nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 26 de septiembre de 2025 comparece Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por haber anulado la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero amparada en la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que rechaza la referida solicitud basándose en requisitos formales no previstos expresamente en la normativa, específicamente exigiendo la legalización o apostilla de un documento electrónico oficial y verificable, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°2 y N°24, por lo que solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene seguir con la tramitación de su solicitud y se efectúe la devolución de los fondos de pensión requeridos.

En lo fáctico, expone que su representado es un ciudadano venezolano, de profesión Ingeniero Biomédico, con residencia definitiva en Chile, a quien se le han descontado y enterado sistemáticamente sus cotizaciones previsionales. Agrega que, en cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156 —que establece la exención de cotizaciones para técnicos extranjeros—, el actor ingresó con fecha 8 de septiembre de 2025 una solicitud de devolución de fondos ante la recurrida. Para tales efectos, acompañó su contrato de trabajo con la cláusula respectiva, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente y una constancia electrónica del seguro social de su país de origen (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS). Sin embargo, señala que el mismo día recibió una comunicación de la Administradora indicando que su solicitud había sido "anulada", sin expresar motivos ni fundamentos, frente a lo cual presentó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, sin obtener respuesta favorable a la fecha de interposición de la acción.

Sostiene que dio cumplimiento íntegro a los requisitos exigidos por los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, puesto que el trabajador expresó en su contrato la voluntad de mantener su afiliación extranjera y demostró contar con cobertura previsional en Venezuela. Explica que la falta de apostilla en la constancia del IVSS obedece a una imposibilidad material constitutiva de caso fortuito, derivada de la ausencia de representación consular de Venezuela en Chile. Arguye que, para subsanar lo anterior, acompañó una constancia electrónica con código alfanumérico verificable en el portal web oficial del ente extranjero, validado además mediante certificación notarial chilena. Asimismo, fundamenta su recurso en el principio protector del derecho laboral In dubio pro operario, en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y en diversa jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que, a su juicio, proscribe la interpretación excesivamente literal y formalista de las Administradoras que imposibilite la restitución de los dineros.

En cuanto a las garantías vulneradas, el recurrente argumenta que el acto impugnado afecta el derecho a la igualdad ante la ley, al imponerle exigencias formales no previstas en la norma, generando una interpretación restrictiva en su perjuicio y un trato desigual frente a otros cotizantes que han obtenido la devolución con documentos similares; vulnerando, a su vez, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la misma Constitución, puesto que se le priva del ejercicio legítimo de los atributos del dominio sobre sus fondos previsionales, los cuales le pertenecen de manera exclusiva, procediendo la recurrida a retenerlos sin justificación legal alguna, no obstante haber acreditado los extremos fácticos exigidos por la ley de excepción.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, proceder a seguir con la tramitación de la solicitud y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. solicita su rechazo, con costas.

Refiere que la anulación de la solicitud comunicada el 10 de septiembre de 2025 se fundamentó en que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y la "Declaración bajo fe de juramento" presentadas no cumplen con la normativa vigente.

Afirma que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues se ajusta estrictamente al Oficio Ordinario N°12.954, emitido el 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, el cual instruye de manera obligatoria que el requisito de cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación oficial del país de origen debidamente legalizada o apostillada, señalando expresamente que las constancias electrónicas no apostilladas y las declaraciones juradas del afiliado carecen de valor probatorio suficiente. Añade que la Ley N°18.156 es una norma de derecho estricto y que el rechazo de la solicitud no genera una privación definitiva de derechos, constituyendo un acto administrativo subsanable una vez que el cotizante presente los documentos con las exigencias legales correspondientes.

TERCERO: Que, requerido informe a la Superintendencia de Pensiones, dicho ente fiscalizador expone que la Ley N°18.156 contempla una hipótesis excepcional, cuya interpretación debe ser restrictiva. Argumenta que, en uso de sus facultades interpretativas contenidas en el D.F.L. N°101 y la Ley N°20.255, ha establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que la certificación extranjera debe presentarse debidamente legalizada.

Así, la constancia electrónica acompañada por el actor carece de firma autorizada, no ha sido legalizada ni apostillada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil o la Convención de La Haya, y describe de manera genérica las coberturas sin precisar los riesgos pecuniarios cubiertos durante el período laborado en Chile.

Concluye citando jurisprudencia reciente de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones que ratifica que los documentos electrónicos no apostillados y las declaraciones juradas notariales no son idóneos para acreditar el cumplimiento legal, por lo que la actuación de la Administradora se ajustó a derecho.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de naturaleza excepcional, dirigida a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que lo priven, perturben o amenacen en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en la misma disposición, requiriéndose, en consecuencia, la existencia de un derecho indubitado que pueda ser objeto de tutela.

QUINTO: Que el conflicto sometido al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si la actuación de AFP Planvital S.A., consistente en anular o rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N°18.156, por carecer el certificado de seguridad social extranjero de la respectiva apostilla o legalización, constituye un acto ilegal o arbitrario vulneratorio de garantías fundamentales.

SEXTO: Que la Ley N°18.156, que exime del pago de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, consagra en su artículo 7° el derecho a solicitar la devolución de los fondos depositados, sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones copulativas de su artículo 1°. Entre estas exigencias, la letra a) dispone: "Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile... que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte". Luego, al tratarse de una normativa de excepción frente al principio de obligatoriedad del sistema de pensiones chileno, sus preceptos son de derecho estricto y no admiten interpretaciones analógicas o extensivas.

SÉPTIMO: Que para acreditar el cumplimiento de la citada exigencia legal, resulta ineludible atender a las normas relativas al valor probatorio de los instrumentos otorgados en el extranjero. Al respecto, el legislador chileno establece en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y en la Ley N°20.711 –que implementa la Convención de La Haya sobre la Apostilla– que para que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile tengan validez en el territorio nacional deben presentarse debidamente legalizados o apostillados.

OCTAVO: Que de los antecedentes aportados fluye que el documento acompañado por el recurrente para acreditar su cobertura previsional en Venezuela consiste en una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanada del portal web del IVSS, desprovista de las formalidades de legalización consular o apostilla. El hecho de que dicho instrumento contenga un código de verificación digital no lo exime del cumplimiento de las solemnidades probatorias impuestas por el ordenamiento jurídico nacional para los documentos generados por autoridades extranjeras, ni resulta suficiente para suplir, a través de declaraciones juradas rendidas en Chile, un requisito de fe pública internacional que es de competencia exclusiva del país de origen.

NOVENO: Que, en el mismo sentido, la actuación de la Administradora recurrida se encuentra sustentada en las instrucciones de carácter obligatorio impartidas por la Superintendencia de Pensiones —ente fiscalizador investido de potestades para fijar la interpretación de la legislación previsional según el artículo 94 del D.L. N°3.500—, las cuales, a través del Oficio Ordinario N°12.954 de 2025 y el respectivo Compendio de Normas, precisan inequívocamente que no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas.

DÉCIMO: Que, conforme a lo razonado, la decisión de la AFP recurrida no merece el reproche de ilegalidad, puesto que se ciñó estrictamente a la normativa legal –normas del Código de Procedimiento Civil sobre prueba de documentos extranjeros– y administrativa vigente. Tampoco puede ser calificada de arbitraria, por cuanto obedece a un fundamento racional, objetivo y de general aplicación, desprovisto de todo capricho o animadversión hacia el recurrente. A mayor abundamiento, el rechazo fáctico derivado de la contingencia diplomática invocada por la parte actora —consistente en la falta temporal de representación consular— no autoriza a esta sede jurisdiccional cautelar a eximirla del cumplimiento de la ley procesal común, ni a crear procedimientos sustitutivos de convalidación documental que el legislador no ha contemplado.

UNDÉCIMO: Que, al no existir un actuar ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, y encontrándose la devolución de los fondos supeditada al cumplimiento de exigencias legales que en la especie no han sido satisfechas idóneamente, no existe un derecho indubitado que cautelar, manteniéndose incólume el derecho de propiedad del actor sobre sus ahorros en su cuenta de capitalización individual, los que continúan sujetos a las reglas generales del Decreto Ley N°3.500. En consecuencia, la presente acción constitucional deberá ser desestimada.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por estas consideraciones, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección - N°21.167-2025.