nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

A los folios 15 y 16; a todo, téngase presente.

VISTOS PRIMERO: Que comparece Orlando Del Fierro Demartini, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad boliviana, interponiendo recurso de protección en contra del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, representado por nombre reservado, por haber emitido una respuesta negativa el día 26 de septiembre de 2024 a través del Ticket N° 44545, mediante el cual la recurrente solicitaba la regularización de su permanencia en el país, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que desconoce su ingreso legal al país y su permanente contacto con las autoridades migratorias chilenas, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y protección frente al ordenamiento jurídico, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en los numerales 2° y 3° del artículo 19, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho y se disponga la continuación del procedimiento de permanencia transitoria para luego alcanzar la residencia definitiva.

Que la recurrente es originaria de la Provincia de Santa Cruz, Bolivia, ingresó a Chile en el año 2012, después del fallecimiento de los tíos con quienes vivía, para radicarse con una hermana de su madre que residía en la ciudad de Arica. Señala expresamente que su ingreso se realizó de manera regular, por el paso fronterizo de Chungará, utilizando locomoción pública.

Indica que permaneció en Arica durante dos años, período en el cual obtuvo de la autoridad competente su residencia temporal con permiso para trabajar, otorgándosele por parte del Registro Civil la cédula de identidad N° RUT reservado, documento que conserva hasta la actualidad. Agrega que dichos documentos fueron renovados conforme a los plazos establecidos hasta agosto de 2021.

Expone que a fines del año 2014, la señora nombre reservado se trasladó a Santiago para trabajar como asesora del hogar en modalidad puertas adentro. Durante este período, específicamente en el año 2015, presentó ante la Oficina de Extranjería de la Subsecretaría del Interior una solicitud para que se le otorgara la permanencia definitiva, acompañando los certificados requeridos. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N° 173.330 de fecha 12 de agosto de 2016, el Departamento de Extranjería le denegó su petición, ordenando su expulsión del país en un plazo de 30 días, fundamentalmente por documentación incompleta.

Señala que el 21 de noviembre de 2016, dentro del plazo legal, la señora nombre reservado presentó un Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 142° bis del Reglamento de Extranjería, adjuntando la documentación solicitada. Refiere que cada seis meses se le prorrogaba su permanencia temporal, siendo la última renovación el 8 de enero de 2021, con vigencia hasta el 8 de agosto del mismo año, momento en el cual se le informó que ya no figuraba en el Sistema, y por tanto, no era posible renovar su permanencia temporal en el país. Agrega que no se le informó sobre el resultado o fallo del recurso interpuesto en el año 2016, indicándosele que debía esperar ser notificada en su domicilio.

Manifiesta que en el año 2017, la recurrente inició una relación afectiva con nombre reservado, de nacionalidad paraguaya, con residencia en Chile. De esta relación, nació el 5 de enero de 2018 su único hijo, nombre reservado, de nacionalidad chilena por haber nacido en el territorio nacional, quien actualmente tiene 6 años de edad y asiste como alumno regular al curso de primero básico en el Colegio subvencionado San Jorge de la comuna de Las Condes.

Continúa exponiendo que, al no tener una oficina gubernamental donde acudir después de agosto de 2021, en enero de 2023 la señora nombre reservado presentó una reclamación a través del Consejo para la Transparencia con el fin de ser informada de la resolución que regularizara su permanencia. A través de dicho Consejo, recibió el 15 de abril de 2023 una copia de la Resolución Exenta N° 107117 del 26 de agosto de 2021, que rechazaba el recurso de reposición interpuesto el 21 de noviembre de 2016, es decir, siete años después de su presentación, fecha que es considerada como su notificación por el Departamento de Extranjería.

Afirma el recurrente que el procedimiento administrativo descrito evidencia que la expulsión decretada afectaba a una persona que se encontraba en el país tras ingresar normalmente por paso habilitado, y cuya permanencia temporal fue renovada sistemáticamente durante nueve años por la Autoridad de Extranjería, contando con cédula de identidad y permiso de trabajo.

Señala que con posterioridad a la toma de conocimiento de la resolución denegatoria en abril de 2023, la afectada intentó obtener amparo de la justicia mediante el recurso legal correspondiente, pero fue desestimado en el trámite de admisibilidad por encontrarse vencido el plazo legal para interponerlo.

Expone que el día 24 de septiembre de 2024, la señora nombre reservado renovó sus peticiones ante la autoridad administrativa con el propósito de obtener una instancia para regularizar su situación y lograr un reinicio de la ya extensa tramitación, sin que existiera en su contra reproche alguno que pudiera perjudicarla. Para ello, se conectó con Migraciones Chile para solicitar una entrevista, siendo informada que las consultas y peticiones debían realizarse por vía virtual al sitio correspondiente.

Indica que, recibido el requerimiento de la interesada, se le creó un espacio computacional para la comunicación, denominado Ticket N° 44545 de Migraciones Chile, a través del cual se le respondió el día 26 de septiembre de 2024 que, por las características de su caso, la única opción disponible era presentar un recurso ante tribunales de justicia, a través de un abogado. Sostiene el recurrente que esta respuesta implica una clara negativa a su petición de regularización por parte del Servicio Migratorio.

Argumenta que la negativa al requerimiento formulado mediante el Ticket N° 44545 mantiene la inaplicación del imperio del derecho que asiste a la señora nombre reservado por razones de su ingreso legal al país y su permanente contacto con las autoridades, lo cual genera en su favor el derecho a solicitar la debida protección, en los términos establecidos en el artículo 20° de la Constitución Política.

Sostiene que la actuación recurrida vulnera la igualdad ante la ley que es desconocida sin causa justificada, así como la protección ante el ordenamiento legal de Chile, derechos contemplados en los numerales 2° y 3° del artículo 19° de la Constitución Política. Agrega que dicha protección debe extenderse a su hijo de 6 años de edad, nacido en Chile, quien sufriría, consecuentemente, una sanción similar al Extrañamiento contemplado en el artículo 34° del Código Penal, consistente en la expulsión del territorio de la República.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se disponga que el Departamento de Extranjería y Migración debe reiniciar o continuar con el procedimiento de permanencia transitoria de la señora nombre reservado para alcanzar la permanencia definitiva en el país, por razones humanitarias, de seguridad y estabilidad infantil, restableciéndose así el imperio del derecho respecto de las garantías constitucionales que le son reconocidas desde su ingreso al país.

SEGUNDO: Que comparecen nombre reservado y Marcelo Alonso Andrés Rivera Compan, abogados del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacuando el informe requerido en la presente acción constitucional, solicitando el rechazo de la misma en todas sus partes, negando la existencia de acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente.

En primer lugar, solicitan que doña nombre reservado, de nacionalidad boliviana, ingresó por primera vez al territorio nacional con fecha 8 de julio de 2013, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista. Indica que mediante Resolución Exenta N°4095 de fecha 22 de agosto de 2013, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública le otorgó una visa de residencia temporaria, por un año y en calidad de titular, permiso que se mantuvo vigente hasta el día 28 de octubre de 2014.

Expone que con fecha 22 de enero de 2016, en virtud de Resolución Exenta N°14149, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública impuso a la recurrente una multa ascendente a $74.621, en atención a residir en el territorio nacional sin un permiso de residencia vigente. La Resolución dispuso igualmente que la recurrente disponía de un plazo de 10 días para regularizar su situación migratoria o hacer abandono del país.

Manifiesta que con fecha 1 de febrero de 2016, la recurrente solicitó al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el beneficio de la permanencia definitiva. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N°173330 de fecha 12 de agosto de 2016, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dispuso el rechazo de la solicitud presentada por la recurrente, en atención a que no pudo acreditar estabilidad económica en el período de visación, encontrándose comprendida en la causal de rechazo dispuesta en el artículo 64 N°4 en relación con el artículo 15 N°4 del Decreto Ley N° 1094, no habiendo pagado igualmente los derechos asociados al beneficio de residencia solicitado, incumpliendo el requisito establecido en el inciso segundo del artículo 133 y el inciso segundo del artículo 135 del Reglamento del Decreto Ley N°1094.

Agrega que la Resolución Exenta impugnada dispuso conjuntamente el abandono del país en un plazo de 30 días, contados desde la fecha de la notificación del acto administrativo, reservando a la amparada el recurso administrativo determinado en el art. 142 bis del Decreto Supremo 597 de 1984, como también aquellos recursos contemplados en la Ley N° 19.880.

Expone que con fecha 7 de diciembre de 2016, la recurrente presentó una solicitud de reconsideración del rechazo del permiso de residencia impetrado, la cual fue rechazada en virtud de Resolución Exenta N°107117 de fecha 26 de agosto de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, señala que no consta a este Servicio el abandono voluntario del país por parte de la amparada, habiendo transcurrido el plazo otorgado para aquello y existiendo una orden de abandono firme y vigente en su contra. Finalmente, indica que no se ha dictado acto administrativo por parte de esta autoridad que aplique la medida de expulsión en contra de la amparada.

Sostiene que la Resolución Impugnada fue dictada con fecha 12 de agosto de 2016, pronunciándose sobre la solicitud de permanencia definitiva presentada por la recurrente. En consecuencia, las normas en materia migratoria aplicables al caso de autos son el Decreto Ley N° 1.094 de 1975 y el Decreto N° 597 de 1984, Reglamento de aquella ley, como también aquellas normas establecidas en la Ley N° 21.325 las cuales, al ser normas de derecho público, comenzaron a regir in actum, al momento de entrar en vigencia, esto es, el 12 de febrero de 2022.

Respecto al trámite de solicitud de permanencia definitiva, la recurrida hace presente que el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala que "La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades". Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte, refiere al artículo 125 del mismo reglamento, que regula la forma en que se deben presentar las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva.

En cuanto a la autoridad y sus atribuciones legales, señala que la Resolución impugnada por la presente acción constitucional se encuentra dictada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones y con estricto apego a la causal de rechazo del permiso migratorio, establecido en el numeral 4° del artículo 64 en relación al numeral 4° del artículo 15 del Decreto Ley 1.094, artículo 136 del antiguo reglamento de extranjería y migración, esto es el Decreto Supremo N° 597.

Sostiene que, en el caso de marras, la extranjera amparada no cumple con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio solicitado, esto debido a la falta de ingresos acreditables que le permitan vivir en el país, por ende, la autoridad migratoria estima que la residencia de ésta, en el país, no resulta beneficiosa. En virtud de lo anterior, estando la autoridad debidamente facultada para analizar y resolver sobre las solicitudes presentadas, es procedente el rechazo de la solicitud presentada por la extranjera recurrente.

En relación al rechazo de la solicitud de visa temporaria de la recurrente, alega que fue rechazada por no acreditar mediante los documentos acompañados, y en la cual declaraba voluntariamente, no percibir ingresos acreditables como para subsistir en el país. Para acreditar el sustento económico, los postulantes a la visa temporaria debían acompañar diversos documentos, mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597, entre ellos, dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses; pasaporte; y documento fundante de la petición, como contrato de trabajo, certificado de matrícula, asistencia o sustento económico, entre otros, configurándose la causal de rechazo de su solicitud, dispuesta por el artículo 64 N°4 del Decreto Ley 1.094, en relación con el artículo 15 N°4 del mismo cuerpo legal, que prohíbe el ingreso al país de los extranjeros que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social.

Respecto a la medida de abandono del país aplicada, señala que estableciéndose la legalidad y mérito para haber rechazado la solicitud de residencia definitiva, la autoridad migratoria se encuentra siempre, en principio, obligada a disponer el abandono del territorio nacional de un extranjero a quien se le haya rechazado o revocado un permiso de residencia, conforme lo dispone el artículo 67 de la Ley de Extranjería, en su inciso segundo.

Por lo expuesto, la recurrida solicita se tengan presentes los argumentos de hecho y derecho, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella, o ilegal, es decir, contrario a la ley, que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que en el presente caso, la decisión de la autoridad de no admitir a trámite la solicitud de regularización de situación migratoria de la recurrente, respecto de quién se dictó la Resolución Exenta N°173330, de 12 de agosto de 2016, por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no es ilegal, pues es la propia que regula la materia la que establece como una consecuencia del rechazo de un visado la consecuente orden de abandono voluntario y con ello la imposibilidad de admitir a tramitación nuevas solicitudes de visas en favor de las mismas personas, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto N°296 de 2021, que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la interesada interpuso un recurso de reconsideración en contra de la resolución que rechazó su solicitud y dispuso su abandono el día 21 de noviembre de 2016, el que fue finalmente resuelto mediante la Resolución Exenta N°107117 de fecha 26 de agosto de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones, esto es luego de haber transcurrido un plazo de casi cinco años desde la impugnación presentada, la que por lo demás señala el recurrente le fue recién notificada en el año 2023 al haber ejercido una solicitud de acceso a la información pública.

SEXTO: Que si bien es cierto el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 se ha venido últimamente entendiendo como un plazo de carácter no fatal en materia migratoria, lo cierto es que un plazo tan extenso de tiempo para resolver la solicitud de la recurrente se torna en una omisión arbitraria, lo anterior por cuanto durante todo el tiempo intermedio de casi cinco años se le revocó toda su documentación, formando una familia en nuestro país, con su pareja quien es residente definitivo, unión de la que nace su hijo de nacionalidad chilena, estableciendo fuertes vínculos de arraigo en territorio nacional.

SÉPTIMO: Que, en definitiva, la demora en la dictación en el procedimiento administrativo del acto terminal lo torna en arbitrario, motivo por el cual deberá ser acogido el presente arbitrio, tal como señalará.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida por Orlando Del Fierro Demartini, abogado, en favor de nombre reservado, ya individualizada, dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se ordena la autoridad migratoria dejar sin efecto la Resolución Exenta N°173330, de 12 de agosto de 2016, y asimismo el procedimiento en que se tramitó, debiendo otorgar nuevamente un plazo de 60 días para que la interesada presente una nueva solicitud de residencia temporal, y acompañe ante dicha sede, los antecedentes requeridos por la normativa vigente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección N°21201-2024.