nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN RM) y Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en haber dictado la Superintendencia con fecha 16 de octubre de 2024 la Resolución Exenta N° R-01-UJU-161591-2024, que confirmó el no pago de subsidio de las licencias médicas números 102248266,101071393, 99845885, 100902910, 102248744 y 102.248266-8, por no existir compatibilidad horaria entre los dos empleadores del recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta antes individualizada, como asimismo ordenar el pago de las licencias médicas.

Para acreditar su pretensión, acompañó el recurrente a estos autos los siguientes instrumentos: 1) Resolución Exenta N° R-01-UJU-161591-2024, de 16 de octubre de 2024; 2) Declaración Jurada de fecha 16 de octubre de 2024, emitida por el Gerente General del Holding SL-Alianza; 3) Contratos de trabajo, de 16 de octubre de 2024, del recurrente con las empresas Consultora de Servicios Logísticos e Ingeniería SpA y Alianza Est; 4) Rol Único Tributario de la empresa Consultora de Servicios Logísticos e Ingeniería SpA.

Segundo: Que, informa don nombre reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN RM), al tenor de la acción de protección interpuesta.

Sostiene que el recurrente dedujo acción de protección en contra de la SUSESO, quien confirmó lo resuelto por la COMPIN RM, en concreto, la autorización de las licencias médicas números 102248266, 101071393, 99845885, 100902910, 102248744, extendidas por un total de 150 días, abarcando un reposo desde el 8/3/2024, pero sin derecho al pago de subsidio.

Expresa que la autorización de las licencias sin derecho a subsidio se funda en que le fueron solicitados al recurrente antecedentes para determinar su huella laboral, que no habría cumplido, requiriéndose sus contratos vigentes y actualizados, como asimismo las rentas que percibe, lo que se le solicitó en los meses de agosto y septiembre de 2023, pidiéndose en noviembre del mismo año el libro de asistencia de los meses de julio y agosto, a fin de aclarar los días trabajados, manteniéndose con fecha 4 de diciembre de 2023 la autorización de las licencias sin derecho a pago de subsidio, debido a que el empleador debe aclarar el motivo o razón del por qué se cotizó por completo los meses de julio y agosto del año 2023. Si bien es cierto el usuario manifestó que se desempeña bajo el artículo 22 del Código del Trabajo, no justifica pago de cotizaciones en los meses con licencia médica, inconsistencias que se mantuvieron a través del tiempo y justificaron la decisión de la recurrida.

Manifiesta que por estas consideraciones, el actor concurrió ante la SUSESO para la revisión de la situación, quien a través de la Resolución Exenta impugnada confirmó la decisión de la COMPIN RM.

Expone que la Comisión es un organismo eminentemente técnico, y sus decisiones en relación con las licencias médicas se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley y normativas vigentes, particularmente el Decreto Supremo N°3/1984 y N°7/2013, basándose su decisión en el estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, y el cumplimiento del objetivo de la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Tercero: Que, informa Francisco Ortega Bello, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad social, solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

Arguye en primer término que la acción de protección debe ser desestimada por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, refiere que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, y afirma que respecto a los requisitos para tener derecho al pago del subsidio por incapacidad laboral el inciso primero del artículo 4°, del D.F.L. Nº 44, del año 1978, señala para tener derecho a los subsidios se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente Precisa que, por otra parte, el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que en lo pertinente expresa que los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

A su turno, detalla que el procedimiento de autorización de licencias médicas está regulado en el D.S. N°3 de 1984, del Ministerio de Salud. Para efectos de este procedimiento, la licencia médica es, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 5° de este cuerpo reglamentario: “…un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la Compin o ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso.”

Hace presente que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con dos requisitos, a saber, una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN), y el cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral.

Ahora bien, sobre el caso concreto, la recurrida informa que el actor presentó licencias médicas para ser gestionadas ante los dos empleadores que registra, pero al revisar los pertinentes contratos de trabajo, se observa que, con el empleador Rut N° RUT reservado(Consultora de Servicios Logística e Ingeniería SpA), si bien se indica que tiene un contrato en base al artículo 22, se le fija una jornada laboral mínima de 08:00 a 18:00 horas, quedando a su disposición. Luego, para el empleador Rut N° RUT reservado(Alianza Est SpA), contratado bajo el artículo 12 del Código del Trabajo, se establece un turno de lunes a viernes de 08:00 hasta las 17:00 horas, con una hora de colación de cargo del trabajador, conforme a lo señalado, es dable advertir, que el trabajador no cuenta con una compatibilidad laboral.

Agrega que se tuvo a la vista contrato de trabajo suscrito el 1 de marzo de 2020, con la empresa RUT N° RUT reservado, bajo la modalidad del artículo 22 del Código del Trabajo, con una jornada mínima de 08:00 a 18:00 horas, y por otra parte, con la entidad empleadora Rut N° RUT reservado, con una jornada laboral - turno B, de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, por lo que al ser incompatibles los horarios, no es posible acoger el reclamo realizado por el recurrente.

Puntualiza sobre la revisión de los antecedentes tenidos a la vista, en especial los contratos de trabajo del recurrente y páginas del libro de control de asistencia con la empresa Consultora de Servicios Logística e Ingeniería SpA, de noviembre de 2023 a abril de 2024, que sus horarios son incompatibles, lo que deviene en la improcedencia del pago del subsidio de las licencias médicas reclamadas, máxima cuando la función por la que fue contratado en dicha empresa es de Jefe de Personal y Remuneraciones, que no es de aquellos que puedan quedar excluidos de la limitación de jornada de trabajo.

Advierte que en estas circunstancias, y en el ejercicio de la potestad fiscalizadora de la recurrida, puede determinar la efectividad de la relación laboral invocada por quien pretende beneficiarse del subsidio a que da derecho la licencia médica, toda vez que por una parte ésta se inscribe entre las órdenes médico-sociales comprendidas en el ámbito de su supervigilancia conforme el artículo 3º de la Ley N° 16.395 y, por otra, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, conceptualiza la licencia médica como un derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por uno de los especialistas que la norma indica, reconocida por su empleador en su caso y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Institución de Salud Previsional según corresponda; de lo que se sigue que la calidad de trabajador resulta esencial para determinar la procedencia de la licencia.

Concluye mencionando que por todo lo anterior, no ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, u otro derecho garantizado por la Carta Fundamental, por lo que solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber haber dictado la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 16 de octubre de 2024, la Resolución Exenta N° R-01-UJU-161591-2024, que confirmó el no pago de subsidio de las licencias médicas números 102248266,101071393, 99845885, 100902910, 102248744 y 102.248266-8, por no existir compatibilidad horaria entre los dos empleadores del recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, por su parte, la recurrida ha referido la normativa y procedimientos aplicables a las licencias médicas, habiendo la recurrente aprovechado las instancias existentes para la revisión de su situación. En tal sentido, del propio recurso se desprende que la actora ha presentado su disconformidad del rechazo de sus licencias, ante las instituciones administrativas pertinentes, con lo que es posible concluir que se ha respetado la institucionalidad instaurada al efecto, y en ese entendido, tanto la mencionada Comisión y Superintendencia han actuado dentro de las prerrogativas que les establece la ley, por lo que sus acciones no pueden calificarse de ilegales ni arbitrarias, más aún si éstas decisiones se han fundado en antecedentes técnicos, tal como se ha expresado en autos, lo que se puso en conocimiento de la recurrente, quien teniendo la posibilidad de subsanar las inconsistencias ante la autoridad administrativa para modificar lo resuelto, tal como consta que lo hizo, no acompañó antecedentes que lo hicieran variar, en los términos ya expresados.

A mayor abundamiento, los antecedentes acompañados por el recurrente en su acción de protección, y particularmente los contratos de trabajo de los empleadores antes individualizados, se encuentran fechados a 16 de octubre de 2024, siendo antecedentes diversos a aquellos tenidos a la vista por las recurridas para adoptar la decisión que posteriormente se impugna, y encontrándose en cualquier caso fuera del periodo de licencia médica que se reclama, ya que tal como lo expresa el informe de la COMPIN RM, salvo para el caso de la licencia médica número 102.248266-8, contemplaba un total de 150 días de reposo desde el 8 de marzo de 2024, siendo en consecuencia improcedente para acreditar cualquier cambio de circunstancias los instrumentos acompañados por el actor, cuya vigencia comprende un periodo posterior al autorizado con licencia médica, y llevando razón la recurrida en que existe una situación de incompatibilidad horaria que no logra aclararse suficientemente por el actor ante la autoridad administrativa, lo que tuvo como consecuencia el no pago del subsidio pretendido.

Séptimo: Que lo anterior, permite arribar a la conclusión de que la actuación de las recurridas no puede calificarse de antojadiza o falta de razón, por lo que no concurren en la especie el presupuesto básico de procedencia de la acción de protección, por lo que es imperativo su rechazo, tanto por dictarse la Resolución Exenta impugnada con base en antecedentes médicos que descartaron la necesidad de mayor reposo y su rol terapéutico en el paciente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por don nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana y Superintendencia de Seguridad Social.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21200-2024.