nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, deduce acción constitucional de protección contra la Contraloría General de la República, representada por nombre reservado, domiciliadas en domicilio reservado, firmado electrónicamente por nombre reservado, Jefa de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, de 28 de agosto de 2025, que mantiene reparo por $22.028.986 relativo a un contrato a honorarios suscrito entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2024, lo que afecta su derecho de propiedad, el que solicita se deje sin efecto y se ordene ponderar íntegramente los nuevos antecedentes presentados por el ente auditado en la Ord.229 de la I. Municipalidad de La Florida de 24 de junio de 2025, restableciendo el imperio del derecho.

Explica que la Contraloría General de la República emitió Informe Final N°741 de 2024 que observó su contrato a honorarios, activando el mecanismo del artículo 27 de la Resolución N°10 de 2021 y presentó Solicitud Formal de Reevaluación, ORD. 229 de 24 de junio de 2025.

El mencionado artículo 27 ordena que la presentación sea resuelta “con el mérito de las argumentaciones y antecedentes acompañados”, lo que impone a la autoridad un examen y ponderación completa de las nuevas piezas agregadas al expediente. Lo que se hizo adjuntando evidencia normativa y trazable sobre la ejecución efectiva del contrato.

Respecto de su situación específica, prestó servicios a honorarios como asistente de la Coordinación de Gabinete del Acalde, la ORD 229 emitida por la municipalidad y dirigida a la CGR dijo: “[l]a presente solicitud se formula precisamente a la luz de los antecedentes nuevos que no fueron ponderados en el informe en cuestión, relativos a contrato a honorarios entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2024”. Con la descripción del cargo según reseña (pág.2) y que consistían en: i) colaborar en el accionar de las funciones propias del área; ii) atención a la comunidad; iii) redacción de informes semanales de análisis de contingencia pública; iv) coordinación entre el gabinete y la administración municipal, como elemento coadyuvante en gestión de los asesores de esta última unidad en concordancia con los requerimientos efectuados desde el gabinete; v) asesoramiento estratégico a la coordinadora de gabinete del Alcalde en las reuniones en que éste participe, bajo la supervisión de la Administración Municipal. Sin embargo, la CGR sostuvo que “[l]os argumentos esgrimidos por la autoridad edilicia no permiten desvirtuar lo objetado, toda vez, las minutas que en cada caso fueron analizadas por esta Entidad de Control no dicen relación con las finalidades del municipio, sin que resulte posible comprender cómo análisis de asuntos que tienen incidencia política, dicen relación con los fines propios del municipio”. Lo que estima un análisis parcial, circunscrito a las minutas comunicacionales, las cuales constituyen solo una fracción minoritaria de la actividad real y útil ejecutada por el contratado, omitiendo un conjunto mayoritario de funciones y productos que son propias, útiles y necesarias para el buen funcionamiento municipal, y que se encuentran plenamente documentadas.

Ante ello la municipalidad detalló con trazabilidad y evidencia nominativa, la ejecución real de cada función pactada en el contrato, vinculada a productos, acciones concretas, actores involucrados y resultados institucionales: i) Atención a la comunidad: Incluye no solo recepción pasiva de solicitudes, sino la proactividad en la generación, gestión y seguimiento de soluciones concretas a problemáticas sociales, de salud, inclusión, deporte y seguridad ciudadana; ii) Redacción de informes/análisis: Se materializa en minutas, reportes, insumos técnicos para toma de decisiones y productos para la gestión y planificación; iii) Coordinación Gabinete-Administración: Articulación operativa y estratégica entre direcciones, equipos técnicos, asesores municipales y Gabinete; iv) Gestión de asesores: Planificación, organización y validación de agendas, reuniones, entrevistas técnicas y eventos; y, v) Asesoría estratégica: Propuestas y recomendaciones sobre representaciones institucionales, convenios, procesos participativos y actividades de alto impacto comunitario. Según recuadro que despliega en el recurso con sus respectivas fechas, acompañado de correos, minutas y respaldos.

La CGR consideró que los antecedentes aportados fueron elaborados con posterioridad a la auditoría, manteniendo la observación lo que pugna con el artículo 27 citado, ya que no solo no lo pondera, sino que introduce una exigencia que es contraria a su tenor y sustituye la regla de la reevaluación por la lógica propia del re-informe. Y los descarta, además, señalando que las labores “no dicen relación con alguna de las finalidades propias de toda entidad edilicia”. En tanto lo que debió examinarse es si las actividades cumplían el cometido contractual ya que, si se acredita trabajo real, permanente y verificable, utilizable por la administración, el presupuesto del reparo decae. Discusión distinta sería la conveniencia de ciertas tareas que podrían ordenarse no repetir a futuro, pero esa valoración no autoriza a calificar como inexistente el conjunto de las prestaciones efectivamente ejecutadas. Es imposible cuantificar daño una vez demostrada la ejecución sustantiva del contrato y la autoridad remite al fallo N°818 de 2018 del Tribunal de Cuentas de segunda instancia y sostiene que el artículo 111 de la Ley Nro.10.336 impone ponderar la prueba conforme a la sana critica, pero acto seguido, anuncia que formulará reparo por la suma de $22.028.986 en virtud de lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la misma ley.

En definitiva, alega que el municipio utilizó la vía reglada del artículo 27 para introducir antecedentes nuevos y pertinentes, debiendo decidir con el mérito de esa nueva prueba y no lo hizo. Rehusó ponderarla por el solo hecho de haberse acompañado o sistematizado después de la auditoría y revirtió el estándar propio de la reevaluación a las coordenadas del re-informe, aplicando una vara que la reglamentación no contempla, ignorando la trazabilidad nominativa de correos, minutas y productos y mantuvo un reparo global cuya cuantificación no dialoga con la realidad material del trabajo ejecutado.

Todo lo anterior, en opinión del recurrente, configura ilegalidad y falta de razonabilidad; desproporción en mantener el reparo frente a prueba de ejecución objetiva; falta de idoneidad y necesidad de la medida adoptada a la luz de la finalidad del control; y, trato desigual injustificado respecto del estándar reglado de ponderación. Y afecta sus garantías del artículo 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, se evacua informe por la recurrida, Contraloría General de la República, en donde expresa en primer lugar que el destinatario del acto impugnado no es el recurrente, sino la Municipalidad de La Florida y que el oficio impugnado fue emitido en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21 A, 131 y 132 de la Ley Nº10.336, en concordancia con lo establecido en el artículo 51, inciso primero, de la Ley Nº18.695 que, en lo pertinente, establece que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional.

En esa calidad de controlador cuenta con atribuciones mediante inspecciones y auditorías, pudiendo efectuar observaciones y disponer las providencias que procedan con arreglo al ordenamiento jurídico, que es lo acontecido en la municipalidad de que se trata. Por ello, el destinatario del Oficio N°E67844, de 23 de abril de 2025, mediante el cual se remitió el Informe Final N°741, de 2024, de esta Contraloría General a la entidad edilicia auditada, así como, el oficio N° E145825, de 2025, por el que se desestimó la solicitud de reevaluación presentada por dicho municipio, es la Municipalidad de La Florida; por lo que, el recurrente, no ha resultado perjudicado o agraviado, en tanto, no le ha sido atribuida responsabilidad por los hechos allí observados.

Añade que el asunto reclamado es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección que constituye un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz, frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos constitucionales de carácter indubitado que admiten su ejercicio, y que pretende el amparo o restablecimiento de estos, pero no como una vía para pedir que se determine el sentido y alcance de una preceptiva determinada, ni tampoco como una instancia de declaración de derechos.

Enfatiza también que este asunto ya se encuentra sometido al conocimiento y resolución de la judicatura de cuentas toda vez que con fecha 2 de septiembre de 2025, en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 bis de la ley N°10.336, se presentó un reparo en contra de los funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de La Florida que allí se individualizan, ingresado con el Rol N°91-2025, para que ese Juzgado de Cuentas resuelva sobre la responsabilidad civil extracontractual. Entre tales funcionarios, no se encuentra nombre reservado atendido que dicha acción no busca obtener la devolución de las sumas improcedentemente pagadas de parte del receptor de dichos fondos, sino que, perseguir la responsabilidad civil extracontractual de aquellos funcionarios que con su negligencia permitieron ese pago.

Así, el reparo constituye la demanda en el juicio de cuentas, la que se sustanciará ante el Juez de Cuentas de primera instancia, con arreglo al procedimiento establecido en la Ley N°10.336, pudiendo distinguir distintas fases: periodo de discusión, de prueba y de sentencia y, eventualmente, una etapa recursiva, a través de la interposición de un recurso de apelación del que conocerá un órgano jurisdiccional de segunda instancia, integrado por el Contralor General de la República y dos abogados designados por el Presidente de la República.

Por último, en cuanto al fondo de la acción planteada, precisa que conforme con lo establecido en el artículo 41 de la Resolución N° 10, de 2021, ya citada, el Preinforme de Auditoría N° 471, de 2024, fue remitido con carácter confidencial a la Municipalidad de La Florida, por medio del oficio N° E572367, de 29 de noviembre de 2024, con la finalidad de que dicha entidad edilicia formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran. Es así, como el administrador municipal (S), con fecha 20 de diciembre de 2024, mediante oficio N°1.378, efectuó los descargos del municipio, los cuales fueron debidamente analizados y ponderados por este Órgano de Control. Y a continuación, a través de oficio ORD N° 229, de 24 de junio de 2025, don nombre reservado, en su calidad de alcalde subrogante de la Municipalidad de La Florida, ejerció el derecho establecido en el citado artículo 27, de la Resolución N 10, de 2021, solicitando la reevaluación de las observaciones, relacionadas con Celebración día del dirigente vecinal y comunal, Pago improcedente de honorarios para finalidades ajenas a los objetivos de la entidad, y Cuenta pública del Consejo de la Sociedad Civil, COSOC, y actividades protocolares, respectivamente, la cual fue acogida parcialmente. En tanto, en relación con lo que interesa a la presente acción, se detectó la existencia de pagos improcedentes de honorarios para finalidades ajenas a los objetivos de la entidad, conforme se desprende de lo expuesto en el punto 8.1, del Informe Final N 741, de 2024, de este origen, toda vez que la Municipalidad de La Florida pagó a al señor nombre reservado, la suma de $ 9.120.775 y al señor nombre reservado, la suma $ 22.028.986, por la prestación de servicios a honorarios durante el año 2024, en circunstancias que correspondían a finalidades ajenas a los objetivos de la entidad, tales como la redacción de minutas comunicacionales de análisis de contingencia política-partidista, análisis de la contingencia pública en Chile con un subtema de “desarrollos políticos”, entre otras. El señor nombre reservado, libre y espontáneamente, efectuó un pago de $8.000.000, por concepto de reintegro de honorarios, lo que permitió subsanar parcialmente la observación por dicho concepto. En tanto, la solicitud de reevaluación efectuada por la Municipalidad de La Florida no alteró en nada la observación formulada respecto del señor nombre reservado, toda vez que las minutas que en cada caso fueron examinadas por esta Entidad de Control al momento de elaborarse el Informe Final N°741, de 2024, no decían relación alguna con las finalidades propias de toda entidad edilicia. Y la jefa de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República formuló un reparo por la suma nominal de $22.028.986, equivalente a 338,51 unidades tributarias mensuales, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la Ley N°10.336, juicio de cuentas que se encuentra en tramitación.

Finalmente, considera que no existen garantías constitucionales amagadas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, pero no para cuestiones de lato conocimiento.

Sin perjuicio de ello, el artículo 19 señala: “[l]a Constitución asegura a todas las personas: […] 2°. La igualdad ante la ley […] 3°. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. […] 24°. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Cuarto: Que, esta acción, es una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegales o arbitrarias que los amaguen o afecten. De ahí que se ha dicho que la eficacia de este remedio se debe a que constituye un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, que le permiten resolver situaciones de vulneración de derechos fundamentales que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable. Y sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos.

Quinto: Que, en el presente caso, sin embargo, la denuncia que se realiza y la pretensión que se formula, se apartan de las características anotadas. En primer término, porque el acto impugnado, que ha sido emitido de acuerdo con las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, se encuentra dirigido a la Municipalidad de La Florida, ya que ha sido ella la que ha contratado y dispuesto el pago de honorarios respecto del señor nombre reservado, los que se encuentran hoy objetados. De manera que, en efecto, quien tiene el real interés es el ente edilicio.

Sexto: Que, en segundo término, el asunto se encuentra sometido al juicio de cuentas que es el procedimiento que el legislador ha otorgado para la rendición de todas las probanzas que sean necesarias para la demostración de la utilidad y pertinencia de la actividad desplegada por el asesor y no esta vía en la cual no es posible ponderar prueba.

Séptimo: Que, por último, no se advierte cómo podría existir un acto atentatorio de las garantías constitucionales que el recurrente menciona, a saber, la igualdad ante la ley, el debido proceso o el derecho de propiedad en tanto no existe a su respecto acto alguno que le exija por ejemplo devoluciones dinerarias.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactó la ministra señora Poza.

N°Protección-21188-2025.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por el Ministro señor Guillermo E. De La Barra Dunner e integrada por la ministra señora Lidia Poza Matus y por el ministro (I) señor Pablo Toledo González. No firma el ministro (I) señor Pablo Toledo González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.