nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE LAMPA

Santiago, uno de abril de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 22: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, analista programador, quien interpone recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones, y contra de quien resulte responsable, por la omisión que considera ilegal y arbitraria consistente en la falta de materialización de su ingreso a la institución, pese a haber sido seleccionado para el cargo que indica, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 1, 2, 16 y 17.

Funda el recurso expresando que, en junio de 2024, se publicó en el sitio web de la Policía de Investigaciones de Chile (www.pdichile.cl), Sección “Trabaja con Nosotros”, las Bases del concurso público para proveer el cargo de “Técnico en Computación o Informático”, asimilado a Grado 12, con desempeño en la ciudad de Arica. Afirma que, tras participar y cumplir con los requisitos del concurso, fue seleccionado para ocupar el cargo, fijándose como fecha de ingreso el 23 de septiembre de 2024. Sin embargo, al presentarse, no se tramitó su ingreso, y a pesar de requerir información al respecto, no se le informó nada al respecto.

En tal sentido, detalla cronológicamente las distintas fases del concurso, en lo relativo a sus bases, mecanismos de postulación, comunicaciones, y da cuenta de haber obtenido resultados positivos en las etapas y evaluaciones que detalla. Indica que fue citado a entrevista de valoración global, obteniendo un resultado positivo, que dio lugar al inicio de proceso historial y familiar.

En este contexto, señala que el 02 de agosto de 2024 fue notificado por correo electrónico, que conforme a los resultados obtenido en el proceso de reclutamiento y selección, ha sido seleccionado para iniciar Proceso Reglamentario de Ingreso a la Institución, requiriendo antecedentes que remitió. Adiciona que el 12 de agosto de 2024, por la misma vía, se le solicitó un documento de no afiliación a AFP y autorizar afiliación a Fonasa, por lo que actualmente carece de afiliación al sistema de salud.

Prosigue señalando que con fecha 13 de agosto de 2024 “se me notifica vía correo electrónico que el Proceso de Postulación ha finalizado de forma positiva señalándome que la propuesta de Contratación tiene como fecha tentativa de ingreso a la institución el lunes 09/09/2024”, y que el día 27 del mismo mes y año “se me notifica vía correo electrónico, modificación de fecha de ingreso, fijando una nueva para el día Lunes 23/09/2024”.

Destaca que en esta última fecha no se efectuó su ingreso, sin informar razones para ello, y que por correo electrónico de la misma fecha solicitó una nueva fecha, sin obtener información formal al tiempo del recurso.

Advierte que, desde el inicio hasta su aceptación al cargo, dio cabal cumplimiento a todas las etapas y exigencias establecidas. En razón de ello se le comunicó por correo electrónico que fue seleccionado para iniciar Proceso Reglamentario de Ingreso a la Institución, razón por la cual, se fijaron las fechas ya anotadas.

Considera que esta sola circunstancia da cuenta que fue aceptado para ingresar a la PDI en el cargo y condiciones establecidas en el concurso. Cita lo dispuesto en el artículo 3 de la ley N° 19.880, conforme al que asevera que, si bien la decisión que atribuye a la recurrida se realizó a través de un correo electrónico, su forma no lo exime de su cualidad esencial, que es haber sido adoptada por un órgano de la Administración del Estado que contiene declaración de voluntad.

En suma, plantea que el correo se trata de un acto definitivo y consolidado, que califica como acto terminal según dispone el artículo 18 de la ley N° 19.880, tratándose de uno favorable, declarativo de derechos, de modo que el derecho surgido a raíz del acto se incorpora en el patrimonio del interesado desde que éste cumple los requisitos y condiciones previstas en las Bases o normativa relacionada.

En este escenario, plantea que la inacción de la recurrida, de mantenerse silente respecto del ingreso a trabajar, fijado para el 23 de septiembre de 2024, perturba el legítimo ejercicio del derecho que le asiste, de su derecho al trabajo, y que la autoridad reconoció, ingresándolo a su patrimonio, al ser notificado de ello. Estima que no existe modo de alterar el acto sino es por revocación o invalidación, lo que refrenda la autotutela de la recurrida, que incurre en una omisión ilegal.

Posteriormente, señala que debe distinguirse entre nombramiento y asunción de funciones (o posesión del cargo), pues no siempre coincide en el servicio público el nombramiento del funcionario con el inicio de los trabajos, lo que desprende del inciso final del artículo 16 del Estatuto Administrativo, y advierte que fue notificado de la oportunidad en que debía asumir funcionarios, esto es el 23 de septiembre de 2024, lo que no impide que en forma posterior se dicte su nombramiento, pero la autoridad no le ha permitido cumplir con el ingreso a sus labores.

Arguye que, habida cuenta que ha participado de un concurso público, ha cumplido con las Bases del mismo y tras haber cumplido con los requisitos y antecedentes de evaluación fue seleccionado para ingresar a trabajar en la PDI en dos fechas, sin que se haya materializado el ingreso por omisión y silencio inexcusable de parte de la autoridad, ello supone una omisión arbitrara e ilegal.

Finalmente, solicita que esta Corte de Apelaciones acoja el recurso “adoptando las medidas que estime conducentes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en especial:

A) Ordenar que se haga efectivo mi ingreso a la Institución, retomando la etapa en que quedó suspendido mi ingreso, sin fundamento alguno.

B) Ordenar se me dé respuesta a mi petición sobre estado de avance de mi ingreso a la Institución.

C) Declarar que no me afecta ninguna de las causales de exclusión del proceso de selección para nombrarme en el cargo a contrata de Técnico en Computación o Informático, asimilado a grado 12.

D) Que la recurrida se abstenga, en lo sucesivo, de omitir responder requerimientos o consultas sobre estado de ingreso.

E) Que se condene al recurrido con las costas del recurso”.

SEGUNDO: Que informa doña María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, actuando en representación del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

Al respecto, expresa que la Sección Ingresos, dependiente de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, alineada con las “Orientaciones para la Elaboración de un Procedimiento de Reclutamiento y Selección” de la Dirección Nacional del Servicio Civil, ha establecido un procedimiento de “Reclutamiento y Selección de Personal a Contrata”, compuesto de cuatro etapas de selección y dos reglamentarias, según el detalle que indica.

Luego, en lo relativo al caso materia del recurso, mediante la Resolución Exenta N° 49, de fecha 14 de febrero de 2024, de la Dirección General, se efectuó el llamado al proceso de reclutamiento y selección para proveer (01) cargo de Técnico/a asimilado/a a grado 12°, con especialidad en Informática, para desempeñar funciones en la Plana Mayor Regional Arica, oferta publicada en el sitio web institucional, con el documento denominado “Detalles de la Vacante”.

Agrega que, en ese proceso, el protegido aprobó, junto con otros ocho postulantes, todas las etapas del proceso de reclutamiento y selección anteriormente señalado, quedando todos los seleccionados categorizados como recomendados para proveer el cargo.

Adiciona que, según el procedimiento de Reclutamiento y Selección señalado, en todos los procesos de ingreso a la Policía de Investigaciones de Chile, los postulantes deben ser notificados e informados de los resultados obtenidos en las distintas etapas de dicho proceso. Por tal razón, como se consigna en la reclamación del citado postulante, la Sección Ingresos le informó debidamente, de todos los resultados, negativos o positivos, de dicho proceso.

Señala que, en este contexto, pese a que el recurrente fue notificado de la modificación en la fecha de inicio de las actividades en el cargo, en el contexto de la preselección, con posterioridad, los antecedentes de los postulantes pre-aprobados, fueron puestos en conocimiento del Jefe de Servicio, para que, seleccionara, de entre ellos, al postulante más idóneo.

Destaca que, en forma previa a la referida modificación, mediante comunicación de fecha 13 de agosto de 2024, el Equipo de Reclutamiento y Selección, de la Sección Ingresos de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, informó al postulante lo siguiente:

“Estimado Postulante, Junto con saludar, y en atención a su proceso de postulación a la Institución al cargo de Técnico en Informático, asimilado a grado 12 (TECINFACA-01), se informa que éste ha finalizado de forma positiva. Motivo por el cual, realizaremos su propuesta de contratación con fecha tentativa de ingreso a la Institución para el día lunes 09 de septiembre de 2024.

En el caso que, esta fecha sea modificada será avisada mediante correo electrónico, o bien por vía telefónica, pudiendo otorgarse la confirmación hasta el día previo a la fecha propuesta en la presente notificación.

Lo anterior, no constituye una confirmación final de vinculación contractual, puesto que corresponde en todo momento a una propuesta y no una resolución final y/o carta oferta.”

Así, en cumplimiento de las funciones propias del cargo de Director General, establecidas en el artículo 10 N° 1, del Decreto Ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile y en el artículo 25 N° 3, del Decreto Supremo N° 41, de 1987, de la misma cartera, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Institución, es el Jefe de Servicio, la autoridad que debe seleccionar la alternativa que estima idónea y pertinente, dentro del grupo de postulantes idóneos, que, como se señaló, en este caso, fueron ocho (08) en esa condición, conforme a las etapas de selección publicadas.

En definitiva, señala que las comunicaciones aludidas por el recurso, en las que se informó la fecha de inicio de las actividades del cargo, no constituyen, en ningún caso, un acto administrativo que formaliza la decisión de contratación y el ingreso de el o los postulantes a la Policía de Investigaciones de Chile, estimándose, en consecuencia que, el proceso de selección del cargo Técnico en Computación e Informático asimilado a grado 12°, en el que participó el protegido, se realizó conforme a la normativa institucional que regula la materia, no existiendo irregularidad en la asignación de la vacante al cargo.

Hace presente que, por Oficio N° E550484/2024, de fecha 10 de octubre de 2024 de la Contraloría General de la República, se remitió copia del Oficio N° 60, de 2024, del H. Senador José Miguel Alberto Durana Semir, a fin de informar a esa Entidad de Control y remitir todos los antecedentes necesarios, para resolver adecuadamente la presentación de que se trata; y que el mismo requerimiento se formalizó ante la Institución mediante el Oficio N° 59/2024, de 02 de octubre de 2024, del Senado de la República y mediante el Oficio N° E554393/2024, de fecha 18 de octubre de 2024, de la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota.

Explica que la respuesta dada en el contexto de estos requerimientos da cuenta que el protegido participó en el Proceso de contratación efectuado por la Policía de Investigaciones de Chile, Código TECNINFACA-01, para el Cargo de Técnico en Computación e Informática, asimilado a grado 12°, en el que, en su etapa final, integró un grupo de nueve postulantes que aprobaron las distintas etapas evaluativas del mencionado proceso, cumpliendo con la idoneidad para el cargo y en consecuencia, manteniendo las mismas opciones para ser contratado. A continuación, y a pesar de que nombre reservado fue informado sobre el cambio en la fecha de inicio de las actividades relacionadas con el cargo durante la etapa de preselección, posteriormente, los antecedentes de los postulantes pre aprobados fueron entregados al Jefe de Servicio, para que pudiera escoger al candidato más adecuado entre ellos.

Finalmente, plantea que, de lo reseñado, se desprende que esta Policía de Investigaciones ha actuado conforme a derecho, con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo por parte de esta autoridad, acción u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1, 2, 16 y 17, verificándose con los antecedentes expuestos que la autoridad ha cumplido cabal y suficientemente con lo dispuesto en del Decreto Ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile y en el artículo 25 N° 3, del Decreto Supremo N° 41, de 1987, de la misma cartera, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Institución, por lo que solicita que se rechace la acción intentada.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, en la especie, se reprocha una omisión de parte de la recurrida, relativa a la falta de ingreso del actor a prestar servicios en la Institución, quien considera que fue seleccionado para servir el cargo al que postuló, lo que le habría sido comunicado mediante los correos electrónicos que singulariza en el recurso.

QUINTO: Que, de los antecedentes aportados a esta sede, es posible establecer que efectivamente el protegido participó en el proceso de selección materia del recurso.

Sin embargo, no existen elementos de convicción que permitan tener por cierto el hecho que alude en el mismo, es decir, que fuera seleccionado para servir un cargo, mediante un acto administrativo terminal.

SEXTO: Que, en efecto, las partes discrepan en torno al alcance de dichas comunicaciones, ya que, mientras que el actor le atribuye la naturaleza antedicha, la recurrida ha referido que las mismas se incardinan en el contexto de la preselección de postulantes, y en el texto integro que acompaña, se previene que “no constituye una confirmación final de vinculación contractual, puesto que corresponde en todo momento a una propuesta y no una resolución final y/o carta oferta.”

SÉPTIMO: Que, conforme lo antes expuesto y razonado, solo cabe concluir que no existe en la especie un derecho indubitado que ampare al recurrente, en cuanto no se ha dictado el acto terminal correspondiente y que además, atendido que la autoridad recurrida ha actuado de acuerdo a la normativa que rige a la institución, no existe un acto ilegal y arbitrario que afecte la garantías constitucionales que el actor denuncia como conculcadas.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, y en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N° 21187-2024 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Inelie Durán Madina, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y la Abogada Integrante señora Soledad Krause Muñoz.