago de recurso de queja; 6.

Documento web de “12/5/23, 14:53 Denuncias de falta de probidad administrativa, acoso sexual y uso de influencias: algunas prácticas de jefaturas de hospitales públicos | FEDEPRUS Documento web Odontóloga nombre reservado; 7.

Mail. del Q:. H:. nombre reservado V:.M:. R:.L:. Sótero del Río Gundián N°143 del Valle de La Florida que adjunta documento ofrecido; 8. Resolución Exenta 2762 07.

Dic.2021 Depto. Asesoría Jurídica. Servicio de Salud Metropolitano Occidente aplica medida disciplinaria de destitución al funcionario nombre reservado; 9.

Documento de la R:.L:. Sótero del Río Gundián Nr.143, Valle de la Florida, Tribunal de la Logia, de causa 1-2023 respecto del Q:.H:. nombre reservado que remite al Tribunal de la Gran Logia; 10. Los descargos realizados por el Q:.H:. nombre reservado en su declaración, y por el Q:.H:. defensor en audiencia realizada; 11.

Que en relación con lo señalado por el Q:.H:. RODOLFO respecto de documentación destruida por indicación del Q:. H:. nombre reservado durante su Venerablía no ha sido posible realizar audiencia con el Q:. H:. nombre reservado como solicitara el Q:. H:. Fiscal en su oficio resolución del cuatro de febrero del dos mil veinticuatro; 11. Que el plazo solicitado por el Q:.H:. Defensor para comunicarse con el Q:. H:. nombre reservado se ha vencido y que éste señala no haber logrado comunicarse con el Q:. H:. nombre reservado, a pesar de sus comunicados; 12. Que a la fecha no se han adjuntado resoluciones de Contraloría exculpando al Q:. H; nombre reservado de lo resuelto en los sumarios realizados en el Instituto Traumatológico ni el resultado de los procesos incoados en Tribunales. Cuarto:

Y que: 1. Habiendo transcurrido tiempo y oportunidad para que el Q:.H:. Ex V:.M:. nombre reservado ejerciera su defensa tanto personalmente como por medio de su defensor, y presentar documentación asumible en contario; 2. Que no habiendo nuevos antecedentes para desestimar lo señalado en los considerandos, a saber: 1. Documentación pública vía redes sociales y resultados de sumarios realizados en el Instituto Traumatológico con resultado de exclusión del Q:.H: nombre reservado de los cargos ejercidos en el mismo y que constan en antecedentes; 2. Que no ha sido posible realizar la gestión señalada por el Q:.H:. Fiscal ni directamente, ni por medio del Q:. H:. defensor.

Resolución: Por las anteriores consideraciones y lo prevenido en los vistos mencionados de la Constitución, del Reglamento General de la Gran Logia de Chile y Reglamento Especial sobre Administración de Justicia Masónica, se resuelve: 1. Se desestima la acusación del Q:.H:. nombre reservado de la R:.L:.”Sótero del Río Gundián” por no haber elementos que permitan decidir al respecto. 2.

Respecto de los demás hechos y de acuerdo con lo establecido en la Constitución, Reglamento General y Reglamento Especial sobre Administración de Justicia Masónica de la Gran Logia de Chile y señalados en vistos, se decide aplicar al Q:.H:. nombre reservado por la unanimidad de los miembros presentes al fallo la medida establecida en el artículo 29.2 letra d) del Reglamento General, de Pérdida de la Calidad de Miembro de la Orden”.

Séptimo: Que para los efectos de resolver es útil tener en consideración el marco normativo interno que regula la materia.

De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento General -Constitución de la Gran Logia de Chile- “La Gran Logia de Chile, en cuanto a Potencia Masónica, está constituida por la asociación de todas las Logias regulares de la Obediencia existentes en el territorio de la República. Es la Autoridad Central de la Orden y, en tal carácter, está dotada de la plenitud de las potestades constituyente, legislativa, administrativa y jurisdiccional, cuyo ejercicio delega en los órganos que esta Constitución establece”.

Su artículo 6 establece, en lo pertinente, que “La Asamblea de la Gran Logia es el órgano máximo de la Institución en el cual la Gran Logia de Chile delega el ejercicio de sus potestades constituyente, legislativa y reglamentaria … Cuando corresponda, le compete constituirse en jurado para juzgar al Gran Maestro”.

El artículo 32 dispone que “El tribunal de Logia será competente para conocer y fallar, en primera instancia, de las causas que se incoen contra algún miembro activo de la respectiva Logia, o que se encontrare con carta de Retiro Voluntaria u Obligatoria, así como para investigar y determinar el presunto culpable, cuando este haya sido identificado en la denuncia correspondiente”.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 6.2. del Reglamento General de la Gran Logia de Chile forman parte de la Gran Logia de Chile, entre otros, “a)

Logias y sus Representantes, Permanentes o Transitorios; b) Gran Maestro y Ex–Grandes Maestros …; c) Grandes Dignatarios y Grandes Oficiales; d)

Consejo de la Gran Logia de Chile; e) Tribunal de la Gran Logia de Chile”.

En el artículo 29.2 se señalan las medidas que se pueden imponer ante “el incumplimiento del deber masónico”, esto es “a) Amonestación con anotación en la hoja de vida; b) Suspensión de los derechos y prerrogativas hasta por tres años; c) Retiro Forzoso; y d) Pérdida de la calidad de Miembro de la orden Masónica”.

El artículo 29.3 indica que “Los Tribunales Masónicos y los entes jurisdiccionales previstos en la Constitución y el Reglamento General juzgan y dictaminan en conciencia y, en tal carácter, deben interpretar y aplicar los preceptos pertinentes, apreciar los antecedentes del caso y pronunciar sus resoluciones garantizando el debido proceso y salvaguardando las doctrinas y principios de la Franc-masonería”.

En otro orden de consideraciones, el artículo 13.22 del Reglamento Especial sobre Administración de Justicia Masónica establece que “La sentencia que se emitiere por un Tribunal Masónico, contendrá, a lo menos, las siguientes enunciaciones: a) Designación de las partes, su profesión, domicilio y grado de la Masonería Simbólica; b) Mención breve de la denuncia interpuesta, sus fundamentos y razones de calificación de los hechos de carácter masónico; c)

Las alegaciones de la defensa de denunciado, fundamentos y argumentaciones sobre su inocencia; d) Las consideraciones masónicas sobre el hecho denunciado; e) Los principios de justicia y equidad masónica que servirán de base a lo resuelto por el Tribunal; f) La decisión”.

Octavo: Que, en primer término, cabe desestimar la acción de protección en cuanto fue dirigida en contra de la Gran Logia de Chile y del Club de la República teniendo en consideración que tales entes no ejercieron las facultades disciplinarias que terminaron con la expulsión del recurrente, lo que queda claro cuando se considera que el acto que motivó este recurso fue la resolución dictada por el Tribunal de la Gran Logia de Chile. Por otra parte, las arbitrariedades e ilegalidades que se denuncian por esta vía se encuentran en dicha decisión, en tanto que no se explicitó, suficientemente por el recurrente, cual habría sido la intervención de la Gran Logia de Chile y del Club de la República en el acto impugnado.

Noveno: Que, sin perjuicio de las disquisiciones que puedan realizarse acerca de la competencia y atribuciones de los órganos o entidades que configuren internamente el cuerpo intermedio propio de la institución masónica y que ha sido esbozado como falta de legitimación pasiva por parte de las recurridas, cabe precisar desde ya que en lo que atañe al fondo de lo debatido se trata de determinar si la decisión cuestionada se adoptó en el curso de un procedimiento, donde se respetó el debido proceso, ajustándose a las normas constitucionales y reglamentarias de la Orden Masónica.

Décimo: Que del tenor de la resolución que dispuso la pérdida de la calidad del recurrente de miembro de la Orden, dictada por el Tribunal de la Gran Logia de Chile, se advierte que dicha autoridad dispuso la máxima sanción que establece su normativa interna. Para ello, luego de hacer referencia a los artículos que tuvo como base para resolver, mencionó una serie de antecedentes probatorios sin hacer referencia, en la mayoría de ellos, a su contenido. También hizo alusión a “audiencias con el afectado” sin consignar lo que se trató en ellas, como asimismo a “Los antecedentes que se indican”, respecto de los cuales efectuó una enumeración carente de contenido fáctico. En otro orden de consideraciones menciona “Los descargos realizados por el Q:.H:. nombre reservado en su declaración, y por el Q:.H:. defensor en audiencia realizada”, sin precisar cuales fueron aquellos. También indicó que “no habiendo nuevos antecedentes para desestimar lo señalado en los considerandos, a saber: 1. Documentación pública vía redes sociales y resultados de sumarios realizados en el Instituto Traumatológico con resultado de exclusión del Q:.H: nombre reservado de los cargos ejercidos en el mismo y que constan en antecedentes; 2. Que no ha sido posible realizar la gestión señalada por el Q:.H”. Por último, en lo resolutivo “se decide aplicar al Q:.H:. nombre reservado por la unanimidad de los miembros presentes al fallo la medida establecida en el artículo 29.2 letra d) del Reglamento General, de Pérdida de la Calidad de Miembro de la Orden”.

Undécimo: Que, en tal sentido, se puede concluir que la resolución impugnada infringe no sólo lo dispuesto en la normativa interna de la Gran Logia de Chile en cuanto al contenido que deben tener las decisiones de sus órganos jurisdiccionales, sino que también lo que estatuye el artículo 41 inciso final de la Ley N° 19.880, al carecer de una fundamentación suficiente, ya que omite desarrollar los razonamientos técnicos y jurídicos que sustentan la decisión de expulsión. La resolución se limita a una fórmula conclusiva carente de motivación específica, lo que impide comprender las razones objetivas que condujeron a decidir de la forma en que se hizo. Lo anterior queda patente si se considera que del tenor de la resolución impugnada no queda claro el o los cargos que se le formularon y que motivaron la aplicación de la máxima sanción que contempla la normativa interna de la recurrida, como tampoco los hechos que se tuvieron por establecidos, ni menos, el fundamento de la sanción aplicada, como tampoco, porque se prefirió ésta ante otra de menor entidad, o las circunstancias que agravarían o atenuarían la responsabilidad del investigado.

Duodécimo: Que esta omisión resulta especialmente relevante si se considera el tenor del informe que en su oportunidad hizo el fiscal luego de haberse finalizado la etapa indagatoria, quien en lo que se consigna como “Decisión de esta Fiscalía” hace referencia a “la vaguedad y o escasa información del suceso”, no obstante lo cual sugirió la iniciación del proceso masónico si fuere procedente Decimotercero: Que, en virtud de lo expuesto, se concluye que la resolución impugnada constituye un acto ilegal, al haberse dictado con infracción de normas esenciales de todo procedimiento sancionatorio, y arbitrario, por carecer de motivación suficiente y razonada en un asunto que involucra la expulsión del recurrente de la entidad a la que perteneció por más de treinta años.

Decimocuarto: Que tal decisión, carente de fundamentos que satisfagan las exigencias legales y reglamentarias, produce efectos concretos sobre la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en cuanto afecta la integridad psíquica del recurrente, al negársele el derecho a conocer las específicas razones por las cuales fue expulsado, lo que produce una serie de repercusiones en su fuero interno, teniendo en consideración la importancia que en el ámbito personal y social tiene la Gran Logia para él.

También configura una infracción a la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República que mandata que “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por esta"; agregando, el siguiente inciso, en su primera parte, que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”. . Al respecto resulta importante consignar que la facultad de que es titular una asociación privada para aplicar medidas disciplinarias a sus miembros, mediante la denominada “jurisdicción doméstica”, no solo responde a la ley que la rija y estatutos que la gobiernan sino que obedece al reconocimiento constitucional que el inciso tercero del artículo 1º de la Carta Política hace de los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y a los cuales se les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos, lo que a su turno debe ser relacionado con la libertad de asociación que consagra su artículo 19 Nº 15, concibiéndosela como un derecho fundamental que arranca de la naturaleza esencialmente sociable del ser humano.

Confirmando lo expuesto es evidente que la Constitución Política de la República, al establecer el recurso de protección por vulneración de la garantía prevista en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19, no hizo distingo alguno en cuanto al ámbito de su aplicación. En efecto, la garantía constitucional que prohíbe ser juzgado por comisiones especiales es de aplicación amplia, extendiéndose la obligación de no atentar contra ella no solo al legislador y a cualquier autoridad, sino que también a otros particulares que actúen en la vida jurídica. Íntimamente relacionado con lo anterior se ha señalado por los tribunales superiores de justicia que la necesidad de motivación de las sentencias permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad; logra el convencimiento de las partes, elimina la sensación de arbitrariedad y establece su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de la resolución; permite la efectividad de los recursos; y pone de manifiesto la vinculación del juez a la ley. (Mosquera Ruiz, Mario y Maturana Miquel, Cristian, Los Recursos Procesales, Editorial Jurídica de Chile, año 2010, p. 253).

Decimoquinto: Que, en consecuencia, esta Corte estima que el recurso debe ser acogido, al verificarse la existencia de un acto ilegal y arbitrario por parte de la recurrida -Tribunal de la Gran Logia de Chile- que ha lesionado derechos fundamentales del recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción impetrada por don nombre reservado en contra del Tribunal de la Gran Logia de Chile, y consecuencialmente, se deja sin efecto la Resolución de 26 de agosto de 2024, debiendo el recurrido dictar una nueva que resuelva, fundadamente, en relación con los cargos formulados al recurrente.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

N°Protección-21202-2024.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el fiscal judicial señor nombre reservado y por la abogada integrante señora Bárbara Vidaurre Miller. No firma la abogada integrante señora Vidaurre por encontrarse ausente.