Protección contra nombre reservado —entidad mediante la cual actúa la nombre reservado— y de

C.A. de Santiago Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la nombre reservado —entidad mediante la cual actúa la nombre reservado— y de los integrantes del denominado nombre reservado de dicha institución nombre reservado, nombre reservado , nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por el acto que califica ilegal y arbitrario consistente en la resolución dictada en la causa N° NUM000 de 11 de agosto de 2025, notificada el 27 del mismo mes, mediante la cual se le impuso la sanción de pérdida de su calidad de miembro de la nombre reservado.

Expone que pertenece a la institución nombre reservado desde hace más de treinta y cinco años y que ha ejercido diversas funciones dentro de ella. Señala que anteriormente fue sancionado con expulsión junto a otro miembro de la orden, decisión que fue impugnada mediante recurso de protección, siendo finalmente dejada sin efecto por la Corte Suprema, que ordenó resolver la situación conforme a un procedimiento que garantizara el debido proceso.

Indica que, en cumplimiento de lo resuelto por el máximo tribunal, se inició un nuevo procedimiento disciplinario ante el nombre reservado. Sostiene que dicho procedimiento concluyó nuevamente con su expulsión, pese a que el fiscal instructor del proceso habría recomendado la absolución de los cargos formulados. Afirma que el órgano colegiado desestimó dicha recomendación y fundó su decisión en antecedentes que no habrían sido objeto de investigación ni puestos en su conocimiento durante el procedimiento, lo que —a su juicio— le habría impedido ejercer adecuadamente su derecho a defensa.

Agrega que el procedimiento disciplinario se habría tramitado con infracción a las normas internas que regulan la justicia nombre reservado, particularmente en lo relativo al plazo para dictar sentencia, el cual —según indica— habría sido excedido en más de doscientos días. Asimismo, sostiene que no se respetaron los principios de bilateralidad de la audiencia ni los emplazamientos establecidos en el reglamento interno.

Expone además que los hechos que motivaron la investigación disciplinaria se vinculan con su desempeño como gerente administrativo de la nombre reservado, institución privada distinta de la nombre reservado, por lo que estima que el tribunal disciplinario se habría pronunciado sobre materias que no serían de su competencia.

Sostiene también que, pese a existir otro inculpado en el mismo procedimiento y haberse fundado los cargos en antecedentes similares, a éste se le habría aplicado una sanción distinta, sin que se expresaran fundamentos suficientes para justificar tal diferencia, lo que a su juicio constituye una discriminación arbitraria.

Debido a lo anterior, estima vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicita se deje sin efecto la sanción impuesta y se ordene su inmediata reincorporación a la nombre reservado con el mismo estatus que detentaba con anterioridad.

Segundo: Que comparece Guido Sepúlveda Yévenes, abogado, quien evacúa informe en representación del nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Señala que el recurrente fue expulsado de la institución en el año 2023 conforme a la normativa interna vigente a esa época.

No obstante, indica que la Corte Suprema, en causa Rol N°251.230-2023, dejó sin efecto la sanción por estimar que el procedimiento aplicado no garantizaba adecuadamente el debido proceso, ordenando resolver nuevamente la situación del afectado mediante un procedimiento disciplinario ajustado a las normas internas que aseguraran tales garantías. En cumplimiento de dicho fallo, se instruyó un nuevo procedimiento ante el nombre reservado.

Expone que dicho proceso disciplinario se tramitó de conformidad con la Constitución nombre reservado, el Reglamento General y el Reglamento Especial sobre Administración de Justicia nombre reservado, asegurándose al recurrente el conocimiento de los cargos formulados, la posibilidad de presentar descargos, ofrecer y rendir prueba documental y testimonial, comparecer a audiencias, y conocer el informe del fiscal previo a la dictación de la resolución definitiva. Precisa que el dictamen del fiscal constituye únicamente una recomendación no vinculante para el tribunal disciplinario, por lo que éste conserva plena autonomía para resolver el asunto sometido a su conocimiento.

Agrega que la sentencia disciplinaria se fundó en conductas del recurrente consideradas contrarias a los principios éticos y al deber nombre reservado, particularmente en cuanto habrían afectado el prestigio de la institución, aspectos que fueron analizados conforme a las normas internas que regulan el comportamiento de los miembros de la orden tanto en su vida institucional como en su actuar externo. Asimismo, sostiene que la duración del procedimiento no constituye vulneración al debido proceso, toda vez que el plazo previsto en la normativa interna para dictar sentencia no tiene carácter fatal y que la tramitación se desarrolló conforme a la complejidad de los hechos investigados.

Añade que el recurrente ejerció plenamente su derecho a defensa, siendo debidamente notificado de cada actuación procesal y teniendo acceso a los antecedentes del expediente.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, afirma que no se configura vulneración de los derechos consagrados en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto la decisión impugnada corresponde al ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria interna de una asociación privada, amparada por el derecho de asociación reconocido en el artículo 19 N°15 de la Carta Fundamental. En tal contexto, sostiene que los tribunales de justicia sólo pueden intervenir cuando exista una infracción manifiesta de derechos fundamentales, lo que —a su juicio— no ocurre en la especie.

Finalmente, concluye que la resolución impugnada no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el resultado de un procedimiento disciplinario tramitado conforme a los estatutos de la institución y con respeto al debido proceso, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

Tercero: Que, a su turno, comparece nombre reservado

Harcha Chaer, abogado, quien evacúa informe en representación de nombre reservado, nombre reservado de la nombre reservado y presidente de la nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Expone que la acción se dirige en contra de la nombre reservado, del nombre reservado y de los integrantes del nombre reservado, con ocasión de la resolución dictada el 11 de agosto de 2025 en la causa disciplinaria N° NUM000, mediante la cual se impuso al recurrente la sanción de pérdida de la calidad de miembro de la nombre reservado, invocando éste la vulneración de diversas garantías constitucionales.

En primer término, alega la falta de legitimación pasiva de sus representados. Señala que la nombre reservado constituye una asociación amparada por el derecho de asociación reconocido en el artículo 19 N° 15 de la Constitución, la cual actúa en determinados actos civiles a través de la nombre reservado, persona jurídica distinta y autónoma.

Precisa que dicha corporación no tiene atribuciones disciplinarias dentro del nombre reservado, por lo que no puede ser responsable de una decisión jurisdiccional adoptada por el nombre reservado. Añade que el nombre reservado tampoco posee facultades para sancionar disciplinariamente a los miembros de la Orden, atribución que corresponde exclusivamente al sistema de administración de justicia nombre reservado, cuyo órgano superior es el nombre reservado, órgano colegiado autónomo que dictó la resolución impugnada. En tal sentido, sostiene que ni el nombre reservado ni el nombre reservado intervinieron en la dictación del acto recurrido, por lo que carecen de legitimación pasiva.

Indica, asimismo, que el procedimiento disciplinario seguido contra el recurrente se originó en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema en causa Rol N° 251.230-2023, que dispuso revisar su situación mediante un nuevo proceso conforme a las normas de la justicia nombre reservado, lo que dio lugar al procedimiento sustanciado ante el nombre reservado.

En cuanto al fondo, sostiene que la resolución impugnada fue dictada por el órgano competente conforme a la Constitución nombre reservado y al Reglamento General de la institución, luego de un procedimiento que contempló la formulación de cargos, la presentación de descargos, la rendición de prueba, audiencias, informe fiscal y sentencia fundada, respetándose así las garantías del debido proceso interno. Añade que el tribunal disciplinario concluyó que el recurrente incurrió en incumplimientos graves del deber nombre reservado, al estimar acreditadas conductas que habrían afectado el prestigio de la Orden, la disciplina interna y la convivencia fraternal, particularmente en relación con su actuación como gerente de la nombre reservado y con manifestaciones públicas que, a juicio del órgano disciplinario, ocasionaron perjuicio institucional.

Sobre dicha base se dispuso la sanción de pérdida de la calidad de miembro de la Orden.

Sostiene que el recurso de protección no constituye una instancia destinada a revisar el mérito o la valoración ética efectuada por los órganos disciplinarios de una asociación privada, sino únicamente a verificar la existencia de actos ilegales o arbitrarios que afecten garantías constitucionales, lo que —a su juicio— no concurre en la especie, atendido que el proceso se desarrolló conforme a las normas internas y dentro del ámbito de autonomía asociativa reconocido por el artículo 19 N° 15 de la Constitución.

Finalmente, afirma que no se configura vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, por cuanto no se ha acreditado afectación de la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales ni el derecho a la honra o a la vida privada, destacando además que la resolución cuestionada constituye una decisión interna adoptada por un órgano jurisdiccional propio de la institución y dentro de su competencia estatutaria. Por tales consideraciones, solicita el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que la decisión impugnada, conforme a la cual fue expulsado como miembro de la nombre reservado el recurrente, emanó del nombre reservado, integrado por 10 personas naturales y no consta ni se alega que la recurrida nombre reservado haya tenido intervención o participación en dicho acto. Así las cosas, aun cuando esta persona jurídica de derecho privado forme parte de la nombre reservado, carece de legitimación pasiva, motivo bastante y suficiente para desestimar la acción en cuanto se dirige en su contra.

Sexto: Que, las ilegalidades o arbitrariedades que se imputan al nombre reservado consisten básicamente en una eventual transgresión a las normas del debido proceso, a propósito de la instrucción del procedimiento que desembocó en la decisión de expulsar al recurrente, que se traducen principalmente en que no se habría respetado su derecho a la defensa y ser oído, se habría desestimado la recomendación de absolución propuesta por el fiscal instructor, y se habría excedido el plazo máximo para dictar sentencia, previsto en el Reglamento Especial de la justicia nombre reservado.

Séptimo: Que, respecto de estas impugnaciones, el propio recurrente manifiesta que los requisitos de forma, esto es, el derecho a la defensa, a ser oído, y a que la decisión se adopte luego de un procedimiento que permita al órgano colegiado contar con todos los antecedentes del caso, se habrían efectivamente respetado, pero que la decisión final sería la que en realidad atenta contra todos estos principios básicos de un debido proceso.

Octavo: Que, así planteado el reproche, resulta complejo concluir que el contenido de la decisión final, pudiere transformar un procedimiento en el que se respetaron formalmente los principios elementales del debido proceso, en uno, que en lo substancial no lo hace, salvo que lo decidido carezca de toda congruencia con la fase de investigación o de instrucción, y si bien el recurso parece sugerir esto último, no hay un desarrollo ni fundamentación precisa en dicho sentido, de modo que no se puede advertir de forma nítida una desconexión entre lo decisorio y el proceso substanciado que justifique la crítica que se formula en este sentido.

Noveno: Que, por otro lado, la circunstancia consistente en que la sentencia se hubiere pronunciado más allá de los plazos previstos en la reglamentación, puede deberse a muchos factores, incluyendo la complejidad del asunto o la acuciosidad de la investigación, sin embargo, aquello no transforma por sí solo el proceso en uno indebido o nulo, como tampoco lo hace el que se desestime un dictamen no vinculante del fiscal.

Décimo: Que, el artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile, dispone que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura de la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos, de modo que salvo se trate de una ilegalidad o arbitrariedad ostensible, no corresponde que por esta vía cautelar se enmienden o revisen las decisiones de instancias disciplinarias a las cuales han adherido libremente los miembros de la nombre reservado.

Undécimo: Que, respecto de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución que se habrían supuestamente conculcado al recurrente en razón de su expulsión de la nombre reservado, no se advierte la razón que pudiera existir entre una decisión de esa índole, con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, ni con el respeto y protección a la vida privada y honra, pues el recurso no plantea la eventual relación causal, ni describe la forma concreta en que se habrían vistos afectados estos derechos.

Duodécimo: Que, tampoco se desarrolla en el recurso una argumentación que permita colegir al menos, indiciariamente, que la expulsión importó una infracción al que precepto constitucional que consagra la igualdad ante la ley, más aún cuando se alude genéricamente a otros procesos contra miembros por incumplimientos de principios, pero sin aportar antecedente alguno que permitan discernir que de allí surge un tratamiento desigual ante situaciones equivalentes, ni demostrar que las imputaciones que pesaban y acreditaron con relación al otro imputado señor nombre reservado, eran las mismas que concurrían respecto del actor.

Decimotercero: Que, a mayor abundamiento, en su libelo, el recurrente plantea que la organización a la que pertenecía tiene una constitución y reglamento que regula el comportamiento de sus integrantes y que contempla la facultad del nombre reservado para tomar decisiones como la expulsión de algún integrante, lo que contradice y desvirtúa su alegación posterior en orden a que habría sido juzgado por una comisión especial con infracción a lo dispuesto en el artículo 19 número 3 inciso quinto de la Carta Fundamental.

Decimocuarto: Que, por lo razonado, el presente recurso de protección deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la nombre reservado —entidad mediante la cual actúa la nombre reservado— y de los integrantes del denominado nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

N° Protección-21184-2025.